En ausencia de una explicación detallada, que Pablo Casado no ha compartido desde que asumió la presidencia del Partido Popular hace más de tres años, la propuesta del principal partido de la derecha para regular el mercado laboral pasa por mantener la reforma que su formación impuso unilateralmente en 2012. Una reforma que se propone llevar aún más lejos en materia de desregulación de las contrataciones y de facilitación de los despidos, los dos mimbres con los que la derecha en general —conservadores y liberales— y la patronal en particular sostienen que es posible crear más y mejor empleo.
Desde que se hizo con las riendas del PP, Casado no ha compartido detalles de sus planes en esta materia, aunque sí ha ido dando pinceladas al hilo de su defensa cerrada de la reforma laboral de Mariano Rajoy. La misma que redujo la indemnización por despido improcedente de 45 días por año de trabajo con un límite máximo de 42 mensualidades a 33 días por año de trabajo y un límite de 24 mensualidades, permitió el despido por enfermedad y redujo los efectos de la negociación colectiva que favorecían la consolidación de derechos de los trabajadores.
El rechazo del PP a los planes del Gobierno para modificar la reforma laboral implica que el principal partido de la oposición se opone también a limitar la temporalidad de los puestos de trabajo que por su naturaleza deberían ser fijos, así como a acotar las subcontrataciones que fomentan la precariedad laboral.
Mantener la reforma laboral vigente “es muy importante”, defiende Casado, porque según él fue “clave para crear tres millones de empleos” e hizo posible el mecanismos de los Expedientes de Regulación temporal de Empleo (ERTE) que ha permitido que durante la crisis de la pandemia no se destruyeran “tantos empleos” y que los trabajadores pudiesen “seguir vinculados a sus empresas”.
El líder del PP sostiene que su plan —mantener la reforma y profundizar en su flexibilización, que es como la derecha llama a la desregulación del mercado laboral para facilitar los despidos e incrementar el margen de decisión de los empresarios en relación con las condiciones de trabajo— es el de la Comisión Europea. La UE “deja muy claro que las modificaciones de las leyes laborales se tiene que hacer de acuerdo con los empresarios y dirigidas a una flexibilidad del mercado de trabajo para crear empleo y que no se destruya”, declaró esta misma semana.
Pero en realidad la Unión Europea nunca ha dictado normas concretas. Y en su respuesta a las iniciativas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Bruselas dejó claro que de momento ve con buenos ojos los planes del Gobierno con el mercado de trabajo. “El plan representa una respuesta equilibrada a la situación económica y social de España”, rezaba la valoración. “Contiene medidas destinadas a mejorar el empleo juvenil y a reducir aún más la tasa de abandono escolar prematuro. También propone una simplificación de los contratos para reducir el abuso de la contratación temporal”.
La enorme proporción de contratos temporales que tiene el mercado laboral español así como la elevada tasa de desempleo juvenil son dos problemas que los dirigentes del PP señalan con frecuencia en sus intervenciones públicas, pero sin entrar en el terreno de las propuestas concretas. Todo lo más, han recordado que durante el mandato de Rajoy se aprobó una “estrategia” de emprendimiento y empleo joven, dotada de 3.500 millones de euros, basada en la educación, el fomento del emprendimiento, la mejora de la intermediación y los estímulos a la contratación.
“Flexibilidad y seguridad”
En cuanto a la flexibilidad, Bruselas se ha limitado a pedir “un enfoque global que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo”. El PP habla de flexibilidad, pero no de seguridad.
La principal referencia concreta de Casado a sus planes para el mercado laboral, más allá de mantener y reforzar el modelo actual, es la llamada “mochila austríaca”. Se trata de un modelo de flexibilidad laboral en la que el líder del PP ha depositado toda su esperanza porque, segun él, “redunda positivamente en el sistema público de prestaciones de desempleo y de pensiones”.
Casado lo quiere poner en marcha con los fondos europeos de recuperaciónfondos y calcula incluso que necesitará 10.000 millones de euros para hacerlo realidad.
La mochila austríaca es un modelo laboral ideado para cumplir tres objetivos: reducir a las empresas el coste del despido, incentivar la movilidad de los trabajadores y reducir la dependencia pública del sistema de pensiones.
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Casado sostiene que mantener la facilitación de los despidos y la desregulación de las normas de contratación para incrementar la libertad de acción de los empresarios —las medidas puestas en marcha por Rajoy— “es absolutamente esencial”. Y, asegura que, aunque no esté escrito en ningún sitio, es uno de los condicionantes que ha puesto Europa para entregar los fondos de reconstrucción a España: “Las reformas laborales se tienen que hacer de acuerdo con el diálogo social”, defiende. Exactamente lo contrario que hizo el PP en 2012 cuando aprobó unilateralmente la normativa laboral actual con el respaldo de CiU y el aplauso de los empresarios y del propio Casado, que entonces ya era diputado en el Congreso.
Si algo hay que modificar, defiende el líder del PP, debe ser en la misma dirección. Los cambios “tienen que ir dirigidos a una flexibilización del mercado de trabajo para que se pueda crear empleo y que no se destruya. Esa flexibilidad es lo contrario que está haciendo el Gobierno, subiendo los costes de contratación sin ningún tipo de consenso”, como ha hecho con el Salario Mínimo Interprofesional.
¿Más medidas en el terreno laboral? Casado incluye en ese capítulo “la tarifa plana que otorga flexibilidad laboral a los autónomos” y “una ley de segunda oportunidad para empresas con malos resultados”. Sin olvidar una “modificación de la regulación del teletrabajo para que la conciliación se acompase también con que la economía productiva pueda seguir adelante”, propuso el lunes en la asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar.
En ausencia de una explicación detallada, que Pablo Casado no ha compartido desde que asumió la presidencia del Partido Popular hace más de tres años, la propuesta del principal partido de la derecha para regular el mercado laboral pasa por mantener la reforma que su formación impuso unilateralmente en 2012. Una reforma que se propone llevar aún más lejos en materia de desregulación de las contrataciones y de facilitación de los despidos, los dos mimbres con los que la derecha en general —conservadores y liberales— y la patronal en particular sostienen que es posible crear más y mejor empleo.