Dos meses y medio después de apuntarse el tanto de una bajada “histórica” de las tasas universitarias, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó en secreto el 12 de septiembre una demanda en la Audiencia Nacional contra la rebaja inicial de esas mismas tasas: la aprobada con carácter obligatorio para todo el país en mayo de 2020 por el Ministerio de Universidades. Fruto de un acuerdo con las comunidades autónomas en contra del cual votó el Ejecutivo madrileño, la resolución estatal daba dos años de plazo para aplicar los límites máximos fijados: 18,46 euros por cada crédito.
Ahora, y tras haber definido en junio su propia rebaja como un hito que beneficiará "a más de 192.000 alumnos" , Madrid pide a la Audiencia la "anulación" de la norma legal que impide cobrar tasas por encima de 18,46 euros. ¿Su argumento? Que el límite máximo "se encuentra por debajo del coste real del servicio" sin compensación financiera para las administraciones autonómicas. Tal como figura en la demanda a que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno de Ayuso sostiene que la resolución del ministerio "carece de la debida motivación, confundiéndose la finalidad del acto [facilitar el acceso a los estudios superiores] con la justificación del mismo".
La Comunidad de Madrid no ha respondido a las preguntas que sobre esta demanda le envió este periódico el miércoles a mediodía. En declaraciones a este medio, el líder del PSOE madrileño y su portavoz en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, se lanzó contra el Gobierno regional: "Lo que resulta sorprendente -opina Lobato- es que la señora Ayuso por la mañana se apunte el mérito de esta bajada, que por cierto su gobierno votó en contra, y por la noche, con nocturnidad y alevosía, impugne el acuerdo que lo hizo posible".
El escrito elevado por el Gobierno de Ayuso a la Audiencia Nacional resulta inequívoco en cuanto a su objetivo. Porque, antes de la fecha de presentación —el 12 de septiembre— resume así sus pretensiones: "Suplica a la Sala que teniendo por presentado el presente escrito, lo admita, tenga por formulada demanda contra el Acuerdo de 27 de mayo de 2O2O, de Ia Conferencia General de Política Universitaria (...) y, previa la tramitación oportuna, dicte sentencia por la que estime el presente recurso contencioso- administrativo, con la consiguiente anulación del Acuerdo objeto de impugnación".
Dos años en el limbo
Durante dos años la guerra de las tasas universitarias permaneció literalmente en el limbo jurídico. Todo comenzó en 2020, cuando el Ejecutivo madrileño presentó recurso contra la resolución ministerial, publicada en el BOE el 3 de junio de aquel año. Tanto la ley aplicable en este caso como la jurisprudencia —es decir, la doctrina afianzada por el Tribunal Supremo o el Constitucional— ya indicaban entonces de forma inequívoca que los pleitos sobre decisiones en las que ha participado un miembro del Gobierno corresponden a la Audiencia Nacional. Pero el equipo de Ayuso recurrió ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) pese a que el límite máximo en los precios de los grados lo había aprobado la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) —con presencia de todas las comunidades— en una reunión presidida por el entonces ministro de Universidades, Manuel Castells.
Transcurrido un año en barbecho, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso del TSJM dictó el 20 de julio de 2021 un auto que también había pasado inadvertido y donde concluía lo previsible: que no le correspondía la competencia y que es la Audiencia Nacional la que debe pronunciarse sobre un recurso de tal naturaleza en el supuesto de que el demandante quiera mantener su litigio. De hecho, es ese auto del TSJM el que cita lo que en cuanto a decisiones que involucran a un miembro del Gobierno dice la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) y lo que sostiene la jurisprudencia española.
Una vez se declaró incompetente para tramitar el recurso, el TSJM dio los pasos encaminados a remitir los papeles a la Audiencia Nacional. Y así transcurrió otro año con la batalla legal en hibernación. No fue hasta el pasado 12 de septiembre cuando el cuerpo de letrados de la Administración madrileña presentó ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional un escrito con el que “deduce la presente demanda”. Es decir, la formula.
Todas las fuentes jurídicas consultadas remarcan que, de no haber enviado ese escrito, el recurso habría decaído. Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, lo resume con brevedad: "No habría ninguna posibilidad de que el contencioso siguiera adelante si la Comunidad de Madrid no hubiera enviado a la Audiencia Nacional ese escrito del 12 de septiembre".
Ahora, una vez interpuesta la demanda ante la Audiencia Nacional con la firma del subdirector general de lo Contencioso de la Comunidad de Madrid, Fernando Muñoz Ezquerra, seguirá adelante un caso que se daba ya por muerto y transmite una imagen contradictoria con la bajada "histórica" anunciada el 29 de junio por el Ejecutivo regional.
Ese día, y una vez aprobada la rebaja de tasas, el Consejo de Gobierno que preside Ayuso difundió un comunicado bajo el siguiente titular: “La Comunidad de Madrid aprueba una bajada histórica de las tasas universitarias públicas para beneficiar a casi 200.000 estudiantes”.
El texto arrancaba con unas líneas centradas en recalcar el esfuerzo de la Administración regional por facilitar la entrada y permanencia de estudiantes en las universidades públicas: “Esta medida del Gobierno regional, en una situación económica actual marcada por la alta inflación supondrá una inversión de 46,7 millones de euros y beneficiará a más de 192.000 alumnos madrileños y sus familias”.
Dos párrafos más abajo, el Ejecutivo presentaba la medida como una “iniciativa” propia que tiene “como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades” y que “permitirá que las familias se ahorren una media entre 1.072 y 1.310 euros en los grados dependiendo de la especialidad”.
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La demanda en manos de la Audiencia Nacional subraya que cuando se acordó el límite máximo de las tasas en mayo de 2020 “la objeción principal expuesta desde el representante de la Comunidad de Madrid en la CGPU” fue “el impacto estimado en 40 millones de euros”.
El Gobierno regional se opuso a aquel acuerdo de la Conferencia de Universidades (CGPU) porque la rebaja de precios le obligaba a compensar a las seis públicas que comparten territorio en Madrid. "El punto de partida —se lee en la demanda de Madrid— ha de ser, por tanto, que la norma legal diseña un sistema en el cual el coste de las universidades se comparte entre los estudiantes y las Administraciones, y en el que es legitimo optar por intensidades distintas, según la carga se acentúe hacía éstas o aquellos, debiendo examinarse la incidencia que tiene el coste del servicio en la fijación de los precios públicos".
"Como presupuesto lógico para poder cumplir ese mandato —señala también el recurso—, la CGPU ha de conocer cuál es el coste de prestación del servicio; sin embargo, en este punto se choca con una dificultad de tipo práctico, pues no existe un conocimiento de este coste, ni tampoco ningún estudio encaminado a obtenerlo".
Dos meses y medio después de apuntarse el tanto de una bajada “histórica” de las tasas universitarias, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó en secreto el 12 de septiembre una demanda en la Audiencia Nacional contra la rebaja inicial de esas mismas tasas: la aprobada con carácter obligatorio para todo el país en mayo de 2020 por el Ministerio de Universidades. Fruto de un acuerdo con las comunidades autónomas en contra del cual votó el Ejecutivo madrileño, la resolución estatal daba dos años de plazo para aplicar los límites máximos fijados: 18,46 euros por cada crédito.