El Gobierno de Mariano Rajoy lleva meses advirtiendo de que el 1-O no se iba a votar. El mismo anuncio, pero en sentido opuesto, lleva meses haciendo el presidente catalán Carles Puigdemont. Este domingo se comprobará cuál de los dos bloques acertó más en su previsión. Ambos se la juegan en una jornada que, esta vez con razón, se puede calificar de histórica puesto que España vive la principal crisis de Estado desde la recuperación de la democracia hace 40 años. El futuro de Cataluña está en juego, y también el de Rajoy. Por lo ocurrido hasta ahora y por la gestión que se haga a partir de hoy.
Hasta la fecha, ni Mariano Rajoy ni Carles Puigdemont han desvelado sus cartas para el post 1-O. El president no ha dejado claro si persigue una declaración unilateral de independencia. Lo máximo que ha hecho al respecto es asegurar que no es su opción, pero que "alguien" la propondrá. Y el presidente del Gobierno se ha escondido tras el genérico de su disposición al diálogo "dentro de la ley" a partir del 2-O, pero sin descartar ninguna opción, incluida la aplicación del polémico artículo 155 de la Constitución, el que permite la suspensión de la autonomía de una comunidad autónoma.
La presencia o no de urnas y la apertura de colegios electorales, el clima en las calles, el papel que jueguen los tres cuerpos policiales –Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional–, la interpretación de los resultados, la posibilidad de una inmediata declaración unilateral de independencia y la actuación de los diferentes actores políticos son las claves para valorar una jornada plagada de incógnitas.
Urnas y colegios electorales
Pese a los reveses a la logística del 1-O y a la orden de la Fiscalía a los Mossos para que acudiesen a todos los colegios electorales en busca de urnas, el Govern insiste en que este domingo las va a haber. Y, de hecho, en una rueda de prensa el pasado viernes presentó el modelo de urna –de plástico y con el logo de la Generalitat–, además de ofrecer los datos principales de la jornada electoral: están convocados 5.343.358 catalanes, lo que supone 167.000 personas menos que en las últimas elecciones autonómicas celebradas el 27 de septiembre de 2015, y está prevista la apertura de 2.315 colegios electorales y 6.249 mesas. En el operativo participarán además 7.235 voluntarios. Los votantes deberán responder "sí" o "no" a la siguiente pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?
Hasta el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha mantenido que no se iba a votar porque el referéndum es ilegal después de que el Tribunal Constitucional tumbara la ley que lo desarrolla, ha admitido también, por boca de su ministro de Justicia, que va a ser muy complicado evitar que en pequeños pueblos se habiliten urnas. Algo que circunscribió a un contexto festivo, de reivindicación: "No va a haber un referéndum. Que puede haber una urna en una plaza de un pueblo o que el domingo día 1 haya un evento social y 'castellers' y haya una butifarrada y haya una urna pues no hay que descartarlo y es muy probable que eso exista", consideró Rafael Catalá.
Pero para que las urnas reciban votos se necesita una arquitectura previa que pende de un hilo: el censo de votantes, qué colegios se les asignan para depositar las papeleta, los integrantes de las mesas electorales y la supervisión del proceso. El censo no ha sido exhibido en un lugar público, los colegios asignados se han podido consultar –no de forma permanente– en una página web habilitada por el Govern y 9,8 millones de papeletas para los llamados a integrar las mesas de votación fueron incautadas por la Guardia Civil hace más de una semana. Esto pone el foco en los voluntarios.
Mariano Rajoy ha advertido a quienes fuesen llamados a acudir a las mesas electorales que incurrirían en una ilegalidad si así lo hacen. Y Protección de Datos ha anunciado que actuar en una mesa durante esta jornada podría suponer sanciones de hasta 300.000 euros.
Los Mossos tienen la orden de precintar los colegios electorales. Además, están prohibidas las votaciones a menos de 100 metros de cada centro.
Para el Govern, el hecho de poder exhibir que se vota ya es un éxito porque deja en entredicho el discurso de Rajoy. Mientras, la ANC ya ha dado instrucciones para madrugar y hacer "colas gigantes y ordenadas". Se vote o no, esta imagen ya sería un éxito de los independentistas sobre todo para trasladarlo al extranjero.
