Ayuso sólo impuso 16 sanciones a residencias el año del covid, la mayoría por mala atención sanitaria

¿Se puede sancionar si no se vigila la existencia de infracciones? La respuesta parece obvia. Y de hecho lo es. La Comunidad de Madrid tan sólo impuso 16 multas a residencias de mayores a lo largo de 2020, el año de la pandemia, precisamente el mismo periodo en el que el sistema de control de los geriátricos sufrió un parón, como publicó infoLibre este miércoles. Pero el dato adquiere más valor si se le añaden varios matices: tan sólo un año después las sanciones ascendieron a 37; en 2022, a 86.

Las cifras las ha facilitado el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso tras recibir una petición de información de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales. Reflejan la actividad de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que, preguntada por los motivos por los cuales hubo tan pocas sanciones en plena crisis del covid, no ha ofrecido ninguna respuesta. No obstante, desde la Comunidad señalaron a la diputada que "las propuestas de sanción, conforme a la normativa vigente en materia de derecho sancionador, no vinculan al órgano con competencia para imponer la sanción". Dicho de otro modo: que un inspector, tras una visita a una residencia, proponga una multa por cualquier motivo no implica que la misma llegue a ejecutarse.

Pero la socialista en cambio cree que la explicación a tan pocos expedientes está mucho más clara. "En el año 2020 las sanciones se desplomaron. Y pasó porque si no había inspecciones no podía haber sanciones", denuncia. Se refiere también a otro documento oficial en el que el Ejecutivo conservador admite que su servicio de control de los geriátricos no funcionó durante las peores semanas de la pandemia. Fue, en concreto, entre el 5 de marzo y el 15 de abril, días en los que no figura ninguna inspección en las tablas oficiales. El departamento dirigido por Ana Dávila, no obstante, explicó a este periódico que, aun así, "todo el personal de la Consejería monitorizaba a los centros en cuanto a la situación de los usuarios, de personal, de necesidades de material y de necesidades de coordinación con el resto de administraciones para dar respuesta a esa situación de emergencia". Pero las fuentes no aclararon qué se entiende por "monitorizar".

En cualquier caso, la consecuencia de esto es esa cifra: 16 expedientes abiertos ese año a los centros de mayores, tanto públicos como privados, por un total de 38 infracciones. Por ellas, la Comunidad de Ayuso se embolsó 243.029 euros a lo largo del año.

Incumplir la "debida atención sanitaria" o las adecuadas condiciones de higiene

Pero esas sanciones, ¿en concepto de qué se impusieron? Según la información oficial, tan sólo hay una infracción leve entre las 38 que encontraron los servicios de inspección. El resto, todas graves, catalogadas como tal en el artículo 28 de la Ley 11/2002 de Ordenación de la Actividad de Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de Servicios Sociales de la Comunidad.

Si se pone la lupa, la mayoría de multas se impusieron en base a incumplimientos del apartado d. de ese artículo. Traducción: por no respetar "la debida atención sanitaria y/o farmacéutica, así como de las medidas de vigilancia o cuidado especial que precise el usuario". Suponen, en total, el 31,5% de las infracciones detectadas. Doce de esas 38.

Le siguen, por su parte, las infracciones del apartado e., que hace referencia a que el centro de mayores, en el momento de la visita, no tenía "el expediente asistencial de cada usuario o los sistemas de información de incidencias debidamente actualizadas". Esta infracción se cometió, en concreto, siete veces.

El resto fueron o bien por no tener personal con titulación oficial, o por no tener personal suficiente, o por exceso de ocupación en espacios de uso común o dormitorios.

Pero en la documentación oficial hay un geriátrico en el que los servicios de inspección encontraron hasta seis infracciones: se trata del Hestia de Colmenar Viejo, gestionado por Hestia Elder Healthcare. Según consta, ni tenía personal suficiente, ni cumplía con las normas sobre ocupación, ni contaba con las debidas medidas de higiene, pero es que además era reincidente en infracciones graves y había también impedido u obstruido la acción de los servicios de inspección. Se le impuso una multa de 78.000 euros. Y se le prohibió además el ejercicio de sus actividades por un periodo de 10 años.

Ningún otro de los geriátricos expedientados tuvo una multa siquiera comparable. El que la sigue de hecho en cuanto a cuantía de la sanción es el de Ensanche de Vallecas, al que se le reclamaron 18.000 euros por no prestar la debida atención sanitaria ni la adecuada vigilancia de la alimentación, higiene, descanso y/o aseo personal de los residentes.

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Desde 2020 nada volvió a ser igual. Según la respuesta del Gobierno de Ayuso, desde 2021 y hasta 2023 nunca ha habido tan pocas sanciones o expedientes abiertos. Así, en concreto, el año posterior al de la pandemia se abrieron 37 expedientes por un total de 73 infracciones (con las que la Comunidad de Madrid se embolsó 602.228 euros), pero sólo un año después esos números escalaron mucho más: en 2022 las sanciones fueron 86 y las infracciones 153 (alcanzando un valor de más de un millón de euros). En 2023, por su parte, fueron 85 las sanciones, pero en los datos facilitados no se especifica por cuántas infracciones.

En lo que llevamos de 2024 los servicios de inspección de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han abierto 17 expedientes, dos de ellos por infracciones muy graves. Es el caso del geriátrico El Madroño y La Torre, centros multados, ambos, con 18.000 euros.

¿Y en qué consisten este tipo de infracciones? En incumplimientos del artículo 29 de la normativa. Puede ser o bien por reiteración de infracciones graves, por creación de centros de servicios sociales sin autorización, por incumplir medidas cautelares, por realizar actos fraudulentos, por imponer a los usuarios "dificultades injustificadas para el disfrute de sus derechos" o por "impedir, obstruir o dificultar la acción del personal inspector".