“O bombas o votos”. La frase la pronunció el desaparecido dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba a comienzos de 2010 cuando pilotaba, desde el Ministerio del Interior, la batalla política y policial para acabar con ETA que el Estado acabó ganando menos de dos años después. Son cuatro palabras que resumen la apelación con la que la democracia española intentó, durante casi 40 años, convencer a la izquierda abertzale de que defendiera sus ideas de forma pacífica y empujase definitivamente a los partidarios de la violencia, en aquel momento cada vez más aislados, a enterrar las armas.
ETA dejó de matar hace nueve años (en octubre de 2011) y se disolvió hace dos y medio (en mayo de 2018). Y aquel debate —“O bombas o votos”— se ha transformado en una discusión sobre el derecho de la izquierda abertzale a actuar como un actor político legítimo. Son un partido legal —el Tribunal Constitucional así lo estableció en 2012—, rechazan el uso de la violencia y sus escaños son tan representativos como los de cualquier otra formación política. Pero aún así los partidos de la derecha —PP, Vox y Ciudadanos— e incluso destacados dirigentes del PSOE les niegan la condición de interlocutores válidos. Si antes el razonamiento era que apoyaban a ETA cuando la organización terrorista existía, ahora —una vez que ha desaparecido— el argumento es que no condenan lo crímenes que cometió.
EH Bildu, la formación que desde hace casi una década representa a la izquierda abertzale en las instituciones, se resiste a condenar expresamente y sin paliativos los asesinatos cometidos por ETA, aunque sí rechaza clara y enfáticamente toda forma de violencia, en un intento permanente de recordar que una parte de ella tuvo su origen en el aparato del Estado.
Es verdad que ha habido excepciones: en 2015 Bildu defendió en Navarra “el empleo exclusivo de las vías políticas, pacíficas y democráticas como medio de consecución de objetivos políticos y, por tanto, el rechazo y condena de cualquier tipo de expresión de violencia que se produzca, incluida la de ETA”. Pero fue una rareza. Lo normal es que los dirigentes de EH Bildu se resistan a condenar explícitamente a ETA.
Lo hizo su diputado Jon Iñarritu cuando en 2019 acudió en representación de su partido al homenaje anual del Día de las Víctimas del Terrorismo en el Congreso de los Diputados. Y volvió hacerlo su portavoz en la Cámara baja, Mertxe Aizpurua, cuando la vivienda de la líder vasca del PSOE, Idoia Mendia, sufrió en mayo una agresión que las fuerzas de seguridad relacionaron con el Movimiento Proamnistía y Contra la Represión, un grupo escindido de la izquierda abertzale que ha hecho bandera de Patxi Ruiz, uno de los presos de ETA que siguen siendo contrarios al fin de la violencia y a la disolución de la banda terrorista ETA.
“Rechazamos toda expresión de violencia”, dijo Aizpurua a laSexta criticando el ataque pero evitando usar la palabra “condena”. ”No puede ser que hagamos de las palabras un arma para utilizar y no poder mover posiciones", agregó mientras apelaba a la necesidad de "abrir caminos para la convivencia”.
Esta dificultad para verbalizar una distancia nítida con los crímenes de ETA se hizo visible también hace unos días cuando el negocio en Amurrio de la madre del líder de Vox, Santiago Abascal, fue vandalizado con una pintada. EH Bildu expresó nítidamente que consideraba “inaceptable el ataque” pero, una vez más, evitó conjugar el verbo condenar.
¿Por qué le cuesta tanto? “Nunca hemos utilizado el término condena por sus connotaciones religiosas. Pero está claro que rechazamos los ataques”, señalaron fuentes de Bildu a El País el pasado verano a modo de explicación.
