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En un bloqueo institucional sin precedentes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones desde diciembre de 2018 ante el continuo fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar a sus veinte vocales. En estos más de dos años con el mandato caducado, el órgano de gobierno de los jueces ha nombrado a la mitad de la cúpula judicial de tribunales superiores (TSJ) de toda España, también de audiencias provinciales, y ha adjudicado más de una veintena de plazas de magistrado en todas las Salas del Tribunal Supremo.
Según los datos contenidos en el apartado de nombramientos discrecionales de la página web del CGPJ, consultados por infoLibre, la institución que preside Carlos Lesmes desde diciembre de 2013 ha acometido un total de 86 designaciones, unas con mayor apoyo, otras con menos, e incluso algunas por unanimidad, estando en funciones, es decir, entre diciembre de 2018 y marzo de 2021, al no haber ningún precepto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que les impidiera ejercer esta función, a pesar de que el órgano ha sido fuertemente criticado, sobre todo en los últimos meses, por sectores del Gobierno y de Unidas Podemos, que culpan al PP del bloqueo para la renovación.
Los veintiún miembros del CGPJ –veinte vocales más el presidente– han dado luz verde en estos dos años y tres meses con mandato caducado a la renovación de 25 presidencias de audiencias provinciales, la mitad de las 50 de toda España; diez presidencias de tribunales superiores de justicia, más de la mitad de los diecisiete totales; y veintiún plazas de magistrado en el Supremo, plazas que son vitalicias hasta la jubilación, renuncia o fallecimiento de los que las ocupan.
En el alto tribunal, cuatro puestos han ido a parar a la Sala Primera (de lo Civil), otros cuatro a la Sala Segunda (de lo Penal) –una de ellas ha sido confirmar en la presidencia al magistrado Manuel Marchena–, tres a la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), cuatro a la Sala Cuarta (de lo Social), y otras cuatro a la Sala Quinta (de lo Militar). En los TSJ, los vocales del órgano de gobierno de los jueces han renovado las presidencias de Madrid, Galicia, Aragón, Navarra, Extremadura, Asturias, Canarias, País Vasco, Cantabria y Baleares, aunque también han nombrado a nuevos presidentes de sala de estos tribunales.
En las audiencias provinciales, el CGPJ caducado ha renovado las presidencias de las de Granada, Almería, Salamanca, Ciudad Real, Navarra, León, Cantabria, Baleares, Cáceres, Ourense, Córdoba, Tarragona, Bizkaia, Segovia, Pontevedra, Soria, Cáceres de nuevo, Valladolid, Valencia, A Coruña, Castellón, Toledo, Lleida, Albacete y Zamora. Y en la Audiencia Nacional, el órgano ha renovado a José Ramón Navarro como presidente y también ha nombrado a nuevos presidentes de las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.
De los 86 nombramientos del CGPJ en funciones, un total de catorce lo han sido por unanimidad y la mayor parte se han llevado a cabo con más de los votos necesarios, en virtud de si se requiere mayoría absoluta o mayoría cualificada de tres quintos, en función de las plazas en liza. Ha habido grandes mayorías, de hasta diecinueve votos a favor y dos en blanco, y muchas de ellas se registraron en los Plenos que la institución celebró el pasado otoño, ya con duras críticas desde el Gobierno por estos nombramientos con mandato caducado. Los vocales se pusieron de acuerdo para, frente a los que dudaban de la legitimidad de la adjudicación de plazas en estas condiciones, lanzar un contundente mensaje de unidad y defensa de sus competencias. Sólo dos miembros del órgano se mostraban discrepantes, los elegidos a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta y de IU Concepción Sáez.
Cuatro intentos de renovación
El órgano de gobierno de los jueces lleva más de dos años caducado, pero han sido varios los intentos por renovarlo, que finalmente no han fructificado. La primera vez fue antes de que finalizara su mandato de cinco años, pero cuando ya habían dado comienzo los trámites –escuchar en el Congreso a los candidatos a vocal por el turno de juristas de reconocida competencia– el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, se frustró tras la publicación en medios de comunicación de un mensaje del entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, enviado a su grupo parlamentario en el que presumía de que, con ese pacto que incluía al magistrado Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ, podrían controlar la Sala Segunda del Supremo "desde detrás".
Esto ocurrió en el otoño de 2018 y el mandato de la institución presidida por Lesmes caducó en diciembre de ese año. Los acontecimientos políticos del siguiente año, fundamentalmente los numerosos procesos electorales –dos convocatorias de comicios generales, más los autonómicos, municipales y europeos– dejaron paralizada la renovación del CGPJ. El siguiente intento fue en enero de 2020, que tampoco salió adelante y los vocales continuaron ejerciendo las funciones que la ley les permite aún estando en funciones.
