La ausencia total de normas que regulen cómo deben actuar los tribunales durante el periodo electoral en casos que afecten a partidos políticos acaba de mostrar el riesgo de que las decisiones de jueces interfieran en las campañas. Lo sucedido inmediatamente antes y después del 28M en dos casos que mantienen contra las cuerdas a sendas formaciones de izquierdas –el PSOE andaluz y la valenciana Compromís– se erigen ahora en puntal de un debate hasta ahora soterrado: el del papel que el poder judicial juega o puede jugar, voluntaria o involuntariamente, en los procesos de competición del poder político.
En Valencia no se conoció hasta este miércoles un auto datado el 1 de junio –dos días después de los comicios autonómicos y municipales– que destapa cómo un informe policial firmado tres semanas antes ha ratificado la versión de Mónica Oltra, expresidenta de la Generalitat Valenciana y figura clave de Compromís hasta su imputación como supuesta encubridora de los abusos a una menor por los que fue condenado su exmarido. Su gabinete, señala el informe, no trató el tema de los abusos hasta que la Fiscalía le comunicó la apertura de diligencias ni borró correos electrónicos. Fue una cofundadora de Vox, Cristina Seguí, ahora alojada en otras organizaciones de extrema derecha, quien planteó la querella contra Oltra. Seguí ejerce la acusación particular al igual España 2000, que se declara heredera del fascismo.
El informe llegó al juzgado el 16 de mayo. Hasta el 26 –viernes de cierre de campaña–, el fiscal no envió al magistrado un escrito donde se mostraba favorable al alzamiento del secreto. Y el juez no dictó hasta el 1 de junio el auto que mencionaba la existencia del informe policial. ¿Habría influido de algún modo en la batalla electoral que la resolución judicial se hubiese conocido antes del 28M? Nadie tiene datos ni estudios que permitan obtener una conclusión precisa. Pero, en susurros, los expertos consultados por infoLibre coinciden en que algo habría mejorado para Compromís, cuya derrota, como la de los socialistas valencianos, deja el futuro gobierno autonómico en manos del PP y Vox.
En Maracena (Granada) ocurrió justamente lo contrario que en el caso de Mónica Oltra. El juez que investiga el secuestro de una edil a manos del exnovio de la alcaldesa –socialista– pisó el acelerador y tres días antes de las elecciones emitió un auto donde anuncia que pedirá al Tribunal Superior (TSJA) la imputación del entonces número 3 del PSOE andaluz, Noel López, como supuesto inductor del rapto. En su escrito, el juez expone de forma extensa el relato del secuestrador, Pedro Gómez, quien había declarado que el día del secuestro esnifó “dos rayas” de cocaína que le había facilitado la alcaldesa de parte de Noel López. ¿Para qué? Para que se sintiera “envalentonado”, raptase a la exconcejala de Urbanismo y así, con el miedo a cuestas, se viese obligada a callar sobre un supuesto caso de corrupción urbanística que -siempre según su relato- involucra a la alcaldesa, Berta Linares; al ahora ya exsecretario de organización del PSOE andaluz, Noel López; y a otro cargo municipal socialista, Antonio García Leyva.
El juez emitió el auto el 25 de mayo sin esperar la llegada del informe forense que había solicitado sobre la presencia de drogas en el cuerpo del presunto secuestrador. Elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología, el informe no tardó apenas nada: lleva fecha del 29 de mayo, un día después de la jornada electoral. Y confirma que no había rastro de cocaína, lo que desmiente a Pedro Gómez. ¿Habría favorecido las menguadas expectativas electorales del PSOE tras el caso ERE que el auto saliera después de las elecciones y una vez tuviera el juez en su mesa el informe toxicológico? De nuevo, esa es la pregunta.
“Lo que debería regularse por ley es que no se omita nada que afecte a partidos durante las campañas electorales”, responde un juez de lo penal a quien infoLibre planteó lo que consta en los párrafos anteriores. ¿Y qué cabe hacer si un togado esgrime el colapso de su juzgado para aparcar cualquier decisión que afecte negativamente a un partido o actúa con gran diligencia y la adelanta si también ello opera en contra de una determinada formación política? El magistrado cuya opinión recabó este diario lo admite: no cabe hacer nada salvo que se regule en sentido contrario: que la judicatura hiberne "siempre" cualquier decisión sobre ese tipo de sumarios hasta que se hayan celebrado los comicios. Y eso -asegura otra fuente conectada al mundo jurídico- es lo que durante años ha venido haciendo el Tribunal Constitucional para evitar que ciertos asuntos “se usen como arma arrojadiza en campaña”. Pero en el país donde la publicación de sondeos políticos se prohíbe en los cinco días previos a la apertura de los colegios electorales, la hibernación es en todo caso una práctica estrictamente discrecional.
El informe forense desmiente al secuestrador que acusó a un dirigente del PSOE andaluz de darle cocaína
Nadie –admite la fuente judicial– puede culpar a un juez de dilatar la emisión de un auto en un país donde los papeles sepultan demasiadas veces las mesas de sus despachos. ¿Debe aceptarse entonces como irremediable que se conozca antes de las elecciones una resolución perjudicial para un determinado partido –por ejemplo, la de Maracena– y en cambio solo salga a la luz tras los comicios otra que beneficiaría a la formación política del investigado, como en el caso de Mónica Oltra? ¿Qué pasa si no trasciende hasta dos días después de las elecciones la sentencia absolutoria del expresidente de la Diputación de Valencia, antiguo dirigente socialista y ahora a bordo de una organización creada cuando su imputación por los contratos de altos cargos forzó su salida del partido?
Al político acusado, Jorge Rodríguez, y a otros 13 del banquillo se les atribuía prevaricación por el fichaje de directivos en empresas públicas que, según la Fiscalía, habían favorecido al PSPV y a Compromís. El juicio comenzó el 19 de septiembre y quedó visto para sentencia el 30 de noviembre. Pero el fallo absolutorio no fue firmado por la Audiencia de Valencia hasta el 30 de mayo. El domingo, Rodríguez revalidó su mayoría absoluta como alcalde de Ontinyent aunque perdió cinco concejales.
Este periódico no ha localizado ningún caso similar donde el potencial daño político de un acto muy lento o muy rápido haya recaído sobre el PP o Vox. Lo anterior no significa que no se haya producido algún episodio similar en su naturaleza a los arriba descritos. Pero solo han trascendido el de Maracena, el de Oltra y el del alcalde de Ontinyent.
La ausencia total de normas que regulen cómo deben actuar los tribunales durante el periodo electoral en casos que afecten a partidos políticos acaba de mostrar el riesgo de que las decisiones de jueces interfieran en las campañas. Lo sucedido inmediatamente antes y después del 28M en dos casos que mantienen contra las cuerdas a sendas formaciones de izquierdas –el PSOE andaluz y la valenciana Compromís– se erigen ahora en puntal de un debate hasta ahora soterrado: el del papel que el poder judicial juega o puede jugar, voluntaria o involuntariamente, en los procesos de competición del poder político.