Las ocultaciones de Magrudis a las autoridades sanitarias han alcanzado ya el perímetro del posible delito. Cuarenta días después de la alerta sanitaria por el brote de listeriosis, el 15 de agosto, la Guardia Civil cae sobre la empresa responsable, Magrudis, fabricante de la carne mechada La Mechá, cuyo consumo ha costado más de 200 casos de infección, tres fallecimientos y al menos siete abortos, dañando además la reputación de la industria agroalimentaria andaluza. Hay cinco detenidos, entre ellos el gerente y administrador en la sombra de la empresa, así como dos hijos suyos. Los arrestos se producen después de que la juez instructora haya recibido un informe de un laboratorio privado que indica que Magrudis conocía desde febrero que había listeria en sus instalaciones, pese a lo cual continuó fabricando y comercializando carne mechada. El positivo tuvo lugar seis meses antes de la alerta.
Los hechos se precipitaron este miércoles. Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), dependiente del Seprona, registraron los domicilios del gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y de un familiar, ambos en Dos Hermanas (Sevilla), y precintaron y registraron las naves de la empresa en el Polígono Industrial El Pino, en la capital andaluza, informaron fuentes judiciales.
Los investigadores, que actuaban bajo las órdenes de la juez de instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, pusieron bajo su custodia al menos a cinco personas: el gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, administrador de facto de la empresa; a dos de sus hijos, entre ellos a Sandro José Marín Rodríguez, que figura como administrador de la compañía de forma que su padre evita a los acreedores; y dos personas más vinculadas a la empresa, una de ellas también familiar de Marín Ponce. Los cinco fueron detenidos detenidos al término de los registros.
La juez, que ahora tendrá que tomarles declaración, investiga la posible comisión de delitos contra la salud pública y lesiones, según el auto de admisión a trámite de la querella presentada por Facua. Esta organización de consumidores, cuya querella impulsó la investigación penal, alerta de que a los responsables de Magrudis les ha dado tiempo a "destruir pruebas trascendentales".
Un informe inculpatorio
Hay un hecho clave en la investigación. El juzgado de instrucción 10 de Sevilla recibió el 10 de septiembre un informe del grupo Laboratorios Microal que refleja que Magrudis sabe desde febrero que su carne estaba infectada. Concretamente, Magrudis envió dos muestras de carne a Microal el 18 de febrero y cuatro días más tarde recibió los resultados de las pruebas, que dieron positivo en un caso y negativo en el otro. Magrudis trabajaba no sólo con Microal. También lo hacía con el laboratorio Biocontrol. La empresa productora de La Mechá no informó ni al Ayuntamiento de Sevilla ni a la Consejería de Salud y Familias de los resultados de los análisis realizados por Microal. La gestión de ambas administraciones, así como los protocolos de autocontrol existentes, están en cuestión por su falta de efectividad en el caso de Magrudis.
No es el único engaño en que ha incurrido Magrudis. También ocultó que fabricaba carne mechada para la empresa Comercial Martínez de León. A ello se suma que ha trabajado sin los permisos en regla. El Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía su sospecha de que Magrudis tiene una segunda fábrica que no reconoce.
Un "engaño" a la Junta
El Gobierno andaluz (PP-Cs), que al inicio de la crisis en agosto declaró su confianza en la respuesta de la empresa ante la crisis, alabó su "magnífica labor" de colaboración con la Junta e incluso atribuyó el caso a la "mala suerte", afirmó este miércoles, tras conocerse los registros, que fue objeto de un "engaño" por parte de Magrudis.
"Magrudis dio la apariencia de colaborar cuando lo que ha hecho es un engaño a todos. A los andaluces en general y al Gobierno andaluz en particular", afirmó este miércoles el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP), que anunció que, además de haberse personado como acusación en el caso, ahora presentará una nueva querella contra la empresa sevillana. Esta querella, de la que no ofreció detalle, se produce cuando la instrucción ya está abierta y hay arrestados. Está por ver qué aporta al esclarecimiento penal de los hechos.
Bendodo avanzó que la alerta sanitaria no se levantará al menos hasta finales de octubre, si bien señaló que sólo quedan ya 12 pacientes hospitalizados, y que en los últimos diez días ha habido un único caso de infección.
Las otras dos empresas en las que se ha encontrado listeria, Sabores de Paterna e Incarybe, han recuperado ya el permiso de fabricación. Todo el foco de la investigación está en Magrudis, una empresa de la que el consejero Jesús Aguirre (PP), llegó a elogiar su "magnífica labor" de colaboración una vez detectado el brote, unas palabras que la oposición le sigue recordando. El PSOE y Adelante Andalucía volvieron a pedir este miércoles el cese o la dimisión de Aguirre.
Facua mira al ayuntamiento
Rubén Sánchez, portavoz de Facua, la organización de consumidores querellante en este caso, afirmó que el retraso en los registros ha dado a los responsables de Magrudis la posibilidad "destruir muchas pruebas trascendentes". Sánchez recordó que Facua ha solicitado la inmovilización de los activos del gerente y el administrador legal de Magrudis, medida que ahora podría ser necesario extender al resto de detenidos. También afirmó que será fundamental para la causa la declaración tanto de los detenidos como de los trabajadores de la empresa, sobre cuyo número exacto hay dudas.
El portavoz de Facua recordó que el informe el laboratorio que remitió el informe al juzgado "no tenía la obligación legal de hacerlo". "Eso es algo que hay que corregir", dijo Sánchez, que apuntó directamente al Ayuntamiento de Sevilla, responsable de las inspecciones. "Tienen muchas explicaciones que dar", añadió.
La juez manda a prisión al gerente y al administrador de Magrudis y revela la presencia de la bacteria desde diciembre
Una crisis histórica
Las dimensiones de la crisis alimentaria y sanitaria en Andalucía está en la empresa sevillana Magrudis, en su carne La Mechá, en la colosal concentración de listeria en su producto, que superaba 150 veces el límite permitido, en el volumen de producción afectada. No ha habido jamás en España un brote de listeria semejante al originado en la empresa de José Antonio Marín, conocido por una inconsistente trayectoria empresarial que incluyó poner a su hijo como testaferro de la empresa tras dejar tres empresas con deudas.
Solo existen precedentes comparables en un brote en Estados Unidos en 2011 que causó 147 pacientes infectados, de los que fallecieron el 22%; y otro en Sudáfrica en 2017-2018, que causó 1.060 casos y la mortalidad fue del 27%, según los datos de la Junta.
Las ocultaciones de Magrudis a las autoridades sanitarias han alcanzado ya el perímetro del posible delito. Cuarenta días después de la alerta sanitaria por el brote de listeriosis, el 15 de agosto, la Guardia Civil cae sobre la empresa responsable, Magrudis, fabricante de la carne mechada La Mechá, cuyo consumo ha costado más de 200 casos de infección, tres fallecimientos y al menos siete abortos, dañando además la reputación de la industria agroalimentaria andaluza. Hay cinco detenidos, entre ellos el gerente y administrador en la sombra de la empresa, así como dos hijos suyos. Los arrestos se producen después de que la juez instructora haya recibido un informe de un laboratorio privado que indica que Magrudis conocía desde febrero que había listeria en sus instalaciones, pese a lo cual continuó fabricando y comercializando carne mechada. El positivo tuvo lugar seis meses antes de la alerta.