La crisis de la estiba multiplica los frentes abiertos para el Gobierno. Por un lado, los estibadores han adoptado una posición de fuerza con la previsión de tres semanas de paros a partir del 6 de marzo. El PP sigue sin amarrar una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante su decreto de liberalización del sector en el Congreso. Y además el contenido de dicho decreto puede encontrarse con restricciones por parte de la Comisión Europea, que se reserva el derecho de veto sobre uno de sus aspectos fundamentales: las ayudas públicas a las empresas del sector para que puedan despedir sin pagar indemnizaciones.
El texto que el Consejo de Ministros pretende aprobar este viernes –tras retirarlo del orden del día de la semana pasada– incluye que las indemnizaciones por despidos de estibadores de empresas privadas serán pagadas con dinero público, lo cual puede ser incompatible con el régimen de ayudas de Estado de la Unión Europea. El borrador del decreto del Ministerio de Fomento recoge, en una disposición final añadida en su última versión, que la medida "no entrará en vigor hasta la expresa declaración por la Comisión Europea de su compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado". Es decir, la última palabra la tendrá Bruselas. Se produce así una situación doblemente paradójica: el Gobierno quiere aprobar por decreto un compromiso de ayuda pública sin saber si podrá cumplirlo; además, curiosamente, un decreto para liberalizar un sector despierta recelos en Bruselas por su introducción de ayudas públicas.
Fomento no tiene una garantía formal de Bruselas para poder llevar adelante esta medida, señalan desde el ministerio, donde explican que el asunto ha sido abordado con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. infoLibre ha tratado sin éxito de que el ministerio concrete los términos en que se ha abordado la cuestión con las autoridades europeas.
Ante los recelos de Bruselas, Fomento ha tenido que incorporar al término del decreto que esta medida sólo entrará en vigor si la Comisión Europea la da el visto bueno. La patronal de empresas estibadoras, Anesco, se limitó este miércoles a afirmar que la redacción del decreto en cuanto las indemnizaciones públicas "genera incertidumbre". Esta medida fue introducida por el ministro, Iñigo de la Serna (PP), precisamente a petición de la patronal de empresas. El Ejecutivo pretende con ella que que las empresas que actualmente tienen plantillas de trabajadores con salarios altos puedan realizar despidos sin asumir las indemnizaciones y contratar empleados con sueldos más bajos, adaptándose con mayor comodidad a la liberalización del sector, que implicará la entrada de compañías con menores costes laborales.
El dinero público que el Ministerio de Fomento prevé dedicar a estas indemnizaciones, a través de los puertos del Estado, supera los 300 millones de euros. El problema es que la Comisión Europea tiene dudas sobre estas indemnizaciones públicas, ya que podrían suponer una vulneración de la regulación sobre las ayudas públicas. Bruselas quiere liberalizar la estiba, no que de las arcas públicas españolas acaben saliendo millonarias cantidades que beneficien a empresas que, además, ya son rentables. Oficialmente la Comisión aguarda prudentemente: "Valoraremos el decreto cuando esté publicado".
Una medida para compensar a la patronal
La organización del trabajo de estiba –carga y descarga– en los puertos se realiza a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, las Sagep, que seleccionan, forman y asignan a los trabajadores en régimen de monopolio. Las empresas necesitan pasar por las Sagep para contratar. En diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la UE estableció en una sentencia que España estaba incumpliendo el Tratado de Funcionamiento de la UE, al poner límites a la libertad de establecimiento de las empresas. El decreto del Ministerio de Fomento, que debe adaptar la normativa española a la europea, supondría el fin del monopolio de las Sagep, un mecanismo que los trabajadores defienden porque les garantiza seguir con las condiciones de trabajo acordadas por convenio. La liberalización supondrá que las empresas de la patronal podrán contratar a trabajadores por mucho menos dinero.
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A las empresas estibadoras, asociadas en la patronal Anesco, les preocupa que, una vez abierto el mercado, no puedan competir con nuevas compañías que lleguen a los puertos a cargar y descargar con mano de obra más barata. Por lo tanto el Gobierno, en su decreto, recoge que serán las arcas públicas las que se harán cargo de las indemnizaciones por despido. "La administración portuaria asumirá obligatoriamente los pasivos laborales generados con anterioridad al 11 de diciembre de 2014, fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", recoge el decreto. Esta medida se introduce "con el propósito de igualar la situación competitiva de los operadores privados ya establecidos con los que se incorporen ex novo a la prestación de este servicio", señala el texto.
La extinción de los contratos laborales de trabajadores portuarios, excepto de los que se jubilen en los próximos tres años, "dará derecho a una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para la extinción del contrato por causas objetivas, que será asumida como obligación ex lege por la autoridad portuaria competente en el ámbito geográfico de la Sagep de que se trate", añade el decreto. Es decir, si una empresa que opera en el puerto de Algeciras decide hacer un ERE tras la entrada en vigor del decreto, los costes de indemnización correrán a cargo no de sus cuentas, sino de las del propio puerto de Algeciras, que es un organismo público dependiente del Ministerio de Fomento. Ésta es la medida que está en cuestión.
Un portavoz de Puertos del Estado señala que el Gobierno ha negociado con la Comisión Europea diversos aspectos, tales como la introducción de un periodo transitorio de cuatro años para el cambio de modelo –finalmente son tres– o la creación de centros portuarios de empleo en sustitución de las Sage –aceptada por Bruselas–. También se ha abordado, añade este portavoz, la indemnización pública por los despidos de estibadoras. "Antes de las Sagep ha habido otras figuras en las que ha existido una participación accionarial pública, hasta con el 51% del capital social. Es lógico que el Ministerio de Fomento asuma una responsabilidad, hay razones históricas", señala Puertos del Estado para explicar por qué se pretende pagar con dinero público las indemnizaciones.
La crisis de la estiba multiplica los frentes abiertos para el Gobierno. Por un lado, los estibadores han adoptado una posición de fuerza con la previsión de tres semanas de paros a partir del 6 de marzo. El PP sigue sin amarrar una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante su decreto de liberalización del sector en el Congreso. Y además el contenido de dicho decreto puede encontrarse con restricciones por parte de la Comisión Europea, que se reserva el derecho de veto sobre uno de sus aspectos fundamentales: las ayudas públicas a las empresas del sector para que puedan despedir sin pagar indemnizaciones.