La decisión del Banco de España de asignar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un perito para que lleve a cabo las tasaciones de los terrenos incluidos en una de las piezas separadas del caso Banco de Valencia ha logrado reactivar una investigación que llevaba paralizada más de un año, según confirmaron a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional.
La concesión del Banco de España se produce después de que la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), un organismo público dependiente del Gobierno, se negara a ceder a dos arquitectos que determinaran las presuntas irregularidades de los dirigentes del Banco de Valencia.
Precisamente, los peritos del caso Bankia incluyeron en su polémico informe críticas a los directivos de Banco de Valencia y Bankia, entre otros a Rodrigo Rato, al considerar que las cuentas de la entidad valenciana tendrían que haberse integrado en su matriz desde 2010, año en el que ya se habían detectado pérdidas de 537 millones.
En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción está analizando el contenido de los informes de los técnicos de Bankia para tomar una decisión acerca de si finalmente estos trabajos se incluyen en el sumario sobre la entidad valenciana.
En el caso que investiga Pedraz, el funcionario del Banco de España ya ha iniciado su trabajo, confirman las mismas fuentes, que sostienen que el técnico asignado por el regulador podría realizar tasaciones en las otras investigaciones sobre el sumario de Banco de Valencia. No obstante, será el Banco de España el que determine si el mismo funcionario se podrá encargar de todas las tasaciones.
Agencia Tributaria
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 había solicitado el 24 de noviembre de 2013 la designación de dos peritos arquitectos de la Agencia Tributaria que fueran capaces de emitir un dictamen sobre la corrección de las tasaciones. El 2 de diciembre de 2013 el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Ménéndez, justificó la negativa por "la escasez de medios personales propios existentes".
Ante esta decisión, Pedraz dirigió una carta al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, en la que reiteraba su petición. La reclamación del magistrado se fundamentaba en el hecho de que en el caso Banco de Valencia se investigan delitos "cuya comisión ha afectado notoria y notablemente a la economía nacional". Según el Tribunal de Cuentas, el Banco de Valencia ha necesitado más de 17.000 millones para evitar su quiebra. Pero el Ministerio de Hacienda accedió a la petición de Pedraz, cuya investigación siguió bloqueada.
Tampoco tuvo éxito el juez al recurrir a la sociedad pública SegipsaSegipsa, que le contestó que no podía designar dos arquitectos que determinaran las presuntas irregularidades de los dirigentes del Banco de Valencia.
"Dificultades"
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El magistrado se dirigió en diciembre a las partes personadas en el caso preguntándoles si debía archivar o por el contrario proponían ya juzgar a los máximos responsables del banco tras comprobar que sus gestiones para que le asignaran peritos no daban fruto y a la vista de "la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de la investigación judicial".
Finalmente, el magistrado recurrió al Banco de España, que ha acordado asignar a un funcionario para desbloquear el caso. Precisamente, la parálisis de la investigación convenció al abogado Diego Muñoz-Cobo, autor de la querella inicial en nombre de asociación de pequeños accionistas de Banco de Valencia (Apabankval), para presentar un escrito en el que se ofrecía a sufragar los peritajes que reclamaba Pedraz.
Asimismo, Muñoz-Cobo anunciado su intención de presentar un escrito al juez Pedraz en el que reclamará que los integrantes del consejo de administración del Banco de Valencia declaren como imputados en la Audiencia Nacional.
La decisión del Banco de España de asignar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un perito para que lleve a cabo las tasaciones de los terrenos incluidos en una de las piezas separadas del caso Banco de Valencia ha logrado reactivar una investigación que llevaba paralizada más de un año, según confirmaron a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional.