El caso Magnitsky, que ha propiciado la apertura de investigaciones en más de media docena de países, llega a los tribunales españoles. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado este martes ante la Audiencia Nacional a un alto cargo cercano al presidente ruso, Vladímir Putin, así como a su supuesta suegra y otras sesenta personas por su presunta participación en la operación de blanqueo de doscientos millones de euros sustraídos a la Hacienda Pública rusa a través de un fraude a gran escala del que se benefició la conocida como organización Klyuev, uno de los principales grupos criminales del país. El Ministerio Público –en un escrito que firman los fiscales Juan José Rosa y José Grinda– pone de relieve que 35,13 millones de euros procedentes supuestamente de este fraude masivo terminaron aflorando en diferentes entidades financieras españolas después de circular por una compleja estructura de bancos y sociedades distribuidas por medio mundo, algunas de ellas ubicadas en jurisdicciones opacas. A ojos del Ministerio Público, que ha solicitado que se declare la complejidad de la causa, los hechos son constitutivos de un delito de organización criminal y otro de blanqueo continuado de capitales.
Para entender el complejísimo caso es necesario remontarse más de una década. En el año 2006, tres empresas dependientes del Fondo Hermitage, gestionado por la compañía de inversión especializada en mercados rusos Hermitage Capital Management Limited, realizaron un pago de 203 millones de euros al Estado ruso. Un año después, y al ver que el dinero no regresaba, la compañía fundada por el estadounidense Bill Browder decidió contratar a un abogado fiscalista ruso para investigar el destino de esos fondos. El empresario estadounidense es una de las piezas clave en este enorme rompecabezas internacional. Aunque en sus comienzos no dudó en brindar su apoyo a Putin, las relaciones de Browder con el Estado ruso empezaron a deteriorarse a raíz de las múltiples manifestaciones del empresario denunciando las prácticas corruptas de funcionarios rusos. En 2005, fue expulsado de Rusia y las autoridades del país dieron el pistoletazo de salida a una campaña de registros e incautaciones de documentación en la sede de Hermitage Capital Management y sus firmas asociadas.
El letrado fichado por Browder para seguir el rastro de los 203 millones desaparecidos fue el experto fiscalista ruso Sergei Magnitsky. En su investigación, el abogado descubrió que la organización Klyuev se había hecho con los fondos a través de un mecanismo de apropiación en tres fases. En primer lugar, la policía rusa habría intervenido fraudulentamente escrituras de tres filiales del Fondo Hermitage. Con esos documentos, se dio el segundo paso: robar la identidad empresarial del fondo asumiendo terceras personas no autorizadas su representación legal. Una vez atados estos dos cabos, la organización criminal utilizó las compañías para obtener el fraudulento reembolso de 203 millones de euros que, en realidad, correspondían a Hermitage en concepto de devolución tributaria. Con el dinero en sus manos, la organización encabezada por Dmitri Klyuev, de la que también formarían parte criminales, banqueros, abogados y funcionarios rusos, inició el proceso de lavado a través de una compleja estructura internacional de entidades financieras y empresas que, en algunos casos, se situaban en jurisdicciones offshore.
Tras todas estas indagaciones, Magnitsky participó en la redacción de las denuncias penales que la firma de inversión interpuso en diciembre de 2007. El contable fue interrogado por las autoridades rusas y, en noviembre de 2008, fue detenido e ingresó en prisión preventiva en la cárcel de Butyrka. Un año después, y tras reiteradas acusaciones de torturas y malos tratos, Magnitsky murió en el centro penitenciario. A raíz de las denuncias presentadas, la justicia rusa condenó por el fraude masivo a un par de supuestos miembros de bajo rango de la organización criminal. El caso terminó tensando las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Las autoridades estadounidenses bloquearon los visados y bienes en ese país de varios implicados en el fraude. La justicia rusa, por su parte, declaró culpable post mortem al abogado y condenó en ausencia a Browder a nueve años de prisión por evasión de impuestos. Este mismo martes, tras conocerse la denuncia presentada por Anticorrupción a raíz de las informaciones facilitadas por el empresario, Rusia volvió a solicitar a Interpol la detención del fundador de Hermitage.
