Colectivos por la salud pública llevan al juez la privatización de un hospital de Defensa cedido a Quirón

Fachada del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en Madrid.

No tiran la toalla. Después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) negase tener las competencias para investigar el caso, la privatización del que fuera el Hospital del Generalísimo Franco ha llegado ya a los tribunales. Lo ha hecho de la mano de las mismas organizaciones que ya lo denunciaron en su día —la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid—, que piden ahora a los tribunales que se investigue lo que ellos mismos consideran que podría suponer un delito de malversación, uno de administración desleal y otro de prevaricación. "Ahora debe recaer en un Juzgado de Instrucción en concreto y será éste el que decida. Previsiblemente, tendrá que abrir diligencias de investigación, pero hasta principios de 2025 no habrá noticias", explica Carlos Castillo, jurista del Centro de Asesoría y Estudios Sociales. "Si no ocurre así, en cualquier caso tampoco pararemos ahí", advierte por su parte Vicente Losada, de Audita Sanidad, en conversación con infoLibre.

Todo comenzó en enero. Fue entonces cuando terminó el proceso de licitación de un edificio construido en 1950 bajo el nombre de Hospital del Generalísimo Franco y con uso militar hasta 2001, cuando se cerró y quedó en desuso. Se trata de un complejo hospitalario en manos del Ministerio de Defensa de más de 24.000 metros cuadrados por los que la Fundación Jiménez Díaz abonará 170 millones de euros de forma periódica. Y gracias a los cuales tendrá derecho a gestionarlo durante 75 años.

Hagamos el cálculo: la cuota se quedará en apenas 8 euros por metro cuadrado, una cifra hasta tres veces menor a la que se paga en la zona, en pleno barrio madrileño de Chamberí. Hay más: esa cifra supone tan sólo el 3,5% de los ingresos del grupo Quirónsalud, el gigante tras la Fundación, que en 2023 ganó 4.770 millones. Y una última cuestión: serán 170 millones al año, pase lo que pase. Es decir, independientemente de la inflación. "Es escandoloso", critica Losada. Ahí está la primera cuestión sobre la que piden poner la lupa: la "posibilidad de lucro bastante inusual" que el departamento de Margarita Robles ofrecerá a una empresa privada. Pero la cosa no termina ahí.

¿Por qué?

Otra de las cuestiones que los denunciantes critican es que entorno a la decisión de ceder el espacio hay demasiados porqués no resueltos. Por un lado, se desconocen los motivos que han conducido a la mera decisión de conceder el espacio. Según explican en su denuncia, consultada por infoLibre, "el manejo del patrimonio público debe adecuarse a las necesidades concretas que se identifiquen para el conjunto de la acción pública sirviendo a los intereses generales". ¿Ocurre en este caso? Pues, al menos que se conozca, no ha habido "estudio de necesidades ni consulta previa con otras administraciones que pudieran aportar sus demandar y evaluar la mejor opción entre ellas".

Pero es que tampoco se sabe por qué se hace ahora. Ni por qué a una entidad privada. Ni por qué durante 75 años. Ni por qué por la vía de concesión demanial, fuera del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. "La falta de justificación, más allá de las generalidades vacuas referidas en el objeto del pliego, y la ausencia de un estudio de necesidades y posibles usos del edificio, convierten esta concesión en un acto presuntamente arbitrario", valoran en la denuncia.

¿Para qué?

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Tampoco se detalla el uso que tendrá el edificio en manos de Quirón. Y eso genera, "cuanto menos, sospechas". Según se recoge en la denuncia, la concesión sólo se remite a la norma que regula el uso dotacional de los servicios colectivos, pero nada más. "Puede considerarse que es una afirmación genérica [...]. Parece que no se justifica la necesidad del destino", lamentan.

¿Quién?

Por otro lado, los denunciantes apuntan a la falta de transparencia. Porque sólo se presentó un licitador, la UTE [Unión Temporal de Empresas] Jiménez Díaz, de la cual no se han hecho públicas las empresas que la forman. Y en todo caso aquí hay otro detalle, y es que las UTE sólo pueden, en el mejor de los casos, tener concesiones por periodos de 50 años. ¿Por qué entonces en este caso son 75?

"Las entidades sociales deben supervisar el uso de los presupuestos y de los bienes públicos. Esta denuncia es una manera de intentar tener voz y de evitar que los bienes públicos acaben siendo canalizados por la empresa privada", remata Mayte Cases, de la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid. El Ministerio de Defensa, preguntado por infoLibre, ha preferido no hacer comentarios a la denuncia.

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