El CGPJ sigue siendo la clave para no abocar al Constitucional a otro bloqueo en ocho meses

La clave sigue estando en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acuerdo para renovar las plazas de cuatro magistrados en el Tribunal Constitucional (TC) anunciado esta semana soluciona el bloqueo al que estaban sometidos estos puestos desde hace casi dos años. Sin embargo, sólo será una solución temporal, de ocho meses concretamente, si Gobierno y PP no alcanzan para entonces un pacto para sustituir también a los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces. En caso de que la parálisis institucional continúe, el tribunal de garantías se verá abocado a un nuevo bloqueo en junio de 2022.

La Constitución establece que el TC se renueva por tercios, es decir, por grupos de cuatro magistrados en cada proceso. Los que ahora van a dejar el tribunal –Juan José González Rivas, el presidente; Encarnación Roca, la vicepresidenta; y Andrés Ollero (Fernando Valdés ya dimitió hace un año)– son los que corresponden al turno del Congreso, pero llevaban desde finales de 2019 ejerciendo en funciones por el bloqueo sistemático del PP. La tardanza en alcanzar un pacto entre el Gobierno y el partido conservador ha provocado que esta renovación casi haya coincidido en el tiempo con la siguiente, que está prevista a mediados del año que viene.

El próximo turno que ha de renovar es el correspondiente al que nombran el Ejecutivo y el CGPJ. Cada uno designa a dos magistrados. En ese caso serán los magistrados Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Juan Antonio Xiol Ríos y Santiago Martínez-Vares los que deban ser sustituidos. La Carta Magna dice, en su disposición transitoria novena, que las propuestas de uno y otro órgano "se entenderán agrupadas", lo que, según algunas interpretaciones, obligaría a que Gobierno y órgano de gobierno de los jueces tengan que renovar a la vez. Pero otras fuentes del Constitucional consultadas creen que esta disposición sólo hacía referencia a la primera composición del tribunal y, por tanto, se podría interpretar que, salvo en ese caso, la designación que haga el Gobierno no está vinculada necesariamente a la del CGPJ.

Atendiendo a la primera interpretación, el problema se enquistaría aún más. Desde la pasada primavera, el órgano de gobierno de los jueces no puede realizar nombramientos discrecionales estando en situación de interinidad en virtud de la reforma legislativa impulsada por PSOE y Podemos. Más allá de las consecuencias para la cúpula judicial y los efectos en las resoluciones, una perpetuación del bloqueo en la renovación de los vocales del CGPJ paralizaría no sólo la designación de los magistrados del TC que le corresponden, sino también los que atañen al Gobierno.

Algo "se mueve"

Por todo ello, habrá que esperar a ver si las conversaciones que acaban de iniciar Ejecutivo y PP y que han llevado a renovar a cuatro magistrados del Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos se quedan en esto o si, por el contrario, fructifican también en un acuerdo más amplio que incluya al CGPJ. Según ha publicado infoLibre, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han retomado las negociaciones para la sustitución de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, pero de momento no adelantan ninguna conclusión ni hacen previsiones sobre lo que puede ocurrir. El último intento data de febrero de este año.

“Serán conversaciones discretas, pero ya estamos en ello”, confirman fuentes conocedoras de la negociación. El cambio en el discurso del PP, eso sí, ha dado un giro de 180 grados con respecto a lo que venía defendiendo hasta hace sólo unos días. “Todo es posible con voluntad de acordar y de ceder”, añadía García Egea, que no cerraba la puerta a un acuerdo en las próximas semanas sobre el CGPJ siempre y cuando se vaya "transitando hacia los estándares europeos respecto a la independencia judicial”.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces citadas por Europa Press hacen una lectura en positivo del retorno de las negociaciones. Señalan que ahora tienen "la impresión y el deseo" de que este giro de los acontecimientos abra una "ventana de esperanza" para que esta institución siga por los mismos derroteros que el TC. Si bien estas fuentes inciden en que las conversaciones están siendo muy discretas, llegan noticias de que algo "se mueve" y que en la propia Comisión Permanente celebrada el jueves se comentó que estaban asistiendo a sus últimos días como vocales.

En todo caso, el acuerdo sobre el Tribunal Constitucional contempla que dos de las plazas de magistrado que se renovarán en las próximas semanas correspondan al PP y los otros dos al Gobierno. Esto permitirá al PP retener en los próximos meses la mayoría conservadora en el órgano. Habrá que ver si está dispuesto a bloquear de nuevo el año que viene para evitar que, con la previsible entrada de magistrados progresistas por elección del Gobierno, la balanza se incline hacia el otro lado.

La clave presidencial

La otra clave del anuncio efectuado esta semana por Gobierno y PP está en la organización interna del Constitucional, pero a la que las partes dan mucha importancia por las repercusiones que puede traer de cara a futuros pronunciamientos del tribunal. Se trata de quién ocupará a partir de ahora la presidencia del órgano, que eligen los doce magistrados del TC reunidos en Pleno. Entre las atribuciones del presidente está el voto de calidad en caso de empate en las deliberaciones, de ahí la trascendencia de la sensibilidad, conservadora o progresista, que caracterice a la persona que ocupe el puesto.

El CGPJ se encamina a tres años de bloqueo con casi 60 plazas en la cúpula judicial que no puede cubrir

Ver más

El actual presidente, Juan José González Rivas, es uno de los cuatro magistrados salientes tras el pacto Gobierno-PP. Con él, abandonarán el puesto los miembros del TC que hasta ahora eran los más antiguos. La regla no escrita en el tribunal es que el nuevo presidente se ha de escoger entre los magistrados más veteranos, esto es, los del turno de renovación de Gobierno y CGPJ, que son, recordemos, González-Trevijano, Narváez, Martínez-Vares (los tres de corte conservador) y Xiol (progresista). Fuentes jurídicas colocan al primero como el mejor posicionado, pero no estaría en el puesto más de ocho meses si es sustituido en la renovación del próximo mes de junio. 

En caso de que se hiciera efectiva esa renovación, las puertas de la presidencia del tribunal quedarían abiertas para los siguientes en veteranía en el seno del Pleno, y entre ellos está el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, quien llegó a este órgano en marzo de 2017.

Esta tradición de apostar por la veteranía para elegir al presidente se ha impuesto en la historia del tribunal, pero la tardanza en renovar uno de los tercios y la cercanía con el siguiente proceso podría alterar las costumbres del pasado de forma temporal y que el nuevo Pleno que se reúna una vez el Congreso acometa la renovación apueste por un candidato que no vea tan cercana la fecha del fin de su mandato. Pero esta es sólo una posibilidad que algunas fuentes citan sin que tampoco tengan mucho convencimiento de se pueda llevar a cabo.