De Rusia a países vecinos
El caso Magnitsky se ha llevado a los parlamentos holandés, canadiense, italiano, sueco, polaco o español, que aprobó en 2012 una proposición no de ley en apoyo a las iniciativas europeas que reclamaban responsabilidades judiciales por la muerte del abogado ruso. El asunto también ha sido ampliamente debatido en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Esta última organización internacional aprobó en enero de 2014 su informe Refusing impunity for the killers of Sergei Magnitsky, un escrito en el que se recomendaba a los Estados miembro la búsqueda de fórmulas para “mejorar la cooperación internacional en la investigación sobre el ‘rastro del dinero’ de los reembolsos de impuestos fraudulentos denunciados [por el letrado]” y para conseguir que la Federación de Rusia “participe plenamente en estos esfuerzos y se responsabilice de los autores y beneficiarios del crimen cometido contra Magnitsky”.
Las pesquisas llevadas en relación con el fraude masivo han permitido conocer que los 203 millones sustraídos fueron transferidos a las cuentas de tres ciudadanos –Victor Markelov, Valery Kurochkin y Vyacheslav Khlebnikov– en las entidades rusas Intercommerz Bank y Universal Savings Bank, esta última propiedad del supuesto líder de la organización criminal, Dimitri Klyuev. A partir de ese momento, los fondos comenzaron a moverse por cuentas de casi una decena de bancos rusos. Posteriormente, según las investigaciones que se han llevado a cabo, los productos del fraude se fueron enviando a las cuentas de otras empresas en bancos de diferentes jurisdicciones con estrechas relaciones con Rusia: Moldavia, Ucrania, Letonia, Estonia o Lituania. De ahí, se fueron transfiriendo a cuentas corrientes suizas conectadas con algunos funcionarios de la Hacienda rusa. A día de hoy, los delitos de blanqueo de capitales relacionados con el denominado caso Magnitsky se están investigando en varias jurisdicciones a las que han llegado parte de esos fondos ilícitos, entre ellas EEUU, Francia, Suiza, Chipre, Lituania, Letonia y Estonia.
Además, diferentes investigaciones periodísticas han puesto de relieve que más de 700 millones de euros del Tesoro ruso fueron entregados entre 2006 y 2010 a la organización Klyuev con el pretexto de devoluciones de impuestos. En relación con el caso Magnitsky, los periodistas que investigaban los Papeles de Panamá descubrieron que parte de los fondos sustraídos fueron blanqueados por empresas vinculadas a Sergei Roldugin, violonchelista y amigo íntimo del presidente ruso.
La conexión española en la Costa Brava
En España, la denuncia de Anticorrupción ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. En sus pesquisas, el Ministerio Público ha detectado tres grandes tandas de transferencias monetarias hacia suelo español sobre las que pone la lupa. La primera remesa de dinero llegó a España procedente de una cuenta corriente de la empresa Eviac Holding Ltd. –radicada en Belice– en el banco lituano Ukio Bankas. Días después de que llegaran a esa cuenta 3,5 millones de euros procedentes, según los fiscales, de los fondos sustraídos por la trama delictiva, la sociedad transfirió en la primera quincena de febrero de 2008 134.543 euros a cinco cuentas bancarias españolas. La transferencia más elevada, de 72.120 euros, fue a parar a la cuenta de Caja Madrid de la sociedad Ilumianation SL. Los otros cuatro envíos fueron: 28.694 euros a la cuenta del Banco Santander de la sociedad Solga Diamant Internacional SL, 6.660 euros a la cuenta de Bankinter de Artesanía Latina SA, 19.387 euros a la cuenta del Santander de Salvilamp SL y 4.700 euros a la cuenta en Banco Valencia de la firma Iluminación Rajoma SL.
