Falta de dispositivos tecnológicos, conexiones a internet inestables o inexistentes, herramientas y servidores que fallan o se caen, o incluso la falta de conocimientos para usar la red fueron los principales problemas a los que se tuvieron que enfrentar los hogares españoles a la hora de afrontar el pasado curso académico, marcado por el pico de la pandemia y el estado de alarma decretado el 14 de marzo, que llevaron a niños y jóvenes a desconectarse súbitamente de las aulas.
La primera ola de coronavirus en España causó una situación de emergencia educativa nunca vista hasta la fecha, ya que las restricciones en la movilidad y el confinamiento llevaron a los centros a improvisar una enseñanza a distancia para la que no estaban preparados, y que no ha hecho más que evidenciar las grietas sociales y económicas del sistema educativo.
Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, incide en que la situación no ha hecho más que exponer las carencias en la docencia tras años de recortes. “Lo que ha provocado el confinamiento ha sido desnudar el sistema educativo público: todos los recortes, las privatizaciones… En fin, toda la falta de recursos que durante años hemos denunciado, y que están vigentes en la educación pública, pues se han puesto de manifiesto”.
De este modo, el súbito confinamiento ha provocado una acelerada digitalización de la educación sin resolver previamente la acusada brecha digital que sufre nuestro país fruto de las desigualdades socioeconómicas. “La brecha digital ha demostrado que las clases online no son ninguna alternativa, y ha apartado del sistema educativo a los estudiantes con menos recursos económicos, que somos los que venimos de familias trabajadoras y muchas veces no tenemos acceso a un ordenador o a una buena conexión wifi, ni casas grandes para poder estudiar en condiciones”, apunta Latorre. “En un problema que es totalmente sistémico y que demuestra no solo la brecha social sino la brecha de clases que existe en el sistema educativo”, concluye.
Sin embargo, no solo fueron los alumnos los perjudicados durante el confinamiento. Los docentes aguantaron en sus hombros la falta de medios de los centros, improvisando a última hora soluciones para poder continuar la docencia y no perder al alumnado. “El tema de las clases online han puesto encima de la mesa también toda la carga de trabajo excesiva y brutal de nuestros profesores. Si se ha podido terminar el curso, no ha sido precisamente gracias a las clases online o por la actuación del Ministerio de Educación o de las consejerías. Sino por el enorme esfuerzo que han hecho nuestros docentes, que han estado día tras día intentando ayudarnos”, apuntan desde el sindicato.
Carolina Fernández, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), destaca también los esfuerzos del personal educativo por intentar salvar el curso. “Los profesores han tirado con lo que ellos tenían, igual que el alumnado”. Fernández detalla la situación en la que se encontraban los estudiantes durante el confinamiento, y las dificultades en las que se encontraban a la hora de seguir las clases. “Una familia trabajaba telemáticamente, sus hijos estaban en edad escolar, y sólo tenían dos ordenadores. Es que es lo normal”, apunta. “Los alumnos no suelen tener un ordenador propio hasta que no cumplen catorce o dieciséis años. Si hay cuatro miembros, no hay un ordenador para todo el mundo. Por lo tanto teletrabajar o estudiar telemáticamente, pues obviamente hay familias que no van a poder”.
Desde CCOO relatan una situación similar. Isabel Galvín, Secretaria General de Enseñanza CCOO Madrid, narra cómo “de la noche a la mañana hubo que reinventar lo que se hacía”. “La mayoría de los centros se autoorganizaron, y hubo que hacer formación, autoformación y formación colaborativa en los claustros, además de que los profesores han puesto sus propios equipos y conectividad, haciendo un esfuerzo extraordinario como respuesta inmediata a una situación que era sobrevenida”.
Galvín recuerda los esfuerzos a los que se vieron sometidos los docentes, que tuvieron que adaptarse rápidamente a las circunstancias con escasas herramientas a su disposición. “Se ha detectado una brecha digital también en el profesorado, y situaciones que han tenido consecuencias en la salud laboral y personal de los docentes, porque es un reto nuevo sin instrumentos, lo que ha causado una situación de sobreesfuerzo y estrés”.
