La carta de Pedro Sánchez ha abierto un buen puñado de interrogantes. También de debates. Entre ellos, el que gira en torno al uso de la mentira con fines políticos. No de la mentira aislada, puntual, fruto de un apuro, de una debilidad. Sino de la mentira sistemática, orquestada, instrumental.
He aquí la historia de una mentira sistemática. Una mentira de éxito, además. Una mentira que nos obliga a mirar más de un año atrás. Una mentira que nos ayuda a entender el presente.
1. Un cierre de campaña inusual
El 28 de mayo de 2023 se celebraron en España elecciones autonómicas y municipales. Aquella era una convocatoria de especial relevancia dado que, además de servir para el reparto de un enorme poder territorial, se presentaba como la antesala de unas generales que, entonces, se esperaban para final de año. La derecha acudía con un objetivo: que los comicios dieran al traste con la XIV legislatura, aquella en la que se había conformado el primer gobierno de coalición progresista en ochenta años; aquella, también, que se topó con la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y un sinfín de hechos inusuales.
Esta cita electoral, el 28M, se vería marcada por la misma tónica que toda la legislatura: lo inusual.
Mientras los partidos de la izquierda se presentaban haciendo valer el programa de reformas sociales que habían puesto en marcha desde el Gobierno central, PP y Vox optaron por una campaña destructiva para que los asuntos municipales y autonómicos quedaran ensombrecidos bajo el “que te vote Txapote” y una cascada de infundios con el único objetivo de embarrar el debate y deslegitimar a Pedro Sánchez. Este plebiscito envenenado sobre el presidente otorgó a las derechas el éxito que esperaban, al hacerse con una buena parte del poder territorial.
La mayoría de analistas y encuestas habían pronosticado unas elecciones reñidas que iban a estar al borde del empate técnico. Y pese a la sensación de victoria abrumadora de la derecha, lo cierto es que fueron unos comicios decantados por un puñado de votos que inclinaron la balanza en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Es decir, la movilización del electorado conservador en el último momento fue clave en una victoria que provocó además un adelanto de las generales al 23 de julio y la extendida sensación de que la llegada a Moncloa de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal parecía sentenciada.
¿Hubo algún suceso extraño que favoreciera aquella decisiva movilización de los votantes derechistas, o que provocara un mayor desencanto en las izquierdas?
En los dos días finales de la campaña, el jueves 25 de mayo y el viernes 26, justo antes de la jornada de reflexión, las portadas de los periódicos y los informativos dieron gran importancia a varios casos de supuesta compra de votos. Uno de ellos, en Melilla, afectaba a un partido local. El otro, en Mojácar (Almería), al PSOE. El resto, una decena larga de denuncias por todo el territorio, salpicaban también al PP. Casos aislados sin relevancia si son observados en el conjunto de una convocatoria a nivel nacional y que, sin embargo, a causa de la atención que se les otorgó en las escaletas televisivas, provocaron la impresión de que estábamos asistiendo a algún tipo de fraude generalizado.
¿Por qué algunos medios pondrían tanto interés en transmitir esta sensación?
Denuncias de compra de votos se han producido en todas las elecciones municipales desde hace décadas. Debido a su escasa o nula repercusión, a su carácter prácticamente anecdótico, nunca habían suscitado tanta atención. ¿Por qué esta vez el foco mediático las elevó a categoría de problema nacional, justo en los dos últimos días de campaña?
Este artículo trata de ofrecer claves para responder a esta pregunta, uniendo los puntos para obtener la imagen fiel de lo sucedido: una prolongada campaña de desinformación que hizo a la derecha concurrir dopada el 28M, ampliando el margen de su victoria, consiguiendo un inmenso poder institucional y despejando – creían muchos entonces– su camino hacia el triunfo en las generales.
