“Igual me detienen, sé que mi vida será un infierno pero estoy preparado para todo”. Así de contundente se mostró en junio de 2017 el comisario jubilado José Manuel Villarejo durante una entrevista concedida al programa Salvados, entonces presentado por el periodista Jordi Évole. El viejo policía no erró el tiro. Tres meses después, Asuntos Internos arrestó al exagente cuyo nombre ya había aparecido en procedimientos judiciales como el caso de la denuncia por acoso de la dermatóloga Elisa Pinto, el del pequeño Nicolás, el del ático de Ignacio González o el caso Emperador. La operación, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que arrancó a raíz de una denuncia anónima, tenía por objeto el “desmantelamiento de una organización criminal”. Junto a Villarejo, también fue detenido el entonces comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal, Carlos Salamanca. Además, se llevaron a cabo una decena de registros, entre los que destacaron los de las oficinas del comisario jubilado en la Torre Picasso de Madrid o el de su domicilio en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
A raíz de la Operación Tándem, el juez empezó a tirar poco a poco del hilo. Fue entonces cuando los investigadores se percataron de que los negocios de Villarejo no salpicaban exclusivamente a un par de altos mandos policiales. Por eso, en julio de 2018 se llevó a cabo la Operación Big, que culminó con la detención del comisario Enrique García Castaño, exjefe de la UCAO, la unidad de la Policía encargada de los seguimientos o las escuchas. La estrecha relación entre ambos casos hizo que las dos operaciones terminasen aglutinándose en las conocidas como diligencias previas 96/2017. Un procedimiento que se ha terminado convirtiendo en una macrocausa con medio centenar de investigados y múltiples aristas que no hace más que engordar con el paso de los meses. Sólo en la última semana, el juez instructor, Manuel García-Castellón, ha ordenado la apertura de otras dos nuevas piezas separadas, que se suman a la principal y a las otras once que se han ido desgajando a medida que avanzaban las pesquisas.
Grupo Planeta y delitos fiscales
El pasado viernes, el juez instructor dio un nuevo paso en la investigación del conocido como caso Villarejo. A través de un auto, García-Castellón acordó formación de una nueva pieza para indagar en los presuntos delitos fiscales en los que podría haber incurrido el comisario jubilado a través de las sociedades Stuart & McKenzie, Global Sinapsis Investment y el Grupo Cenyt. “Estas mercantiles, junto con otras de la estructura empresarialmente conocida como Grupo Cenyt, constituyen un entramado de sociedades fiduciarias opacas, en muchos casos constituidas sin objeto ni actividad real, con cuentas bancarias que sirven en unos casos para el trasvase de fondos controlados por los obligados tributarios (los investigados como autores de múltiples delitos de cohecho que les han reportado unos ingresos millonarios) o que se utilizan en otros casos para titular el patrimonio inmobiliario, evitando con estos mecanismos el conocimiento del patrimonio y ganancias afloradas”, recogía la resolución judicial, adelantada por El Confidencial.
El instructor de la causa pretende analizar “los pagos correspondientes a los servicios pactados”, que habrían alcanzado en los periodos 2014, 2015 y 2016 “importes millonarios que superan el límite impositivo para calificar los hechos como constitutivos de delitos”. En este sentido, ha pedido auxilio a la AEAT. Una Agencia Tributaria que ya investigaba desde febrero los negocios del comisario jubilado y a la que ahora el magistrado García-Castellón ha solicitado paralizar los procedimientos de inspección “por concurrencia de prejudicialidad penal en relación con los riesgos fiscales que pudieran derivarse” de la investigación que está llevando a cabo. Con la apertura de esta pieza separada, los delitos fiscales en los que podría haber incurrido Villarejo se suman al amplio abanico de tipos delictivos por los que está siendo investigado: organización criminal, blanqueo, descubrimiento y revelación de secretos, malversación, falsedad documental y cohecho.
Pero este no es el único paso dado por el magistrado instructor en la última semana. García-Castellón también ha ordenado la apertura de otra pieza más que se centra en los trabajos que el comisario jubilado habría realizado para el Grupo Planeta para obtener información relativa al Grupo Zed WorldWide y a Kiss FM. El juez tomó esta decisión después de que llegaran a sus manos dos audios en los que el consejero general del gigante editorial, Luis Elías, reconoce contactos con Villarejo y después de que se hiciera pública una factura de Planeta Corporación SL por importe de 48.400 euros a favor de una de las compañías del comisario jubilado en concepto de “Asesoramiento jurídico de enero a mayo de 2014”. El trabajo del expolicía habría consistido en investigar al árbitro que se encargó de resolver un litigio en el que el grupo editorial y Telefónica se enfrentaban al dueño de Radio Blanca-Kiss FM, Blas Herrero.
