Los privilegios de la Iglesia católica en materia tributaria generan debate público cada cierto tiempo, pero permanecen inalterables año tras año. Una de las situaciones más llamativas la provoca el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) que, según el Concordato entre la Santa Sede y el Estado español (1979), se encuentra “total y permanentemente” exento para los templos y capillas destinadas al culto, las residencias de los obispos, canónigos y sacerdotes “con cura de almas”, los locales destinados a oficinas de la Curia y oficinas parroquiales, los seminarios destinados a formación de clero y, finalmente, para los edificios destinados a casas o conventos.
En esta materia, además del Concordato hay que tener en cuenta la Ley de Haciendas Locales, que establece otras exenciones para Cruz Roja o las embajadas extranjeras, y la Ley de Mecenazgos, que abarca a “todos los inmuebles de los que sean titulares entidades sin fines lucrativos”.
Pero los edificios dedicados al culto no son los únicos exentos del pago del IBI. Como publicó este martes infoLibre, la Iglesia católica hace negocio con dos aparcamientos comerciales en Almería por los que no paga ni un céntimo de IBI al Ayuntamiento. Y no es el único ejemplo.
El pago del IBI lo realizan los propietarios de un inmueble al ayuntamiento del municipio donde éste se ubica, y a día de hoy es el principal impuesto a nivel local. En el año 2014 supuso el 63,89% de los ingresos por gravámenes de tipo municipal, según la memoria anual de Haciendas Locales.
La inexistencia, en gran parte de localidades españolas, de un censo que contabilice los bienes inmuebles de la Iglesia católica dificulta las estimaciones referentes a la cantidad que se deja de ingresar a causa de las exenciones eclesiásticas. En su informe de 2016, la organización Europa Laica indicaba que “según diversas fuentes y averiguaciones parciales que se han ido haciendo en cada ejercicio anual, como consecuencia de exenciones de impuestos las diferentes administraciones del Estado (central, autonómico y municipal) dejan de ingresar aproximadamente unos 2.000 millones de euros, cálculo aproximado, debido a la opacidad de los bienes de la Iglesia católica, así como a los datos que ofrecen los ayuntamientos y otras administraciones del Estado sobre esta cuestión”. Concretamente, continúan, “sólo del IBI (rústico y urbano) las administraciones locales pueden estar dejando de ingresar una cantidad cercana a los 700 millones de euros”. Contemplan, en dicho cómputo, a todos los inmuebles y suelo, sean destinados a culto o no.
Por su parte, los autores y asociaciones laicistas citados por el investigador Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado Italia, no estuviera exenta del IBI. La Fundació Ferrer i Guàrdia, en su Anuario de la Laicidad 2012, rebaja esta cifra hasta los 900 millones de euros anuales. La asociación Jueces para la Democracia, por su parte, se refirió en 2012 a una aportación de 3.000 millones de euros si la Iglesia abonara el IBI, además del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. El cálculo más conservador, por tanto, estima en 700 millones el agujero que genera en las arcas municipales el perdón del IBI a la Iglesia católica.
Iniciativas políticas
Desde el año 2000, los grupos parlamentarios han registrado un total de once preguntas y dos proposiciones no de ley (PNL) en el Congreso relacionadas con este asunto, principalmente impulsadas por el Bloque Nacionalista Galego, IU y el Grupo Socialista. Las preguntas presentadas van desde peticiones que abogan por cifrar las pérdidas de la exención hasta previsiones sobre un cambio de la normativa tributaria, o cuestiones sobre la posibilidad de seguir el ejemplo de Italia.
Por otro lado, una de las PNL registradas en el año 2012 por el grupo Mixto, concretamente por el diputado del BNG Francisco Jorquera, demandaba a la Iglesia el pago del IBI “por los numerosos bienes inmuebles que posee no dedicados a fines de culto, educativos y sociosanitarios, que en casos como el de Santiago de Compostela supone una merma considerable en los ingresos del ayuntamiento pues deja de percibir lo correspondiente a unos 37,4 millones de euros al año del valor catastral de esas propiedades, estimado en una recaudación de 200.000 euros”. Asimismo, proponía “negociar con la Iglesia católica una compensación a ayuntamientos como el de Santiago por estar exenta del pago del IBI, que podría consistir en la cesión gratuita de bienes inmuebles eclesiásticos que están desocupados o en la negociación de una cantidad económica”. La propuesta fue retirada en marzo y, tras ser registrada de nuevo, caducó en el mes de junio.