Llegó 2020 y, con ello, la conformación del Gobierno de coalición, pero las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces siguieron estancadas y el principio de acuerdo de enero tampoco resultó. En julio de ese año, la institución anunció que había de nuevo en marcha negociaciones que podrían derivar en un pacto, por lo que paralizó los nombramientos discrecionales que tenía previstos en julio. Tampoco hubo avances y en septiembre, diecinueve vocales votaron a favor de adjudicar plazas clave en varios órganos judiciales, incluido el Supremo, donde entraron tres nuevos magistrados en la Sala de lo Penal.
Desde entonces, el CGPJ ha venido haciendo nombramientos en un ambiente político cada vez más crispado. La mayoría de vocales defiende que deben seguir ejerciendo las funciones que les manda la ley y quieren estar ajenos a la discusión política, pero lo que se ha visto en los últimos meses ha sido un choque entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial después de que PSOE y Unidas Podemos presentaran una proposición de ley para rebajar las mayorías en Congreso y Senado para elegir a los vocales del turno judicial (doce de los veinte que designan las Cámaras). La propuesta generó fuertes críticas de la oposición y de las principales asociaciones judiciales y hasta la Comisión Europea expresó sus dudas, y tras la moción de censura de Vox, en la que se advirtió un cambio de tendencia en el PP de Casado, Sánchez optó por frenar la tramitación de la reforma.
Sin embargo, el acuerdo seguía sin llegar ante las condiciones que planteaba el PP: retirar la reforma –no sólo frenarla–, "despolitizar la elección del CGPJ y Fiscalía" así como excluir a Unidas Podemos del proceso. Esta situación se mantuvo y las conversaciones se enfriaron también ante la inminencia de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, pero una vez pasadas, parecía abrirse un tiempo de sosiego político sin procesos electorales a la vista. Y aún así, lo que ya parecía un acuerdo hecho se frustró de nuevo tras la negativa del partido conservador a incluir al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, el juez al que se atribuyen las frases más duras de la sentencia del caso Gürtel que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa; un nombre que, sin embargo, el PP sí aceptaba en el acuerdo de finales de 2018.
La moción de censura en Murcia y el adelanto electoral en Madrid alejan aún más el acuerdo de renovación y el CGPJ se enfrenta al mayor periodo de interinidad de su historia, pues al menos hasta después de los comicios madrileños no se prevé un desbloqueo de las negociaciones. Pero esta vez, el tiempo que dure la falta de acuerdo ya no será igual para los vocales, pues en menos de un mes entrará en vigor otra proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que limita los poderes del órgano cuando está en funciones. Los nombramientos discrecionales se acabaron para la institución hasta que ésta sea renovada.
¿Y qué opinan los vocales?
Los miembros del CGPJ caducado ya dan por hecho que seguirán en funciones unos cuantos meses más. Y la mayoría lamenta que esto coincida con la entrada en vigor de la reforma de la LOPJ que les va a quitar competencias, pues prevén un grave déficit en el funcionamiento diario de la Administración de Justicia si cargos judiciales se van quedando vacantes de ahora en adelante, por ejemplo por jubilaciones o finalizaciones de mandato, y esta situación se alarga en el tiempo, lo que puede suponer una merma en la prestación de los servicios que prestan los órganos judiciales a los ciudadanos.
El Gobierno se apoya en el aval de Bruselas a la limitación de funciones del CGPJ para exigir al PP que lo desbloquee
El próximo Pleno del órgano de gobierno de los jueces está previsto para la semana que viene, concretamente el 25 de marzo, y la Comisión Permanente continúa sus trabajos para cubrir plazas vacantes, como dos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tras la jubilación de los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego, así como en la presidencia de la Audiencia de La Rioja, para la que sólo hay un candidato. Del anterior Pleno quedaron además dos puestos pendientes de nombrar también en el alto tribunal, uno en la Sala de lo Civil y otro en lo Social, pero fuentes del CGPJ consultadas por infoLibre ven muy improbable que puedan asignarse estas vacantes.
Por un lado, la imposibilidad de llegar a tiempo a elevar a Pleno las candidaturas de las que aún se están realizando las entrevistas a los aspirantes, proceso que en algunos casos termina el último día de marzo; por otro, la sensación general que hay entre los vocales de que el Senado aprobará en fechas muy próximas la reforma de la ley que les imposibilitará seguir haciendo estos nombramientos discrecionales. La percepción entre algunos miembros del órgano de gobierno de los jueces es de "preocupación" por la nueva situación que se les presenta cuando la nueva LOPJ se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ya no puedan seguir ejerciendo una función que consideran "necesaria" para el buen funcionamiento de la Justicia.
Lo que sí seguirá su curso dure lo que dure la interinidad del CGPJ es el trámite de informe a los anteproyectos de ley que llegan del Consejo de Ministros. El órgano de gobierno de los jueces tiene dos encima de la mesa desde principios de marzo: el borrador de la Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la de Memoria Histórica y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según las fuentes consultadas por infoLibre, el plazo para presentar el informe de la primera finaliza el próximo día 29; para la segunda, el plazo expira el 9 de abril. No obstante, estos tiempos se pueden prorrogar.
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