Y es que, pese a que “se han utilizado todo tipo de medidas que han estado al alcance del profesorado”, en ocasiones era simplemente imposible llegar al estudiantado más vulnerable. “Hay alumnos que se han descolgado, que por el camino se pierden. Y esta situación de semipresencialidad que puede anteceder un confinamiento puede hacer que no continúen con sus estudios”, argumenta.
La docente cuenta las dificultades de los estudiantes para poder seguir la docencia. “En algunos de los casos, en los hogares solo había un teléfono que tenía uno de los padres, y que se lo llevaban para trabajar. Y ese era el soporte único y exclusivo donde realizaban la docencia, por lo que no era posible conectarse en los horarios convencionales”.
La secretaria general del Frente de Estudiantes, Eva García de Madariaga, incide en la gravedad de esta brecha y de sus consecuencias para el alumnado. “Ha quedado bastante constancia de cómo, en un periodo de confinamiento, de no tener docencia presencial, ha habido todo un proceso de agudización de la segregación educativa y de las desigualdades que ya existían, que se han manifestado en la brecha digital, que no es solo disponer de un ordenador, sino de que haya solo uno para toda una familia, fallos en la conexión a internet, etc.”.
García apunta también no solo a las consecuencias en la educación, sino de los efectos negativos que tiene para los estudiantes más vulnerables el verse privado del aula como espacio para la socialización, y sus efectos en la lucha contra el absentismo escolar. “La escuela en su modalidad presencial tiene ese papel hasta un punto, de abstraer al estudiante de su situación de segregación o exclusión social”, argumenta. “El hecho de no poder acudir presencialmente a la escuela ahonda en problema que ya tenemos en España de manera muy acuciante, como es el abandono escolar temprano, y otros riesgos de exclusión social de muchas familias, que ahora con la crisis se van a ver mucho más agravados”.
La brecha digital, en números
Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información yComunicación en los Hogares realizada en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 81% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, tablet…), una cifra que dista del 56% registrado en 2005. Mientras, un 91,4% de los hogares tienen acceso a internet, de los cuales casi la totalidad –99,7%– dispone de una conexión de banda ancha, ya sea a través de fibra óptica, ADSL, o telefonía móvil.
Estas cifras se reproducen dentro de los menores de edad. De la población que comprende de 10 a 15 años, el 89,7% posee un ordenador, y el 92,2% tiene acceso a internet. Además, los jóvenes de 16 a 24 años componen el mayor número de internautas, un 68,4%.
Sin embargo, dentro de ese 7,4% de hogares sin conexión a la red, el 51,3% indica que no disponen de conexión ante la falta de conocimientos para usarlo, mientras que un 28% señala los altos costes del equipo.
Según el Marco general de los medios en España 2020 realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), la penetración de internet decae fuertemente según el índice socioeconómico. De un 91% en el IA2 –el nivel socioeconómico más alto–, la cifra se reduce a un 45% –más de la mitad– en el IE2, el índice más bajo, mientras que en IE1 apenas llega al 63,8%. De este modo podemos observar una fuerte brecha digital en los estratos más bajos de la sociedad, que distan de las cifras generales ofrecidas por el INE. Si comparamos este porcentaje con el resto de medios, descubrimos que internet es el que presenta una brecha mayor entre niveles socioeconómicos, mientras que la televisión es el medio más homogéneo.
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares
Si relacionamos estos datos con las comunidades, encontramos que Extremadura es la autonomía que registra un menor nivel socioeconómico: 6,2% en el índice IA1, el más alto, frente a la media de 8,9%, mientras que en el índice más bajo, IE2, se sitúa en 11 puntos, casi el doble que la media de 6,6% en España. Cifras que no mejoran en los siguientes índices: IE3, 20% sobre el 15,8% de media. IC, 25,6% frente al 27,4%. Le siguen otras comunidades autónomas como Andalucía (8,4% de IE2), Murcia (8,3% de IE2) o Castilla y León (19,5% de IE1). Madrid se situaría junto a Cataluña entre las comunidades más ricas, registrando un menor porcentaje de bajos niveles socioeconómicos –4,4% y 4,9% de IE2, respectivamente–, frente a una mayor cifra de ricos 13% y 11% de IA1, respectivamente.
