Las tres adjudicaciones de mascarillas, guantes y test que en marzo de 2020 reportaron seis millones de comisión a Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina tardaron nada menos que un año en llegar a la junta de gobierno que preside José Luis Martínez-Almeida, obligada a cumplir el trámite de quedar oficialmente “enterada” de su existencia. Pero esa toma de conocimiento a efectos burocráticos no la llevó a cabo la junta de gobierno hasta el 11 de marzo de 2021. Y ello pese a que la legislación sobre contratos públicos ordena que en los de emergencia el organismo adjudicador –aquí, la empresa municipal de servicios funerarios, EMSFCM– traslade toda la información al Gobierno responsable en un mes.
Lo anterior significa que, hasta el 11 de marzo de 2021 y a efectos formales, Almeida y su equipo de gobierno no tenían ni idea de aquellas adjudicaciones de origen incierto a la empresa malaya Leno: por ejemplo, sigue sin saberse por qué criterio se eligió la carísima propuesta que en su nombre formularon Luceño y Medina, que habían contactado con un primo del alcalde. De las negociaciones previas había informado a la concejal de Hacienda, Engracia Hidalgo, la responsable de compras del consistorio, Elena Collado. ¿Cómo? Poniéndola en copia de emails cruzados con Medina. Al final, y por la baja calidad del género, los responsables públicos se vieron forzados en menos de un mes a exigir la devolución de parte de los 14,8 millones inicialmente aceptados como coste total por la EMSFCM.
Según expertos consultados por este periódico, el plazo de un mes para informar al gobierno responsable del organismo, persona o empresa pública contratante rara vez se cumple a rajatabla. Pero los mismos consultados definen como por completo inusual una demora de un año. No obstante, y como recalca el catedrático de Derecho Administrativo Julio González, saltarse el plazo carece en principio de consecuencias legales. “Su efecto inmediato es que pase inadvertido el acuerdo de darse por enterado de un contrato”, dice otro de los consultados.
De hecho, y a tenor de la información disponible tanto en lo que ha trascendido del sumario judicial como a través de los acuerdos municipales de carácter público, hay un dato que abre interrogantes sobre el porqué de una tardanza como la descrita: la junta de gobierno "quedó enterada" a lo largo de 2020 de 24 adjudicaciones de emergencia efectuadas desde marzo de ese año por la EMSFCM para la adquisición de tapabocas, guantes o test. Buena parte de esas adjudicaciones se habían producido meses después de las que afectaban a Leno y sus intermediarios comisionistas, Abascal y Luceño.
¿Qué explica esa diferencia? Los portavoces de comunicación del Ayuntamiento de Madrid rehusaron ofrecer cualquier explicación. Descartaron también responder en qué fechas se reunió –si es que llegó a activarse– la comisión de seguimiento que debía vigilar el cumplimiento del convenio municipal en virtud del cual la EMSFCM otorgó adjudicaciones de emergencia a lo largo de 2020. Entre ellas, las tres por las que Luceño y Medina ya están imputados –estafa, blanqueo y falsedad en documento mercantil– ante un juez de Madrid. Suscrito el 20 de marzo de 2020, el convenio llevaba la firma de la concejal de Hacienda, Engracia Hidalgo, y el gerente de la EMSFCM, Fernando Sánchez. Para su ejecución, el Gobierno local de Madrid aprobó en abril de 2020 aportar 11,87 millones. En diciembre de ese año, amplió la cuantía en otros 24 millones.
Cinco días antes de la declaración de la responsable de compras
Cuando el 11 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno del consistorio madrileño tomó conocimiento oficial de esos tres contratos y otros 22 adjudicados a diversas empresas, faltaban solo cinco días para que la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, tuviese que declarar ante la Fiscalía. Ese 11 de marzo hacía ya tres meses y medio que Anticorrupción había requerido documentos a la EMSFCM sobre las adjudicaciones a la empresa malaya Leno a la vez que le preguntaba por la “previsión de pagos a eventuales comisionistas”.
