La Audiencia Nacional y juzgados de toda España llevan meses investigando los excesos de directivos bancarios cuya gestión ha obligado a rescatar con más de 107.000 millones a varias de las antiguas cajas de ahorros. Por estas investigaciones los jueces han decidido imputar a más de 200 banqueros de toda España, acusados de delitos como administración desleal o estafa.
De hecho, la Audiencia Nacional, que tradicionalmente se dedicaba a la investigación de los crímenes de la banda terrorista ETA, asigna en estos momentos una buena parte de sus funcionarios a desentrañar los delitos financieros. Pero, hasta el momento, el resultado de estas investigaciones podría ser calificado de “frustrante”, como asegura a infoLibre el abogado de una de las acusaciones del caso Bankia, Juan Ignacio Moreno Yagüe, que representa al movimiento 15MpaRato.
Y la frustración viene por una sucesión de decisiones de la justicia. Como por ejemplo, el resultado del primer juicio celebrado contra unos banqueros, en concreto contra los directivos de Caixa Penedés, acusados de autoconcederse una indemnización de 27 millones. Fueron condenados a dos años de prisión, así que no entrarán en la cárcel porque no tienen antecedentes penales.
Condena sin rejas
La Fiscalía Anticorrupción pactó con los condenados esa pena de dos años y la devolución del dinero, tal y como explicó en una nota de prensa el Ministerio Público. Así, en la última sesión del juicio de Caixa Penedés, y después de defender que no habían cometido ningún delito, los acusados solicitaron un turno de palabra en el que reconocieron los hechos, el delito y la responsabilidad civil que se incluían en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
Devolvieron los 27 millones de euros que se les pedía como responsabilidad civil, y el perjudicado, el Banco BMN, se declaró resarcido, por lo que redujo su petición de pena.
Y el juez de lo Penal dictó sentencia de viva voz condenando a los banqueros por los hechos. Pero en cuanto a las penas ha decidido imponerlas en la medida a la que la habían reducido las acusaciones particulares del Banco BMN y la Fundación Pinnae, esto es, dos años de prisión para el acusado Ricard Pagès y un año de prisión para el resto. La sentencia fue declarada firme en el acto, por lo que ninguno de ellos, tras ser descubiertos, ingresará en prisión.
Una 'victoria' relativa para Anticorrupción, que conseguía condenar a los banqueros y que devolvieran el dinero expoliado, pero sin enviarlos a la cárcel: “El Código Penal trata de una manera privilegiada a las personas que cometen delitos de cuello blanco. A pesar de ser masivo el delito de estafa, esto no supone una ampliación significativa de las penas. Sí se contempla un agravante, pero no de importancia. Y ese es el motivo por el que en en Caixa Penedés y en Caixanova las penas no son de muchos años”, explica Fernando Herrero, de la Asociación de Usuarios de la Banca y Seguros (ADICAE), las más activa en la persecución de los delitos bancarios, pues está personada como acusación popular en casos tan importantes como Bankia, CAM y Caixanova, entre otras.
Caixanova
Precisamente una acusación similar a la de los condenados de Caixa PenedésCaixa Penedés afrontan los directivos de Caixanova, para quienes el fiscal pide tres años de cárcel, y cuatro la acusación de Adicae. Según las pesquisas del Ministerio Público, los procesados habrían percibido 18,9 millones de euros de forma indebida.
El precedente de Caixa Penedés podría valer para Caixanova, explica el abogado Fernando Herrero: “La ley no permite pedir 12 años de cárcel por estos delitos, pese a que los han sufrido miles de personas, como por ejemplo es el expolio patrimonial de una caja de ahorros, pero también debería pasar lo mismo con los fraudes por la maquinación de las preferentes. Debería haber un agravante, pero la realidad es que no lo hay, y nosotros solo podemos pedir cuatro años”, explica el portavoz de Adicae.
CNMV
Las frustraciones de los abogados de las acusaciones no acaban en los casos de Caixa Penedés y Caixanova, especialmente tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa de las preferentes y las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En su intento de cerrar esta causa, el Ministerio Público cita los informes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España.
Precisamente la presidenta de la CNMV, la exministra del PP Elvira Rodríguez, ya dejó clara su opinión sobre las preferentes, que según ella no eran un producto tóxico. Y los funcionarios de la CNMV siguen esa tesis: hay irregularidades, aunque éstas deberían dirimirse en el ámbito del derecho civil y no penal. Para Juan Ignacio Moreno Yagüe, de 15MpaRato, las preferentes sí se emitieron de forma delictiva: “No existía mercado, no es una irregularidad sino una estafa como una catedral. Y el problema arranca de las instrucciones de la Fiscalía General para que no se persigan penalmente las preferentes, pues de conseguir una condena el Estado sería responsable”.
