La Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el archivo de su querella contra el proyecto Castor por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Lo han hecho pocos meses después de que la Audiencia Nacional decidiera archivar el caso al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal.
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"Consideramos que en ámbitos como la corrupción, el concepto de tutela judicial debe ser especialmente amplio dada la complejidad de las investigaciones", han explicado a través de una nota de prensa hecha pública este martes. "Un agujero como el que ha dejado el proyecto Castor es un indicio suficiente de que ha habido un problema, como mínimo, de mala praxis de la administración y que esto debe ser investigado. En ningún caso se puede considerar una simple fatalidad", han criticado.
Consideran, además, que el caso debería ser investigado de oficio dada la gravedad de los hechos. "La interacción entre poder político y poder económico ha dado como resultado una deuda de 1.350.730.000 euros más intereses para la ciudadanía y una empresa beneficiada con sumas importantísimas y sin concurso público, que además ha desarrollado la obra con importantes sobrecostes", han añadido.
La querella se dirigía contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y José Manuel Soria, así como el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS S.L. (quien tenía la concesión del almacén de gas); el presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L., Recaredo del Potro; y el exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo Ignasi Nieto.
La Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el archivo de su querella contra el proyecto Castor por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Lo han hecho pocos meses después de que la Audiencia Nacional decidiera archivar el caso al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal.