La Comunidad de Madrid rompió por fin este lunes su silencio sobre una de las aristas legales de la estancia de Isabel Díaz Ayuso en un hotel de la cadena Room Mate donde permanece alojada desde el 16 de marzo, es decir, desde dos días después de la declaración del estado de alarma y con una rebaja del 60% sobre la tarifa usual. A partir del decreto del 14 de marzo y tras una Orden ministerial que cinco días más tarde vino a desarrollar el decreto, los alojamientos turísticos se vieron obligados a quedar vacíos en una semana y a no admitir más clientes que los que ya tuviesen allí hospedados antes del estado de alarma de forma "estable y de temporada". En respuesta a la pregunta de este periódico sobre el choque entre la normativa estatal vigente y la decisión de Díaz Ayuso de instalarse en un hotel cuyo propietario, Kike Sarasola, había descrito la semana pasada como "cerrado al público" y "vacío", los portavoces de la presidenta madrileña respondieron así: "Ya hemos explicado los motivos de que la presidenta esté ahí residiendo y todos los detalles. Se organizó y contrató antes de decretarse el estado de alarma, por lo que no hay ningún problema en ese sentido".
El avance de la pandemia y, luego, la declaración del estado de alarma derivaron, según múltiples informaciones publicadas, en la cancelación de miles de reservas de plazas hoteleras para fechas posteriores al 14 de marzo. Y en este sector, la reserva opera como un contrato. "El hotel –publicó en referencia a todos los establecimientos el diario La Razón– está obligado a la devolución del dinero de aquellas reservas para estancias durante el estado de alarma". infoLibre no ha logrado cifras exactas sobre cancelaciones pero webs de distintas agrupaciones empresariales y expertos como el portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, coinciden en que se trató de un fenómeno masivo. De hecho, las plataformas Booking y Airbnb lanzaron un mensaje tranquilizador el 17 de marzo al anunciar la anulación gratuita de reservas para todos sus clientes. "Los anfitriones españoles de Booking –se leía en una de las informaciones difundidas aquel día– no podrán acoger a ningún huésped hasta el próximo 29 de marzo". Ese plazo, como es ya sabido, se prorrogó luego.
Los interrogantes, las sospechas y las incógnitas sobre por qué la jefa del Ejecutivo madrileño se mudó, oficialmente para dos meses aunque esa frontera ya la ha cruzado, crecieron de inmediato tras desvelar hace una semana la revista Vanity Fair dónde estaba residiendo Ayuso. Y crecieron los interrogantes, sin visos aún de que vayan a remitir, por la fugaz aparición de un contrato que al parecer nunca existió y que publicado durante poco más de una hora en el portal de contratación incorporaba a Room Mate SA como adjudicatario de un servicio que costaría al erario madrileño 565.000 euros. Sobre ese contrato erróneo, relativo a la gestión de un hotel cedido por Room Mate a la Consejería de Políticas Sociales (Ciudadanos) para alojar a usuarios de geriátricos, Ayuso anunció la semana pasada una investigación interna porque lo sucedido "es delito". Este miércoles, y según fuentes políticas, la brecha abierta con el titular de Políticas Sociales, Alberto Reyero, podría abrirse aún más en el Consejo de Gobierno de la Comunidad.
Una versión cambiante en la que faltan papeles
Con las fechas en un permanente baile que no cesa dado que Ayuso considera la polémica "un asunto privado" y no aporta ni la reserva del apartotel ni cualquier documento de pago, también la versión de este lunes sobre cuándo se hizo con el apartotel difiere de la que ella misma ofreció el sábado en rueda de prensa. Ante la pregunta de una periodista de eldiario.es sobre qué día se registró allí y si hay algún documento que acredite la reserva al precio de 80 euros por noche, la presidenta respondió en estos términos: "Es una decisión que me compete a mí porque con este hotelero no tengo ninguna contraprestación ni ningún tipo de interés. Esta decisión se toma cuando se decreta el estado de alarma y mi equipo no se puede mover con libertad y con normalidad por la ciudad de Madrid y le pido que se vaya a instalar allí un lugar de trabajo. Posteriormente, yo me contagio porque es algo que se olvida, que estoy contagiada del covid y me tengo que aislar, y también me mudo allí".
¿Pero se toma entonces la decisión de trasladar su lugar de trabajo "cuando se decreta el estado de alarma", el 14 de marzo, al Room Mate de Plaza de España, que tiene cedidos seis hoteles a la Comunidad de Madrid y niega tajante que ello vaya a reportarle un solo euro? ¿O se toma la semana previa, como había asegurado el jueves la cabeza visible de Room Mate, Kike Sarasola, y ahora sostiene el entorno de Ayuso? Lo que sobre ese punto dijo Sarasola dijo el jueves 14 de mayo en el programa Todo es mentira fue lo siguiente: "Cuando el presidente del Gobierno dijo que íbamos a estar todos confinados, ellos ya empezaron a buscar apartamento, un miércoles o un jueves. Sería el 11, el 12 o el 13". Siguen sin aclararse las fechas así como el porqué de la decisión de Ayuso de confinarse en un hotel que, como mínimo, le costaría a su bolsillo privado 4.800 euros por dos meses de alquiler.
