Hasta que la crisis del coronavirus dio síntomas de gravedad, mucho de la vida política española transitaba por Cataluña. El Gobierno, tras haber logrado el apoyo clave de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez, daba pasos para dotar de contenido a la mesa de diálogo con el Govern. Y la oposición, liderada por el Partido Popular, volcaba sus esfuerzos en exigir a Sánchez "transparencia" sobre lo que se iba a pactar en esos encuentros y especulaba con "cesiones".
Hace mes y medio, el 26 de febrero, el presiente del Gobierno recibía a Quim Torra en la Moncloa. Era la primera reunión oficial de esa "mesa de diálogo" a la que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se comprometió en su acuerdo de investidura con Esquerra.
De esta cita salió un comunicado conjunto con cuatro acuerdos. Uno: la mesa se reunirá mensualmente. Dos: las reuniones se celebrarán alternativamente en Madrid y Barcelona. Tres: los presidentes y vicepresidentes habilitaban "a partir de este momento" un grupo de trabajo integrado por una delegación por cada parte y ellos volverían a la mesa cuando fuese "necesario ratificar acuerdos políticos". Y cuatro: "cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica".
Pero llegó el mes de marzo, cuando empezaron a conocerse los primeros contagios de coronavirus en España. A comienzos de este mes, Gobierno y Govern alimentaron la posibilidad de una segunda reunión en la semana del día 20, antes de que arrancara la campaña de las elecciones vascas y gallegas. Pero los planes saltaron por los aires después de que los contagios se dispararan, comenzara el cierre de colegios y establecimientos de hostelería y se decretara el estado de alarma. Los comicios vascos y gallegos fueron suspendidos y la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el catalán ha sufrido un frenazo en seco.
En ninguno de los dos bloques hablan de que ese frenazo en seco suponga una ruptura de lo ya caminado. Pero no se puede negar, porque desde la Generalitat se han esforzado en marcar las diferencias, que la relación se ha erosionado a cuenta de la gestión de la crisis del coronavirus.
Torra se 'borra' del acuerdo de los presidentes autonómicos
El domingo 15 de marzo Pedro Sánchez convocó a los presidentes autonómicos a una videoconferencia para explicarles cómo iba a afectar a sus territorios el decreto sobre el estado de alarma. Torra no fue baja en la cita, lo que se interpretó como un cambio respecto a lo que venía sucediendo años anteriores, cuando los responsables de la Generalitat se borraban de este tipo de encuentros con otros presidentes regionales. Pero después sí se borró de la declaración conjunta que salió de esta reunión. Su principal queja fue la "invasión" y la "confiscación de competencias" por parte del Gobierno central.
Pero lo que más irritó al Gobierno fueron las declaraciones que el president hizo a la BBC asegurando que en España no se estaban tomando medidas contra el coronavirus y las cartas que envió a diversos dirigentes europeos acusando a Sánchez de negarse a seguir las recomendaciones de los expertos. La única manera de parar la pandemia, sostenía Torra, es con el confinamiento total. "No vale todo. Y en este momento Torra está en una fuga hacia delante y ha sido profundamente desleal". Estas palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sirvieron para medir el termómetro del enfado.
¿Buscando la ruptura?
¿Hasta qué punto está tocada la relación entre Gobierno y Govern? ¿Va a ser posible retomar las conversaciones en el mismo punto? Partidos de signo distinto y politólogos no se atreven a responder de forma rotunda sobre el futuro de esa mesa de diálogo. Coinciden en que están por verse las prioridades de España cuando acabe el estado de alarma y que el Ejecutivo tendrá que definir por dónde empieza.