2. Génesis de una mentira
Jueves 23 de junio de 2022. Junta general de accionistas de Indra Sistemas, la multinacional española que opera en diversos campos como seguridad, defensa y telecomunicaciones, cotizada en el IBEX 35 y una de las cien empresas más importantes del mundo en este ámbito. La compañía se encuentra en un proceso de transición que comenzó un año antes con el nombramiento de un nuevo presidente, Marc Murtra, quien sin embargo se encuentra en una situación peculiar al carecer de poderes ejecutivos. Su primer accionista, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), 100% pública, decide en esa junta –23 de junio– destituir a cinco consejeros para asignar al nuevo presidente el mismo poder que tuvieron sus antecesores. A la operación se suman el fondo Amber Capital y SAPA, empresa vasca también centrada en la defensa.
El movimiento es parte de lo ya conocido. Los gobiernos nombran directivos de su confianza en aquellas empresas con participación pública. Así lo hizo Mariano Rajoy en 2015, cuando sustituyó en la presidencia de Indra a Javier Monzón por Fernando Abril Martorell. En aquel momento, la prensa de derechas elogió el cambio y el propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, admitió incluso en Expansión que el Ejecutivo había explicado a la compañía “cuál era el proyecto” a seguir.
Por contra, en 2022, con el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno, Expansión habla de “golpe de mano” y El Mundo califica el cambio de “impúdico asalto de Moncloa a Indra”. Un doble rasero que explica cómo entiende la derecha a este país: un cortijo con unos únicos capataces.
A pesar de la dureza y parcialidad de las piezas, en la prensa de derechas siempre queda la posibilidad de ir mas allá. The Objective habla, unos días antes de la junta de accionistas, en estos términos: “Las razones de Sánchez para controlar Indra: Defensa, ciberseguridad y el recuento de votos”. Este titular empieza a armar el esqueleto de la mentira. Porque Indra no cuenta los votos de nuestras elecciones, sino los ciudadanos elegidos por sorteo. Es más, el propio cuerpo de la noticia desmiente al encabezado y aclara cuáles son las tareas encargadas a Indra por el Estado, como administrar el “sistema de gestión y difusión del escrutinio”. Pero la bola ya esta echada a rodar.
Desconocemos si Esteban González Pons, vicesecretario del PP, es lector de The Objective. Lo que sí sabemos es que unos días mas tarde, el 27 de junio de 2022, usa la misma argumentación del tabloide amarillo en una rueda de prensa en la que desliza que Sánchez quiere controlar Indra para influir en los comicios: “Tras las elecciones andaluzas, se ha lanzado al control de Indra, al control del Tribunal Constitucional y al control del INE. En cuatro días, Indra, el TC y el INE. ¿Por qué? Porque ha perdido las elecciones en Andalucía. El presidente Sánchez no sabe perder [...]. Mire, el CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo, e Indra cuenta los votos”.
González Pons, tras lanzar tal disparate, se cuida de recular, aunque sólo a medias: “Nosotros confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio, que merece respeto y que se puede confiar a ojos cerrados en él, pero no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlar el CIS, el INE e Indra”.
Ese mismo día, el canal ultraderechista EDA TV recoge el guante, ofreciendo un mensaje sin matices en una tertulia que titula así: “¿Prepara Sánchez un pucherazo con Indra y el INE?”.
Observamos algo que se repetirá en toda esta historia y que es esencial para entender cómo se tramó el bulo del pucherazo: la connivencia argumental entre el PP y el aparato de las tormentas de los ultras.
Un día después, el martes 28 de junio, Cuca Gamarra, entonces portavoz del PP en el Congreso, abunda en la misma línea de González Pons al atribuir a Indra "una labor importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales". Añade: "Y el Gobierno debe dar explicaciones de por qué da estos pasos y cambia a los consejeros independientes. Porque la duda está sin duda ahí”. Tras estas declaraciones, ya no cabe duda: no se ha tratado de un desliz de Pons, sino de una táctica calculada por el PP, que pretende asentar la idea de que Sánchez busca manipular las elecciones.
Esto no ha hecho más que empezar.
