La investigación del caso Tsunami, centrada en las protestas derivadas de la sentencia del procés, lleva meses siendo objeto de cuestionamiento. Primero a nivel interno, con un fiscal del caso convencido de que los hechos no pueden tener encaje dentro de los delitos de terrorismo –en contra de lo que defiende el magistrado Manuel García-Castellón– y de que no existen indicios sólidos que permitan aún dirigir la causa contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o la dirigente de ERC Marta Rovira. Y ahora fuera de nuestras fronteras, con una justicia helvética exteriorizando sus dudas sobre el "carácter político" que pueda tener la investigación, convertida en uno de los principales escollos que existen alrededor de la futura Ley de Amnistía.
El último revés a la causa tiene fecha del pasado mes de diciembre, si bien no entró en el Juzgado de Instrucción nº6 hasta primera hora de este martes. Se trata de una breve carta en la que la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza informa al magistrado instructor del caso Tsunami de que deja en suspenso una comisión rogatoria que éste último había cursado hasta que desde la Audiencia Nacional aclaren una serie de aspectos relativos a la causa que generan no pocas dudas a las autoridades helvéticas. En su petición de auxilio judicial, García-Castellón reclamaba información sobre el paradero de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y sobre una cuenta bancaria del CIM Banque Privée de Ginebra.
La finalidad esencial de dicha comisión era, por tanto, "indagar en la financiación" que Tsunami Democràtic "pudo recibir para materializar sus acciones". De ahí que el instructor solicitase a las autoridades suizas datos sobre titulares, tarjetas de crédito, movimientos bancarios y hasta préstamos suscritos en relación a dicha cuenta. Una línea de investigación que, por ahora, queda en el aire. "Nos gustaría saber por qué solicitan movimientos hasta junio de 2020 cuando los eventos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid, que supuestamente habrían recibido apoyo financiero a través de dicha cuenta, tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019", se preguntan desde la Oficina Federal de Justicia.
Las autoridades suizas tampoco acaban de ver la vinculación entre Rovira y Tsunami: "No está clara la pertenencia". Y piden que se les informe de la "relación exacta" entre la dirigente de ERC y las protestas en los aeropuertos. En su exposición razonada al Supremo, García-Castellón la situaba en una reunión en Ginebra en la que, supuestamente, se habría planificado la acción de la plataforma. Una sospecha que el magistrado apoya en la rapidez con la que, días más tarde, Rovira retuiteó el primer mensaje público de Tsunami en redes sociales. Del mismo modo, pone sobre la mesa una serie de mensajes a través de la aplicación Threema de otro de los investigados con el usuario Matagalls, tras el que el juez –y también la Guardia Civil– sitúa "con alta probabilidad" a la número dos de ERC.
Suiza descartó el terrorismo en 2020
Los suizos quieren verificar antes de aportar ninguna información si el caso Tsunami tiene un "carácter político", algo que impediría "conceder la asistencia" en base a la legislación del país. La justicia helvética ya rechazó hace casi cuatro años, al inicio de la causa, dar respuesta a una comisión rogatoria similar al apreciar "carácter político". En su respuesta, la OFJ negaba que se pudiese hablar de organización criminal, en el sentido que establece el derecho suizo. Y tampoco de terrorismo: "Se define como acto criminal que pretende intimidar a una población u obligar a un Estado a realizar, o abstenerse de realizar, un acto cualquiera. De nuevo, de los hechos españoles no se desprende el uso de la violencia criminal entre otros elementos, exigencia de la norma suiza".
No solo la Confederación Helvética, que ya en su día negó la extradición de Puigdemont al entender que los hechos por los que era perseguido podían enmarcarse dentro de lo que llaman "delitos políticos", ha expresado dudas sobre la calificación que de forma provisional mantiene García-Castellón en el caso Tsunami. También lo ha hecho, a nivel interno, el fiscal de la Audiencia Nacional que lleva años metido en el caso, Miguel Ángel Carballo. En sus diferentes escritos, el representante del Ministerio Público ha puesto de relieve la falta de "argumentos" para imputar "hechos de matiz terrorista". Como mucho, cree que se podría hablar de desórdenes públicos en lo relativo al bloqueo del Aeropuerto de El Prat y del paso fronterizo de la Junquera. Pero nada más.
En uno de sus recursos, el fiscal, el mismo que sí vio terrorismo en el caso de una pequeña célula de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), señalaba que no podía hablarse de grupo criminal cuando no había quedado acreditado en la investigación "ni jerarquías, ni distribución de funciones entre los investigados, ni la existencia de un órgano directivo, ni tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos". Apoyándose en los informes de la Guardia Civil, Carballo sostenía que Tsunami no era más que un "banderín de enganche" que generó "una actuación global de diversos colectivos y sectores diferentes". En definitiva, una "actuación coral carente de cualquier elemento de connivencia u organización".