Del mismo modo, la Generalitat tendrá que fijar sus prioridades y quizá poner otras cuestiones por delante de su agenda previa a la crisis. Pero, de momento, todas las señales que llegan desde Cataluña anticipan un nuevo choque, dando la sensación de que las críticas a la gestión sanitaria son la excusa, la base, para intentar justificar después sus posiciones ante el Gobierno central. Sirvan como ejemplo estas palabras de Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica): "Ninguna autoridad competente puede menospreciar la vida de la gente, ignorando y hasta desautorizando medidas que salvan vidas como las que propone el Govern".
La actitud de Torra ha merecido la crítica de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: "No entiendo que se pase todo el día hablando del confinamiento, y que competencias que le son propias no se estén gestionando con el máximo esfuerzo". En una entrevista a Ràdio 4 recogida por Europa Press, le afeó que su petición al Estado de confinar concretamente Cataluña sea planteada "en términos abstractos y confrontativos".
Cuestión de "priorizar"
Desde el Partido Socialista recurren a una palabra: "priorizar". Las fuentes consultadas por infoLibre destacan que, a día de hoy, la legislatura "se ha partido" por el frenazo que supone de todo lo previsto hasta ahora por culpa de la pandemia. "No es que estemos ante una crisis. Es que estamos ante la crisis con mayúsculas", subrayan.
"En política lo primero es priorizar", insisten. Y, en este contexto, consideran que estamos en un momento en el que plantear cualquier cosa que no sea "frenar la emergencia sanitaria o frenar la crisis económica" es "no saber priorizar". Cualquier reclamación en paralelo a lo que está ocurriendo, será a ojos de las fuentes consultadas no entender nada de lo que está pasando.
En el Partido Popular consideran que si bien la cuestión territorial obviamente ha pasado a un segundo plano en un contexto de grave crisis sanitaria, Sánchez no va a aparcar el asunto porque sigue convencido de su hoja de ruta, de que la solución "vendrá por el diálogo".
"No se baja de esa hoja de ruta y la prueba está en que el tema de los indultos es extemporáneo", defienden.
Hace unas semanas, el Boletín Oficial del Estado recogió una orden por la que el Ejecutivo reanudaba todos los procedimientos para solicitar y conceder la gracia del indulto a pesar del estado de alarma.
El Ministerio de Justicia decidió reactivar por "razones de interés general" los indultos que estuvieran en tramitación con fecha de 14 de marzo —día en que entró en vigor el estado de alarma— o que se hubiesen iniciado o fuesen a iniciarse con posterioridad a dicha fecha.
En todo caso, consideran que en una situación tan crítica como la que estamos atravesando y todo lo que vendrá después, los independentistas van a tener menos fuerza y el Gobierno va a tener de su lado de la balanza el argumento de que "hay otras urgencias".
Ciudadanos es a día de hoy el principal partido de la oposición en el Parlament. Fue la fuerza más votada en las últimas elecciones autonómicas. Consultada por este diario, esta formación rechaza pronunciarse sobre el fondo del asunto por la gravedad de la crisis del coronavirus: "Una situación que va a hacer mella, no solo en la salud de los españoles, sino en la economía y en el empleo". "Ahora es momento de estar juntos", resumen.
Si la pandemia ha frenado las elecciones en Galicia y País Vasco, en Cataluña el panorama electoral es todavía más incierto porque, hasta el momento, nunca se ha hablado de una fecha más allá de especulaciones.
Una agenda imposible, según los expertos
El politólogo Pablo Simón considera que la actitud actual de Torra puede entenderse en el contexto de reivindicar que Cataluña habría reaccionado mejor a una crisis como esta de lo que lo está haciendo el Gobierno central. "Es una forma de insistir en sus demandas", considera. Recuerda que desde el Govern están ahora en el discurso de que no les gusta la "retórica de guerra" que se emplea desde el Gobierno central para referirse a la pandemia, ni el "despliegue del Ejército" y destaca que ERC está quizá viéndose arrastrada a seguir en esa línea dura. Como muestra de ello cita que los republicanos se hayan abstenido en la prórroga del estado de alarma pidiendo medidas más severas. "Una forma de distanciarse del Gobierno", comenta.