Caso Bankia
En este sentido, todo parece apuntar que la investigación sobre las preferentes de Bankia, en la que está imputado entre otros el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y también las de Bancaja, podrían correr la misma suerte que las de la CAM: el archivo de las actuaciones.
Luis Rodríguez Sol, fiscal que está en las causas de las preferentes de la CAM y Bankia, firmó junto a su compañero Alejandro Luzón un escrito dirigido al juez Fernando Andreu en el que aseguraba que no era necesario incorporar los correos de Blesa en la pieza separada de las preferentes. Y de hecho, aseguraban que las diligencias practicadas eran “suficientes” para conocer las irregularidades cometidas.
"Concretamente las declaraciones prestadas por los responsables de la emisión y comercialización, así como la abundante documentación solicitada a Bankia y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) permiten ya conocer las razones por las que se comercializó este producto, la forma en la que se hizo y hasta las irregularidades y deficiencias producidas en la comercialización de las emisiones, por lo que se trata de una diligencia innecesaria", indicaba de forma concreta el escrito de los fiscales del caso Bankia. En ese escrito se oponían a incorporar a la causa los correos de Blesa, por considerar que afectaban a la intimidad del expresidente de Caja Madrid.
Es decir, los dos fiscales, uno de los cuales también firmó la petición de archivo de las preferentes de la CAM, ya lo tienen claro sobre las preferentes de Blesa y de José Luis Olivas (CAM). Y no quieren más pruebas. Para tratar de conocer el sentido de su opinión sobre las preferentes de Bankia solo hay un precedente, que es la CAM. Y ahí los fiscales resolvieron el problema asegurando que se trataba de irregularidades, remitiendo la causa, según esta versión, al ámbito civil y no penal. Es decir, no hubo delito en las preferentes pese a que miles de clientes perdieron su dinero, y pese a que varios correos reflejan que los directivos del banco conocían desde 2006 que los clientes perderían dinero con la inversión en preferentes.
De hecho, en numerosos escritos los fiscales de Bankia han rechazado la personación de los afectados por las preferentes de una forma clara: "En ningún caso se va a derivar reparación económica”.
Capítulo aparte merece el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y la polémica instrucción sobre la compra de un banco en Miami y la concesión de un crédito a Díaz Ferrán. Ingresó hasta en dos ocasiones en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Meses después, el juez que investigaba el caso, Elpidio José Silva, está al borde de la expulsión de la carrera judicial. Una juez sustituta archivó la causa contra Matías Amat, hombre de confianza de Blesa que este lunes ha declarado como testigo en el caso Bankia.
Manipulación de acciones
Al igual que ocurrió con las preferentes de la CAM, la CNMV presidida por la exdiputada del PP por Murcia Elvira Rodríguez ha sido determinante para cerrar otro caso de presunta corrupción. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había aceptado investigar una querella presentada por un grupo de particulares contra el ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, en la que le acusaban de haber mantenido de forma artificial la cotización bursátil de Banco de Valencia hasta que fue intervenido por el Banco de España el 21 de noviembre de 2011. Esta intervención se produjo tan solo cuatro meses después de que Bankia, su principal accionista, saliera a Bolsa.
De hecho, en el caso Bankia, que instruye también el magistrado Fernando Andreu, se investiga la posible manipulación de las cuentas del Banco de Valencia para evitar que una caída de esta entidad financiera tuviera efectos en la salida a Bolsa de la primera.
Tanto el juez Pedraz como Anticorrupción acordaron investigar los delitos denunciados después de comprobar el contenido de un informe del Banco de España, del 31 de marzo de 2011, que concluía que la compra de acciones propias había permitido que la cotización del valor se mantuviera “a precios muy superiores a los que hubiera tenido sin su actuación".
Cierre de expediente
Pero la dirección general de la CNMV cerró el expediente abierto por la manipulación de las acciones el 31 de julio de 2013, "pues no encontró indicios suficientes para sustentar esa denuncia por manipulación de precios" por la propia entidad financiera valenciana. Pedraz se vio obligado a cerrar la investigación, ya que el órgano encargado de vigilar la posible manipulación de las acciones no detectó ninguna irregularidad.