La situación en la calle
La operación de la Guardia Civil del miércoles 20 de septiembre, con detenciones y registros, condujo a que el Partido Popular y el Gobierno diesen el 1-O por "desactivado". La logística del 1-O, subrayaban, había quedado seriamente tocada.
En este contexto, pendientes de cómo la Generalitat haya podido recomponer parte de la arquitectura del referéndum, el grueso de las fuentes consultadas en el PP apuestan por que este domingo se convierta en una jornada reivindicativa masiva, una especie de Diada o de 15-M.
El principal temor del Gobierno en estos meses ha sido la reacción en la calle, el miedo a escenas violentas entre ciudadanos o entre ciudadanos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguidad del Estado.
Los conservadores, que han evitado dar pistas en los últimos meses sobre su respuesta al "desafío soberanista" para evitar el "discurso victimista" de los independentistas, creen que cualquier imagen de violencia sería utilizada por el Govern para mantener el "discurso de la represión del Estado" que han intentado, muchas veces con éxito, vender fuera de España.
En la Moncloa asumen que han perdido la batalla en los medios de comunicación extranjeros, lo que ya les supone partir en desventaja en la lectura que pueda tener lo que ocurra este domingo.
Fuentes policiales han explicado a infoLibre que va a ser muy complicado bloquear todos los centros de votación y que tienen instrucciones de, en la medida de lo posible, evitar las detenciones.
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, avisó a la Fiscalía que sus agentes aplicarán sus instrucciones para impedir la votación ajustándose a los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia", ante el riesgo de alteraciones en el orden público. El pasado viernes, Trapero ordenó a sus policías que el domingo a las seis de la mañana desalojen sin violencia y cierren los centros de votación. De acuerdo con la instrucción interna del jefe de los Mossos, sus agentes no deberán usar en ningún caso las porras cuando se encuentren ante situaciones de “desobediencia pasiva”. El uso de la fuerza debe quedar reservado para hacer “el acompañamiento de personas hasta el exterior” o “para permitir abrir un pasillo”. Y en todo momento "deberá imperar la contención y la mediación para contribuir a facilitar el mantenimiento de la paz social y la convivencia”, destaca Trapero en su escrito. Si los Mossos se vieran desbordados podrán solicitar el apoyo de la Guardia Civil o la Policía Nacional.
La instrucción del jefe de los Mossos se produce después de que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) –una de las principales organizaciones impulsoras del 1-O– pidiera a sus simpatizantes que se fueran concentrando ante los colegios a las siete de la mañana del domingo, y de que diversas asociaciones de padres anunciaran su intención de mantener los colegios abiertos desde el viernes, convocando para ellos actividades extraescolares.
la lectura del resultado
Para que haya un recuento y una posterior proclamación de resultados, previamente tienen que haber existido colegios abiertos y mesas constituidas. Es decir, que se dé el escenario que el Gobierno de Rajoy asegura que jamás se va a producir y que el Govern da por descontado.
Para el Govern, sólo el hecho de proclamar un resultado ya sería un éxito porque les permite ir contra el relato del Gobierno de Rajoy que apuntaba a que el 1-O no iba a ser un 9-N, en referencia a la consulta no vinculante que el entonces presidente catalán Artur Mas organizó en 2014.
Por el contrario, el Ejecutivo central quedaría tocado si, contrariamente a lo que ha sostenido estos meses, no actúa antes de que se informe de los resultados de un referéndum que ha calificado una y otra vez de "ilegal".
En todo caso, el eventual recuento se encontraría con el agujero legal de la ausencia de la Sindicatura –cuyas funciones son las de una junta electoral–, un órgano disuelto por la Generalitat después de que el Tribunal Constitucional impusiese multas diarias de hasta 12.000 euros a sus integrantes. El portavoz del Govern, Jordi Turull, anunció el viernes que habrá "personas que acreditarán la validez del resultado", aunque se negó a dar sus nombres para que no sean "víctimas de la represión del Estado". En todo caso, aseguró que eran "personas que responden por su credibilidad" y que tenían gran solvencia "académica y profesional".
Durante las últimas semanas, el Govern también ha argumentado que nadie podrá frenar un resultado avalado por una participación masiva, de ahí que en las horas previas al referéndum se haya animado a la gente a salir a las calles.