La presidenta se instaló en el Room Mate de Plaza de España el 16 de marzo. Fue entonces cuando anunció que aquel mismo lunes había dado positivo en el test del coronavirus. Pero el 10 de abril ya recibió el alta médica. Y un mes y 10 días después, continúa oficialmente instalada en el hotel aunque el goteo de reportajes sobre la vivienda a la que se mudó hace un año en el madrileño distrito de Chamberí abre las dudas de si el debate generado conducirá a una salida anticipada respecto a lo previsto. Y lo previsto es, oficialmente, seguir en la Royal Suite del hotel de Plaza de España hasta que Madrid pase a la fase 2.
A día de hoy, las incógnitas que rodean el caso se han transformado ya en una batería de iniciativas parlamentarias para cuya respuesta ha comenzado lo que la oposición presagia como una lenta cuenta atrás. Y lo que está sobre la Mesa de la Asamblea, la Cámara regional de Madrid, no es solo lo que concierne al misterioso contrato que oficialmente nunca existió pero que llegó a estar publicado durante una hora en el portal de contratación con Room Mate SA como beneficiario. Ni tampoco lo relativo al precio que, según la versión oficial pagará Ayuso de su bolsillo (2.400 euro por mes) con una rebaja del 60% sobre la tarifa usual. O sea, 80 euros por noche frente a los 200 habituales.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos han estrechado también el cerco a la jefa del Ejecutivo con preguntas y una petición de información sobre lo que, como en el relato clásico de La carta robada, estaba a la vista pero había pasado inadvertido hasta que el diario El País lo reveló el jueves de la semana pasada: la existencia de la normativa estatal ya enunciada y según la cual todos los alojamientos turísticos debían haber quedado vacíos el 26 de marzo salvo que para los clientes que, con carácter "estable y de temporada", se hubiesen hospedado con anterioridad al decreto del estado de alarma.
Al margen de la orden dictada por el Ministerio de Sanidad el 19 de marzo y que impone el cierre de hoteles, la normativa establece dos tipos de establecimientos facultados para proseguir su actividad: por supuesto, los medicalizados y los reservados para personal sanitario, en ambos casos cedidos por distintas cadenas o propietarios individuales a las comunidades autónomas de manera gratuita; pero también los incorporados a una lista de hoteles de guardia capacitados para alojar a personas vinculadas a servicios esenciales que necesiten alojamiento.
Los socialistas han apuntado al corazón legal del choque entre la normativa del estado de alarma y la actuación de Díaz Ayuso al requerir a la Cámara autonómica copia de un informe jurídico cuya propia existencia ni siquiera se conoce: el informe "por el que el Gobierno regional considera pertinente el traslado de la presidenta de la Comunidad de Madrid al hotel Plaza España Skyline Be Mate" a pesar del aparato legal vigente para el sector hotelero.
El PSOE cierra la cremallera con una pregunta escrita con la que inquiere "cuáles son los fundamentos jurídicos" que sustentan el traslado de la presidenta al hotel madrileño cuya fama ha saltado barreras por la lluvia de nuevos interrogantes. Las preguntas han ido cayendo sobre la escena política a medida que Ayuso, su partido y el empresario y cabeza visible de Room Mate, Kike Sarasola, iban esparciendo versiones con ligeras o importantes variantes respecto de la anterior.
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Este mismo martes y tras una rueda de prensa donde expresó su confianza en que el Gobierno de Madrid remita al Senado en un mes toda la información sobre el contrato fantasma con Room Mate, el socialista José Cepeda aseguró a preguntas de este periódico que Ayuso tiene que "dar explicaciones". ¿Sobre? Sobre "por qué se está saltando las Órdenes del gobierno" en relación al cierre de hoteles.
Unidas Podemos, que pregunta igualmente a la Asamblea madrileña si el Gobierno considera que ha habido un "incumplimiento" de la orden ministerial del 19 de marzo "por parte de la presidenta y de la cadena Room Mate", plantea un segundo interrogante sobre esta parcela del confuso episodio del apartotel: el de por qué la presidenta se hospedó "en una residencia privada y no en una de las propiedades públicas patrimonio de la Comunidad".
El otro grupo de la oposición de izquierdas, Más Madrid, ha centrado sus iniciativas en el extraño contrato fantasma del medio millón. Y según su diputada Tania Sánchez ha visto cómo la Mesa de la Cámara madrileña ha inadmitido de plano "31 de las 46 preguntas" planteadas.