La CNMV restó importancia a la compra de acciones de Banco de Valencia por la cúpula del mismo banco al considerar que estas operaciones no fueron "lo suficientemente elevadas como para poder afirmar que la entidad hubiese tenido poder de fijación del precio de cotización". En los casi dos años y medio durante los que el Banco de España detectó este tipo de actuaciones irregulares con las acciones de Banco de Valencia, en un 8% de los casos el banco valenciano protagonizó más del 20% de las transacciones de sus propios títulos. En el 28% de los casos, las autocompras por parte de la entidad financiera valenciana fueron superiores al 10% del total.
Falta de peritos
No es este el único problema que ha sufrido Santiago Pedraz en el sumario de Banco de Valencia y su decena de piezas separadas. La ausencia de funcionarios que determinen las presuntas irregularidades de los anteriores dirigentes de Banco de Valencia impide al magistrado de la Audiencia Nacional finalizar las primeras investigaciones.
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha visto cómo se estancaban tres investigaciones del caso Banco de Valencia, ya que no dispone de dos peritos arquitectos que se encarguen de determinar el valor real de las operaciones urbanísticas investigadas.
Tasaciones
El magistrado solicitó el pasado 24 de noviembre de 2013 la designación de dos peritos arquitectos de la Agencia Tributaria que fueran capaces de emitir un dictamen sobre la corrección de las tasaciones. Además, quería que estos empleados públicos determinaran el valor de tasación en su contexto temporal, con la intención de establecer el perjuicio generado a la entidad financiera valenciana.
Pero unos días después, el 2 de diciembre, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, contestó con una negativa. Según publicó infoLibre, el responsable de Hacienda justificó esta decisión por "la escasez de medios personales propios existentes".
Banca Cívica
En el caso de Banca Cívica, el argumento de peso para que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haya archivado la causa sobre presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa es el contenido de un informe del Banco de España.
El magistrado adoptó esta decisión basándose en el informe de los peritos del Banco de España en el que sostenían que no hubo irregularidades ni incumplimientos de la normativa en la constitución de Banca Cívica por integración de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol, pero tampoco en el préstamo recibido del FROB por 997 millones de euros, ni en la salida a Bolsa en julio de 2011.
Sin embargo, el juez sí apreció irregularidades en la gestión de Caja Navarra antes de su integración en Banca Cívica, por lo que remitió esa parte de la investigación al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona para que investigue los hechos.
Pero la visión de UPyD del informe no es precisamente positiva. Su abogado Andrés Herzog, que es el autor de las querellas que dieron origen a los casos Bankia y Caja Segovia, cree que el informe pericial no ha dado respuesta a la gran mayoría de las cuestiones planteadas.
Incumplimientos
Y el listado de “incumplimientos” es, según UPyD, muy amplio. Entre otras cosas omite realizar una comprobación de las cuentas anuales firmadas, previas y posteriores a la salida a Bolsa, es decir una auditoría de lo esencial, para constatar que lo firmado por los auditores de Banca Cívica era correcto.
Y el informe, siempre según el mismo letrado, tampoco explica la reducción del valor teórico contable de Banca Cívica a 363 millones, cuando según los libros de la salida a Bolsa de 21 de julio de 2011 la entidad tenía un supuesto valor de 2.735 millones.
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Conclusión del caso Bankia
Este precedente genera inquietud sobre el próximo informe del Banco de España previsto, que no es otro que el del caso Bankia. Fuentes de la Fiscalía aseguraron a infoLibre que su contenido será determinante para las investigaciones sobre el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y los otros imputados. De hecho, un escrito del fiscal asegura que el caso Bankia ya solo está pendiente de que llegue este informe: “Un procedimiento cuya conclusión, pendiente básicamente de la elaboración del extenso y detallado informe que se ha solicitado a los peritos designados por el Banco de España, debería alcanzarse en fechas relativamente próximas”. Ese informe fue solicitado por el juez Andreu el 4 de febrero de 2013.
Moreno Yagüe, de 15MpaRato, llama la atención en el hecho de que solo dos peritos están elaborando este informe, de gran volumen e importancia. "Tendrían que ser más funcionarios o la causa corre el riesgo de alargarse varios años”, concluye el abogado.
La Audiencia Nacional y juzgados de toda España llevan meses investigando los excesos de directivos bancarios cuya gestión ha obligado a rescatar con más de 107.000 millones a varias de las antiguas cajas de ahorros. Por estas investigaciones los jueces han decidido imputar a más de 200 banqueros de toda España, acusados de delitos como administración desleal o estafa.