3. La inútil refutación de un bulo
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que el escrutinio de cualquier votación lo llevan a cabo ciudadanos elegidos por sorteo, a los que se suman apoderados de todos los partidos, que vigilan el proceso. El presidente y los vocales de cada mesa entregan el acta de escrutinio al juzgado de primera instancia correspondiente en presencia de la policía, que custodia toda la operación. También los partidos reciben una copia de estas actas, que son las que recogen el resultado de cada mesa, exponiéndose una copia pública en todos los locales electorales.
El juzgado recibe las actas de su zona y se las entrega a la Junta Electoral Central, compuesta por magistrados del Supremo, que es la encargada de realizar el escrutinio de las elecciones tres días después de la jornada de votación. Ninguna empresa interviene en todo el proceso, por lo que no es posible, debido a la gran cantidad de actores implicados, que se produzca una alteración del resultado general.
Indra, o cualquier otra empresa dedicada a la gestión de informacion, participa en las elecciones centralizando esta gran cantidad de datos para que los medios, o cualquier ciudadano con conexión a internet, pueda acceder a la evolución del escrutinio en tiempo real. De esta forma, apenas tres o cuatro horas después de que hayan cerrado los colegios, todos conocemos cuáles han sido los resultados de manera fiable. Ninguna institución internacional ha mostrado dudas sobre la limpieza de los procesos electorales en España, que la Organizacion para la Seguridad y Cooperación Europea lleva certificando desde el año 2004.
Nada de eso impidió que Feijóo declarara con toda la intención a finales de junio de 2022: "Algo se esta moviendo en Indra y algo debería preocupar a los españoles de buena fe”.
4. Antecedentes de la desconfianza
Vivimos una época cargada de suspicacia. A raíz de la Gran Recesión de 2008, instituciones y consensos tradicionales perdieron su reputación. Lo que primero fue una crisis económica pasó a ser una crisis de legitimidad que afectó entre otros a los medios de comunicacion y a las instancias oficiales que fueron incapaces de proporcionarnos seguridad y confianza. Esta situación de inestabilidad valió para que en la primera mitad de la pasada década hubiera un cuestionamiento crítico de aquellos actores que habían sido parte de la crisis financiera, tomando las redes sociales como foros de expresión de la indignación.
Aquel furor iconoclasta de “lo nuevo frente a lo viejo” fue capaz, por un breve lapso de tiempo, de señalar todo lo que había fallado, pero no de articular una nueva estructura que lo sustituyera, tampoco en lo comunicativo. Así, muchos dejaron de confiar en medios e instituciones, pasando su papel a ser reemplazado por la aparente cercanía de los servicios de mensajería y las redes sociales. La oportunidad estaba servida para quien la supiera aprovechar. Los ultras no tardaron en sumar a sus técnicas de manipulación toda la potencia de lo digital, surfeando la ola de la suspicacia con una envidiable agilidad, lo que les reportó sus primeras victorias con Trump y el brexit.
La desconfianza hacia nuestro sistema electoral ya había aparecido en las elecciones del 26 de junio de 2016. Si recuerdan, en menos de un año acudimos a las urnas dos veces, en diciembre de 2015 y en la citada ocasión. Las izquierdas fueron incapaces de acordar un gobierno, pese a haber contado en dos ocasiones con números para lograrlo: más de diez millones de votos y una mayoría por encima de los 155 escaños. Tampoco Ciudadanos logró llegar a un acuerdo con Sánchez. Sólo la destitución de este como secretario general del PSOE, en octubre de 2016, generó las condiciones para que los socialistas entregaran el poder a un Rajoy acosado ya entonces por la corrupción.
En aquella repetición electoral de 2016 se constituyó Unidos Podemos, la coalición del partido morado con Izquierda Unida y otros partidos progresistas territoriales. Pablo Iglesias, en los últimos días de la campaña, aludió al peligro que entrañaba tener como ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz, uno de los líderes de las cloacas, como supimos después por la operación Kitchen. La nueva coalición no valió para mejorar el resultado de 2015, al no sumar automáticamente el millón de votos que había obtenido IU en diciembre. Esto provocó que en Twitter, aquella noche electoral, surgieran dudas en algunos votantes de izquierda acerca de la limpieza de los comicios.