La diputada Olaia Fernández (BNG) propuso en 2013 una PNL en la que instaba a “revisar los criterios interpretativos de aplicación de la exención del IBI a los inmuebles que son propiedad de la Iglesia católica, de forma que únicamente queden exentos” los locales dedicados al culto, así como a una revisión de los acuerdos entre el Estado español y la institución católica para poner fin “a los privilegios fiscales concedidos”.
Finalmente, en el año 2012, el PSOE anunció que presentaría una moción en todos los ayuntamientos en los que tuviera representación, con el fin de elaborar un censo de los inmuebles propiedad de la Iglesia y, de este modo, impulsar el cobro del IBI respecto a aquellos no destinados al culto. En algunos consistorios como Huelva, Jaén o Cádiz planteó esta iniciativa, pero el partido no ofreció datos globales.
Los ayuntamientos estiman las pérdidas
A falta de una base de datos oficial que cifre las pérdidas por las exenciones tributarias de la Iglesia española, más de una treintena de ayuntamientos han dado un paso adelante para calcular la recaudación que dejan de ingresar por esta causa.
En el año 2012, el equipo de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid sostuvo que la exención de los edificios católicos dedicados al culto en la capital supone menos de cinco millones. En Zaragoza, por su parte, el cálculo del Consistorio apuntaba hace cuatro años a que la Iglesia católica y otras confesiones disponían de 447 inmuebles por los que debería pagar 3.337.707 euros en concepto de IBI. El pasado mes de septiembre el asunto volvió al Ayuntamiento gracias a una moción de Zaragoza en Común, quien estima que, como consecuencia de estas exenciones, las confesiones religiosas evitan pagar por los inmuebles que tienen en la ciudad hasta 2,8 millones de euros por ejercicio y que distintas fundaciones ligadas a ellas se ahorran alrededor de 2,2 millones.
También en el año 2012 diversos territorios andaluces se pusieron en marcha para cifrar las pérdidas producto de las exenciones religiosas. En Cádiz, el Ayuntamiento habló de 194.631 euros, mientras que en Córdoba el PSOE calculó 379 inmuebles por los que se deberían pagar unos 480.000 euros, aunque el recuento no incluía iglesias ni fincas rústicas.
En julio de este año, el Ayuntamiento de Granada aportó a la entidad Granada Laica los datos referidos a las exenciones del IBI. El resultado apunta a que la Iglesia católica cuenta con 352 inmuebles por los que debería abonar 2.095.113,47 euros en concepto de IBI.
En la Comunidad Valenciana, el equipo de gobierno de la capital anunció su intención de cobrar el IBI de los edificios no destinados a actividades de culto. La exención en el Ayuntamiento valenciano, según la Cadena Ser, está privando a las arcas municipales de casi 5 millones de euros de ingresos al año.
El Ayuntamiento de Aspe (Alicante) aprobó en el año 2012 que la Iglesia pagara el IBI por los edificios que no se empleen para el culto. Según el entonces edil David Cerdán, el consistorio calculaba que podía recaudar unos 7.000 euros anuales, derivados de los tributos que la Iglesia debería abonar por dos viviendas de párrocos y otros inmuebles no destinados a actividades religiosas. El también alicantino Ayuntamiento de Elda aprobó en el mismo año, con la abstención del PP, cobrar el IBI a la Iglesia por un valor de 19.500 euros aproximadamente, según la portavoz de EU, Luisa Martínez. En Pedreguer (Valencia), el equipo de Gobierno también anunció la intención de recaudar entre 16.000 y 20.000 euros por no eximir a la Iglesia de la obligación tributaria.
En julio del 2012, el PP de la localidad de Vila-real (Castellón) aseguró, tras una moción que anulaba la exención, que “de los 311.480,76 euros que quedan en este momento exentos del pago del IBI y que no son de propiedad municipal, un 65,28% corresponden a centros educativos (tanto concertados como institutos públicos), un 16,17% a fundaciones de entidades bancarias y tan sólo un 12,39% a edificios de culto pertenecientes a la Iglesia Católica”.
