El Orgullo LGTBI queda inaugurado este año con la sombra de una extrema derecha explícitamente contraria a los derechos del colectivo. La irrupción de Vox en las instituciones ha hecho saltar las alarmas. Y es que los primeros síntomas de que la amenaza es inminente empiezan ya a ser visibles. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido modificar la campaña que el anterior Ejecutivo municipal había preparado para la semana del Orgullo, mientras que en la Comunidad de Madrid el partido ultra ha decidido fijar una serie de condiciones que afectan de pleno al colectivo.
La campaña que decora la ciudad de Madrid y que ideó el Consistorio de Manuela Carmena funciona como una suerte de homenaje a los mayores. Ellos, los protagonistas, son activistas LGTBI autores de diversas frases que según el proyecto inicial deberían figurar en una serie de banderolas. Los lemas, sin embargo, han desaparecido de los carteles que cuelgan de las farolas. Según el equipo de José Luis Martínez-Almeida, la modificación obedece a una cuestión de "unificar el mensaje". Pero la justificación no ha convencido a todos. Una petición en Change.org aglutina ya más de 38.000 rúbricas solicitando la vuelta de la campaña original.
Se trata de una petición articulada por Violeta Assiego, abogada y activista por los derechos humanos. "La petición viene originada por el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid ha amputado la campaña que estaba prevista para las banderolas", explica al otro lado del teléfono, en conversación con infoLibre. Y además, añade, se trata de una "amputación completamente intencionada porque lo que se retira de la zona más visible tiene que ver con las frases de las personas mayores que fueron represaliadas o que tuvieron que permanecer invisibilizadas para no ser represaliadas durante el franquismo". La respuesta del Gobierno municipal, sospecha Assiego, es "una excusa absolutamente discrecional y poco creíble".
Al movimiento orquestado por el Ayuntamiento de Madrid se le suma la acción de Vox en la comunidad. Este miércoles, la líder regional del partido, Rocío Monasterio, presentó una serie de condiciones para alcanzar un pacto de derechas en el gobierno autonómico. En el listado, la formación ultra exige, entre otras cuestiones, cambios en las leyes LGTBI y de Identidad de Género. Entre los preceptos que el partido quiere eliminar se encuentra uno referido a la protección de la diversidad familiar o aquel que plantea combatir el acoso y favorecer la visibilidad en los centros escolares.
Los episodios que se reproducen en Madrid son sólo un pequeño aviso de una forma de proceder que parece asumirá la extrema derecha con su irrupción en las instituciones. La capital no es el único punto rojo. En València, Vox ha decidido abstenerse a la hora de consensuar una declaración contra la LGTBIfobia.
Vox tiene un objetivo, opina Assiego, y su estrategia consiste en "tachar de ideológico algo que son derechos humanos". Para la activista, aquellos que tienen ideología suelen ser precisamente quienes "atacan los derechos humanos y normalmente esta ideología es fascista". Eso, observa, "es lo preocupante". Al final, el mensaje que lanza Vox en su cruzada contra las leyes LGTBI es su clara intención de restar "garantías para que no se agreda, discrimine ni hostigue a personas LGTBI", sostiene Assiego. Se trata por tanto de ir "contra los derechos humanos de esas personas que deben tener, como colectivo vulnerable, una especial protección".
La respuesta en las calles
¿Cuál es la respuesta del movimiento LGTBI? Jesús Generelo, activista por los derechos LGTBI y expresidente de la Federación Estatal FELGTB, lo tiene claro. "Si algo tiene el movimiento LGTBI es que de cualquier situación se saca resiliencia", sostiene, de manera que previsiblemente este nuevo escenario derivará en "nuevas energías y estrategias para reforzarse". El movimiento, dice, se crece de la adversidad "porque viene de la ley de peligrosidad social, de la marginación, de los psiquiatras y las cárceles". Es, dice, "consciente de lo que ha costado llegar hasta aquí" y no va a "permitir ni un titubeo", sentencia Generelo.
Assiego, por su parte, repara en dos frentes dentro del movimiento: el activismo en las calles y la organización más institucionalizada. La irrupción de la extrema derecha, de hecho, servirá para "tomar el pulso de hasta qué punto hay un movimiento LGTBI ciudadano y hasta qué punto hay un movimiento LGTBI institucionalizado". Este es, precisamente, el momento de comprobar "cuántos vínculos tienen las organizaciones LGTBI con la vida política", sostiene Assiego aunque matiza: "Esto no quiere decir que sean chiringuitos, entre otras cosas porque no hay una definición jurídica o administrativa de chiringuitos".
Por otro lado, comenta, "hay un movimiento ciudadano, vecinal, social, muy vinculado a las disidencias sexuales, mucho más crítico, activo, que entiende que la defensa de los derechos de las personas LGTBI es algo que hay que pelear porque la política institucional a veces impide que se pueda desarrollar con normalidad".