¿Cual fue la actitud de los dirigentes de Podemos frente a los rumores de fraude? Negar la mayor. Un ejemplo es la publicación de este tuit de Ramón Espinar:
Toda la prensa defendió la limpieza de los comicios, explicando que el papel de Indra pasaba sólo por la centralización de los datos con un fin informativo. Paradójicamente, El Mundo mostró entonces un especial interés en despejar dudas, publicando varios artículos donde explicaba que para que se pudiera dar un fraude “sería necesaria la mala fe de cientos, o incluso miles, de interventores de mesa que, conchabados con los observadores de los partidos, proporcionasen un resultado adulterado”.
5. Los ultras extienden la conspiranoia
Volviendo a nuestro pasado inmediato, vimos cómo el PP, en junio de 2022, asentó el relato de que Pedro Sánchez estaba llevando a cabo un “asalto institucional” para controlar Indra, Correos y el CIS y de esta manera influir de una u otra forma en los resultados electorales. ¿Cómo evolucionó este infundio en los meses posteriores? Un artículo de Alfonso Ussía, publicado en El Debate el 1 de enero de 2023, muestra en qué estaba derivando este despropósito: “Actuarán así hasta las elecciones, y si el proceso del fraude electoral se cumple, seguirán gobernando hasta destrozar el mapa de España, culminar el golpe de Estado contra la Constitución vigente, y proclamar la Tercera República Española en lo que quede de España. No es Sánchez el enemigo a batir. Es Indra. El resultado de las próximas elecciones no depende de las encuestas estúpidas del CIS de Tezanos, que se toman a risa y chacota incluso entre los suyos. Depende de la honestidad y decencia de Indra. ¿Para qué fue asaltado Indra? ¿Por qué fueron cesados los socios independientes? ¿Qué utilidad tiene la violación del organismo, hoy plenamente entregado al poder ejecutivo? Están obligados el PP y Vox a unirse en las sospechas, a unirse en las denuncias ante los españoles y la Unión Europea de la más que probable manipulación de los resultados electorales”.
Periodista Digital, el pasquín ultra de Alfonso Rojo, no se quedaba atrás, publicando piezas con titulares como “Suenan las alarmas: Sánchez podría utilizar al CIS e Indra para ‘reventar’ las elecciones y quedarse en Moncloa”, donde se hacía eco de comentarios en redes de Juan Carlos Girauta, hoy flamante fichaje de Vox, entonces un exdiputado de Ciudadanos: “Dados los síntomas autocráticos y la grosera manipulación del CIS, es especialmente preocupante la entrada del presidente de Prisa (el extraño amigo de Sánchez) en Indra. La empresa encargada de los recuentos tiene mil formas de reventar unas elecciones, incluso sin pucherazo”.
Las cuentas ultras en redes sociales, con canales de Telegram o Youtube, no tenían más que ir amplificando el relato iniciado por el PP de una manera cada vez mas burda pero no por ello menos efectiva. Los comentarios de cualquiera de los vídeos que circulaban en febrero de 2023 permiten entender la magnitud que estaba tomando el bulo: “Tendríamos que salir todos los españoles a la calle a echar a este gobierno traidor”. “El CIS apunta, INDRA dispara y Correos pega el tiro de gracia”. “Está claro, pucherazo al canto, guerra civil y la volverán a perder”. ”Es importante que el Yunque haga lo que tenga que hacer por el bien de España”.
6. Los servicios de seguridad alertan del peligro
El 17 de mayo de 2023, ya en arena preelectoral, El Periódico publica un artículo donde se nos advierte de que “la Seguridad del Estado detecta una campaña de ataques a la credibilidad" del 28M mediante “la inoculación en todo tipo de canales de internet de tergiversaciones y supuestas noticias que siembren dudas sobre la limpieza de los comicios". "Las fuerzas implicadas en este monitoreo tratan el caso como una oleada de desinformación organizada, y no espontánea”, añade la información. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) son los encargados de realizar la vigilancia del fenómeno, que alcanza su mayor intensidad a partir de abril.
