El juez que investiga el caso Serrano, la investigación de los posibles delitos cometidos por el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta Francisco Serrano durante su etapa como empresario, ha colocado al también juez en excedencia a un paso del banquillo. En un auto de 18 de enero, el juez Juan Gutiérrez, del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, procesa tanto a Serrano como a dos antiguos socios por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones, ratificando la investigación realizada por este periódico, que desveló los hechos y dio origen al caso [ver aquí el dosier con las informaciones publicadas].
El auto detalla que en 2016 Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Javier López "se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets" en la localidad de Niebla (Huelva), que era el objeto de los fondos.
Un engaño a Industria
El auto del caso, derivado de la denuncia inicial ante la UDEF del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, precisa que, conscientes de "la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia" para captar sus préstamos, Serrano y el ingeniero técnico Enrique Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una "maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad".
Según el auto, el Ministerio de Industria les concedió un préstamo por importe de 2.489.000 euros con el compromiso de que de Biowood Niebla invirtiera, además, 1.027.125 euros, pesando "la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de la empresa", tras "aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida".
Fines distintos a los debidos
Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las "disposiciones" del dinero "para fines no comprendidos" en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a "un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quien Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos" estatales recibidos.
Dinero del préstamo para "pagar deudas de las empresas"
Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, "se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario".
Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la "constitución de un fondo de inversión", mientras además se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, y Biowwod "avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus", todo ello según el auto.
El instructor señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito "se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50%, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados".
Más pagos "con cargo a Reindus"
El juez instructor Juan Gutiérrez señala igualmente "una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Serrano "que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus".
"Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción", resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.
"En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros", remata el juez instructor, que aprecia "indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa", atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Javier López.
El juez acuerda finalmente el sobreseimiento parcial y archivo de las actuaciones respecto al notario Álvaro Sánchez Fernández al no considerar acreditado que "hubiese participado directamente, ni como colaborador necesario, ni como copartícipe inductor o encubridor de ninguno de los actos relacionados en el relato de hechos".
Denuncia de Serrano contra infoLibre
'Caso Serrano': el excandidato de Vox investigado por fraude denuncia a infoLibre por revelar secretos
Serrano, cuyas irregularidades fueron desveladas por este periódico, se ha querellado contra infoLibre, contra su periodista Ángel Munárriz y contra Rubén Sánchez, de Facua, por una supuesta revelación de secretos y violación de secretos e información privilegiada en las informaciones publicadas sobre las irregularidades cometidas en su actividad empresarial. Los tres fueron citados por el primer delito y se encuentran a la espera de una decisión judicial.
El pasado 28 de septiembre Daniel Basteiro, director de infoLibre –en representación del medio–, Munárriz y Sánchez prestaron declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla. Basteiro y Munárriz defendieron el interés público de las informaciones, que afectan a una persona de incuestionable relieve político que se presentó ante el electorado andaluz como garante del buen uso de los caudales públicos. También defendieron la diligencia profesional seguida en la elaboración de las noticias, tanto por su soporte documental como por su exposición objetiva y por la oportunidad dada a los aludidos de ofrecer su versión. Munárriz se negó a desvelar la identidad de ninguna de sus fuentes.
En su querella, Serrano se presentó como víctima de un "juicio paralelo" en el que los denunciados, para desprestigiar su figura por un "odio manifiesto por razones ideológicas", habrían lesionado sus derechos fundamentales con la publicación de información incluida en el sumario.
El juez que investiga el caso Serrano, la investigación de los posibles delitos cometidos por el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta Francisco Serrano durante su etapa como empresario, ha colocado al también juez en excedencia a un paso del banquillo. En un auto de 18 de enero, el juez Juan Gutiérrez, del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, procesa tanto a Serrano como a dos antiguos socios por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones, ratificando la investigación realizada por este periódico, que desveló los hechos y dio origen al caso [ver aquí el dosier con las informaciones publicadas].