Santiago Rivero, portavoz de Cogam, asegura estar "más alerta pero en el mismo sitio de siempre: defendiendo los derechos". Así lo hicieron, subraya, con un parlamento de derechas en la Comunidad de Madrid. "Lo hicimos con Gallardón y Botella", recuerda, "y vamos a seguir ahí, no vamos a dar ni un paso atrás". Rivero apela además a los beneficios económicos de la celebración del Orgullo para la ciudad de Madrid: "El que sale ganando es el Ayuntamiento", sostiene. Promete estar vigilante y "trabajar como siempre", sin dejar de tender la mano a las administraciones, dice, "como no puede ser de otra manera" pero sin "despolitizar el Orgullo, que es reivindicación".
Desde la FELGTB prometen igualmente mantenerse firmes. Maribel Povedano, miembro de su Ejecutiva, cree que "indudablemente hay que estar al pie del cañón" y advierte que los activistas "desde luego" no tienen entre sus planes "volver al armario: no somos delincuentes como plantea la ultraderecha", lanza. En ese contexto, reflexiona, el colectivo se estaría "equivocando y mucho si no saliera a la calle lleno de orgullo. Tenemos que seguir abriendo paso, no podemos permitir un retroceso".
Generelo dice estar convencido de que esa es precisamente la ruta a seguir para lograr "un refuerzo del movimiento LGTBI". Y de los partidos, añade, que en principio han estado de lado del colectivo "pero han sido un poco tímidos en sacar adelante leyes". Esto, opina el activista, les va a reforzar también a ellos a través de un mensaje claro: "No nos podemos dormir en los laureles". En ese sentido, Generelo cree necesario trabajar por un blindaje de los derechos, "que quede todo lo más claro posible, sin espacio para la ambigüedad", porque cualquier grieta será aprovechada por la extrema derecha "para ir dinamitando los cimientos de estos derechos".
La encrucijada de Ciudadanos
Ante el envite de Vox, los partidos responden. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura estar dispuesta a revisar las leyes LGTBI autonómicas con el fin de "evitar cualquier tipo de abuso y desmán por un lado y por el otro" y con afán de sortear "adoctrinamientos". Desde Ciudadanos la cosa no está tan clara. Su candidato, Ignacio Aguado, es partidario de un gobierno de centro liberal con el PP en el que no se pueda permitir "retroceder en derechos como la lucha contra la violencia machista o el colectivo LGTBI o inmigrantes".
Assiego sospecha que el PP "no tiene ningún problema en entrar en la frecuencia que Vox les está marcando". De hecho, afirma, "el PP necesita a Vox más que Vox al PP" y eso la extrema derecha "lo está usando muy bien". En otra posición se encuentra Ciudadanos. "Es el partido que lo tiene más complicado a la hora de mantener los equilibrios", explica Assiego, principalmente porque "tiene un sector de votantes LGTBI muy identificado". Por tanto, la formación naranja "no va a poder pasar" por algunas de las exigencias que plantea Vox, contrarias a "ese votante que para ellos es muy importante, porque en parte le da ese toque de modernidad y defensa de la diversidad". Al final, reflexiona la letrada y activista, "Vox tiene la sartén por el mango y vamos a ver cuál de los dos partidos se fríe antes".
Coincide Generelo en el diagnóstico. "Partidos como el PP siempre han tenido una homofobia interior muy fuerte y han hecho todo lo posible para ralentizar o impedir cualquier avance", observa. Antes "era un escándalo decirlo en público, ahora no parece que quede tan mal". Pero el riesgo real es para Ciudadanos. "En teoría ellos apoyan los derechos LGTBI, pero ahora están abriendo la puerta de las instituciones a la extrema derecha", lo que sitúa al partido en "una contradicción peligrosa".
Lo cierto es que desde el colectivo LGTBI lo tienen claro: no hay cabida en el movimiento para la extrema derecha ni sus socios. La organización Cogam ha elaborado un decálogo de requisitos para poder participar en el Orgullo, cuyo primer punto llama a rechazar de plano cualquier pacto con la extrema derecha. PP y Ciudadanos, de hecho, han renunciado a formar parte del desfile de carrozas, aunque los de Albert Rivera sí prevén asistir a la manifestación estatal.
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Rivero desgrana el decálogo de Cogam defendiendo que si las medidas que reivindican "las tiene que implementar un gobierno que está sustentado por los votos de la extrema derecha, va a ser complicado que se puedan aprobar". En todo caso, concede, los partidos "tienen un año [hasta el próximo Orgullo] para demostrar que los votos ultra no les influyen para gobernar e implementar esas medidas. Si lo hacen, el año que viene podrán participar como Ciudadanos lo ha hecho otros años".
Generelo deja claro que no existe ningún veto en el Orgullo, pero sí el requisito de "cumplir con los derechos" del colectivo. "No se va a vetar a nadie, pero no se va a permitir la carroza de un partido que ha pactado con la extrema derecha", lanza, todo ello sin renunciar a "seguir trabajando con las administraciones y cuando haya algo que denunciar, se hará".
El Orgullo LGTBI queda inaugurado este año con la sombra de una extrema derecha explícitamente contraria a los derechos del colectivo. La irrupción de Vox en las instituciones ha hecho saltar las alarmas. Y es que los primeros síntomas de que la amenaza es inminente empiezan ya a ser visibles. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido modificar la campaña que el anterior Ejecutivo municipal había preparado para la semana del Orgullo, mientras que en la Comunidad de Madrid el partido ultra ha decidido fijar una serie de condiciones que afectan de pleno al colectivo.