Simón, profesor en la universidad Carlos III de Madrid, no cree que una vez que termine el estado de alarma el tema catalán pueda volver con la intensidad a la que estamos acostumbrados. "La cuestión territorial va a bajar. La gente estará con sus problemas laborales. Ya se habla de despidos, de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE)... Los independentistas no tienen el viento a favor para su discurso", considera.
Esto no es ningún inconveniente, dice Simón para que desde sectores del independentismo se siga alimentando a su parroquia con su discurso tradicional. "Pero sobre una base sobre la que nadie va a poder construir una agenda en España", considera.
Dos respuestas para "canalizar el miedo"
Lluis Orriols, profesor y vicedecano de estudios de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, advierte de que, a día de hoy, es muy difícil conocer cómo va a evolucionar esta crisis, qué consecuencias va a tener. Es una especie de "bomba atómica" que va a generar cambios en las coordenadas políticas en nuestro país y en el mundo.
En la articulación de una crisis como la que estamos viviendo, subraya Orriols, se genera inestabilidad política, económica y una serie de miedos. "La pregunta es cómo van a ser canalizados esos miedos". Plantea dos opciones, dos posibilidades. Una: "En torno a la ley y el orden, el cierre de los Estados nación". Y dos: "Que ese miedo acabe en la demanda de mayores Estados de bienestar". Será, pues, "un miedo más nacionalista, de ley y orden. O de cobertura, de cubrir las contingencias, de protección". "No podemos saber cómo se van a canalizar estos miedos", insiste.
"Tomos somos muy conscientes de que esto es un fin de una etapa, el fin de una era. Un punto y aparte que va a tocar muchos factores", resume Orriols al tiempo que añade que van a cambiar las prioridades de los ciudadanos y las respuestas de los políticos.
"Ya se verá si el Gobierno juega ambas cartas"
Aplicado el contexto de los "miedos" de los que hablaba anteriormente al caso catalán, Orriols pide ponerse en el supuesto de que la crisis del coronavirus tenga como respuesta ese miedo de "contingencia" y que se llegue a demandar a los gobernantes "más estado de bienestar". "Si esta es la deriva, entraríamos en un proceso más expansivo, de mayor gasto, que son competencias de las comunidades autónomas".
Así, "las autonomías podrían acabar teniendo mayores cuotas de autogobierno efectivo y esto rebajaría una tensión que inflama al movimiento independentista". Es "una vía", sugiere. Pero si se va a otra vía, se exacerbarían, dice, fenómenos de la última época como los populismos y los extremismos. "No sé por cuál de las vías apostar", insiste. Pero sí apunta a que si la sociedad se encamina hacia la vía de la contingencia social, estaríamos ante un cambio "sustancial".
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Pablo Simón considera que el Gobierno se juega mucho también en la gestión de la post crisis. "Si es capaz de poner los raíles de un estado social, le irá bien. Si no, se lo llevará por delante". Y, en esto, también se la juegan los partidos que acompañen, o no, al Ejecutivo. Considera Simón que Ciudadanos puede ser clave, arrancando compromisos a Sánchez que después pueda vender a sus electores, y dando pie a esos "presupuestos de emergencia" ofrecidos por Inés Arrimadas hace unas semanas. Esto, a su vez, dejaría en un papel menos relevante a ERC, que hasta hoy ha sido la formación puente entre el Gobierno y el Govern y uno de los sostenes de la investidura de Sánchez.
"Ya se verá si el Gobierno juega ambas cartas", señala Simón, que cree que ERC también estaría ante una situación delicada porque el hecho de que tumbase unos Presupuestos "muy sociales" chirriaría.
Con unos Presupuestos sociales, que Simón vería ya para 2021, Sánchez tendría prácticamente garantizado agotar la legislatura. El debate territorial en Cataluña seguirá, sin duda, "pero el Gobierno estará más en el tema social".