"Algo le dije a esa persona mientras estábamos en el baño. Todavía no sé exactamente qué, que tenía tono o significado sexual". Son las palabras de Pablo Soto, exconcejal por Más Madrid, ante las acusaciones de acoso sexual que el martes se hicieron públicas desde su partido. "Sé que puedo ser un bocachancla y que a veces he hecho bromas sexuales a mi familia y a mis amigos cercanos. Sin embargo, no recuerdo ese episodio", zanjaba mediante un comunicado. La formación madrileña, no obstante, sí se expresó tajante: la versión de la víctima es contundente.
Más Madrid, confirman fuentes del partido, no cuenta con un protocolo específico que ofrezca respuesta al acoso sexual o por razón de sexo. El procedimiento que siguió la formación tras conocer el episodio consistió en tomar como referencia los protocolos existentes en "organismos de credibilidad", como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue "una línea bastante uniforme" respecto a otros protocolos de referencia. Con esta primera decisión, Más Madrid se inclina por contar con una "persona experta en estos asuntos" para evaluar el caso, en una "investigación confidencial" que consistió en "hablar con las partes y con los testigos". El resultado, un informe también confidencial, fue "contundente" y concedió "total credibilidad a la versión de la víctima". Este martes, tras el conocimiento de las conclusiones, la formación decidió pedir la dimisión inmediata del edil Pablo Soto, que ha renunciado este miércoles a su acta de concejal.
Aunque las mismas fuentes no descartan que el episodio sirva para trabajar sobre un protocolo propio y específico, de momento el partido no se ha puesto manos a la obra.
La Ley de Igualdad de 2007 define las conductas de acoso sexual y por razón de sexo e insta a las empresas a trabajar por su erradicación. Exige, de esta manera, promover condiciones de trabajo que eviten tales delitos y arbitrar procedimientos específicos para su prevención. La norma marca además la necesidad de contar con cauces para la denuncia y apela igualmente a la Administración General del Estado, que deberá tejer protocolos contra el acoso sexual mediante la negociación con la representación legal del personal.
A día de hoy, no existe un registro oficial de los protocolos de respuesta ante el acoso sexual, aunque son de obligado cumplimiento para todas las empresas. ¿También para los partidos? Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, explica a infoLibre que los partidos políticos, con sus trabajadores, "tienen que actuar como cualquier otra empresa". En ese sentido, si no cuentan con protocolos al menos deberán disponer de "medidas que contemplen cómo actuar en esos casos". Es verdad, añade la sindicalista, que existe "una cuestión un poco compleja que deberían recoger los propios protocolos" y que tiene que ver con el acoso que puede ejercer un cargo político contra un trabajador. Pero sí es cierto, confirma, que las formaciones deben contar con medidas o protocolos que pongan freno al problema.
El protocolo de Podemos
De las grandes candidaturas a nivel estatal, sólo Podemos cumple estrictamente con lo establecido. La formación morada cuenta desde principios de julio con un protocolo para la detección, prevención y erradicación del acoso sexual [consultar en este enlace], pero también contra todo tipo de violencia LGTBIfóbica.
El protocolo, de aplicación estatal, contempla dos cauces de denuncia. El primero es el llamado "cauce amistoso, informal y pedagógico", solamente disponible para las faltas catalogadas como leves, aunque las mismas podrán llevarse igualmente por el segundo cauce. Esta otra vía es la "formal". Antes de entrar de lleno en el procedimiento de investigación, la víctima o alguien de su entorno deberá denunciar por escrito el episodio de acoso al Comité de Igualdad del partido, que a su vez será el encargado de formar la Comisión Instructora, un órgano de carácter temporal que se constituirá para la instrucción del procedimiento y la elaboración de un informe.
El cauce informal esbozado por Podemos se caracteriza por "pretender ser especialmente rápido para evitar que el conflicto se agudice en el tiempo". Siguiendo el principio de confidencialidad, la Comisión Instructora se pondrá en contacto con la parte denunciada para ofrecerle información sobre la gravedad de sus actos y escuchar su versión de los hechos. El acusado contará con siete días para aportar pruebas o información oportuna. Posteriormente y en tres días naturales, la Comisión resolverá la situación y levantará acta confidencial sobre sus conclusiones, después de haber escuchado a todas las partes. En caso de no quedar conforme, los implicados podrán solicitar la apertura del proceso formal.
Siguiendo esta otra vía, la Comisión contactará con la persona denunciada, igual que en el procedimiento anterior, pero esta vez el acusado contará con un plazo de catorce días –con una prórroga máxima de siete días– para aportar las pruebas que considere oportunas. Tras la investigación, el organismo temporal dispondrá de tres días para exponer sus conclusiones.
