Incoherente coherencia fiscal

Pues justo cuando estábamos a punto de ponernos a celebrar la enésima subida consecutiva del salario mínimo interprofesional, llega la coalición de gobierno a aguar la fiesta con el anuncio medio velado, y nada explicado, de que a partir de ahora y como medida novedosa los perceptores de dicho salario no estarán exentos de tributar por IRPF. Cierto es que no podemos tomarlo del todo en serio, porque en esta confusa relación de amor romántico entre ambas partes del ejecutivo no es la primera vez que se escenifica un tira y afloja dirigido a sedimentar el ala centrista de unos y la firmeza izquierdista de otras. 

No obstante, no está mal aprovechar la circunstancia para reflexionar, aunque sea mínimamente y por estas letras que se afirman no expertas, sobre el significado de la fiscalidad, el compromiso social que suponen y las consecuencias de manosearlo con un cierto desprecio a la inteligencia colectiva.

Empecemos por entender que en una democracia social como la nuestra se afirma constitucionalmente, el Estado está obligado a desarrollar una tarea permanente de carácter prestacional con el objetivo de proveer a los ciudadanos de sus necesidades básicas con independencia de los recursos propios de que dispongan, o mejor dicho, especialmente a los que no disponen de recursos suficientes. La sociedad como comunidad asume la tarea de cuidar y promover la igualdad de oportunidades y de derechos y velar por la dignidad de cada uno. Esta tarea programática ha de financiarse naturalmente con las cuentas del Estado, que se nutren entre otras fuentes de los impuestos que han de ser, como también dice la Constitución, progresivos.

Las políticas de salarios mínimos se encuentran en el núcleo mismo de las intervenciones sociales, se dirigen de manera directa y efectiva a las personas que menos ingresos tienen para corregir la desviación que ni el “mercado de trabajo” ni la actuación de los convenios han alcanzado, a aquellas capas poblacionales que no tienen capacidad de participar en esos procesos o su participación no ha obtenido resultados como consecuencia de la imposición patronal. Es pues un ejercicio básico de reequilibrio y redistribución al que los gobiernos comprometidos con la Constitución no pueden renunciar. Este ejecutivo lo ha llevado a efecto con profusión para corregir la ausencia de intervención de otros anteriores hasta el punto de incrementarlo en un 61%, y no cabe cuestionar su carácter social por más que reiteradamente lo haya hecho con una cierta opereta estilo Pimpinela. 

Las políticas de salarios mínimos se encuentran en el núcleo mismo de las intervenciones sociales, se dirigen de manera directa y efectiva a las personas que menos ingresos tienen

Por eso no deja de sorprender que ahora se embarren en un debate que alimenta las críticas hipócritas de quienes en el fondo no creen en la solidaridad y sí en la supremacía de clases, los de la meritocracia y “el Estado nos roba”, de aquellos que ni se preocuparon ni lo harán de fortalecer los pilares básicos del Estado del bienestar ni mucho menos de buscar un sistema fiscal justo, progresivo y coherente donde contribuyan más quienes más puedan hacerlo, porque de eso se trata.

Claro que hay que contribuir, todos y todas, y ya lo hacemos permanentemente, aunque no paguemos IRPF, porque ya lo hacemos con el IVA, impuestos indirectos y locales entre otros, y estos no suelen ser en absoluto progresivos. Con respecto al IRPF en concreto, es obvio que hay que poner un límite a partir del cual aplicarlo, pero este habrá de ubicarse al salario mínimo cuando alcance el 60% del salario medio como mandatan la Carta Social Europea y las convenciones internacionales al respecto, porque ese umbral es el que el consenso internacional determina que otorga la dignidad mínima suficiente para las personas que viven del trabajo. En tanto en cuanto no lleguemos a ese escenario, aún lejano, modificar la norma para que sus perceptores tributen por este impuesto es una medida política poco distributiva y reaccionaria, especialmente en un contexto en que la brecha de contribución entre las grandes fortunas y la mayoría social deja en tanta desventaja a esta última.

De verdad creo que no es populista afirmar que la progresividad fiscal en este país merece un giro de timón, pero no en el anunciado. Tenemos que levantar el velo de los enormes beneficios empresariales de las grandes empresas y capitales en un momento económico en que nuestro país es el motor de Europa, y hacer pedagogía fiscal, sí, pero para estos estratos privilegiados, que los trabajadores por cuenta ajena o propia sabemos bien lo que es contribuir, y así lo hacemos desde el inicio de los tiempos.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.