Sea cual fuere el motivo por el que EH Bildu se resiste marcar esa distancia con el pasado, lo cierto es que la formación es en sí misma una expresión de la distancia que la izquierda abertzale ha tomado con la extinta organización terrorista. Por estrategia, hasta el punto de haber dado prioridad a su homologación como un actor político más en el teatro político español —están negociando los Presupuestos Generales del Estado con más flexibilidad que otras fuerzas políticas mucho menos sospechosas de haber tenido vínculos con el terrorismo— y por su propia naturaleza: tres de las cuatro patas que dieron lugar al nacimiento de EH Bildu son partidos que siempre condenaron la violencia de ETA cuando la organización terrorista aún existía.
Detrás de Euskal Herria Bildu (EH Bildu, que en español significa “Reunir al Pueblo Vasco”) hubo, en las últimas elecciones vascas del pasado mes de julio, 249.580 electores. Son casi 25.000 más que en 2016. Fue la segunda fuerza más votada en Euskadi: casi uno de cada tres vascos dio su confianza a las candidaturas de la izquierda abertzale. Eso sin contar su resultado en Navarra en 2019: 49.744 votos (el 14,6% del total).
Quienes desde el PP, Vox y Ciudadanos, desde la derecha mediática y desde algunas baronías socialistas quieren silenciar a EH Bildu pretenden que la voluntad de casi 300.000 electores españoles no sea tenida en cuenta en el Congreso.
EH Bildu nació legalmente en 2012, cuando ETA, forzada por un aislamiento social cada vez mayor y por una presión policial muy efectiva, ya había anunciado el abandono definitivo de la violencia. Nació como una coalición de cuatro partidos a los que —siguiendo un modelo muy habitual en la izquierda— se sumaron candidatos independientes. Esos partidos eran Sortu, Eusko Alkartasuna, Alternatiba, y Aralar y de ellos sólo el primero representa una línea de continuidad con la antigua Batasuna.
Es Sortu la referencia directa de la tradición política afín a ETA. Nació en febrero de 2011 pero no de la defensa de la violencia sino precisamente del debate desarrollado en la izquierda abertzale entre 2009 y febrero de 2010 sobre ETA. Una discusión que concluyó con la aprobación de un documento que por primera vez en el universo social cercano a ETA descartaba el uso de la violencia como forma de hacer política y apelaba a la "lucha de masas, la lucha institucional y la lucha ideológica" como únicas vías válidas.
Ese Sortu, que nació rechazando el uso de la violencia, lo que en aquel momento marcaba una distancia inédita con las formaciones precedentes de la izquierda abertzale, es el partido de Arnaldo Otegi, el actual coordinador general de EH Bildu.
Los otros tres partidos que dieron pie a la creación de EH Bildu tienen una trayectoria nítidamente abertzale así como un historial incontestable de rechazo a la organización terrorista ETA.
El primero y más antiguo es Eusko Alkartasuna, una escisión socialdemócrata del PNV que en 1986 lideró el exlehendakari Carlos Garaikoetxea y que desde hace varios años vive una grave crisis interna.
El segundo es Aralar (2001), la primera expresión política de la izquierda independentista vasca en desmarcarse expresamente de ETA. Después de contribuir al nacimiento de EH Bildu, Aralar tomó la decisión, hace apenas tres años, de disolverse en las nuevas siglas de la izquierda abertzale una vez que la coalición consolidó su propia estructura al margen de los partidos que la fundaron.
El tercero es Alternatiba, una escisión de Ezker Batua-Berdeak (la marca vasca de Izquierda Unida) encabezada en 2009 por Oskar Matute, uno de los cinco diputados que EH Bildu tiene en la actualidad en el Congreso.
El precio de los presupuestos
Pero más allá de su origen diverso, lo que ha sorprendido de EH Bildu en lo que va de legislatura —por insólita e inesperada— ha sido su disposición a contribuir a la gobernabilidad de España. Ese es el precio que la izquierda abertzale está dispuesta a pagar a cambio de su homologación como una fuerza política más en el escenario político del Congreso. Un estatus con el que, además, persigue disputar al PNV su tradicional hegemonía en la política vasca, como partido más votado pero también como interlocutor privilegiado con el Gobierno de España.