Se detectan dos narrativas para llevar a cabo la desinformación. Una es sobre Indra, con la palabra "pucherazo" como “yunque de resonancia”; la otra es sobre la ampliación del censo electoral con inmigrantes o residentes en el extranjero. Los encargados de difundir estos mensajes, según los expertos policiales, son cuentas anónimas asociadas a la ultraderecha, el negacionismo climático y los antivacunas, pero también “espacios de Telegram de conocidos propagandistas de la extrema derecha, como Alvise Pérez”. Por otro lado, se nos advierte de que estas narrativas están ganando “eco en prensa convencional conservadora", consiguiendo así una "legitimidad prestada, una homologación profesional cross media, un logro para cualquier campaña de desinformación”.
El texto de El Periódico explica que para la seguridad del Estado son relevantes por su similitud los antecedentes de los asaltos al Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores de Trump o la revuelta en Brasil protagonizada por votantes del ultraderechista Jair Bolsonaro. Asimismo, hay un párrafo de excepcional interés donde se nos describe que: “Para alarma de los agentes que vigilan el fenómeno en previsión de alteraciones del orden en la calle, la campaña ha contado con el apoyo de alguna figura de la estructura del Estado. En línea no tanto con Vox como con insinuaciones del PP, el 18 de abril el fiscal y exmagistrado –hasta diciembre del 22– del Tribunal Constitucional Antonio Narváez denunció un deterioro de las instituciones por parte del presidente Pedro Sánchez".
7. Una inquietante reunión
El martes 2 de mayo de 2023, El País nos informa sobre una cena que ha tenido lugar un par de semanas antes, el martes 18 de abril, en el Hotel Claridge de Madrid. En ella Feijóo se ha dado cita con fiscales conservadores para empezar a tratar el desmantelamiento de las leyes del Gobierno progresista. Es decir, que ocho meses antes del final de 2023, lo que entonces se estimaba como fecha de las generales, el líder del PP se reúne de manera discreta con parte del poder judicial para empezar a preparar su llegada al poder. De esta reunión podemos deducir dos cosas: la prisa que tenían por llegar a la Moncloa y lo clara que parecían tener su victoria.
En esta cita se tratan multitud de temas, como Cataluña, el delito de sedición, la ley trans e incluso una “larvada” crisis que, al parecer, va a dar al traste con la economía española. Se emplea un lenguaje contundente contra el Gobierno, del que el líder popular afirma que ha ocupado “el Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CNI, el CIS”.
Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, afirma que existe una “perversión del procedimiento legislativo” que va “unida a una perversión de la institución”, preguntándose: “¿Cómo devolver el normal funcionamiento a la institución si se tiene la tentación de hacer lo mismo que hicieron ellos para reequilibrar, si caemos en el mismo procedimiento?”.
La sensación que queda tras leer las intervenciones de Feijóo y los fiscales conservadores es que aquello es mucho más que una cena donde el líder de un partido presenta su programa. ¿Y quién se destaca, además de los ya citados, en sus intervenciones? El mismo Antonio Narváez, exmagistrado del Constitucional, que unos meses antes ha sido el impulsor de la paralización de una votación del poder legislativo, un hecho inédito en la historia democrática española. También el hombre al que los servicios de seguridad citan en su informe sobre la campaña de desinformación contra las elecciones como alguien que la apoya desde dentro de “la estructura del Estado”. ¿De qué hablan Feijóo y Narváez en aquella cena?
Según El Pais, Narváez “llegó a expresar su deseo, a título personal, de que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno”, poniendo "bajo sospecha los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra”. Menos de un mes antes de las elecciones, el líder del PP es partícipe, junto a un exmagistrado del Constitucional, fiscal del Supremo, de una conversación donde el bulo del pucherazo se trata con absoluta normalidad. Todo está listo para el gran desenlace.
