El Partido Popularintenta salir a trompicones de la crisis del pin censor. Pero no de una forma unánime. Los conservadores coinciden en que la exigencia por parte de Vox del veto parental, una autorización de los padres para que sus hijos asistan a determinadas actividades escolares complementarias impartidas por personal ajeno a los centros, ha sido aprovechada por el Gobierno de Pedro Sánchez para tapar polémicas como la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y a partir de aquí, casi todo son versiones contradictorias, matizaciones o cambios de criterio y discurso de los dirigentes conservadores, sobre todos de los implicados directamente por esta cuestión.
Cuando el pasado viernes la dirección nacional del PP apoyó de forma clara esta herramienta, el gesto fue interpretado como la luz verde de Génova a los barones regionales del partido para ir de la mano de Vox a la hora de aprobar iniciativas de este estilo. La polémica había estallado en Murcia. Pero a la extrema derecha le sirvió de aviso para navegantes con mensajes a Madrid y Andalucía de que en esos territorios iban a exigir lo mismo.
Hasta la fecha, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la dirigente conservadora que de forma más clara se ha opuesto a las presiones de Vox. Una oposición que tiene el valor de partir de una de las comunidades en las que sin los votos de la extrema derecha habría sido imposible un Gobierno de coalición Partido Popular-Ciudadanos.
Ayuso habla de "debate estéril"
Vox lleva días avisando a Díaz Ayuso y a Ignacio Aguado (Ciudadanos) de que en Madrid van a seguir la misma dinámica de Murcia de cara a los Presupuestos. Pero ambos dirigentes niegan que vayan a dar su brazo a torcer escudándose en que eso no figuraba en el pacto para la investidura. En Murcia, en todo caso, Vox obligó a que se firmara un nuevo documento para sellar el acuerdo de Presupuestos.
La comparecencia de Ayuso, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, estuvo muy estudiada. Arrancó atacando al Gobierno central por haber creado un "amplio revuelo", un "debate estéril". Y pasó a dibujar a Madrid como una región en la que una de las señas de identidad de la educación es "la libertad".
"Para seguir potenciando esa libertad, nosotros, cuando firmamos el acuerdo de investidura, ya acordamos que las familias podrían tener al principio del curso, antes de elegir la matrícula, todas aquellas actividades extracurriculares previstas, para que los padres pudieran elegir en libertad, ya que esto sucede aquí en Comunidad de Madrid, que decidieran si sus hijos podían ir a esos centros o cambiarles. Es decir, esto ya se ha acordado y es lo que vamos a hacer a partir del próximo curso. Cualquier otra petición se queda al margen del acuerdo de investidura", avisó a Vox.
En todo caso, el "pin parental" que reclama Vox también afecta a las actividades docentes que forman parte de la propuesta curricular.
Datos de la polémica
Ayuso echó mano de unas declaraciones del día anterior del consejero de Educación, Enrique Ossorio, negando denuncias de los padres por "adoctrinamiento" en los centros educativos.
"Según los datos oficiales de la Consejería de Educación y Juventud, en Madrid no se han registrado denuncias por adoctrinamiento y, por supuesto, nos gustaría que, en caso de que una sola familia tuviera la más mínima queja, nos lo hiciera saber a través de una denuncia formal", añadió.
Por todo ello, consideró "innecesario" el pin censor"innecesario"pin censor y dijo que no entendería que Vox bloqueara los Presupuestos de Madrid por un tema "inexistente".
¿Un sólo discurso?
La reacción de los conservadores a esta imposición de Vox en las comunidades en las que los votos de la extrema derecha son necesarios para que el PP saque adelante los Presupuestos pone en cuarentena la máxima de discurso único en la formación de Casado.
Así, mientras Ayuso se desmarcaba del pin censor, en Andalucía sus compañeros de partido, que también cogobiernan con Ciudadanos, consideraban este martes "perfectamente asumible" lo acordado con Vox en relación con el impulso de "la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad".
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo (PP), leyó textualmente lo acordado con Vox. En el documento se habla de "autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo".
"Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución", añade el texto.
En los documentos no figura el término 'pin parental'
En el documento de Andalucía no figura la expresión pin parental de la que habla Vox. Pero tampoco figura en la Instrucción a los centros remitida por la Consejería de Educación de Murcia el 29 de septiembre y que está en el origen del requerimiento del viernes pasado del Gobierno central. En este, el Ejecutivo da al Gobierno regional un mes para que modifique esa Instrucción.
Mientras, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró este martes que la aplicación del veto parental en la comunidad autónoma no tiene nada que ver con Vox y aseguró que la iniciativa fue propuesta por su formación. Con esta nueva vuelta de tuerca, López Miras se ubica en las tesis de Pablo Casado, que reivindicó la iniciativa como algo propio.
En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, se mostró sorprendido por el revuelo generado cuando su Ejecutivo lleva utilizando este mecanismo "desde el mes de agosto". "Este Gobierno lo ha hecho porque ese fue mi compromiso en campaña electoral", consideró.
Por último, ya en la misma línea que Ayuso, el presidente murciano admitió que su Gobierno no tiene datos acerca de posibles denuncias por las charlas que reciben los niños en los colegios. "A mi no me consta ninguna denuncia. Que a mí me conste, en las aulas no se está adoctrinando por parte de ningún docente", zanjó.
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Por parte de la dirección nacional del PP, su secretario general, Teodoro García Egea, intentó desviar la polémica al tema de la libertad educativa. A su llegada a un desayuno informativo, subrayó que "el PP lleva mucho tiempo defendiendo la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos" y aseguró que "al PSOE le molesta que los padres sean libres para elegir la educación que quieren para sus hijos".
El portavoz en el Senado, Javier Maroto, mantuvo que hay una "desinformación" sobre en qué consiste el pin parental porque sólo se aplicaría a las actividades extraescolares. Una afirmación con no pocas aristas si se tiene en cuenta que en el documento del pasado septiembre remitido a los colegios murcianos también habla de "actividades complementarias" que "formen parte de la propuesta curricular".
Tal y como ha informado este periódico, a raíz de esta polémica dirigentes conservadores han reclamado a Casado que no se deje "arrastrar" por el discurso de Vox.
El Partido Popularintenta salir a trompicones de la crisis del pin censor. Pero no de una forma unánime. Los conservadores coinciden en que la exigencia por parte de Vox del veto parental, una autorización de los padres para que sus hijos asistan a determinadas actividades escolares complementarias impartidas por personal ajeno a los centros, ha sido aprovechada por el Gobierno de Pedro Sánchez para tapar polémicas como la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y a partir de aquí, casi todo son versiones contradictorias, matizaciones o cambios de criterio y discurso de los dirigentes conservadores, sobre todos de los implicados directamente por esta cuestión.