“Desde que ETA no está las cosas han cambiado en EH Bildu”, explica el periodista y víctima del terrorismo Gorka Landaburu. “Otegi fue un factor esencial para que ETA dejara las armas”, recuerda. Y “aunque a ETA la derrotamos, lo político también permitió ganar a lo militar”. Ahora “apuestan por la política. Y yo prefiero tener a esta gente en el Parlamento haciendo política que con las pistolas y las bombas que tanto criticábamos antes”.
De lo que hay constancia efectiva es de que EH Bildu está dispuesta a apoyar los Presupuestos de 2021 si se convierten en el punto de partida de la derogación de la reforma laboral (algo que ya está en el programa de Gobierno PSOE-Unidas Podemos) e incluyen avances y compromisos en derechos sociales, laborales y económicos que no han precisado.
En cambio, de lo que no hay prueba alguna, pese a la acusación que constantemente repiten PP, Vox y Ciudadanos, es de que el Gobierno vaya a entregar a EH Bildu, a cambio de sus votos en el Congreso, el traslado de los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco o incluso pretenda romper de la unidad de España.
Lo único cierto es que el Gobierno que más presos de ETA acercó al País Vasco sigue siendo el de José María Aznar, y eso que ETA todavía ponía bombas y cometía asesinatos: 426 traslados entre los años 1996 y 2004. Una cifra que se redujo a 237 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Paradójicamente, las cifras cayeron sensiblemente desde que ETA dejó de matar. Con Mariano Rajoy (2011-2018) los acercamientos se redujeron a 40, pero siguieron produciéndose. Igual que con Pedro Sánchez: desde la moción de censura ha habido 72 traslados.
Se trata, en todo caso, de traslados que, como recuerda Landaburu, benefician a las familias, no a los presos. Porque las cárceles “tienen los mismos barrotes”, da igual dónde estén.
Landaburu es de los que piensan que “la izquierda abertzale en su conjunto”, no EH Bildu, donde conviven distintas sensibilidades, “tendría que hacer una condena mucho más explícita, rotunda y clara no sólo de la violencia terrorista sino de la historia de ETA”. A veces lo han hecho “con la boca pequeña y sí, tendrían que hacerlo de forma más explícita, pero es muy dificultoso renunciar a 40 años”.
A pesar de ello, a él no le cabe ninguna duda de que EH Bildu “es un partido tan democrático como cualquiera”. “Nos gusten o no está ahí y tiene la representación de la gente que les ha dado”.
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¿No se debe pactar con ellos a menos que condenen a ETA? Él está convencido de que sí se puede. El PP, recuerda, llegó a acuerdos con la izquierda abertzale en los ayuntamientos y hasta Aznar pactó con Herri Batasuna para negociar con ETA en su momento.
En conversación con infoLibre, Landaburu se remontó a los años más duros de la violencia de ETA. “Todo el mundo decía que dejaran las pistolas e hicieran política, hasta la derecha lo decía. Y ahora que hacen política y ETA no existe, ¿qué hacemos? ¿Qué les exigimos?”, se pregunta. Es “una gran cotradicción. Moralmente podrás decir que no compartes sus ideales, pero ante la ley son tal legales como el señor Casado o el señor Sánchez”.
“Da la impresión”, remarca, “de que algunos, sobre todo del bando conservador, echan de menos la violencia y el terrorismo. Todo es ETA. Parece que no haya desparecido hace diez años”.
“O bombas o votos”. La frase la pronunció el desaparecido dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba a comienzos de 2010 cuando pilotaba, desde el Ministerio del Interior, la batalla política y policial para acabar con ETA que el Estado acabó ganando menos de dos años después. Son cuatro palabras que resumen la apelación con la que la democracia española intentó, durante casi 40 años, convencer a la izquierda abertzale de que defendiera sus ideas de forma pacífica y empujase definitivamente a los partidarios de la violencia, en aquel momento cada vez más aislados, a enterrar las armas.