Un año después de que una auditoría interna de Bankia destapase cómo 85 exconsejeros y antiguos directivos de Caja Madrid habían dilapidado 15,25 millones con tarjetas visa, las black, y aconsejara comunicar el hallazgo al FROB –el fondo que aportó 22.450 millones públicos para salvar al banco–, ninguna de las dos entidades implicadas pide que le devuelvan el dinero.
Incluso así, la decisión de la Audiencia Nacional de imputar de nuevo a los directivos de la extinta entidad de ahorro a quienes el juez instructor del caso, Fernando Andreu, había exonerado conjura el peligro más inmediato: que salgan indemnes quienes, pagando con la tarjeta o sacando previamente dinero del cajero con ella, dedicaron fondos de Caja Madrid a misiones tales como almuerzos, vacaciones y lencería fina.
Heredera de los activos financieros de Caja Madrid, Bankia aduce que sólo puede reclamar los 250.000 euros que varios antiguos consejeros –entre ellos, el expresidente del banco, Rodrigo Rato– gastaron a partir de que el banco quedó constituido en enero de 2011. Y la Fundación Caja Madrid, heredera de los restantes activos de la caja –principalmente, el patrimonio inmobiliario y el artístico– y con un presupuesto anual de 29 millones en 2014, sostiene que las tarjetas formaban parte del negocio financiero.
En defensa de sus respectivas tesis, cada una de las dos partes esgrime sendos informes periciales. Bankia dispone de un forensicforensic –un informe similar a una auditoría pero que llega más lejos en cuanto a recopilación de pruebas con vistas a futuros procedimientos judiciales– cuyo contenido ya trascendió en el verano de 2014. Y la Fundación Caja Madrid –ahora rebautizada como Fundación Montemadrid– dice tener cuatro, a ninguno de los cuales ha podido acceder infoLibre.
En resumen, Bankia argumenta que pedir la restitución de los 15 millones corresponde a la Fundación Caja Madrid por su condición de heredera de la caja cuyo patrimonio sufrió un quebranto por culpa de las tarjetas black. Lo argumenta bajo el siguiente razonamiento: que el quebranto –los 15 millones dilapidados– ya se había producido cuando la caja aportó su patrimonio para la creación del BFA, el banco matriz de Bankia. Y como ya se había producido ese quebranto, poseía un efecto inocuo a efectos contables en los futuros balances de Bankia.
También Moral Santín, ex de IU
Y la Fundación Caja Madrid alega justamente lo contrario: que reclamar esos 15 millones concierne a Bankia porque la empresa forensic a la que acudió la entidad dictaminó esto: que “las cuentas en las que se contabilizaron los gastos de tarjetas tienen que ver con el negocio bancario y no están en relación con cuenta alguna de Fundación, Obra Social y el Monte de Piedad, lo que confirma que las conclusiones de orden jurídico y contable son coincidentes”.
Bankia ya comunicó en junio de 2014 a la Fundación Caja Madrid lo que decía su informe. Fuentes conocedoras de aquel episodio recalcan que Carmen Cafranga, entonces presidenta del patronato de la fundación y socia de la esposa del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, estuvo al tanto del aviso de Bankia desde el primer momento.
¿Decidió la Fundación Caja Madrid no hacer nada porque tanto Cafranga como otro miembro de su patronato en aquella época, José Antonio Moral Santín, exdirigente de IU, se cuentan entre quienes gastaron a tarjeta llena? Cafranga, ahora imputada por Andreu y que dimitió de su cargo en octubre de 2014, gastó 175.000 euros. Moral Santín, exdirigente de IU, aún más: 456.522 euros, de los que 367.800 euros fueron extraídos en metálico.
Pero, según los portavoces de la fundación, ni ella ni Moral Santín participaron en la reunión donde el patronato decidió no personarse en la causa ni reclamar los 15 millones por ninguna vía. Este diario preguntó cuándo se produjo esa reunión pero no obtuvo respuesta.
El FROB como garante
Que ni Bankia ni la fundación heredera de la entidad de ahorro reclamen la devolución del dinero aparece en el escenario como el cierre del círculo en una historia donde el uso de las tarjetas visa fiscalmente opacas –las black– constituye una pieza más en el engranaje de despilfarro y uso político de la entidad construido por Miguel Blesa y su equipo desde su llegada en 1996.
No obstante, y así lo recuerda el juez instructor del caso, Fernando Andreu, en un auto fechado el 17 de junio, hay un perjudicado indiscutible por las tarjetas black: el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), cuya aportación, “capital público, no se olvide, habría quedado reducida en el importe de los fondos indebidamente utilizados con estas tarjetas”.
El argumento de que la aportación del FROB se efectuó con posterioridad a la disposición de fondos o bienes con las tarjetas no vale, escribe el juez. Porque, “evidentemente, la inyección de fondos públicos necesariamente presupone un previo quebranto patrimonial”.
Andreu introduce ese recordatorio en el auto donde rechaza levantar la imputación del antiguo consejero de Caja Madrid Rodolfo Benito. Para quedar fuera de la lista de investigados, el antiguo dirigente de CCOO adujo que no se había cumplido el requisito de perseguibilidad de los delitos porque faltaba la denuncia de la “persona agraviada”.
Y es ahí donde el juez despeja la incógnita con una afirmación que asegura la continuidad del procedimiento: “Toda vez que el FROB expresamente persigue estas conductas [la presunta administración desleal] en el presente procedimiento […], el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 296 del Código Penal se encuentra cumplido”.
El magistrado agrega otro razonamiento en garantía de que la causa se mantendrá viva: que a los imputados también se les atribuye un segundo delito, el de apropiación indebida. Y ese, recalca Andreu, “no requiere de requisito de perseguibilidad alguno”.
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Fue en sus alegaciones al recurso de Rodolfo Benito contra el citado auto del juez Andreu donde Bankia coló de nuevo su razonamiento de que sólo es perjudicada en cuanto a lo gastado a partir de enero de 2011. Así lo adelantó el diario El País.
Que el banco que dirige José Ignacio Goirigolzarri haya aprovechado el trámite de alegaciones al recurso de un imputado resulta extemporáneo, en opinión de los activistas de 15MpaRato, que ejerce la acusación particular en el caso Bankia. "Hace esas manifestaciones en un momento en que no toca", avisa Sergio Salgado, uno de sus portavoces.
Salgado, no obstante, envía un mensaje de tranquilidad: "Que el FROB esté presente asegura que los delitos no queden impunes y llegado el momento del juicio oral se pueden presentar más perjudicados como, por ejemplo, aquellos accionistas a los que representamos".
Un año después de que una auditoría interna de Bankia destapase cómo 85 exconsejeros y antiguos directivos de Caja Madrid habían dilapidado 15,25 millones con tarjetas visa, las black, y aconsejara comunicar el hallazgo al FROB –el fondo que aportó 22.450 millones públicos para salvar al banco–, ninguna de las dos entidades implicadas pide que le devuelvan el dinero.