La Comunidad de Madrid da la espalda a Álex, un joven con autismo y problemas de conducta

“No podemos más”, es la desesperanza de Laura. Reside en el madrileño barrio de Carabanchel junto a su marido y sus dos hijos, uno de ellos, Álex, de 17 años, con autismo en grado máximo reconocido y conductas violentas. "Estamos en una situación límite", asegura la mujer a infoLibre. “Solo podemos ir a la calle con un monitor especializado en autismo, que ahora está de baja porque Álex le hizo una distensión en la mano”, añade, explicando que por este motivo lleva “un mes y pico sin salir de casa”.  “Cuando Álex se pone mal, el colegio me llama para que vaya a recogerlo”, relata. “Si allí no pueden con él, entre varias personas, si un monitor no puede con él, ¿qué se espera que haga yo?”, se pregunta la mujer.

“Ya no puedo llevarlo al cole sola, tiene que ayudarme mi marido entrando más tarde al trabajo”, cuenta Laura. Hay días en los que es imposible moverlo, así que la solución que encontró la familia fue poner un cerrojo en la habitación del menor que solo pudiera abrirse desde fuera. Ahora bien, ni es plato de buen gusto para su madre tenerlo encerrado y que pueda golpearse o ponerse nervioso, ni siempre consiguen que entre al cuarto, ya que físicamente es mucho más grande y fuerte que sus progenitores. “Cuando era pequeño era más manejable, ahora me saca una cabeza y media”, describe la mujer.

Patadas, golpes, bocados, puñetazos… Y hasta en una ocasión, Álex arañó las manos de su madre hasta el punto de que el portero del edificio tuvo que acudir a auxiliarla. “Ese día fue mortal, estaba todo manchado de sangre”, relata. Llegados a ese punto, lo único que queda es llamar a la Policía y al Summa, de quienes Laura dice no tener ninguna queja. Sin embargo, ellos no pueden hacer gran cosa. Por un lado, la Policía no puede llevárselo dado que el joven no está cometiendo un delito de manera consciente, sino fruto de su discapacidad. Además, en una situación así, la falta de especialización en el trastorno del menor podría jugar malas pasadas, ya que se podría poner nervioso en el coche patrulla y hacer daño a los agentes o a sí mismo. Por otro lado, el Summa, según confirma a este medio la responsable de Comunicación del servicio, Elena Mohíno, se ocupa de “si requiere atención sanitaria en domicilio por un brote o cualquier patología y, si es necesario, del traslado” a un centro sanitario.

La Administración Pública, indiferente

“Sola” es la palabra que Laura utiliza para explicar cómo se siente al tratar de hacer frente a esta situación. Sola, entre otras cosas, ante el abandono de la Administración Pública, de la cual solo recibe 450 euros mensuales por un grado 3 de dependencia del menor y otros 100 de ayuda para pagar al monitor que tienen contratado. “Con esto y el sueldo de mi marido no alcanzamos para pagar todo”, cuenta. Preguntada por a qué se refiere con ese “todo” hablando de los gastos a los que tiene que hacer frente, la mujer enumera psicólogos para sus dos hijos, un monitor de lunes a viernes desde las 16.00 horas, cuando Álex sale del Colegio de Educación Especial, y los gastos propios de una familia: comida, ropa, transporte... “Y yo no trabajo. Estoy dedicada en cuerpo y alma a mi hijo”, dice. “Lo ideal sería alguien que me acompañe todo el tiempo, pero tampoco quiere venir nadie, ni hombres ni mujeres, nadie”, lamenta la mujer.

La Comunidad de Madrid cuenta con el espacio para atender las necesidades del joven, concretamente, el Hogar Residencia APANID de Getafe, especializado en personas con trastornos intelectuales, alto nivel de dependencia y alteraciones de conducta. Sin embargo, para ingresar en este centro es necesario cumplir con una serie de requisitos, como tener reconocida la discapacidad y que “el usuario carezca de familia o no pueda ser atendido por esta en razón de su discapacidad u otras circunstancias”, según se refleja en su página web.

El caso concreto de esta familia es que cuentan con informes favorables de Asuntos Sociales y las áreas de Psiquiatría y Trabajos Sociales del hospital para que Álex consiga una plaza en dicho centro. Sin embargo, la solicitud de ingreso acaba en papel mojado una vez llega a manos del Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que deniegan el ingreso alegando que la familia puede hacerse cargo de él por sí misma y que esas plazas están reservadas a menores en situaciones de vulnerabilidad, como abandono o malos tratos. “Nos dicen que lo estamos haciendo bien y que busquemos ayuda profesional, que es precisamente lo que hacemos al pedir la ayuda”, cuenta la madre de Álex. "Básicamente, nos invitan a buscarnos la vida".

“A veces me pregunto si, para que nos concedan una de las plazas del centro, deberíamos de abandonar a Álex en alguno de sus ingresos al hospital o decir que algunas de las heridas que se ha hecho él, se las hicimos nosotros”, confiesa Laura. "Lo que ocurre es que ahí entraría la ley, tendríamos miedo a consecuencias legales o que nos 'castiguen' con no volver a verlo", reflexiona. “Todo esto ya no lo hacemos por nosotros, sino por su propia seguridad. Una vez le dio una patada a una ventana y, además de acabar con la pierna llena de heridas, tuvimos miedo de que se cayera hacia fuera”.

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infoLibre se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid y el Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para conocer su valoración sobre el tema, pero no ha obtenido respuesta.

Falta de especialización y recursos

La familia denuncia también la falta de especialización y recursos de los hospitales y centros educativos que atienden a su hijo cuando sufre picos de agresividad. "Cuando en el colegio, uno concreto de Educación Especial, no pueden controlarlo, me llaman con la excusa de que tienen a más niños y no se pueden hacer cargo de él". Y de igual manera en el hospital, cuando Álex debe ser ingresado en pleno brote, piden a la madre que ingrese junto a él, en la misma habitación. "En los ingresos todo es aún peor, al cambiar las rutinas de mi hijo se pone más nervioso y agrede más", recalca la madre, que relata que en una ocasión incluso recibió un empujó que la dejó en el suelo y recibió sendas patadas en la cabeza. "Siempre pido la cama más cercana a la puerta, por si tengo que salir corriendo".

Sobre los motivos, la entrevistada asegura que, al preguntar en el hospital el porqué de la decisión, los médicos apelan a la falta de recursos y personal. "Nos comentan que necesitarían a alguien que le atendiese las 24 horas", relata. Asimismo, la madre también apela a la falta de especialización de los centros médicos, señalado que la planta de psiquiatría es una especie de cajón de sastre donde "entra todo": "Juntan a mi hijo con pacientes de anorexia, trastornos de la personalidad, etc. y solo le medican. Ese no es su sitio".