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El concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz, fueron asesinados por ETA cuando regresaban a su domicilio en Sevilla el 30 de enero de 1998. Dos miembros de la organización terrorista que, años después, fueron condenados como autores de aquel crimen —Mikel Azurmendi y Maite Pedrosa—acaban de ser trasladados a la prisión aragonesa de Zuera (Zaragoza) desde la cárcel de València. Allí seguirán cumpliendo los años de prisión que les impuso la Audiencia Nacional y que en el caso de Azurmendi vencen en 2026. Ambos han asumido la legalidad penitenciaria, condenan la violencia y han reconocido el daño causado, tal y como establece la reforma legal impulsada por el PP en el año 2003.
Este traslado, ordenado por Instituciones Penitenciarias a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión en la que cumplían condena es, según el PP, parte del pago que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, está haciendo a EH Bildu a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2021. Por eso este miércoles, en la sesión de control, el líder conservador, Pablo Casado, se lo echó en cara a Sánchez retándole a dar explicaciones mirando a los ojos de Teresa Jiménez-Becerril, hermana del concejal asesinado y hoy diputada del PP en el Congreso.
“A Alberto le dispararon por la espalda. Ascen empezó a gritar y la mataron también, Tenían 37 años y dejaron tres hijos huérfanos de 4, 6 y 8 años. Los tuvo que cuidar su tía Teresa”, enfatizó Casado a Sánchez conminándole a “mirar a los ojos” a la diputada y “darle una explicación”.
Lo que el líder conservador no contó, en su afán por reprochar a Sánchez el acercamiento de presos a prisiones del País Vasco —una práctica común a todos los gobiernos desde hace décadas en aplicación de los principios de reinserción y arraigo— es que sólo un mes después del asesinado de Jiménez-Becerril, el 1 de marzo de 1998, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, prometió a ETA que sería generoso si dejaba la violencia. Fue en una entrevista concedida al diario El Mundo: “Estoy dispuesto a ser generoso si es necesario, a ser comprensivo, si eso ayuda al final del terrorismo, eso es lo que tiene que entender todo el mundo, no es un camino sencillo”. “Yo estoy convencido de que en un final dialogado, si se produce un abandono definitivo de las armas, la sociedad española y el Estado sabrá ser generoso y sabrá adoptar medidas que nos sirven para mirar hacia el futuro y procurar que se superen cuestiones tan dolorosas del pasado”.
Aznar, apenas cuatro semanas después del entierro del concejal sevillano que Casado utilizó este miércoles en el Congreso para afear a Sánchez el posible apoyo de EH Bildu a los Presupuestos, defendía entonces la dispersión como una herramienta para la reinserción de los presos de ETA: “La política penitenciaria forma parte de la política antiterrorista. Y la política penitenciaria tiene que servir al fin de la recuperación, si es posible, de los individuos antes vinculados al terrorismo. No tiene sentido otro significado”.
Ese mismo año Aznar no sólo inició un acercamiento generalizado de presos de ETA al País Vasco, muchos de ellos con graves condenas por delitos de sangre, sino que ordenó negociar con la organización terrorista. El 4 de noviembre lo confirmó él mismo en rueda de prensa: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación”.
Aquello ocurrió en 1998, cuando Casado tenía 17 años y, como él mismo recuerda a menudo, ya había descubierto su vocación política como consecuencia del asesinato del también concejal Miguel Ángel Blanco, ocurrido un año antes.
Cuando Rajoy defendía los traslados y Casado callaba
En 2012, en cambio, tenía 31, presidía Nuevas Generaciones del PP y acababa de estrenar escaño en el Congreso como parte de la mayoría absoluta que el año anterior había conseguido Mariano Rajoy.
Era para él una época dulce. ETA había anunciado apenas unos meses antes su decisión de abandonar la violencia. Casado hacía sus pinitos en el programa conservador El Gato al Agua y en mayo se estrenaba en Twitter enlazando su primera entrevista en Antena 3 TV.
En esa cuenta de Twitter, sin embargo, no había entonces ninguna referencia a los presos de ETA. Y eso que en abril, unos días antes, Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hoy imputado por la Operación Kitchen, acababan de presentar un plan de acercamiento de presos de ETA al País Vasco que desató la ira de las asociaciones de víctimas del terrorismo.plandesató
“Aquellos terroristas que de forma clara, decidida y solemne declaren que abandonen la banda, podrán acceder a un proceso de reinserción”, proclamaba entonces la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Aquel plan, que no mereció reproche alguno por parte de Casado, constaba de dos fases. La primera permitía el acercamiento a prisiones vascas para asistir a determinados talleres si los presos se adherían al programa. La segunda preveía beneficios penitenciarios como permisos, terceros grados y libertades condicionales.
Francia ha acercado desde 2018 a dos tercios de los etarras que cumplían condena en el país
El 16 de mayo de 2012, poco después de anunciar el plan de acercamiento y en un debate en el Congreso con un diputado de Amaiur —la formación política que entonces representaba a la izquierda abertzale— al que forzosamente tuvo que asistir Casado, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría dejó claro el compromiso del Gobierno de Rajoy con los traslados. Y, dejando poco espacio a la imaginación, sostuvo que la dispersión no tendría sentido una vez que ETA despareciese definitivamente. “No se finalizará la política de dispersión mientras ETA no se disuelva incondicionalmente”, aseguró desde la tribuna del Congreso. “Aquellos presos que manifiesten la voluntad de acogerse a programas de reinserción en el marco de la ley e individualmente podrán acogerse a esos programas, serán acercados a prisiones del País Vasco y lógicamente accederán a los beneficios penitenciarios cumpliendo todos los requisitos, que son la desvinculación de la banda terrorista, pedir perdón a las víctimas, hacerse cargo de las indemnizaciones anexas a sus condenas y colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de delitos cometidos por ETA, en la medida en que sean requeridos por ello y puedan”. Exactamente los mismos que se aplican en la actualidad.
En el mismo debate, el ministro Fernández Díaz abundó en la misma idea. Una vez que ETA se disuelva, proclamó, el Gobierno se replantaría la política de dispersión. “Creo que está bastante claro para que usted lo entienda“, le decía al portavoz de Amaiur. “Pero ya sabe que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír”.
ETA se disolvió en 2018. Hace ya dos años y medio.
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