Los colectivos de afectados y los especialistas en trabajo social no dejan de denunciar la demolición del sistema de ayudas a la Dependencia desde que el Partido Popular llegó a la Moncloa. Las cifras oficiales, que difunde el Ministerio de Sanidad, parecen darles la razón.
El número de personas que reciben una ayuda o prestación permanece estancado en cifras inferiores a las que había cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente. En noviembre de 2014 –últimos datos publicados– el número de beneficiarios se situó en 729.313. En diciembre de 2011 eran 738.587. La diferencia es, por tanto, de 9.274. Septiembre de 2013 fue el primer mes en el que hubo menos beneficiarios que cuando Rajoy llegó a la Moncloa.
Estas cifras evidencian que algunas autonomías no mantienen la incorporación de nuevos usuarios a alguno de los servicios o prestaciones que ofrece la ley (residencias de mayores, centros de día, ayuda a domicilio, pagas a cuidadores en el entorno familiar...) al ritmo que se producen las bajas por fallecimiento.
De acuerdo con el último informe mensual de seguimiento de la norma del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) son diez las comunidades –Cataluña (-13.171), Andalucía (-9.049), Murcia (-2.871), Aragón (-1.313), País Vasco (-1.110), Cantabria (-831), La Rioja (-460), Galicia (-550), Asturias (-205) y Castilla-La Mancha (-130)– que han reducido el número de beneficiarios en el último año.
Lista de espera
Los datos oficiales reflejan que existe una paulatina reducción del número de personas con derecho reconocido que permanecen a la espera de un servicio o prestación. Y eso es algo que Sanidad se encarga de repetir como un logro cada mes. En diciembre de 2011, las personas en espera de ayuda eran 305.941. Y en noviembre de este año –últimos datos publicados–, 167.869. La reducción es, por tanto, del 45%. Sin embargo, la abultada reducción de la lista de espera no lleva aparejado un aumento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de un grupo a otro, pues no ha habido un incremento de las atenciones.
Durante ambos periodos las personas a la espera de atención pasaron de 305.941 a 167.869. Hubo, en consecuencia, 138.072 personas que salieron de la lista de espera. José Manuel Ramírez, presidente de la Plataforma de Directores y Gerentes de Servicios Sociales explica que su salida es consecuencia en gran parte de haber fallecido antes de recibir ninguna prestación o de haber perdido el derecho a la atención al haberse valorado su dependencia con un grado I y nivel 2 –los llamados moderados– que no entrarán al sistema hasta el 1 de julio de 2015. Por otro lado, la ampliación en 2012 del plazo de ejecución de la prestación, que pasó de seis meses a dos años y medio, también ha sido fundamental para la reducción del cómputo total de dependientes en espera.
Financiación
Ver másMás de 310.000 dependientes se incorporan al sistema sin la financiación suficiente
Para este 2015 no habrá más dinero para atender las necesidades de los dependientes a pesar del gran número de personas que permanecen en lista de espera. Y a que, tras dos aplazamientos, está prevista para el próximo mes de julio la incorporación al sistema de los dependientes menos graves. El Gobierno no dispondrá de más dinero para garantizar servicios y prestaciones a las personas que ya tienen reconocido el derecho. El montante total es de 1.177,04 millones de euros, un 0,04% más que en 2014.
El Ejecutivo mantiene los 1.087 millones destinados al nivel mínimo, la suma de la cantidad que el Estado paga a las autonomías por cada dependiente. La partida es formalmente la misma que en las cuentas de 2014. No obstante, la inversión prevista para el año que viene consolida los recortes de los últimos años. Pues si la comparación se abre a 2012, el tijeretazo al nivel mínimo es del 15%.
Además, en las cuentas públicas para 2012, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero –283 millones de euros en 2011– que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe. Y eso a pesar de que el coste total anual de la aplicación de la Ley de Dependencia en España asciende a alrededor de 6.000 millones de euros, una cantidad que abonan principalmente las autonomías.
Los colectivos de afectados y los especialistas en trabajo social no dejan de denunciar la demolición del sistema de ayudas a la Dependencia desde que el Partido Popular llegó a la Moncloa. Las cifras oficiales, que difunde el Ministerio de Sanidad, parecen darles la razón.