8. Una cuidada escenografía
Tras estas páginas entendemos mejor el escenario que describimos al principio del artículo y por qué en los últimos días de la campaña determinados medios generalistas dieron tanta importancia a unos casos de compra de votos completamente anecdóticos. Durante un año se había sembrado con paciencia la semilla de la suspicacia contra nuestro sistema electoral. Para final de mayo ya sólo hacía falta tocar la campana para que el sujeto del experimento comenzara a salivar.
Lo que a muchos nos pasó desapercibido entonces es que parte del electorado de derechas había sido condicionado mediante sucesivos artículos en prensa, comentarios en plataformas digitales y declaraciones de sus líderes políticos en el sentido de que en España era posible un fraude masivo en el recuento del voto. Cualquier mención a algo que recordara, aunque fuera remotamente, a esta supuesta adulteración de nuestro sistema electoral actuaría como un silbato de perro, alertando a los destinatarios del mensaje con un sonido que sólo ellos parecían escuchar, lo que impedía al resto advertir lo ocurrido y darle la importancia que merecía.
¿Quién se encargó de soplar ese silbato? Jueves 25 de mayo de 2023. Dos últimos días de campaña. En el programa de Carlos Herrera en Cope, Antonio Naranjo abre su sección tirando la piedra y escondiendo la mano: “Melilla, Mojácar, Correos, Indra... La verdad es que suena un poco raro, pero hay que estar tranquilos con las elecciones. Hay que escuchar a los mejores tranquilizándonos a todos, los más creíbles, los que nunca dicen nada que no sea verdad, a Sánchez y a Bolaños juntos”. El Mundo titula su portada del viernes 26 de mayo de la siguiente manera: “La sucesión de escándalos trunca el final de campaña del PSOE”. ABC, el mismo día, dedica la primera página a este tema con un tono similar: “Sánchez calla ante el alud de escándalos de compra de votos que cercan al PSOE”. Vicente Vallés abre el informativo de Antena 3 del jueves 25 de mayo con esta alerta: “Se multiplican los casos de compra de votos a tres días de las elecciones. Este desaforado final de campaña ha situado al PSOE a la defensiva y con serias dificultades para que se hable de los asuntos que propone Pedro Sánchez en sus mítines”. Nadie podría haber resumido mejor en qué consistió todo aquello.
En aquel par de días, la sensación para cualquiera que se asomara a la actualidad era que en España estábamos a las puertas de un fraude a gran escala en las inminentes elecciones. Sobre todo si, además de estos medios, prestaba atención a los líderes políticos de la derecha. González Pons, quien había prendido la pólvora un año antes, acusó a Pedro Sánchez de ser partícipe de una “trama generalizada” de compra de votos. La cuestión no eran los casos aislados y residuales que se habían producido. La cuestión era que elevar esos casos a un problema nacional valió como detonante emocional para que brotara todo lo que se había sembrado en el año precedente.
¿Quién faltaba por sumarse a esta cuidada puesta en escena? Isabel Díaz Ayuso, que en un mitin el jueves 25 de mayo en Tres Cantos, en presencia de Feijóo, llamó “a votar masivamente para impedir que ninguna trampa retuerza la voluntad del pueblo español". Llama la atención que Ayuso hable continuamente de “traca final” y “ciclo final” del Gobierno progresista, pese a que en aquellas elecciones a quien se votaba era a los alcaldes y presidentes autonómicos, y pese a que los sondeos estimaban un empate técnico. Algunos parecían intuir que sus mentiras iban a precipitar algo mayor.