Estos dos últimos movimientos amplían aún más una compleja macrocausa que se ha ido articulando en piezas separadas en función de los indicios de hechos delictivos que se iban encontrando. Así, las diligencias previas 96/2017 constan de una principal –King, relacionada con los trabajos relativos a Guinea Ecuatorial– y trece piezas separadas. Además de la del Grupo Planeta y de la de los presuntos delitos fiscales, el resto son: Pieza 1, que implica al comisario Carlos Salamanca; Iron, relativa al espionaje a un bufete de abogados; Land, sobre la guerra familiar desatada tras la muerte del fundador de la lujosa urbanización La Finca; Pit, relacionada con los trabajos para frenar la extradición del naviero Ángel Pérez-Maura a Guatemala; Carol, relativa a los audios de Corinna; Pintor, por la extorsión a un exjuez; Kitchen, sobre el espionaje a Luis Bárcenas; Marbella, relacionada con un empresario malagueño; Trampa, sobre los trabajos para el BBVA; Dina, relativa al espionaje a Podemos; y la Pieza 11, por revelación de secretos de funcionarios públicos. Excepto Carol y la número 11, que fueron archivadas, el resto de piezas continúan activas.
Cerca de medio centenar de investigados
La macrocausa, que arrancó a manos del juez Diego De Egea y que la instruye desde el pasado mes de enero por el magistrado García-Castellón, acumula una ingente cantidad de información, entre contratos, facturas, recibís y horas de grabaciones de conversaciones. Pero también de investigados. Desde que arrancó el procedimiento, los dos encargados de la instrucción han imputado a casi medio centenar de personas, entre ellas el propio Villarejo, que se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2017. Una parte importante de los investigados son o eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre los que se encuentran altos mandos de la Policía Nacional. Pero en las diferentes piezas también están imputados algunos de los clientes que encargaron al comisario jubilado los trabajos que están bajo la lupa de la justicia. E incluso, empresas que ya están siendo investigadas por el juez García-Castellón como personas jurídicas por diferentes delitos.
Hace justo un año, la Fiscalía Anticorrupción alertaba en un escrito remitido al entonces juez instructor de la causa, Diego De Egea, de una “mafia policial” alrededor de Villarejo que se había protegido “por un alto poder de extorsión derivado del acceso a investigaciones e informaciones sensibles”. No se equivocaba. A día de hoy están investigados en la macrocausa más de una docena de policías o expolicías. Buena parte de ellos se encuentran bajo los focos en el marco de la pieza conocida como Kitchen, en la que se investiga la supuesta utilización de una brigada política y fondos reservados durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. En esta pieza, además de Villarejo y Enrique García Castaño, se encuentran imputados el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, el excomisario Andrés Gómez Gordo o el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas.
En las diligencias previas 96/2017 también aparecen como imputados, además del abogado Rafael Redondo –socio de Villarejo–, algunos de los clientes del comisario jubilado. Así, en la pieza Iron, están siendo investigados los tres socios mayoritarios del despacho de abogados Herrero y Asociados por la supuesta contratación del expolicía para espiar al bufete Balder IP. En Land, figura como imputada, entre otros, Susana García-Cereceda por haber recurrido al comisario jubilado para conseguir información sobre su hermana y la viuda de su padre con la vista puesta en un litigio por la herencia familiar. En Pit, los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, el exembajador de Guatemala en EEUU Julio Ligorría o el empresario Adrián de la Joya. Y en Land, por ejemplo, aparecen como investigados los hermanos Juan y Fernando Muñoz y sus respectivos abogados, además del inspector jefe de Policía retirado Antonio Bonilla, que también está imputado en otras piezas como Iron o Land.
Como personas jurídicas, el caso Villarejo también ha salpicado a algunas empresas. El pasado mes de junio, el juez García-Castellón decidió imputar en el marco de la pieza Pit a la compañía Pérez y Cía SL, propiedad de la familia Pérez-Maura, por un delito de cohecho derivado de la contratación de servicios al entramado empresarial de Villarejo por importe de 10 millones de euros –finalmente se acabaron abonando poco más de 7 millones–. Y sólo un mes después, el instructor imputó al BBVA por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción de los negocios en el marco de la pieza que analiza la relación comercial que durante más de una década mantuvo la entidad financiera con el comisario jubilado, en la que ya están siendo investigados ocho directivos y ex altos cargos del banco. No obstante, puede que estas compañías no sean las únicas. Anticorrupción ya ha pedido al juez García-Castellón que haga lo propio en Iron con el despacho Herrero y Asociados.