En el Ayuntamiento ourensano de Amoeiro, el equipo municipal cifró en 4.286 euros en concepto de IBI correspondiente al ejercicio 2010-2012 por los inmuebles y parcelas rústicas de la Iglesia. También en Ourense, el Gobierno de la capital cifró el valor catastral del patrimonio de la Iglesia en aproximadamente 42 millones de euros, aunque no concretó la recaudación tributaria que ingresaría.
Otros municipios de Galicia, como el de Teo, en A Coruña, calculó en 2012 una recaudación de 200 euros en el caso de las fincas rústicas y de 2.000 en cuanto a otras propiedades que no se usan para fines sociales o de culto. Por su parte, en Culleredo (A Coruña), el BNG calculaba en 2012 unos ingresos de 30.000 euros al año. Asimismo, tal y como cifró por escrito el diputado nacionalista Francisco Jorquera en la PNL del 2012, Santiago de Compostela recaudaría, si la Iglesia tributase el IBI en el caso de los bienes inmuebles con uso lucrativo, un importe de aproximadamente 200.000 euros al año.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero aseguró que la diócesis contaba en la ciudad conun patrimonio de 156 edificios y fincas cuya contribución a las arcas municipales, de aplicárseles el IBI, superaría los 200.000 euros. La mayoría, no obstante, estarían exentos del pago por estar sus usos vinculados al culto religioso, de modo que la contribución de la Iglesia por IBI en Vigo sería, según el alcalde, de unos 13.000 euros.
Dentro de la comunidad de Castilla y León, la Iglesia contaba en ciudad de Burgos, en el año 2012, con 357 propiedades de las que 185 estaban exentas y 172 tributaban por 155.643 euros, según los socialistas de la localidad. Ese mismo año, técnicos del Ayuntamiento de Segovia aseguraban que la ciudad dejaba de recaudar 250.000 euros por el mismo motivo. También anunció sus pérdidas el Ayuntamiento de Valladolid en 2012, cuando el PP aseguró que 427 edificios de la Iglesia no tributaban por este concepto, generando unas pérdidas de 1,5 millones.
El Gobierno se declara al margen de las inmatriculaciones masivas de la iglesia católica
Por su parte, la Jefatura del Servicio de Ingresos de Albacete anunció en 2012 que la Iglesia contaba con 76 unidades urbanas exentas de tributación, lo que implica una cuantía de 49.799,53 euros por IBI. Su vecina Ciudad Real, además, podría tributar según informó en el mismo año el periódico local La Tribuna de Ciudad Real cerca de 258.000 euros por el IBI de 24 edificios pertenecientes a la institución.
El pasado año, asimismo, el Ayuntamiento de Avilés en Asturias anunciaba que, de los 85 inmuebles propiedad de la Iglesia, doce asumen el pago del IBI por un importe de 14.000 euros, mientras que el municipio asturiano de Mieres contaría con 157 inmuebles que podrían aportar 54.000 euros a las arcas, según informó la Radiotelevisión del Principado de Asturias.
La misma tendencia se repite en Cáceres donde, según expuso Cáceres Laica en 2015, el valor que no tributan los 144 bienes inmuebles a nombre de la Iglesia es de, aproximadamente, 450.000 euros. En Logroño, el PSOE aseguró que el Ayuntamiento dejó de ingresar en 2012 un total de 251.000 euros por los inmuebles de la Iglesia. Finalmente, la cifra se sitúa en 135.000 euros en el caso de Reus (Tarragona), tal y como señaló el PSC de la localidad este mismo año. Según el Diario de Tarragona, el pleno municipal aprobó en noviembre una inspección para determinar las propiedades que no están dedicadas al culto o a la residencia de religiosos, con el objetivo de recaudar el importe que, hasta el momento, la administración pública venía perdiendo en favor de la institución católica.
Los privilegios de la Iglesia católica en materia tributaria generan debate público cada cierto tiempo, pero permanecen inalterables año tras año. Una de las situaciones más llamativas la provoca el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) que, según el Concordato entre la Santa Sede y el Estado español (1979), se encuentra “total y permanentemente” exento para los templos y capillas destinadas al culto, las residencias de los obispos, canónigos y sacerdotes “con cura de almas”, los locales destinados a oficinas de la Curia y oficinas parroquiales, los seminarios destinados a formación de clero y, finalmente, para los edificios destinados a casas o conventos.