¿Qué porcentaje de participación se considera un éxito? Hasta la fecha, el president Carlos Puigdemont no lo ha aclarado. En una entrevista en el programa Salvados (laSexta), Puigdemont se limitó o a esbozar que un "15 o un 25% no sería bastante", insistiendo en que en el de la Constitución Europea bastó un 42%. "La ley española no fija ningún mínimo", destacó.
Pero tampoco lo hacía la Ley del reférendum, tumbada por el Constitucional. Se limitaba a asegurar que "el resultado" tendrá carácter "vinculante" y a que, para que este salga adelante, hacen falta más votos a favor que en contra.
Los efectos del resultado
La ley del referéndum mantiene que en el supuesto de que haya más votos afirmativos que negativos, en los dos días siguientes a la proclamación de los resultados el Parlament celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración de independencia que conduzca al inicio de un proceso constituyente de la república catalana. En caso contrario, si los votos negativos superan a aquellos a favor de la independencia, se convocarían de forma inmediata elecciones autonómicas.
La convocatoria de unas elecciones anticipadas es la opción defendida por el Gobierno de Rajoy. De hecho, destacados dirigentes conservadores apuestan por esta vía como la mejor alternativa. Por tres motivos: porque les permite ganar tiempo antes de reactivar la segunda fase de la llamada "operación diálogo", porque estarían ante la posibilidad de encontrar nuevos interlocutores y porque, a priori, les aleja de una herramienta nunca antes testada y que supondría un nuevo pulso Estado-Generalitat: la aplicación del artículo 155.
Pese a que desde el Govern se ha evitado dar pistas al respecto, cabe la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, un escenario al que el Gobierno podría responder con la activación de la suspensión de la autonomía. El proceso, inédito, requiere de la aprobación por mayoría absoluta en el Senado, con la que cuenta el PP. Pero la aplicación del 155 no estaría exenta de complicaciones porque Rajoy preferiría activarlo con el apoyo, al menos, del PSOE y Ciudadanos y en sectores del PP existe el convencimiento de que la unidad de los tres partidos va a ser complicada a partir del 2-O.
En los últimos días, dirigentes de los tres partidos independentistas –PDeCAT,ERC y CUP– cerraron filas en público prometiendo la secesión unilateral si gana el 'sí', pero en privado los conservadores admiten que existen diferencias y que una declaración unilateral podría "fracturar" su partido.
¿La última baza de Rajoy?
Personas cercanas al presidente del Gobierno aseguran que percibe la cuestión catalana como el asunto más delicado de todos los años que lleva en la Moncloa. Rajoy ha ganado elecciones generales tras hacer frente a la crisis con recortes sociales y con su partido salpicado por escándalos de corrupción a lo largo y ancho de España, pero hay sectores de su formación que creen que cuando verdaderamente se la juega es ahora.
El Gobierno se ha comprometido a abrir una vía de diálogo con Cataluña a partir del 2-O, algo para lo que creen necesario un cambio de interlocutores en la Generalitat. Pero no pasa inadvertido que, antes del día después, también se la juega con cómo se resuelva la jornada del domingo. No sólo por la posibilidad de tensión en la calle, sino porque pueda concluirse que el aparato del Estado no ha sabido frenar el referéndum.
Rajoy se mueve en un terreno con un suelo muy poco estable. De un lado, tiene que hacer frente a las críticas de gran parte de la oposición que ubican al PP como uno de los culpables del problema catalán por el recurso contra el Estatut y por la campaña de recogida de firmas. De otro lado, tiene que hacer frente a quienes entre sus propios votantes le demandan "mano dura" y a Ciudadanos, su socio de investidura, que le ha comido gran parte del espacio político en Cataluña siendo el principal partido de la oposición.
Uno de los principales problemas ante los que se puede encontrar es el de tener que activar el 155 de la Constitución, algo que podría romper el bloque PP-PSOE-Cs. Un bloque que, en todo caso, tendrá dificultades para reeditarse a partir de las próximas semanas.