El fiscal de la Audiencia Nacional también ha resaltado la insuficiencia de indicios como para dirigir la investigación contra Rovira y Puigdemont. Sobre la primera, sostenía en uno de sus recursos que "no está en absoluto acreditado" que llevase a cabo labores de coordinación en relación con Tsunami Democràtic y que las actuaciones que se le atribuyen "carecen de toda entidad delictiva" más allá de "su simpatía o apoyo" a la plataforma. Y en cuanto al segundo, al que García-Castellón sitúa en el "vértice más alto de la organización", el fiscal apuntaba que "los indicios" que existen sobre el expresident son "insuficientes" para su imputación. Es más, recordaba en uno de sus recursos que ni siquiera la Guardia Civil dedicó en su informe final un solo capítulo a Puigdemont.
Ésta es la tesis que también defendió el fiscal del Supremo Álvaro Redondo cuando se tuvo que pronunciar sobre la petición de García-Castellón de elevar el caso al Alto Tribunal. En su informe final, sostuvo que los "indicios" resultaban "demasiado abiertos" como para que se asumiera la causa en el Palacio de las Salesas. Y rechazó categóricamente que concurriese el tipo penal del terrorismo. Lo hizo tras considerar que los manifestantes en El Prat no tenían la "intención específica" de "encerrar" a los controladores y pasajeros, por lo que no puede hablarse de una "detención ilegal". Como mucho, "coacciones", un delito "menos grave" que "no permite su incardinación en el tipo de terrorismo, al exigir éste la comisión de un delito grave contra la libertad".
La posición de Redondo sólo fue respaldada de forma total en la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo por uno de los jefes, Joaquín Sánchez-Covisa. Pero no por el otro superior jerárquico, Fidel Cadena, y el resto de compañeros. Por doce a tres, se consideró que los hechos podían tener encaje en delitos de terrorismo. Y por once a cuatro, que había indicios suficientes contra el expresident. Sin embargo, las discrepancias entre los dos jefes provocaron que el caso se elevase a su superior jerárquica, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez. Ella será quien decida finalmente la tesis que defenderá el Ministerio Público ante el Alto Tribunal. Y lo hará estudiando también los informes del fiscal de la Audiencia Nacional, algo que no hizo el resto.
De la Guardia Civil a la EASA
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En su informe final sobre el caso, el mismo que permitió a García-Castellón dar un acelerón a la causa en plenas negociaciones para la investidura, la Guardia Civil no hacía mención alguna al terrorismo. Sólo mencionaba, como el fiscal Carballo, que las acciones de oposición a la sentencia del procés protagonizadas por Tsunami Democràtic habían ocasionado "graves desórdenes públicos" y "graves perjuicios económicos" a empresarios y trabajadores en el último tercio de 2019. Incluso algunos en el PP, que en público no han tenido inconveniente en defender que en Cataluña se produjeron "actos terroristas", reconocen en privado "dificultades" para probar que el expresident de la Generalitat cometiese delitos de esta envergadura.
Aquel informe del Instituto Armado tampoco hacía ninguna alusión a la muerte en El Prat de un ciudadano francés el día en el que se bloqueó el aeródromo. Pero García-Castellón recuperó dicho fallecimiento cuatro años después y habló de una "posible vinculación" con las protestas. Una relación que no tardó en venirse abajo. La documentación de la investigación que se llevó a cabo en su día –y que se terminó archivando– dejó claro que la causa "fundamental" de la muerte fue una "cardiopatía isquémica crónica". Sin embargo, el magistrado instructor no dudó en mantener el óbito en la exposición razonada que elevó al Supremo. Y aún hoy está a la espera de una comisión rogatoria cursada a Francia para tomar declaración a los familiares del turista fallecido.
García-Castellón también se ha puesto en contacto en los últimos meses para recabar, entre otra, información sobre el impacto que las protestas en El Prat pudieron tener en el tráfico aéreo. Al fin y al cabo, resaltaba en uno de sus autos, confirmar dicha afectación "resulta esencial" para calificar el bloqueo del aeropuerto como "acción terrorista". Así, por ejemplo, pidió a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) que informase sobre todas las incidencias registradas ese día, si se tuvo que desviar algún vuelo aquel día con destino a El Prat y cómo afectaron los hechos "al funcionamiento de otros aeropuertos nacionales e internacionales". La agencia rechazó responder a las dos primeras preguntas. Pero, en relación a la tercera, dijo que no les constaba que las protestas hubieran tenido un "impacto" en el funcionamiento de otros aeródromos.
La investigación del caso Tsunami, centrada en las protestas derivadas de la sentencia del procés, lleva meses siendo objeto de cuestionamiento. Primero a nivel interno, con un fiscal del caso convencido de que los hechos no pueden tener encaje dentro de los delitos de terrorismo –en contra de lo que defiende el magistrado Manuel García-Castellón– y de que no existen indicios sólidos que permitan aún dirigir la causa contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o la dirigente de ERC Marta Rovira. Y ahora fuera de nuestras fronteras, con una justicia helvética exteriorizando sus dudas sobre el "carácter político" que pueda tener la investigación, convertida en uno de los principales escollos que existen alrededor de la futura Ley de Amnistía.