La solicitud de que la junta de gobierno oficializara por fin la toma de conocimiento de aquellas adjudicaciones la había cursado el gerente de la funeraria municipal solo con una semana de antelación. En su escrito, pidió que el asunto se incorporase a la sesión “fuera del orden del día”. “En cuanto supieron que Collado iba a declarar empezaron a armar el expediente que no habían armado antes”, espeta Mar Espinar, portavoz municipal del PSOE. “Intentaban –prosigue– que aquello pasara desapercibido”. Los acuerdos por los que la junta de gobierno quedó “enterada” de las tres adjudicaciones que beneficiaron a Abascal y Luceño aparecen insertos en un documento de 570 páginas.
Miguel Montejo, concejal de Más Madrid y miembro del consejo de administración de la funeraria municipal, asegura que la comisión de seguimiento “nunca se reunió”. “El 4 de abril preguntamos justamente por ello. La respuesta de Elena Collado fue que como la empresa municipal y ellos ya hablaban 50 veces pues no se reunieron nunca”.
Sin un ápice de duda, el edil agrega que “ocultaron lo de los guantes”. Y que “tampoco informaron de que la Fiscalía había pedido papeles”. El concejal socialista Ramón Silva, también consejero de la EMSFCM, cree en cambio que sí se comentó el asunto de los guantes aunque no lo recuerda con exactitud.
El juez no embarga a Medina porque tiene 250 euros en la cuenta, a pesar del millón que cobró en comisiones
Desde la Asamblea de Madrid, el diputado y secretario general del PSM, Juan Lobato, enlaza el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid con las del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “Los madrileños tienen derecho a saber toda la verdad. Si nada hay que ocultar nada debe impedir que haya una comisión de investigación. En ambos casos son familiares directos y amigos que han hecho millonarios negocios vendiendo mascarillas a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital. No hay diferencia alguna entre un caso y el otro. Por eso es imprescindible y urgente una comisión de investigación”
En esa misma dirección se pronunció a través de Twitter la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre: “El 1 de abril solicité un pleno extraordinario sobre el caso de las comisiones millonarias. Tras 18 días sin respuesta hoy me piden que lo retire. Almeida no quiere dar explicaciones ante los representantes de Madrid. Pero por supuesto seguimos adelante. Tendrá que comparecer”. Se da la circunstancia de que el alcalde llegó a afirmar, tras publicarse que un familiar suyo fue el contacto entre los comisionistas y el ayuntamiento, que se había enterado de todo este escándalo por la prensa insistiendo que su primo y Luis Medina "no tenían relación de amistad".
Desde Recupera Madrid, su portavoz adjunto, José Manuel Calvo, se suma a las críticas tras conocer que transcurrió un año hasta que la junta de gobierno se dio por enterada de las adjudicaciones que enriquecieron en plena cresta de la pandemia a Luceño y Abascal: “ A medida que vamos conociendo datos peor huele el asunto”, sostiene Calvo. “Cuando las fechas no cuadran, el procedimiento se sale de los cauces habituales y lo que suele haber detrás son corruptelas, tratos de favor, cosas que sospechamos. Es imprescindible una moción de censura que debería encabezar [la vicealcaldesa y líder municipal de Ciudadanos] Begoña Villacís”, concluye.
Las tres adjudicaciones de mascarillas, guantes y test que en marzo de 2020 reportaron seis millones de comisión a Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina tardaron nada menos que un año en llegar a la junta de gobierno que preside José Luis Martínez-Almeida, obligada a cumplir el trámite de quedar oficialmente “enterada” de su existencia. Pero esa toma de conocimiento a efectos burocráticos no la llevó a cabo la junta de gobierno hasta el 11 de marzo de 2021. Y ello pese a que la legislación sobre contratos públicos ordena que en los de emergencia el organismo adjudicador –aquí, la empresa municipal de servicios funerarios, EMSFCM– traslade toda la información al Gobierno responsable en un mes.