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Catorce comunidades permiten la entrada de menores a las corridas de toros

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Hace seis meses, Baleares se postulaba como la tercera comunidad autónoma que prohibiría la tauromaquia. Lo hacía a raíz de una proposición no de ley presentada por Podem, PSIB-PSOE, la coalición Més y el partido Gent per Formentera (GxF), con el fin de que el presente año marcara el fin de este tipo de festejos en las islas. Finalmente, el Parlamento balear anunció en abril que iniciaría los trámites para prohibir la tauromaquia y cualquier otro espectáculo que cause sufrimiento animal, a través de una reforma de la ley 1/1992 de protección de los animales que viven en el entorno humano.

A día de hoy, con el avance progresivo pero pausado de la propuesta, las corridas de toros en la comunidad continúan celebrándose según lo legislado en los noventa. Entre las pautas fijadas por la norma, se encuentra un epígrafe dedicado a los menores: "No se permitirá la entrada a los espectáculos a que hace referencia el apartado anterior [las corridas de toros] a los menores de dieciséis años".

El pasado 4 de agosto, la infanta Elena acudió a la plaza de toros de Palma de Mallorca como espectadora. Y lo hizo acompañada de su hija de 15 años, incurriendo de esta forma en una vulneración de la legislación balear. Ante los hechos, la plataforma Mallorca Sense Sang –impulsora además de la campaña que propició la proposición no de ley para la abolición–, censuró que la familia real no "respetara las leyes" y lamentó la "imagen bochornosa que demuestra una vez más que la justicia no es igual para todos". Por otro lado, la Fundación Franz Weber y la plataforma Libera! solicitaron una sanción contra los organizadores, que puede materializarse en una multa de entre 1.000 y 10.000 euros para los responsables de la plaza.

El coordinador de Libera!, Leonardo Anselmi, señala en conversación con infoLibre que no descartan "en absoluto que también recaiga sobre los padres que tienen la potestad sobre los niños y adolescentes", y destaca que "así debe ser".

Tauromaquia y menores, competencia de las comunidades

Días después del episodio en el ruedo de Palma, Elena de Borbón y su hija menor volvieron a dejarse ver entre el público que el domingo 14 de agosto presenció un espectáculo taurino de las mismas características. Esta vez fue Donostia el escenario, y el impacto fue también diferente a la polémica generada en la isla. El motivo es que en el País Vasco no está prohibido el acceso a menores, siempre y cuando vayan acompañados por un adulto. Según el Decreto 183/2008 del Reglamento de espectáculos taurinos de País Vasco, los menores de 16 años "solo podrán asistir como espectadores a los espectáculos taurinos generales acompañados de personas mayores de edad". Aunque en este caso la infanta sí cumplió los requisitos legales, el Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia (CAAB) ha interpuesto reiteradas denuncias por la presencia de menores sin supervisión en las plazas de toros de la comunidad.

Esta disparidad normativa entre vascos y baleares se explica porque son las comunidades autónomas las encargadas de regular el acceso de menores a los espectáculos taurinos. La realidad en el resto del mapa español, tal y como explica a este periódico Leonardo Anselmi, se resume en el acceso "totalmente libre" a niños y adolescentes en todas las comunidades autónomas –excepto Canarias y Cataluña, donde la tauromaquia está prohibida desde 1991 y 2010, respectivamente–. Anselmi aclara que en materia de festejos populares el funcionamiento es diferente. En estos casos, subraya, "las autonomías tienen otras regulaciones un poco más estrictas".

En Galicia fue presentada una proposición no de ley en diciembre del 2011 con el fin de prohibir la entrada a los menores de 12 años. Sin embargo, el PP respondió con una enmienda que estipulaba que, en lugar de incluir la propuesta en la ley de protección animal de 1993, quedaría integrada en la ley de espectáculos públicos que se pretendía aprobar aquel año. Según señalan fuentes de la plataforma Galicia Mellor sen Touradas, "nunca se aprobó nada, porque existían problemas para sacar adelante el texto", de modo que los menores gallegos pueden a día de hoy ocupar los asientos de las plazas taurinas de la comunidad.

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Javier Larena, presidente del Club Taurino de Bilbao, comenta en conversación con este periódico que el acceso de los menores a las plazas debería "ir en función de cada caso concreto". Larena reflexiona sobre "hasta qué punto puede ser perjudicial o no, según la sensibilidad de cada persona", algo que, considera, "es responsabilidad de cada padre". Para el taurino, la prohibición no es la solución, pero tampoco el "acceso en todos los casos como algo normal", pues puede "afectar más o menos según lo impresionable que sea la persona".

Por su parte, la portavoz de Pacma, Laura Duarte, denuncia "el hecho de que se exponga al menor a una situación de violencia, y el hecho de que [en el caso de Palma de Mallorca], se esté vulnerando la ley". Además, la animalista sostiene que la gravedad es mayor cuando se trata de una persona que, como Elena de Borbón, "no pasa desapercibida, sino que tiene cierta incidencia social". 

Aunque en España es evidente la flexibilidad de las comunidades autónomas a la hora de regular la asistencia de niños y adolescentes a los espectáculos taurinos, la comunidad internacional se ha manifestado al respecto de forma mucho más estricta. El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha hecho un llamamiento a países como Portugal, México, Colombia, Francia y Perú con el fin de alertar sobre la violencia "física y mental" que suponen este tipo de festejos para los niños.

Hace seis meses, Baleares se postulaba como la tercera comunidad autónoma que prohibiría la tauromaquia. Lo hacía a raíz de una proposición no de ley presentada por Podem, PSIB-PSOE, la coalición Més y el partido Gent per Formentera (GxF), con el fin de que el presente año marcara el fin de este tipo de festejos en las islas. Finalmente, el Parlamento balear anunció en abril que iniciaría los trámites para prohibir la tauromaquia y cualquier otro espectáculo que cause sufrimiento animal, a través de una reforma de la ley 1/1992 de protección de los animales que viven en el entorno humano.

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