Pero, ¿cómo se traducen estas cifras a la enseñanza online? Según UNICEF, el 9,2% de los hogares con menores en España carecen de acceso a internet: alrededor de 100.000 casas no disponen de conexión a la red. Además, el 20% de las familias con menos renta no disponen de un ordenador, mientras que la mitad carece de una tablet, herramientas indispensables para poder seguir la enseñanza a distancia que se plantea necesaria en tiempos de coronavirus.
La situación de los centros educativos tampoco es la ideal. Según CCOO, el 40,3% de los centros no tiene servicios en la nube a los que pueda acceder el alumnado, mientras que sólo un 12% de los centros educativos no universitarios no cuentan con un entorno virtual para el aprendizaje del alumnado. En cuanto a los profesores, el número de docentes por ordenador es de 1,9 de media a nivel estatal.
La pasividad del Gobierno
Frente a la situación de emergencia y de improvisación vivida durante el pico de la pandemia, las miradas estaban situadas en el Ministerio de Educación, que puso a disposición de los alumnos y profesores un portal de recursos y entregó 20.000 líneas telefónicas con 40GB de datos mensuales para la conexión de los estudiantes más vulnerables. Sin embargo, sindicatos y profesores apuntan a estas medidas como insuficientes, y a la inacción del Ministerio de Educación. Mientras, las comunidades autónomas ofrecieron algunas soluciones, como la entrega de dispositivos y de líneas telefónicas –por ejemplo, el País Vasco prestó 6.000 portátiles y habilitó 1.600 líneas telefónicas durante el confinamiento–, si bien la mayoría del peso recayó en los centros educativos y la gestión de sus recursos.
Isabel Celaá declaraba en rueda de prensa el 27 de agosto, tras la Conferencia Sectorial de Educación y Sanidad, que “si hubiera alumnos en cuarentena, el centro escolar y las comunidades llegarán a conectar con esos alumnos”. “Estamos en un contexto semejante al momento del confinamiento de los centros educativos. El Ministerio de Educación se preocupó mucho por conectar a los alumnos”, aseguró la ministra. Sin embargo, volvió a incidir en que las competencias están en las consejerías de educación de cada comunidad, que han ido elaborando sus propios planes de digitalización ante la inminente vuelta al cole.
Ante estas declaraciones, la ANPE comenta que “que es el Ministerio quién tenía que haber liderado las medidas, tanto sanitarias como organizativas, porque esto es una pandemia y nos afecta a todos por igual. No entendemos porque las ratios no las han podido bajar desde el Ministerio”.
Por su lado, CCOO califica de “decepcionante” la conferencia y la falta de liderazgo de Celaá, aunque también apuntan a la responsabilidad de las consejerías. “El Ministerio de Educación no ha liderado, pero las consejerías tampoco han trabajado y tejido para que se generen unos acuerdos en temas básicos”, apunta Galvin. “Que no se consiga este acuerdo nos parece negativo y muy decepcionante, y una falta de respeto al priorizar el interés político al del alumnado, que parece que al final está en último lugar”.
Desde el Sindicato de Estudiantes dan un paso más allá y critican duramente la pasividad de la ministra. Consideran que “se lava mucho las manos”. “Si la vuelta al cole no es competencia del Ministerio de Educación, sinceramente no sabemos para qué existe ese ministerio”, incide Latorre. “Si siempre lo que dicen que es competencia de las comunidades autónomas, y luego las comunidades autónomas delegan toda la responsabilidad en los centros educativos, es que el desastre se explica solo”.
“La gestión de Isabel Celaá ha sido un fracaso absoluto, y no solo de cara al inicio del curso, sino durante todo el confinamiento. No exageramos cuando decimos que no se ha tomado ni una sola medida”, argumenta Latorre. “Si la ministra de Educación sigue con esa actitud pasiva, de abandono y de desidia, consideramos que lo mejor que puede hacer es dimitir e irse”.
