La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, enviaron el 29 de abril de 2014 una carta en la que reclamaban a la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Martínez Pina, que no sancionara a la auditora Deloitte, que no alertó del agujero de Bankia.
La entidad financiera que nació de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades financieras menores ha necesitado 22.424 millones de euros de dinero público para evitar su quiebra. Además, uno de sus bancos participados, el Banco de Valencia, ha protagonizado otro rescate de 17.000 millones. Sin embargo el auditor de Deloitte en Bankia, Francisco Celma, no alertó de ningún problema en Bankia hasta que en mayo de 2012, por sorpresa, se negó a avalar las cuentas de Rodrigo Rato, que pocos días se vio obligado a dimitir.
Sin embargo, la presidenta del ICAC, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, no hizo caso a la petición de Elvira Rodríguez y Fernando Restoy, y sancionó a Deloitte con una multa 12 millones de euros por las irregularidades cometidas en la salida a bolsa. Deloitte ha recurrido la sanción, por lo que todavía no es firme, según ha explicado la empresa este lunes al juez Fernando Andreu, que es el encargado de instruir el caso Bankia en la Audiencia Nacional.
Ausencia del gobernador
En el documento que Deloitte ha aportado al sumario del caso Bankia, Elvira Rodríguez y Fernando Restoy, que firma la misiva "por ausencia del gobernador del Banco de España", aseguran que los trabajos realizados por Deloitte como consultora en la salida a bolsa de Bankia, trabajos al margen de su labor de control de la entidad financiera, se llevaron a cabo a petición de la CNMV y del Banco de España.
De esta forma, Rodríguez y Restoy tratan de eliminar la contradicción por la que fue sancionada, ya que mientras controlaba las cuentas de Bankia como auditora, Deloitte se hizo con importantes contratos vinculados a la salida a bolsa, como si de una simple consultora se tratara.
No obstante, en la carta los firmantes reconocen la posible existencia de "dudas" sobre si la ejecución de esos trabajos "colisiona" con la normativa sobre la independencia del auditor, aunque acaban concluyendo todo lo contrario: "Pensamos que el ICAC podría tener en cuenta la argumentación anterior, de manera que se entendiese razonable que la aceptación de encargos en el contexto antes indicado, con las cautelas que en su caso se considerasen necesarias, no son susceptibles de suponer un incumplimiento de las normas de independencia de los auditores".
Siguiendo instrucciones
El contenido de estas dos cartas, que no convencieron a la presidenta del ICAC para paralizar la sanción a Deloitte, ha servido para que el auditor de Bankia, Francisco Celma, argumentara en su declaración de este lunes como imputado que en todo momento actuó siguiendo instrucciones de la CNMV y del Banco de España.
Según ha destacado el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, "han aportado dos cartas, de mayo de 2013 y abril de 2014, en las que demuestran que sus trabajos de auditoría y consultoría se realizaron a requerimiento de los organismos supervisores".
El magistrado, que investiga la fusión y salida a bolsa de la entidad en julio de 2011, ha tomado declaración en calidad de investigados al propio Celma y al representante legal de la auditora. Ambos han declarado por espacio de cuatro horas y han contestado a las preguntas formuladas por el juez, el fiscal anticorrupción y las acusaciones populares.
"Un fraude"
La CIC solicitó esta diligencia después de que los peritos judiciales ratificaran que la operación de salida a Bolsa fue un "fraude" y al entender que la compañía auditora y su socio son "directamente" responsables de que cientos de miles de inversores concurrieran a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) sobre la base de unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, a pesar de que tenían información más que suficiente para saber que los estados financieros aprobados y publicitados contenían "importantes errores contables".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ya tomó declaración a Celma en febrero de 2013 como testigo, una condición que le obligaba a decir verdad y le privaba de estar acompañado de su abogado de confianza.
Precisamente, las acusaciones de la Confederación Intersindical de Crédito (ICI) y el movimiento 15MpaRato han solicitado al juez Andreu que cite a declarar como imputado a Fernando Restoy, que es uno de los firmantes de la carta exculpatoria de Deloitte, y al exgobernador de Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Andreu tendrá que decidir en los próximos días si les llama a declarar como investigados o como testigos.
A las órdenes de Rato
Por su parte Elvira Rodríguez, que fue ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de José María Aznar, también coincidió en el Ejecutivo con uno de los principales imputados del caso Bankia, ya que en 1996 fue nombrada directora general de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda a las órdenes de Rodrigo Rato.
Pero esta no es la única ocasión en la que la CNMV realiza documentos susceptibles de exculpar a los investigados en la Audiencia Nacional. El 29 de mayo de 2014, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fue obligado a archivar la investigación por un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas en relación con las acciones del Banco de Valencia, según adelantó infoLibre.
En concreto, fue la dirección general de este organismo, presidido por Elvira Rodríguez, la que acordó el cierre del expediente abierto por la manipulación de las acciones el 31 de julio de 2013, "pues no encontró indicios suficientes para sustentar esa denuncia por manipulación de precios que podrían haber realizado la autocartera del Banco de Valencia o terceros que adquirieron acciones del banco mediante financiación otorgada" por la propia entidad financiera valenciana.
De esta forma, la CNMV contradecía al Banco de España, que en un informe había alertado de la intervención presuntamente irregular de los directivos de Banco de Valencia con la intención de mantener la acción a precios "muy superiores a los que hubiera tenido sin su actuación".
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Cuatro años de instrucción
El caso Bankia se inició tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo 15MpaRato y UPyD -que se ha retirado del caso-, y los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.
En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del consejo de administración, así como a Bankia y Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, enviaron el 29 de abril de 2014 una carta en la que reclamaban a la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Martínez Pina, que no sancionara a la auditora Deloitte, que no alertó del agujero de Bankia.