Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA) acusaron este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre las tarjetas black a su expresidente entre 2011 y 2012, Rodrigo Rato, de usar los plásticos para saltarse la ley y poder cobrar más de 600.000 euros, que era el límite que estableció el denominado decreto Guindos, que en febrero de 2012 trataba de reforzar el sistema financiero, que estaba inmerso en una crisis de liquidez.
En febrero de 2012 la prima de riesgo, que es el sobreprecio que debe pagar España en comparación con Alemania cuando acude a los mercados para financiarse, superaba ampliamente los 300 puntos, una situación que según los economistas era insostenible. Y según declaró el ministro de Economía al juez del caso Bankia como testigo, la entidad financiera presidida por su exjefe Rodrigo Rato "estaba contaminando la percepción del conjunto del sector financiero y de la prima de riesgo".
Y para evitar que Bankia contaminara al resto de entidades financieras Luis de Guindos promovió el Real Decreto 2/2012 de 3 de febrero con el que el Gobierno buscaba sanear a los bancos, pues la economía española se encontraba en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero Guindos incluyó en el Real Decreto un artículo polémico, el 5.3.4, que limitaba las percepciones de los miembros de los órganos directivos ejecutivos de administración de las entidades intervenidas en 600.000 euros y a los no ejecutivos en 100.000 euros.
Bajada de sueldo
Uno de los más afectados por esta limitación fue Rodrigo Rato, presidente ejecutivo de Bankia, que en 2011 había percibido 2,34 millones, y que tras la decisión de Guindos se veía obligado a bajarse el sueldo un 75%. El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, también sufría un importante recorte en su nómina, que hasta ese momento era de 2,26 millones anuales.
Por eso el letrado de Bankia en el juicio de las tarjetas black, Joaquín Burkhalter, llegó a calificar de "curiosa" la transición de la utilización de las tarjetas entre Miguel Blesa y Rodrigo Rato: "Es cierto que se anulan todas las tarjetas", pero "Rato decide expedirse una, como la que anteriormente había disfrutado en Caja Madrid".
Este abogado consideró que fue "a raíz" de la publicación del Real Decreto "cuando se decide además de la tarjeta del propio señor Rato expedir tres tarjetas más": al hombre de la máxima confianza de Rato José Manuel Fernández Norniella, a Ildefonso Sánchez Barcoj y a Francisco Verdú, el consejero delegado que no utilizó el plástico.
Para el representante de Bankia, que ejerce la acusación particular como afectada, tanto Blesa como Rato crearon "un sistema de desviación sistemática de los fondos, ideada por tarjetas al margen del circuito originario para evitar la normativa interna", explica el letrado que apunta la principal consecuencia del mencionado sistema: "Desviaron durante años fondos de las entidades cuyo patrimonio deberían velar".
"No tenían derecho"
En similares términos se expresó el abogado Alberto Gómez Fraga, en representación del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia, que según los inspectores de Hacienda se trataba en realidad de un banco malo de la entidad presidida por Rato, que trató de aparcar ahí todos los activos considerados como tóxicos del grupo: "Sabían que no tenían derecho a percibir otros conceptos diferentes a dietas y por eso se las ocultaron", dijo el letrado.
Pero BFA fue más allá contra la actuación de su expresidente Rodrigo Rato, al asegurar que toda la actitud ilegal atribuida a la Caja Madrid de Miguel Blesa "se puede extrapolar a la de Bankia. La prueba de la ilicitud es todavía mayor en esos años, ya que decidieron darle continuidad, pues otros acusados continuaron utilizando tarjetas de Caja Madrid aún siendo de BFA".
Además, según el relato de las conclusiones de la matriz de Bankia, con la fusión de las cajas los procesados tuvieron la ocasión de modificar los estatutos para crear las tarjetas, pero no hicieron nada. "No sólo eso, los acusados que tuvieron la oportunidad de poner fin a esta práctica decidieron darle continuidad en una entidad cotizada, en Bankia, y así se emitieron cuatro tarjetas".
Y otra prueba más de la conciencia de "ilicitud" de los procesados, que continuaron disponiendo de estas tarjetas de Caja Madrid aún siendo miembros del órgano de administración de BFA: "Y eso cuando el artículo 24 de la Ley Cajas prohibía a quienes fueran miembros del SIP percibir retribuciones de las cajas", completó en el juicio el abogado Alberto Gómez Fraga.
Sobre su salario
Este letrado también se refirió a la actitud del entonces consejero delegado, Francisco Verdú, que no utilizó la tarjeta porque no estaba en su contrato. Sin embargo, los otros tres que sí utilizaron las black, Fernández Norniella, Sánchez Barcoj y el propio Rato, continuaron de forma irregular disponiendo de las tarjetas, ha completado el letrado de BFA, que a continuación recordó las declaraciones que hizo Rato en el juicio. "Se le preguntó por este extremo al señor Rato, y él nos dijo que en los dos meses que utilizó esta tarjeta en Bankia que estaba cargada sobre su salario, y nos habló de que era un instrumento de liquidez y de anticipos".
Pero a continuación, el letrado Gómez Fraga contrapuso la versión de los peritos, que según relató descartaron que las tarjetas se pudiera utilizar como anticipo". Verdú también descartó que las tarjetas fueran un mero instrumento de liquidez que estuviera soportado por sus ingresos: "En absoluto, fue la respuesta del testigo", completó el letrado, que aseguró que trataron de ocultar sus ingresos.
"Hay pruebas de que lo ocultaron, ya que en las cuentas anuales tienen que aparecer las retribuciones de los órganos de gobierno. Y en ese apartado no aparece mención alguna a estas tarjetas", resaltó Gómez Fraga.
Precisamente en su declaración en el juicio, Rodrigo Rato modificó las declaraciones que había realizado en la fase de instrucción, ante el asombro del fiscal del caso, Alejandro Luzón. "Yo propuse que se utilizara. Lo hablé con [Ìldefonso Sánchez] Barcoj y con el señor [Francisco] Verdú, porque tenía que estar al corriente y era un instrumento de liquidez sobre nuestros salarios, no era para nada un suplemento", explicó Rato ante la perplejidad del fiscal, que minutos antes había oído a Rato dar una explicación distinta sobre las tarjetas en el periodo de Caja Madrid.
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En concreto, Rato declaró que durante el periodo de Caja Madrid, desde 1994 hasta enero de 2010, los consejeros y los directivos utilizaban las black como un complemento retributivo, es decir, eran un añadido a su sueldo. Pero esta nueva versión de Rato establecía una diferencia tras la creación de Bankia, algo que sin duda buscaba eliminar su responsabilidad.
A partir de enero de 2010 las tarjetas eran "un mero instrumento de cobro, no era retribución. En Caja Madrid era un complemento aprobado por el comité de retribuciones, y en mi época no era parte de mi paquete retributivo", completó Rato.
Y fue entonces cuando el fiscal interpeló al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el quién había sido el responsable de la emisión de las tarjetas en Bankia: "Fue una propuesta mía, yo propuse que se llevara a cabo, pero tenía que pasar por el comité de Medios y probablemente lo tendría que saber el consejero delegado, [Francisco Verdú], espetó Rato, en un intento repartir la posible responsabilidad penal de los hechos.
Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA) acusaron este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre las tarjetas black a su expresidente entre 2011 y 2012, Rodrigo Rato, de usar los plásticos para saltarse la ley y poder cobrar más de 600.000 euros, que era el límite que estableció el denominado decreto Guindos, que en febrero de 2012 trataba de reforzar el sistema financiero, que estaba inmerso en una crisis de liquidez.