Pero también critican el silencio de Unidas Podemos ante este panorama, y les acusan de incoherentes. “Quienes hacen bandera de la educación pública no pueden permitir el caos que se está instalando en los institutos y colegios públicos. Los ministros de Unidos Podemos deberían salir públicamente, apoyando las reivindicaciones de la comunidad educativa, de la misma forma que durante la cuestión de la monarquía han tenido una posición diferenciada a la del PSOE”, insta Coral Latorre. “Si toda esta situación se hubiera dado con un gobierno del PP, seguramente toda la izquierda parlamentaria estaría pidiendo su dimisión”, concluye la secretaria general.
Las soluciones de las comunidades autónomas, insuficientes
Residiendo las competencias en las comunidades y en las consejerías de educación, cada ejecutivo autonómico ha ido elaborando individualmente su propio plan de conversión digital, en caso de que se cumplan los escenarios planteados de docencia mixta o a distancia ante los rebrotes y cierres en los centros educativos, recogidos en la Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos.
Entre los proyectos más ambiciosos se encuentra el Pla d'Educació Digital de Cataluña, un “plan para dar respuesta desde la escuela a los grandes retos sociales y tecnológicos de la sociedad actual”, y a través del cual el Departament d’Educació busca abordar la brecha digital proporcionando 300.000 dispositivos electrónicos a alumnos a partir de 3º de la ESO, y estableciendo 110.000 paquetes de conectividad móvil para el alumnado más vulnerable.
Otras comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia o Extremadura también apuntan a la entrega de dispositivos electrónicos a los estudiantes y a los centros para paliar la vulnerabilidad digital, en base a diferentes escenarios de docencia mixta o a distancia, según avance la situación epidemiológica en el país.
Por ejemplo, Castilla-La Mancha ha destinado casi 28 millones de euros para elaborar un Plan de Digitalización, que contempla el reparto de casi 72.000 dispositivos informáticos: 45.000 portátiles, 14.500 tabletas, 10.000 routers, 2.000 webcam y más de 360 paneles interactivos. En una línea similar actúa Andalucía, con la compra de 150.000 dispositivos, o Murcia, con una inversión de 18 millones de euros para adquirir 40.000 dispositivos electrónicos, 17.000 teléfonos para que los alumnos puedan usar en sus casas y 23.000 ordenadores.
Sin embargo, desde el Sindicato de Estudiantes desconfían de la implementación de estas medidas. “Por mucho que digan que van a acabar con la brecha digital, que van a poner dispositivos y demás, eso son solo palabras. Hemos visto muchas veces como las consejerías educativas, sobre todo las formadas por la derecha, luego no hacen nada de nada. Por eso, hasta que no veamos materializado todo lo que han planteado algunas comunidades autónomas, pues no nos lo vamos a creer”.
Además, desde el Frente de Estudiantes apuntan a que esta conversión digital “es una forma de privatización menos evidente que la externalización de servicios o la escuela concertada”. “Las plataformas digitales son gestionadas por grandes empresas de telecomunicación que su trabajo fundamental es utilizar los datos que proporciona el usuario. Es una especie de nicho de negocio, que además en un contexto de crisis es muy significativo para estas empresas, argumenta García. “Y las comunidades están jugando un papel importante en esta vía de privatización”.
La batalla por Madrid
Mientras que el resto de comunidades perfilaban los planes para una vuelta a las aulas seguras, las miradas estaban centradas en cómo la Comunidad de Madrid, epicentro actual de la pandemia en España, se iba a enfrentar al curso académico. Ante la falta de respuestas por parte del gobierno autonómico, los sindicatos del ámbito educativo convocaron una huelga del profesorado para el 10 de septiembre. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso finalmente cedió a la presión y anunció el pasado 25 de agosto medidas concretas para la vuelta al cole.
Entre las pautas anunciadas por la presidenta en rueda de prensa, destaca la dotación de 6.100 cámaras para la grabación y transmisión de las clases, así como la compra de 70.000 dispositivos electrónicos, como plan para combatir la brecha digital. Unas declaraciones que, más que respuestas, han sembrado dudas entre los docentes.
