Ciudadanos acepta, al menos provisionalmente, que el parlamentario andaluz Luciano Alonso (PSOE), investigado por prevaricación en un caso de contrataciones públicas, continúe ocupando su escaño. Tres personas –dos de ellas hijos de ex alcaldes socialistas– fueron contratadas como directores de organismos públicos, sin que en realidad realizaran las tareas propias de esos cargos, según el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau. Consultado por infoLibre, el partido que lidera en Andalucía Juan Marín explica que ha solicitado al PSOE "la documentación del caso" antes de decidir si exige su dimisión o no.
La frontera está en si C's considera que se trata de un caso de "corrupción política". El pacto de investidura de PSOE y C's, firmado en junio de 2015, establece este compromiso: "Separar de inmediato a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política".
La definición es suficientemente amplia como para que Ciudadanos module su tono según las circunstancias. Por ejemplo, el partido naranja fue muy beligerante para conseguir las dimisiones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán como diputado y senador, que finalmente se produjeron y Albert Rivera y Juan Marín siempre exhiben como trofeos. Pero aguantó sin pedir el cese del actual consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, por un caso de prevaricación cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla. Arellano finalmente fue absuelto. C's invoca ahora este caso para avalar su posición de no exigir de inmediato el cese de Alonso, que defiende su inocencia.
La investigación se encuentra en una fase de procedimiento abreviado, previa a la posible apertura de juicio oral, momento procesal donde el código ético del PSOE sitúa la obligación de dimitir. El PSOE prefirió este jueves esperar a tener más información para emitir una valoración sobre el caso. Alonso, por su parte, ha anunciado a través de su defensa que recurrirá el auto al discrepar de la interpretación de la normativa que hace Pasquau.
Un cargo, otras tareas
El magistrado del TSJA, en un auto firmado el martes, acuerda continuar la causa contra Alonso por prevaricación y cuestiona tres nombramientos realizados cuando era consejero de Cultura: el de un director del Centro Andaluz del Flamenco y el de dos directores de la Filmoteca de Andalucía. Según el auto, estas tres personas nombradas por Alonso en realidad no realizaban las tareas de dirección que debían realizar, sino otras diferentes.
Por ejemplo, Luis Guerrero fue designado director del Centro Andaluz del Flamenco, con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), y ocupó el cargo entre agosto de 2012 y junio de 2015, pero en realidad le fue encomendada "una tarea completamente ajena, [...] el impulso de determinadas actividades culturales en Málaga", según el auto. Luis Guerrero era "persona de confianza" de Alonso y, hasta su nombramiento como director del Centro Andaluz del Flamenco, "personal eventual del Grupo Socialista de la Diputación de Málaga", según el auto.
"Asesoramiento de confianza"
El juez también apunta a dos nombramientos de directores de la Filmoteca de Andalucía, el de Alejandro J. Cárdenas (septiembre-diciembre de 2013) y el de María Centeno (diciembre de 2013-junio de 2015), hijos de la ex alcaldesa de Jaén y del ex alcalde de Genalguacil (Málaga), respectivamente.
El ex consejero andaluz acusado de prevaricación se escuda en los técnicos
Según el auto, el nombramiento de Cárdenas pretendía en realidad "aumentar la nómina de personal eventual para asesoramiento de confianza" en la consejería que dirigía Alonso. En cuanto a Centeno, tampoco ejerció realmente como directora de la Filmoteca de Andalucía, sino que se dedicó a la "preparación del anteproyecto de Ley Andaluza del Cine" y "al asesoramiento de la viceconsejera de Cultura". Según Pasquau, esta forma de realizar nombramientos "puede constituir un deliberado torcimiento de la normativa". El auto descarta que haya malversación, porque de ello el dinero destinado sirvió para pagar trabajos efectivamente realizados en el ámbito de lo público.
Con el pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos en la mano, es interpretable si debe producirse la dimisión de Alonso. En cambio, el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy no hubiera abarcado este caso, al no haberse producido –según Pasquau– un enriquecimiento ilícito ni una financiación ilegal de partido. C's Andalucía asegura que, a la hora de hacer su valoración del caso, tendrá como referente su pacto con el PSOE en la comunidad.
El PP no solicita la dimisión de Luciano Alonso como parlamentario, algo que iría en contra de la lógica al quedar casos como éste excluidos de su reciente pacto con C's. El PP andaluz, que afirma no conocer en detalle el caso, se remitió este jueves a unas declaraciones de Carlos Rojas, portavoz adjunto en el Congreso, en las que exige a Pedro Sánchez que se pronuncie sobre lo que considera una "red clientelar" en Andalucía.
Ciudadanos acepta, al menos provisionalmente, que el parlamentario andaluz Luciano Alonso (PSOE), investigado por prevaricación en un caso de contrataciones públicas, continúe ocupando su escaño. Tres personas –dos de ellas hijos de ex alcaldes socialistas– fueron contratadas como directores de organismos públicos, sin que en realidad realizaran las tareas propias de esos cargos, según el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau. Consultado por infoLibre, el partido que lidera en Andalucía Juan Marín explica que ha solicitado al PSOE "la documentación del caso" antes de decidir si exige su dimisión o no.