Isabel Díaz Ayuso ya ha elegido el nuevo frente en el que prolongará su particular choque con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y esta vez la vía elegida por la presidenta de la Comunidad de Madrid es, directamente, la de los tribunales. El Gobierno madrileño anunció este miércoles que ya ha emprendido acciones legales para llevar al Ejecutivo central ante el Tribunal Supremo "por el reparto de los fondos europeos". En realidad, lo que denuncia Ayuso es una partida de nueve millones de euros correspondiente a un proyecto piloto sociolaboral que fue repartido entre cuatro comunidades autónomas. Una pequeña cifra en comparación con los más de 1.200 millones que el Gobierno destinó a la Comunidad de Madrid en 2021 procedente de los fondos europeos.
Tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, el equipo de Ayuso informó de que "el Ejecutivo autonómico entiende que se ha aprobado esta decisión sin ningún tipo de justificación, sin darlo a conocer previamente en la Conferencia Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo. A todo ello se suma que "en ningún momento se ha aclarado por qué motivo se han quedado fuera del reparto y de forma discriminatoria el resto de administraciones regionales", dice la Comunidad en una nota oficial.
El Gobierno rechaza "de plano" las acusaciones
Desde el Gobierno desmienten este extremo y aseguran que el reparto de ese pequeño fondo destinado a un proyecto piloto se hizo "con todas las garantías" y atendiendo exclusivamente a criterios "de un reparto equitativo entre administraciones que cumplían con todos los requisitos". Desde el Ministerio de Trabajo recuerdan, además, que el Servicio Público Estatal de Empleo ha repartido en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con todas las comunidades autónomas, y con un amplio acuerdo, más de 2.800 millones de euros durante 2021. "Después, el SEPE, en el ejercicio de sus competencias y con fondos propios, distribuyó para planes piloto que servirán de base para los futuros programas de garantía juvenil nueve millones de euros al País Vasco, Valencia, Navarra y Extremadura, un mecanismo contemplado en las circunstancias previstas en la Ley General de Subvenciones".
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Lo que sostienen en Moncloa es que la denuncia del Gobierno de Ayuso "no tendrá ningún recorrido" y que, además, "el objetivo es solamente el ruido". Recuerdan desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez que ya durante 2021 han sido transferidos a la Comunidad de Madrid un total de 1.284 millones procedentes de los fondos europeos, siendo la tercera autonomía española que más dinero ha recibido, "por lo que el problema, evidentemente, no puede ser una pequeña partida de nueve millones repartida entre varios territorios".
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, rechazó esas acusaciones "de plano" en una entrevista en Onda Cero. "Me sorprende muchísimo este tipo de discursos", dijo antes de recordar que el Gobierno ya ha transferido más de 11.000 millones a las comunidades autónomas procedentes de los fondos europeos, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, por este orden, las regiones que más fondos han recibido. Calviño también recordó que "el reparto se ha acordado con las comunidades autónomas en lo que se conoce como 'Conferencias Sectoriales', así que este tipo de reclamaciones no son pertinentes teniendo en cuenta el cuidado que estamos teniendo en la gestión de estos fondos", concluyó.
En esa misma entrevista, Nadia Calviño reconoció sentirse sorprendida porque sea precisamente la Comunidad de Madrid la que reclame más fondos del Estado, cuando su Gobierno tiene una "única" política económica está basada en reducir impuestos. "No deja de ser bastante irónico y contradictorio", afeó.
Isabel Díaz Ayuso ya ha elegido el nuevo frente en el que prolongará su particular choque con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y esta vez la vía elegida por la presidenta de la Comunidad de Madrid es, directamente, la de los tribunales. El Gobierno madrileño anunció este miércoles que ya ha emprendido acciones legales para llevar al Ejecutivo central ante el Tribunal Supremo "por el reparto de los fondos europeos". En realidad, lo que denuncia Ayuso es una partida de nueve millones de euros correspondiente a un proyecto piloto sociolaboral que fue repartido entre cuatro comunidades autónomas. Una pequeña cifra en comparación con los más de 1.200 millones que el Gobierno destinó a la Comunidad de Madrid en 2021 procedente de los fondos europeos.