Los conservadores del CGPJ cuelan la 'rebelión' contra el TC en un encuentro con la Comisión Europea

La rebelión de la Audiencia de Sevilla contra las sentencias del Tribunal Constitucional que obligaron al órgano provincial a reducir drásticamente sus condenas contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán (PSOE) y otros ex altos cargos socialistas de la Junta ya está en Europa. Antes de que la cuestión prejudicial anunciada por los magistrados sevillanos llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los vocales a propuesta del PP en el Consejo General del Poder Judicial ya han dado a conocer al Ejecutivo europeo de Úrsula von der Leyen la última escaramuza de la derecha judicial española. Esa cuestión prejudicial, que reclama al tribunal de Luxemburgo poder saltarse las sentencias de Constitucional, ha sido incluida en los temas a tratar durante la visita a España de la Comisión Europea de este lunes, en la que el organismo europeo se ha entrevistado con el Ministerio de Justicia y consejeros del órgano de gobierno de los jueces para conocer detalles sobre la calidad del sistema judicial español.

La country visit organizada por el departamento de Justicia europeo, que preside el comisario irlandés Michael McGrath, tiene por objeto redactar el capítulo español del informe sobre el Estado de derecho de este año. Se trata del documento que evalúa los avances en garantías y lucha contra la corrupción del sistema judicial español y el que debe avalar la reforma para la elección de vocales del CGPJ que redacte el Gobierno tras la aprobación por el propio Consejo el pasado febrero de dos propuestas, la de la elección parlamentaria (el modelo actual) que defiende el sector progresista, y la elección directa por los jueces de los 12 consejeros procedentes de la carrera, el sistema preferido por los conservadores.

La visita de la Comisión busca resolver las dudas que el Ejecutivo europeo tiene sobre un cuestionario previo mucho más amplio enviado al Gobierno y al Consejo y que ambas instituciones respondieron a Bruselas el pasado enero. La entrevista persigue clarificar los aspectos que el Ejecutivo comunitario considera más importantes o que necesitan información adicional. Entre ellos las declaraciones públicas de políticos sobre jueces, las reformas judiciales y procesales en marcha -como la nueva ley que dará la instrucción de los delitos al fiscal- o los principales casos de corrupción política que se investigan y las sentencias que se han producido a lo largo del último año en este tipo de delitos.

Es en esta última cuestión donde el sector conservador ha querido introducir la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Sevilla para que el TJUE le permita no aplicar las sentencias del Constitucional que rebajaron las penas a los políticos condenados por los ERE. En su respuesta a la Comisión, el Consejo, a propuesta de los vocales conservadores, ha señalado este caso junto al abierto en el Supremo contra el exministro de Transportes y ex secretario general del PSOE José Luis Ábalos y la confirmación por ese mismo tribunal de la condena al extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas el pasado noviembre. Junto a esas tres causas, el órgano de gobierno de los jueces ha incluido sus últimas estadísticas sobre procesamientos y condenas por este tipo de delitos.

El cuestionamiento de la sentencia de los ERE del Constitucional ante la justicia europea es el enésimo intento del PP —el instigador de la cuestión prejudicial— y de la derecha judicial de cuestionar la calidad de la democracia española y sus instituciones ante la UE. La sentencia del TJUE que invoca la Audiencia de Sevilla a petición del PP permite a los jueces ordinarios desobedecer sentencias de los tribunales constitucionales nacionales si sus miembros no son independientes del poder Ejecutivo y del Legislativo, algo que ocurrió en Rumanía, un país cuyo sistema judicial está monitorizado por la Comisión desde su ingreso en 2007 debido a su falta de garantías. La cuestión prejudicial, por tanto, trata de socavar la legitimidad y autoridad del máximo intérprete de la Constitución y garante de los derechos fundamentales de todos y que, hasta ahora, no ha sido cuestionado en la UE.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido ha abierto un período de reflexión en el órgano de garantías para analizar cómo debe de actuar ante situaciones como la creada por los magistrados sevillanos por el consiguiente riesgo de que deje sin contenido sus resoluciones o las ralentice hasta que Luxemburgo decida. La reticencia a aplicar la doctrina del Constitucional también se ha dado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha recurrido al mismo mecanismo, la cuestión prejudicial, para cuestionar el criterio sostenido en cuatro sentencias del órgano de garantías -aprobadas por unanimidad- que han sido sistemáticamente incumplidas por el tribunal regional madrileño. En el sector progresista creen que, con esta argucia, cualquier tribunal ordinario puede cuestionar la doctrina superior de la institución, algo que no se había producido en sus 45 años de historia. Y temen que el ejemplo se extienda.

En 2021, cuando el PP mantenía bloqueada la renovación del CGPJ, las tres asociaciones judiciales conservadoras —Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente— decidieron, sin embargo, cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la reforma que impedía al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos mientras estuviera en funciones. Los colectivos, que representan conjuntamente a la mitad de la carrera, denunciaron al Ejecutivo ante la Comisión por "riesgo claro de violación grave del Estado de derecho" y por "horadar paulatinamente la independencia judicial", algo que ningún organismo europeo ha apreciado. También solicitaban la apertura de un procedimiento de sanción contra España que habría podido afectar a los fondos millonarios que recibe de la UE.

Sin embargo, desde Bruselas son muy conscientes de que en España no existe ningún riesgo sistémico para el Estado de derecho, según fuentes comunitarias consultadas por infoLibre. En la UE están muy sorprendidos de la polarización política cada vez mayor y del creciente uso del PP de las instituciones en su guerra contra el Gobierno, pero recuerdan que el último informe del Estado de derecho de la UE, publicado tras la renovación del Consejo, fue muy favorable para nuestro país. La falta de reacción contra esa actitud del PP se debe a la importancia del partido de Feijoo como alternativa de gobierno en España y como miembro del Partido Popular Europeo, al que pertenece la propia presidenta de la Comisión y varios de sus miembros.

Lo central para la UE en este momento es defender la independencia judicial como último dique contra los excesos de autocracias como la Hungría de Viktor Orbán en la que —allí sí— la separación de poderes, los derechos fundamentales y los más elementales principios democráticos se encuentran al límite. Nada comparable a la situación española.