Además, el Equipo de Recursos Humanos y Cuidados del partido podrá interponer medidas cautelares, como la evaluación de la persona afectada por parte de un psicólogo, la separación física de acusado y víctima o la asignación de un asesor externo que podrá actuar de "intermediando entre las partes".
A medio camino
En cuanto al PSOE, fuentes del partido remiten al Código Ético para indicar que "todo candidato o cargo público del PSOE, antes de acceder al ejercicio de cualquier responsabilidad, deberá firmar una declaración en la que afirme no haber incurrido en delito alguno ligado a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales". Respecto a los militantes, aquellos a los que se les abriera juicio oral por un delito relacionado con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales –acoso, abuso o violación– "serán suspendidos cautelarmente de militancia" y en caso de dictarse sentencia condenatoria "serán sancionados con la expulsión del partido". En abril de 2002, por otro lado, el Comité Federal del PSOE aprobó la puesta en marcha de su I Plan de Igualdad, que incluye menciones al acoso sexual en términos similares a los expresados en el Código Ético.
Ciudadanos, relatan fuentes oficiales, "cuenta en su página web con un canal ético que permite comunicar o denunciar algún delito, incumplimiento legal o de norma interna". El "canal ético" ofrece una opción de denuncia, donde se incluye la alternativa de reportar "una situación de acoso laboral, acoso sexual, sexista o de cualquier otro tipo". Sin embargo, elegir esta opción conlleva la siguiente respuesta: "Lo sentimos, el canal ético no es el instrumento adecuado en primera instancia, para este tipo de comunicaciones. Si eres empleado, debes dirigir tu comunicación a RR.HH".
Al explicarle esta situación, un portavoz de la formación naranja aclaró a este diario que el acoso sexual es considerado una "falta laboral muy grave" con consecuencias para quien lo comete. Para evitar tales conductas, el Gabinete de Cumplimiento "habilita un mecanismo de denuncia" que da pie a "un proceso de investigación por el cual se recaban las evidencias y testigos pertinentes", siempre "garantizando la indemnidad, la confidencialidad y el derecho a la presunción de inocencia". Posteriormente, indican las mismas fuentes, "se elabora un informe final con las conclusiones y se hace un pronunciamiento sobre la procedencia de abrir o no un expediente disciplinario". No explican, no obstante, si este procedimiento viene recogido en un protocolo específico. En cuanto al mecanismo de prevención, los de Albert Rivera apuntan a su Código Ético, que trata de "proporcionar un ambiente de trabajo que promueva la dignidad y respeto, rechazando cualquier tipo de violencia".
Respecto al PP, el partido no ha contestado a las preguntas formuladas por infoLibre.
Fuera del ámbito estatal, otras formaciones han apostado recientemente por trabajar en protocolos para erradicar el acoso sexual. Así lo ha hecho ERC, que el 23 de abril de este año lanzó su protocolo específico [disponible aquí], para regular las fases de denuncia, investigación y resolución en caso de detectar situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en el seno del partido.
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Acoso en las instituciones
No sólo los partidos no están preparados para batallar contra el acoso sexual, sino que instituciones como el Congreso y el Senado se quedan también a medio camino. A principios de octubre, un informe revelaba que el 10% de las trabajadoras y el 3% de los trabajadores de ambas cámaras admitían "haber vivido" situaciones de "acoso moral, sexual y por razón de sexo" en sus espacios de trabajo. Por su parte, un 7% de las mujeres encuestadas y un 9% de los hombres afirmaron "haberlos presenciado", mientras que el 31% de ellas y el 26% de ellos indicaron que "algo se ha comentado" al respecto.
Aunque el documento muestra una percepción generalizada de "clima igualitario" entre los empleados, sí alerta de la ausencia de cauces para aquellos que dicen haber detectado episodios de acoso. El 57% de las mujeres entrevistadas y el 59% de los hombres aseguraron no haber recibido nunca información sobre el procedimiento a seguir en caso de sufrir acoso. Ambos órganos tienen pendiente la elaboración de un plan de igualdad para atajar estas situaciones.
"Algo le dije a esa persona mientras estábamos en el baño. Todavía no sé exactamente qué, que tenía tono o significado sexual". Son las palabras de Pablo Soto, exconcejal por Más Madrid, ante las acusaciones de acoso sexual que el martes se hicieron públicas desde su partido. "Sé que puedo ser un bocachancla y que a veces he hecho bromas sexuales a mi familia y a mis amigos cercanos. Sin embargo, no recuerdo ese episodio", zanjaba mediante un comunicado. La formación madrileña, no obstante, sí se expresó tajante: la versión de la víctima es contundente.