‘Roces’ con otros procedimientos judiciales
BBVA finaliza su investigación interna por el escándalo de Villarejo pero no la hará pública
Durante los casi dos años de pesquisas, el caso Villarejo se ha ido conectando en ocasiones con otros procedimientos judiciales en curso. Uno de ellos es el caso Púnica, que también instruye el juez García-Castellón. Según consta en el sumario de la pieza Pit, parte del dinero que pagaron los hermanos Pérez-Maura para frustrar la extradición a Guatemala al Grupo Cenyt de Villarejo terminó transfiriéndose a la sociedad The Cell Core SL, una de las entidades que componen el entramado presuntamente usado por el PP madrileño para financiarse de forma opaca y que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a pedir la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. En concreto, los datos aportados a la causa, adelantados por El Confidencial, recogen cuatro transferencias entre junio y diciembre de 2016 de 24.200 euros, 12.100 euros, 12.100 euros y 12.100 euros. En total, 60.500 euros enviados desde Cenyt a la sociedad controlada por Juan Miguel Madoz, quien fuera uno de los proveedores de los conservadores madrileños.
También se ha cruzado con el caso Villarejo la causa sobre la quiebra de la tecnológica española Zed, en la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del principal accionista de la cadena de supermercados Dia, Mikhail Fridman. De hecho, la pieza relativa al Grupo Planeta se abrió después de que el expresidente de la tecnológica Javier Pérez-Dolset declarase ante el juez García-Castellón que existían dos audios en los que el consejero delegado de Planeta reconocía haber contratado a Villarejo para obtener información relativa a Kiss FM y a Zed WorldWide. Sobre la tecnológica, el empresario afirmó que en la grabación se puede escuchar al consejero delegado de Planeta admitiendo que tenía documentación y correos electrónicos de Pérez-Dolset y hablando sobre una supuesta fabricación de pruebas falsas sobre dinero oculto del expresidente de la tecnológica en Panamá con el objetivo de chantajearle en la operación de venta de Zed, según informó Europa Press.
La investigación judicial sobre los negocios de Villarejo también se ha rozado en algún momento con la conocida como operación Nelson, que sentará en el banquillo de los acusados al presidente de Ausbanc, Luis Pineda. Durante los registros realizados tras la detención del comisario jubilado, los agentes encontraron un extenso informe fechado en 2013 y documentación relativa a la asociación de consumidores de Pineda. Esta documentación ha llevado a los investigadores a abrir otra línea de investigación en la que se está analizando si el BBVA encargó a Villarejo una operación de espionaje para conocer todo el entramado patrimonial del presidente de Ausbanc y su entorno, así como sus conexiones políticas. Esta situación ha sido aprovechada por Pineda para querellarse contra el BBVA, el expresidente de la entidad Francisco González y el comisario jubilado y para presentarse como víctima de un “hampa policial”. Un “clan policial mafioso” que, según deslizó en el escrito presentado, pudo estar detrás de la causa judicial en la que se encuentra inmerso y en la que la Fiscalía le pide 118 años de prisión.
“Igual me detienen, sé que mi vida será un infierno pero estoy preparado para todo”. Así de contundente se mostró en junio de 2017 el comisario jubilado José Manuel Villarejo durante una entrevista concedida al programa Salvados, entonces presentado por el periodista Jordi Évole. El viejo policía no erró el tiro. Tres meses después, Asuntos Internos arrestó al exagente cuyo nombre ya había aparecido en procedimientos judiciales como el caso de la denuncia por acoso de la dermatóloga Elisa Pinto, el del pequeño Nicolás, el del ático de Ignacio González o el caso Emperador. La operación, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que arrancó a raíz de una denuncia anónima, tenía por objeto el “desmantelamiento de una organización criminal”. Junto a Villarejo, también fue detenido el entonces comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal, Carlos Salamanca. Además, se llevaron a cabo una decena de registros, entre los que destacaron los de las oficinas del comisario jubilado en la Torre Picasso de Madrid o el de su domicilio en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.