Otro de los problemas de Rajoy se llama reforma constitucional. Hasta la fecha, al PP le ha ido bien retando a los partidos de la oposición a proponer una reforma en el Parlamento que ellos, los conservadores, aseguran que no verían con buenos ojos. Ahora, cada día tienen más complicado dejar que los problemas territoriales sigan enquistándose. Cuenta se ha dado de ello al tener que aplazar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque el Partido Nacionalista Vasco (PNV) está pendiente de la reacción del Gobierno al 1-O.
Hay en el PP quienes ven la postura del PNV como algo totalmente provisional, contaminada por el "miedo" a ir dela mano de Rajoy en un momento tan delicado. Pero también hay quienes consideran que van en serio y que, con la intención de que Bildu no se coma el espacio del nacionalismo en Euskadi, no va a ser posible en esta ocasión que los cinco diputados vascos voten las cuentas públicas para 2018. Sin ellos, a Rajoy la legislatura se le acorta.
La solidez del bloque independentista, a examen
Para que los promotores de la independencia salven el 1-O es necesario que puedan exhibir que se vota, que vota mucha gente y que el apoyo al 'sí' es mayoritario. El principal problema está en cómo digieren el 2-O y en si son capaces de mantenerse unidos.
Así, algunas fuentes admiten que sería inviable declarar la independencia si una parte importante de los ciudadanos no pudiera votar. Se desconoce dónde han puesto el listón. La opción de la declaración unilateral está encima de la mesa, pero una parte significativa de dirigentes del PDeCAT y más minoritaria en ERC se muestran reacios a una alternativa que la CUP ve con buenos ojos y que metería a Cataluña en un terreno totalmente inexplorado.
Así, la CUP ya ha adelantado que aboga por la huelga general a partir del día 3 de octubre como medida de presión para lograr la independencia. Su portavoz parlamentaria, Anna Gabriel, adelantó esta idea en un mitin hace unos días.
El principal de los problemas ante el que se encuentran es el debate sobre la legitimidad del Parlament para declarar la independencia si al final el referéndum se celebra sin garantías y con una intervención policial que implique que no puedan votar todos lo que quieren votar.
Hasta la fecha, el pleno ordinario que debería celebrar a partir del lunes el Parlament y que podría servir para declarar la independencia aún no se ha convocado. La Mesa de la cámara catalana se reunió este jueves, pero pospuso su decisión sobre si convocar el pleno a este lunes, tras la votación del 1-O.
¿Un cambio en el PSOE?
No se ha visto muy cómodo al PSOE de Pedro Sánchez en este proceso por lo que ha supuesto ir de la mano de Rajoy en las cuestiones esenciales. De hecho, pese al empeño de Albert Rivera, no ha habido foto de los tres líderes juntos. Pero la dirección de los socialistas ha tenido claro que, al menos hasta el 1-O, por "responsabilidad" tenían que apoyar al Gobierno de Rajoy.
Uno de los momentos más delicados que ha vivido el PSOE en este proceso tuvo lugar el pasado día 20, la jornada de las detenciones. Tras pensar mucho la respuesta, en la tarde de ese día el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, compareció para valorar que tras las actuaciones de la Guardia Civil no había "ninguna posibilidad" de llevar a cabo el referéndum. Además, instaba a los promotores de la consulta a "abandonar" la idea y a sentarse a abrir una diálogo sobre el futuro de Cataluña que conduzca a mayor autogobierno y una mejor financiación.
No es ningún secreto que las palabras de Ábalos no eran compartidas por todos los dirigentes socialistas. Hubo quien, como Francina Armengol, presidenta de Baleares, salió a decir abiertamente que el Gobierno había traspasado "una línea roja" y quien, como la andaluza Susana Díaz, exhibía su apoyo sin fisuras a Rajoy. Son sólo un par de ejemplos. Pero son una muestra clara de la complejidad de este asunto para las filas socialistas, junto con el rechazo a la proposición de Ciudadanos que buscaba que el Congreso se posicionara a favor de la estrategia del Gobierno em Cataluña. Una circunstancia que Pablo Iglesias ha intentado aprovechar con llamadas al "compañero Sánchez" para que retirase su apoyo a Rajoy ante el 1-O"compañero Sánchez".
