CCOO exige a la Politécnica de Madrid que explique la venta ‘a dedo’ de terrenos públicos a Capio

El sindicato Comisiones Obreras exige a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que le facilite los documentos clave relativos a la adjudicación a dedo, es decir, sin concurso público, de los derechos de edificabilidad de un terreno de 12.000 metros cuadrados ubicado en la ciudad universitaria de la capital a la empresa IDC Salud –antigua Capio– por 6.537.000 euros. El rector, Carlos Conde Lázaro, ocultó al Consejo de Gobierno y al Consejo Social –donde tienen representación los sindicatos– detalles sustanciales de esta venta y sólo informó en el primero de esos órganos cuando ya se había producido.

Por ello, en aras de la "transparencia de los intereses públicos", la organización sindical, a través de su consejera Isabel Galvín, que es también secretaria general de Enseñanza de CCOO de Madrid, reclama cinco documentos relativos a este proceso, tal y como se recoge en un escrito presentado en la reunión del Consejo Social del pasado 29 de junio y al que ha tenido acceso infoLibre. 

Entre ellos, Galvín reclama documentos urbanísticos relativos al solar enajenado, que tiene una superficie equivalente a algo más de un campo de fútbol. Específicamente el plan de transferencia de edificabilidad y la ficha técnica de desarrollo y ordenación de la parcela, que son trámites que la UPM ya había empezado a gestionar con el Ayuntamiento de Madrid en el verano de 2014, tal y como consta en la documentación examinada por este diario. 

También exige tener acceso al informe de la Abogacía del Estado en el que la UPM se ampara para haber enajenado el derecho de edificabilidad de esos terrenos sin hacer un concurso público, así como al informe de la entidad tasadora oficial que, según comunicó el rector, estableció el precio del metro cuadrado de edificabilidad en Ciudad Universitaria entre los 510 y los 545 euros, por lo que el importe por los 12.000 metros cuadrados objeto de esta venta de edificabilidad sería de 6.537.000 euros. En último lugar, CCOO reclama el documento notarial completo relativo al traspaso y la venta de los derechos de edificabilidad.

A juicio de Galvín, tal y como recoge en el escrito, se trata de "una petición lógica y ajustada a los objetivos y obligaciones" que tiene encomendados como miembro del Consejo Social. "Entiendo debe contribuir a garantizar la coherencia, objetividad y transparencia de las cuestiones planteadas a este Consejo y a los acuerdos del mismo", asevera.

"Grave carencia de información" 

El sindicato afea al rector la "grave falta de transparencia" que ha rodeado este proceso. Hay que tener en cuenta que de la ejecución de la venta, el nombre de la entidad adjudicataria y el precio acordado, Conde Lázaro dio información al Consejo de Gobierno de la Universidad cuando la transacción ya se había producido, tal y como consta en el acta de la reunión que este órgano celebró el 30 de abril de 2015 y a la que tuvo acceso infoLibre. La venta, según confirmó la propia compañía a este periódico, se había rubricado ante notario el 9 de abril de 2015, por tanto, veinte días antes.

Antes de esa reunión, el rector Conde Lázaro sólo había informado en dos citas previas al Consejo de Gobierno y al Consejo Social de que había "una entidad" interesada en "comprar los derechos de edificabilidad" de los terrenos. En ambas reuniones se aprobó la venta por mayoría, aunque los asistentes no fueron informados ni del precio al que se iban a vender los terrenos, ni a quién. 

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Al Consejo Social –en su reunión del 12 de febrero, cuya acta ha consultado este diario– el rector sólo le informó de que "una institución ubicada en la ciudad universitaria" estaba interesada en el traspaso de "derechos de edificabilidad". Y lo comparó con otras operaciones similares que se habían realizado "anteriormente". A saber: la ampliación de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y la regularización de la Biblioteca María Zambrano. Pero en estos casos los beneficiarios fueron entidades públicas y no una empresa privada como IDC Salud. 

Asimismo, el rector explicó en esa reunión del Consejo Social que la UPM disponía de 19.300 metros cuadrados de edificabilidad y que traspasar 12.000 "no afectaría a otros proyectos" que pudiera tener la Universidad. Añadió, además, que "esta operación se realizaría de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, acompañando los informes correspondientes y evitando toda especulación, por lo que se realizaría una tasación pericial de estos derechos". El Consejo Social aprobó por mayoría la enajenación, aunque los representantes de CCOO y UGT, Isabel Galvín y Eduardo Sabina, manifestaron su abstención "por carecer de la información suficiente para adoptar una posición". También se abstuvo Eugenio Morales, uno de los consejeros nombrados por la Asamblea de Madrid.

Ahora, en el escrito en el que hace la petición de información, Galvín reitera que manifestó en el desarrollo de la citada reunión lo que entendía era "una grave carencia de información y documentación relativa a esta cuestión, lo que impedía la emisión de un pronunciamiento ajustado sobre la misma". "La consecuencia lógica de falta de apoyo documental al punto objeto de discusión no podía ser otra que la de mi abstención en el proceso de votación por el que se aprobó la autorización solicitada", sentencia.