Sí, es una sentencia vergonzosa
La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no solo admite, sino que reclama críticas jurídicas, políticas y sociales, porque desde luego el derecho no es pura técnica, sino expresión de la valoración social sobre determinados comportamientos. Por tanto, cualquiera de nosotras y nosotros podemos analizar, criticar y expresar –como es mi caso– la profunda disconformidad con su contenido. También podemos salir a las calles o a los medios de comunicación o a la conversación pública, como ocurrió con la sentencia de La manada, para expresarnos como colectivo feminista y reclamar perspectiva de género en las resoluciones judiciales.
De esta capacidad valorativa y crítica, y de esta determinación para posicionarnos frente a lo que fue la sacrosanta indemnidad judicial, participa también la vicepresidenta primera del Gobierno, y así lo ha hecho en unas declaraciones públicas que han desatado la ira del machismo en todas sus expresiones. Tan contentos ellos con una resolución que pone en tela de juicio el valor de las declaraciones de las víctimas, se lanzan sin pudor al ataque primero de la Sra. Montero, pero acto seguido de los avances feministas que han impulsado tanto legislaciones avanzadas en pro de las mujeres que son víctimas de las violencias sexuales como de la intervención de la perspectiva de género en los análisis judiciales. Es muy burda la maniobra de intento de reversión, y además preocupante por cuanto ha sido acogida por opinadores de izquierda y derecha recordándonos aquello de que a sus amigos de cuarenta años les asusta el feminismo que va demasiado lejos.
Se trata de que no denunciemos, de que nos aguantemos, de quitar valor al principio del consentimiento que es básico en la construcción del respeto a las mujeres también en la conformación de las relaciones interpersonales
Lo que ha ido demasiado lejos y demasiado tiempo ha sido una visión machista y patriarcal de los comportamientos sociales, especialmente de las violencias y las agresiones sufridas por mujeres que han tenido que soportar análisis sobre el largo de sus faldas o la apertura de sus piernas. Lo que va demasiado lejos es no entender que los delitos sexuales, por su propia naturaleza íntima, exigen una modificación de la carga de la prueba, que no son incompatibles con la presunción de inocencia, pero combaten la impunidad y la indemnidad de tantos agresores a lo largo de los siglos.
Honestamente creo que no debemos permitir un paso atrás de estas características. En lo jurídico porque hay consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que la declaración de la víctima puede ser prueba suficiente incluso cuando no haya otra prueba disponible, porque al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada, lo que exige un análisis subjetivo de la motivación de la víctima, y objetivo de los elementos contextuales que puedan llevar a la convicción común de que los hechos se han producido conforme a la denuncia efectuada según criterios lógicos y racionales. Pero también es relevante en lo social por cuanto arrebata a las mujeres agredidas la confianza en que sus declaraciones van a ser consideradas bajo la perspectiva del dolor que suponen y del trauma que generan, y no bajo parámetros de exigencias probatorias que pueden resultar verdaderamente imposibles.
Esta sentencia (que ciertamente no es firme y será recurrida) y la ola de reacciones machistas encantadas con su contenido, lo que verdaderamente esconde es la expresión pública de la reacción frente al avance de las mujeres en la protección de nuestra propia indemnidad. Se trata de que no denunciemos, de que nos aguantemos, de quitar valor al principio del consentimiento que es básico en la construcción del respeto a las mujeres también en la conformación de las relaciones interpersonales. El varapalo no es solo a la víctima o a quienes nos expresemos públicamente criticando la resolución, sino un aviso a todas y a todos de que los logros feministas están lejos de consolidarse. Por eso es tan importante que no nos silencien ni nos entierren en argumentarios jurídicos, porque lo que está en juego es nuestra libertad y nuestra seguridad. Seguimos.
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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.
