Comisaría de la Policía Nacional de Estepona (Málaga), 1 de diciembre de 2014. A primera hora de la tarde, un agente trastea con las diferentes bases policiales. Todos sus esfuerzos se centran en una pareja, de la que pretende extraer toda la información posible: desde datos personales a denuncias previas. No lo hace en relación al desempeño de sus funciones, ni mucho menos. Forma parte de un plan orquestado junto con un delincuente, al que conocía desde niño, para exigir al hombre dinero a cambio de contar con protección policial. Lo que no sabe entonces el agente es que su teléfono ha sido pinchado a petición del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), que en el marco de una investigación contra el narcotráfico había detectado la presencia de un funcionario policial. Ocho años después, y con una condena por revelación de secretos a sus espaldas, el policía acaba de ser expulsado del cuerpo.
La salida de manzanas podridas, que el caso Villarejo volvió a poner de nuevo en el centro del debate público, es algo que se produce con relativa frecuencia. Durante la última década –entre 2011 y 2021–, según la información facilitada por el Ministerio de Interior a infoLibre a través de una petición cursada vía Portal de Transparencia, han sido apartados dos centenares de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado: 97 eran de la Policía Nacional y 104 pertenecían a la Guardia Civil. Esto supone, de media, la salida de una decena de miembros al año en cada uno de los cuerpos. Una cifra que, sin embargo, no resulta desmesurada cuando se pone en comparación con el volumen total de personal con el que cuentan en la actualidad Policía e Instituto Armado: 155.000 miembros, rozando el máximo histórico de efectivos.
El análisis de los datos revela que la cantidad de expulsiones ha mantenido un equilibrio a lo largo del tiempo. Es decir, no hay un ejercicio que destaque con claridad sobre el resto. Siempre están, entre los dos cuerpos, por encima de la decena y por debajo de la treintena El momento en el que registró un mayor número fue 2014: una docena en la Policía Nacional y 17 en la Guardia Civil. Y, el que menos, 2012: cuatro en la primera y ocho en la segunda. Del mismo modo, las cifras recopiladas en la última década tampoco permiten decir que se separe más en una que en otra. En el mismo periodo temporal, el departamento que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska ha apartado a solo siete agentes más del Instituto Armado que de la Nacional.
Sí que se aprecian, sin embargo, diferencias importantes en los motivos de la expulsión, ya sea derivada de una condena criminal o de una sanción disciplinaria. En el caso de la Policía, un cuarto de los agentes –26– apartados lo fueron por la comisión de un delito contra la seguridad colectiva. Dentro de este grupo se encuentran desde los incendios hasta aquellos contra la seguridad vial o la salud pública, destacando el tráfico de drogas.
Fue por este último por el que la Audiencia Nacional confirmó en 2015 la expulsión de un agente destinado en la comisaría de Dénia. Se le declaró culpable de concertarse con narcotraficantes para desembarcar grandes alijos de cocaína y hachís en las playas del municipio alicantino. Su función era, justamente, la de informar sobre el movimiento de sus compañeros.
Uno de cada diez, por violencia sexual
Los delitos contra la Administración Pública –omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos o cohecho, entre otros– y contra el patrimonio y el orden socioeconómico –robos, hurtos, extorsión o estafa, entre otros– también fueron comunes a la hora de expulsar a agentes policiales. De hecho, entre los dos representan otro cuarto de las salidas: 16 por el primer grupo y 12 por el segundo. Y luego están los delitos contra la libertad –detención ilegal, amenazas y coacciones–, por los que fueron expulsados 11 agentes durante la última década. Es el caso, por ejemplo, de los dos policías a los que se echó del cuerpo por arrestar, a cambio de dinero, a una mujer con acusaciones falsas a petición de su expareja.
El quinto motivo más frecuente de separación fue la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Es decir, por agresiones, abuso o acoso sexual. En total, los datos de Interior hacen referencia a nueve casos de este tipo, lo que supone un 9,3% de las expulsiones. Es el caso de Mauricio Moya, quien fuera comisario principal, quien fue echado a la calle en el verano de 2012 después de que el Supremo confirmase una condena de siete meses de cárcel contra él por acosar sexualmente a una de sus subordinadas en la Unidad de Coordinación y Cooperación Internacional (UCI). O de un agente que sometió a una mujer extranjera detenida a "tocamientos, caricias y besos", prometiendo ayudarla a evitar su expulsión administrativa del país.
Por homicidio han sido expulsados siete agentes de la Policía Nacional, uno de ellos en grado de tentativa, mientras que nueve más lo fueron por lesiones, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o trato degradante y torturas –tres por cada uno–. Dentro del primer grupo se encuentran los cuatro policías del denominado caso Cala Cortina, en el que se investigaba la muerte de un cartagenero cuyo cuerpo apareció flotando en el mar con varias vértebras rotas. El hombre había llamado a la comisaría de la localidad pidiendo ayuda ante unas amenazas recibidas y, tras eso, desapareció. Al principio, las pesquisas se centraron en sus vecinos, pero todo cambió cuando un testigo protegido dijo que tres patrullas se habían llevado al tipo. Los agentes, al final, aceptaron cuatro años de cárcel, dos por detención ilegal y dos por homicidio imprudente.
El Tribunal Supremo impide el reingreso de un guardia civil que dirigió un asalto a la casa de un empresario
En cuanto a las dos expulsiones restantes, no han sido incluidas en ninguno de los grupos al tratarse de varios tipos delictivos al mismo tiempo. Así, en 2016 un agente abandonó el cuerpo tras ser condenado por un delito contra la seguridad colectiva y otro contra la Administración Pública, mientras que en 2018 salió del cuerpo otro policía por un delito contra la Administración Pública y otro contra la libertad.
104 expulsiones en la Guardia Civil
En el caso de la Guardia Civil, un 94,2% de las expulsiones –104– fueron por "cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica". En relación con el Instituto Armado, el Ministerio del Interior no ofrece desglose alguno por tipo de delitos. Pero en los últimos años han trascendido casos de toda clase. Se ha expulsado, por ejemplo, a un guardia civil condenado a cuatro años de prisión por haber dirigido un robo en la casa de un empresario. O a Antonio Manuel Guerrero, uno de los miembros de La Manada condenados a quince años de cárcel por un delito continuado de violación. O a varios agentes por su colaboración con narcotraficantes.
El resto, media docena, fueron por otras infracciones muy graves. A tres se les expulsó en base al artículo 7.24 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil: "La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia o detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias similares, legítimamente ordenada por la autoridad competente, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio". Y los otros tres salieron por desarrollar actividades que vulneraban las normas sobre incompatibilidades o por "la desobediencia grave o la indisciplina frente a las órdenes o instrucciones de un superior".
Comisaría de la Policía Nacional de Estepona (Málaga), 1 de diciembre de 2014. A primera hora de la tarde, un agente trastea con las diferentes bases policiales. Todos sus esfuerzos se centran en una pareja, de la que pretende extraer toda la información posible: desde datos personales a denuncias previas. No lo hace en relación al desempeño de sus funciones, ni mucho menos. Forma parte de un plan orquestado junto con un delincuente, al que conocía desde niño, para exigir al hombre dinero a cambio de contar con protección policial. Lo que no sabe entonces el agente es que su teléfono ha sido pinchado a petición del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), que en el marco de una investigación contra el narcotráfico había detectado la presencia de un funcionario policial. Ocho años después, y con una condena por revelación de secretos a sus espaldas, el policía acaba de ser expulsado del cuerpo.