El PP de Feijóo normaliza el insulto contra Sánchez al tiempo que le reclama pactos de Estado

Cuando anunció su candidatura para presidir el Partido Popular hace ahora tres años, Alberto Núñez Feijóo aseguró que él "no venía a insultar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino a "ganarle en las urnas". No consiguió lo segundo por la falta de alianzas —pese a ser la primera fuerza en las generales de hace dos años— pero tampoco lo primero, ya que tanto él como otros miembros de su dirección llevan tiempos instalados en el insulto contra el presidente del Ejecutivo, del que han llegado a cuestionar su legitimidad. Para muestra, la reunión interparlamentaria celebrada este pasado fin de semana en Sevilla, en la que Feijóo y su círculo más próximo se dirigieron a Sánchez como "pequeño dictador, "déspota", "autócrata" o "activo tóxico", entre otros.

En su discurso del domingo, el jefe de la oposición cargó contra el "despotismo sanchista" del socialista por no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Todo para Sánchez, pero sin el pueblo", dijo, calificando la posibilidad de prorrogar las cuentas como una decisión propia de "repúblicas bananeras" obviando que actualmente hay varias autonomías presididas por el PP cuya mayoría depende de Vox con las cuentas prorrogadas como Murcia, Aragón, Extremadura, Baleares y Castilla y León. "No es posible seguir con la decadencia democrática del estado de derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación", afirmó.

Más allá fue su número dos, Cuca Gamarra, que equiparó al presidente del Gobierno, democráticamente elegido, con un "pequeño dictador": "Deje de actuar como un pequeño dictador y empiece a respetar los contrapoderes y la voluntad de la mayoría", dijo en el discurso de apertura del evento, en el que también denunció que la democracia española está "en peligro" por la dependencia del Gobierno de las "minorías" representadas en el Congreso. Así, concluyó que Sánchez "pisotea" el Estado de derecho y "huye" del Parlamento: "Frente a este deterioro democrático, esta corrupción y degradación, el PP es la solución", señaló

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que intervino en una de las mesas redondas organizadas también ese sábado, siguió esa misma línea y acusó al presidente del Gobierno de querer "impedir la alternancia política" y de "desertar del constitucionalismo": "Nunca antes en España había gobernado el que había perdido las elecciones", dijo, obviando que España es un sistema parlamentario y no presidencialista. Además, también afirmó que Sánchez es un "elemento tóxico" porque lo "contamina absolutamente todo"

En esa misma mesa intervino también la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que definió a Sánchez como un "autócrata" sin credibilidad en la Unión Europea al que sus colegas han "calado", pese a que es el principal referente de la socialdemocracia en la actualidad. Montserrat le presentó como un político "sin escrúpulos", que "miente sin pestañear y desprecia el control institucional", "no respeta la separación de poderes" y que "convierte a la Fiscalía General en un brazo político y a la prensa en enemiga".

Una serie de apelativos que contrastan con lo que decía Feijóo a su llegada a Madrid sobre los insultos: "Son la ausencia de razones, y a mí no me gusta practicarlos" —afirmaba en una entrevista en El Mundo—, pero que no son una novedad en el PP, ya que en este último año Feijóo ha equiparado en varias ocasiones al presidente del Gobierno con el dictador Francisco Franco y se llegó a referir a él como un "caudillo" en su propio partido. Sobre Sánchez también ha llegado a afirmar que tiene "dosis de narcisismo impropias de una persona madura" y que le sobra "soberbia y arrogancia": "Hoy han podido ver todos los españoles, lo faltón, lo chulesco, lo desencajado y lo desorientado que está", afirmó en el reciente debate sobre el aumento del gasto en defensa.

Sin rastro de los pactos de Estado prometidos por Feijóo

En ese debate Feijóo apeló a firmar un pacto de Estado sobre el presupuesto militar que, precisamente, el PP ha enfriado en la interparlamentaria celebrada en Sevilla. Aunque hace tres años el conservador se presentó como un político dispuesto a alcanzar pactos de Estado con el Gobierno de Sánchez, decidido a "sacar la política española del enfrentamiento" y convencido de que no iba a participar del "entretenimiento infantil", ha liderado una oposición sin tregua a Sánchez en todos los frentes con escasos acuerdos con el Ejecutivo más allá de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a instancias de la Comisión Europea, y la del Tribunal Constitucional (TC), un órgano al que ahora acusa de estar al servicio de Sánchez, el consejo de administración de RTVE, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la ley para los enfermos de ELA.

La llamada a la negociación de pactos de Estado ha sido una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que tradicionalmente han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque, teóricamente, deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno.

Tras las elecciones del 23J ofreció seis de estos pactos de Estado —y un acuerdo imposible a Sánchez en que el PSOE debía apoyarle a cambio de dejarle gobernar durante dos años para después convocar elecciones— sobre regeneración democrática, Estado de Bienestar, saneamiento económico, por las familias, un pacto nacional del agua y un acuerdo el clave territorial. En esta legislatura ha demostrado que la forma que tiene el líder del PP de entender los pactos de Estado es firmarlos con sus propias condiciones, pero cuando es La Moncloa quien plantea la necesidad de esos acuerdos, Feijóo se echa atrás. Bajo su liderazgo, únicamente se ha reeditado el pacto contra la violencia machista, pero no se ha alcanzado ningún otro gran acuerdo.

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Los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977 solo ha habido ocho, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016. La mayoría de ellos se cerraron con la derecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Solo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa. Ninguno con Rodríguez Zapatero ni con Sánchez.

El último, a propósito de la violencia machista, hizo posible que en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—, España se dotase de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la piedra angular de la lucha contra los asesinatos machistas en España. Hace apenas un mes se renovó con el visto bueno de todas las formaciones a excepción de Vox, en línea con sus tesis negacionistas sobre la violencia contra las mujeres.

Hay uno de esos pactos, promovido por el Gobierno de José María Aznar en 1998, que el PP abandonó en 2021. Se trata del Pacto de Estado contra el transfuguismo, que se amplió en 2020 para extenderlo de las corporaciones locales a los ámbitos estatal y autonómico, también con el visto bueno de los conservadores. Un año después, sin embargo, el PP lo incumplió tras el intento de moción de censura en Murcia que su presidente, Fernando López Miras, impidió precisamente cooptando a miembros de otros partidos a los que acabó colocando en su Gobierno. La comisión de seguimiento del pacto tildó de “tránsfugas” a los exmiembros de Ciudadanos que cambiaron de caballo después de haber firmado dicha moción. El PP trató de hacer lo mismo en la votación de la reforma laboral con los dos diputados de UPN, pero la equivocación del diputado Alberto Casero les llevó a aprobar la normativa con un solo voto de diferencia.