Gran parte del éxito del PSOE en los próximos meses va a estar en su capacidad de influencia en el Gobierno para encauzar la situación y en el papel que tenga la comisión sobre Cataluña aprobada a su instancia en el Congreso. También, en cómo se posiciona si el PP decide activar el 155.
Lo que no parece un escenario posible, al menos a día de hoy, es que Sánchez vaya a aprovechar esta "crisis de Estado" para promover una moción de censura: "No voy a ser presidente del Gobierno a cualquier precio. A Mariano Rajoy le ganaremos en las urnas", respondía el pasado fin de semana en una entrevista en La Vanguardia.
Podemos
A medida que avanzó la ofensiva del Estado y de los tribunales para desactivar el 1-O, Podemos ha ido recomponiendo su reacción posicionándose junto a los independentistas para denunciar lo que consideran una vulneración de derechos civiles básicos por parte del Gobierno.
El punto de inflexión fueron las detenciones y registros del 20 de septiembre. Un día después, los principales dirigentes de la coalición morada comparecieron junto a portavoces de ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu para criticar la operación policial en Cataluña con palabras durísimas, y estas mismas fuerzas coincidieron en la asamblea de cargos electos promovida por Unidos Podemos en Zaragoza. Expertos consultados por infoLibre alertan de que esta estrategia puede acabar escorando a la coalición y perjudicarla fuera de Cataluña, pese a que Unidos Podemos trata de resaltar que su discurso no es un apoyo al independentismo.
Parte de la estrategia del grupo liderado por Pablo Iglesias se cimenta en la confianza en que cale la idea de que lo que está en juego con el 1-O no es tanto la independencia como la defensa de la democracia frente a un Gobierno "represor". Esta idea puede verse más o menos reforzada en función de cómo actúen el Gobierno y la Justicia a partir de este domingo.
CIUDADANOS
La formación naranja se ha esforzado en trasladar el mensaje de que en esta crisis apoya sin fisuras al Gobierno, pero intentando marcar un discurso propio, algo que no ha gustado del todo a los conservadores. Así, la votación de una iniciativa en el Congreso a favor de la estrategia del Ejecutivo en Cataluña que llevaba el sello de la formación del Albert Rivera a punto estuvo de hacer saltar por los aires la unidad de PP-PSOE-Cs. El desmarque del PSOE evidenció fisuras internas en la formación de Pedro Sánchez en un momento en el que ni al PSOE ni al PP les interesaba exhibir debilidad ante el 1-O.
En esa línea de marcar discurso propio, también intentó Rivera que sus compañeros en Cataluña presentaran una moción de censura en el Parlament. Una iniciativa condenada al fracaso porque no sumaba ni con los apoyos del PP y del PSC, que en ningún momento se plantearon respaldar la moción.
Santamaría sostiene que "no ha habido referéndum" y culpa a Puigdemont de los incidentes
Si no hay cambios de última hora, Ciudadanos regresará con la misma idea tras el 1-O. Este viernes, en una entrevista en los Desayunos de TVE, Albert Rivera dijo que aún confía en una moción de censura contra Carles Puigdemont que permita convocar elecciones autonómicas para elegir un nuevo Gobierno y así establecer un diálogo con "nuevos interlocutores".
Consciente de que no le basta ni con PP ni PSOE, apeló a los diputados del PDeCAT: "En un voto individual quizá puedan preferir unas elecciones que un choque de trenes", defendió.
Para el PP, el escenario ideal también sería la convocatoria de autonómicas. Pero los tiempos del PP y Ciudadanos pueden no coincidir, "por la tendencia del partido de Rivera a anticiparse para intentar colgarse medallas", resume un dirigente conservador.
El Gobierno de Mariano Rajoy lleva meses advirtiendo de que el 1-O no se iba a votar. El mismo anuncio, pero en sentido opuesto, lleva meses haciendo el presidente catalán Carles Puigdemont. Este domingo se comprobará cuál de los dos bloques acertó más en su previsión. Ambos se la juegan en una jornada que, esta vez con razón, se puede calificar de histórica puesto que España vive la principal crisis de Estado desde la recuperación de la democracia hace 40 años. El futuro de Cataluña está en juego, y también el de Rajoy. Por lo ocurrido hasta ahora y por la gestión que se haga a partir de hoy.