Desde CCOO, aunque ven las medidas como un “esfuerzo”, las consideran como “insuficientes”. “En Madrid tenemos una de las ratios más bajas de ordenadores por alumnos, y a la vez uno de los equipos más envejecidos. La situación de partida de Madrid es muy mala. Un 30% del alumnado madrileño no ha tenido acceso a ordenadores”, apunta Galvín.
En cuanto la dotación de las cámaras para grabar las aulas, los docentes señalan la dificultad a la hora de implementarlas. “Para empezar, se tiene que negociar con cada profesor, y se tiene que establecerse un criterio muy claro de cómo deben utilizarse”, apunta Carolina Fernández. “Porque no es lo mismo el uso de cámaras en secundaria que en primaria, donde una dinámica totalmente distinta”.
Entre las preocupaciones se encuentra la protección de las imágenes de los menores, y el modelo educativo que ofrece este tipo de docencia en los ciclos inferiores de educación. “El profesor no da una clase magistral que se pueda grabar. Incluso en FP, que son enseñanzas muy participativas entre profesor y alumno”, argumenta. “Tiene que haber unas instrucciones clarísimas en cuanto protección de imagen y lo que se puede y no grabar. Porque si no entramos en un Gran Hermano”.
Galvín señala lo improvisado de la medida, y apunta a la Agencia Española de Protección de Datos. “Las cámaras que graban en el lugar de trabajo están reguladas en la ley de protección de datos, y la imagen del menor está protegida. Nosotros nos hemos dirigido a la agencia pidiendo que se posicione sobre la iniciativa y en qué condiciones se podría dar”.
Por el momento estas declaraciones han llevado a los sindicatos de la docencia a posponer la huelga hasta el 22 y 23 de septiembre, a la espera de ver cómo se desarrollan y se implementan durante las primeras semanas del curso escolar. “Calificamos la convocatoria de éxito, aunque tuvimos que explicar con mucho detalle cómo la utilizamos como instrumento ante la falta de medidas”, explica la docente.
Pese a que la credibilidad del gobierno regional está “bajo mínimos”, CCOO considera correcto el aplazamiento de la huelga “para ver si las medidas se van a cumplir”, y estiman que se ha situado en “las fechas donde de forma real se va a implementar el curso”.
A pesar de ello, desde la ANPE se desmarcan de la convocatoria, y apuntan a la “responsabilidad” de los docentes: “Nosotros no vamos a apoyar una huelga, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico. Creemos que estamos en una crisis como la que ha vivido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y como sociedad tenemos que ser responsables todos. Y el profesorado lo es”, argumenta Carolina Fernández. “No podemos abandonar a los chicos ahora. Suficiente están viviendo ellos. Se están enfrentando a una situación que es muy dura”.
Sin embargo, el Sindicato de Estudiantes apunta en la dirección contraria, y critica duramente este aplazamiento. “Nos parece un error muy grande, porque lo único que están haciendo es dar un balón de oxígeno al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ya ha demostrado que le importa muy poco la educación pública y las condiciones laborales de los docentes”, declara Coral Latorre. “Bajo nuestro punto de vista, deberían haber mantenido la huelga para precisamente forzar al gobierno de Ayuso a cumplir lo que han planteado, que si lo han tenido que plantear ha sido por la presión de la comunidad educativa”.
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Ante esta situación, el sindicato ve necesario seguir “seguir forzando en esa línea a las comunidades autónomas y al Ministerio de Educación” con el fin de que “abra una mesa de negociación con los sindicatos, los trabajadores y el movimiento estudiantil, y que escuchen estas reivindicaciones”, así como la puesta en marcha de un plan de rescate a la educación pública.
El Sindicato de Estudiantes ha anunciado este 26 de agosto la convocatoria de una huelga general estudiantil para los días 16,17 y 18 de septiembre huelga general estudiantilexigiendo, entre otras medidas, el “reparto masivo de dispositivos digitales, así como cursos de formación digital gratuitos para profesorado, familias y alumnado”.
“Nosotros vamos a mantener nuestra movilización para seguir forzando en esa línea a las comunidades autónomas y al Ministerio de Educación, porque consideramos también que la presión que podemos ejercer desde abajo es lo mejor que podemos hacer de cara a la vuelta de clases”, concluyen Latorre.