9. Algunas conclusiones
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en España, desde mediados de junio de 2022 hasta finales de mayo de 2023 se llevó a cabo una campaña de desinformación para desprestigiar nuestro sistema electoral, acusando al Gobierno en general y a Pedro Sánchez en particular de tramar un plan para manipular el resultado de los comicios del 28M. Esta campaña, a la que podemos llamar “el bulo del pucherazo”, no pasó desapercibida para los servicios de seguridad del Estado, que alertaron de la misma unas semanas antes de los comicios. Su principal objetivo era –además de atacar el prestigio del presidente y los partidos de izquierda y con ello confundir y desmovilizar a sus potenciales votantes– agitar al electorado de derechas para que acudiera a las urnas espoleado por el temor a un fraude, algo que, a tenor de los resultados, sucedió, precipitando la convocatoria de elecciones generales. Unas elecciones que, en principio, estaban de cara para la derecha.
De hecho, y aunque esa es otra historia, el bulo del pucherazo continuó hasta el 23 de julio y mas allá, esta vez contrarrestado por medios progresistas y verificadores de datos. Lo que entonces nos pareció un fenómeno que había empezado en las autonómicas se demostraba como una narrativa que se fue asentando en parte de la opinión publica de una manera concienzuda y prolongada durante un año. En todo caso, este bulo no fue producto –no tan sólo– de cuentas ultraderechistas en redes sociales, sino que medios de comunicacion convencionales y referentes del Partido Popular siguieron la misma línea, tomando el liderazgo en su difusión.
Desconocemos quiénes fueron los artífices primeros de esta campaña de desinformación “organizada, y no espontánea”, según el DSN y la Policía Nacional. Lo que sí podemos afirmar es que el Partido Popular –mediante dirigentes como González Pons, Cuca Gamarra o el propio Feijóo– abre la veda en junio de 2022, sugiriendo que el Gobierno asalta Indra y otros organismos con la intención de alterar el resultados de las elecciones. Respecto a los medios, se suman a esta inercia de manera gradual. Mientras que los generalistas conservadores informan con profusión de los casos aislados de compra de votos, dándoles una importancia nunca vista y atribuyéndoles un carácter homogéneo, las cabeceras de menor entidad afirman durante un año, con completa impunidad, que el Gobierno va a alterar el resultado de las urnas, sin aportar prueba alguna.
Todo lo visto en esta historia, protagonizada por quien sugiere y quien afirma, quien tergiversa y quien miente, consigue en conjunto crear un clima de conspiranoia que arrasa la lógica con la intención de inducir en una parte de la población la creencia de que la izquierda podía cometer un fraude en las elecciones, asegurándose de esta manera la deslegitimación de una posible victoria progresista, que se acabó dando en julio. En España no vimos un asalto al Congreso como en Washington o Brasilia, pero sí, en las semanas previas a la investidura, aquello que se llamó “noviembre nacional”, con manifestaciones frente a las sedes del PSOE y el propio Parlamento que en Ferraz se volvieron violentas. Todos estos sucesos no se pueden entender sin esta campaña de desinformación.
Voto por correo: las garantías que desmontan bulos
Este largo artículo conduce a una última conclusión: la democracia en España esta amenazada. Y lo está no sólo por la ultraderecha, sino por una derecha convencional que se ha vuelto disruptiva, que usa la mentira para desprestigiar al adversario político y, si es menester, a nuestras propias instituciones y procedimientos democráticos, como el sistema electoral, algo que no había sucedido desde 1978.
No son deslices declarativos, no son episodios sin importancia, es toda una estrategia que abunda en la desinformación y la mentira para lograr sus fines. Una estrategia –ahora lo sabemos– que se repite y se repite.
Daniel Bernabé es escritor, periodista y analista político en diversos medios. En infoLibre escribe cada miércoles la columna semanal 'Mala hierba'. Su último libro publicado es 'Todo empieza en septiembre', editado por Planeta.
La carta de Pedro Sánchez ha abierto un buen puñado de interrogantes. También de debates. Entre ellos, el que gira en torno al uso de la mentira con fines políticos. No de la mentira aislada, puntual, fruto de un apuro, de una debilidad. Sino de la mentira sistemática, orquestada, instrumental.