El juez Moreno abre la causa por el blanqueo en España del dinero ruso del 'caso Magnitsky', una trama vinculada a Putin
A esta primera tanda de transferencias, Anticorrupción añade otros tres conjuntos de operaciones de 35 millones de euros procedentes del fraude en suelo ruso. La primera remesa, por valor de 16.832.290 euros, corresponde a “pagos realizados para la compra de activos inmobiliarios y otros bienes” por la “Red Internacional Organizada de Blanqueo de Capitales de Klyuev”. Esta cantidad fue enviada a España desde quince cuentas bancarias de Estonia en las que previamente se habían ingresado fondos, procedentes de la cuenta del Tesoro ruso, utilizando entidades financieras de varios países. En relación con estos quince envíos, el Ministerio Público Anticorrupción sostiene que “existen varios indicios de que son operaciones de blanqueo de capitales”. Así, señala que “las empresas propietarias” de todas esas cuentas “no tienen actividad económica” y asevera que “el patrón de actividad no muestra objeto comercial alguno” y “el patrón de transacciones muestra una coordinación de las transacciones entrantes y salientes”.
Además de estas transferencias, Anticorrupción también pone la lupa en el envío de 5,45 millones de euros a dos cuentas del Banco Sabadell de ciudadanos rusos y en más de una veintena de transferencias por valor de 12,72 millones de euros que llegaron entre abril de 2008 y octubre de 2009 a la cuenta en Caixa Girona de una octogenaria llamada Anna Kurepina. Esa suma recaló en España procedente de una cuenta en Ukio Bankas de la sociedad Delco Networks SA, con sede en Islas Vírgenes Británicas. Kurepina, tal y como sostienen los fiscales, podría haber recibido también otros 400.000 euros de una segunda sociedad radicada en Panamá –Dino Capital SA–, aunque este detalle no lo incluyen por el momento en el balance total. Anticorrupción explica que esas transferencias se realizaron en concepto de préstamo y señala que “no se han constatado pagos” de la mujer “como consecuencia de dichos préstamos”. El Ministerio Público, además, especifica que ambas sociedades las administra el mayor banco ruso de inversiones, Troika Dialog.
Según una investigación coordinada por el Organised Crime and Corruption Reporting Project y publicada en España por El Periódico, Kurepina compró en 2008 varias parcelas de terreno –más de 6.000 metros cuadrados en total– con dos lujosas villas en S’Agaró Vell, una exclusiva urbanización de Castell-Platja d’Aro, en la Costa Brava, por unos 10 millones de euros. Seis años más tarde, la mujer rusa vendió por la misma cantidad los terrenos a Dmitri Artyakov, hijo del exgobernador ruso en la región de Samara y vicepresidente de la gran empresa rusa de armamento Rostec, Vladímir Artyakov. Según la investigación, Kurepina podría ser la suegra del alto cargo ruso. Tanto la ciudadana rusa como el hombre del entorno de la máxima confianza del presidente Vladímir Putin están incluidos en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Junto a ellos, otras 60 personas que habrían participado en el lavado de los 203 millones de euros del caso Magnitsky.
El caso Magnitsky, que ha propiciado la apertura de investigaciones en más de media docena de países, llega a los tribunales españoles. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado este martes ante la Audiencia Nacional a un alto cargo cercano al presidente ruso, Vladímir Putin, así como a su supuesta suegra y otras sesenta personas por su presunta participación en la operación de blanqueo de doscientos millones de euros sustraídos a la Hacienda Pública rusa a través de un fraude a gran escala del que se benefició la conocida como organización Klyuev, uno de los principales grupos criminales del país. El Ministerio Público –en un escrito que firman los fiscales Juan José Rosa y José Grinda– pone de relieve que 35,13 millones de euros procedentes supuestamente de este fraude masivo terminaron aflorando en diferentes entidades financieras españolas después de circular por una compleja estructura de bancos y sociedades distribuidas por medio mundo, algunas de ellas ubicadas en jurisdicciones opacas. A ojos del Ministerio Público, que ha solicitado que se declare la complejidad de la causa, los hechos son constitutivos de un delito de organización criminal y otro de blanqueo continuado de capitales.