Un mes después del acto de entrega de su arsenal a las autoridades francesas protagonizado por ETA a través de mediadores, el tema de los presos de la organización terrorista sigue más vivo que nunca. Tanto en la calle como en las instituciones. El pasado jueves el Pleno del Congreso de los Diputados tumbó, con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos, una moción de EH Bildu –que contó con el respaldo de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís– en la que se pedía al Gobierno la flexibilización de la política penitenciaria y la excarcelación de todos aquellos presos de ETA con enfermedades graves. Una exigencia que a comienzos de mayo también sacó a la calle a miles de personas en Vitoria.
El número de encarcelados de la banda terrorista en España se ha reducido en casi 200 personas en los últimos cuatro años. Según los datos facilitados a infoLibre por la asociación de familiares de presos Etxerat, a comienzos del mes de mayo permanecían en la cárcel 258. Son 185 menos que a finales de 2012. En ese momento, según un informe mensual del colectivo, 443 seguían entre barrotes. Una cifra que se ha ido reduciendo progresivamente año tras año por el cumplimiento de condenas: 391 a finales de 2013, 363 a cierre de 2014, 311 al acabar 2015 y 267 a finales de 2016.
Los datos facilitados por la asociación de familiares de presos de ETA varían ligeramente en comparación con los que ofrece Instituciones Penitenciarias en sus informes anuales, que cifraba en 481 el número de encarcelados de la banda terrorista a cierre de 2012. Una cifra que bajó hasta 416 en 2013, 376 en 2014 y 326 en 2015, último anuario publicado. infoLibre intentó, sin éxito, conocer los datos del año 2016, así como la distribución de estos reclusos por cárceles. El departamento que capitanea Ángel Yuste rechazó facilitar a este diario esa información "por cuestiones de seguridad".
El dato de Instituciones Penitenciarias es todos los años algo superior al de Etxerat, aunque ambos se están aproximando en los últimos años: a finales de 2012 el organismo dependiente del Ministerio del Interior contabilizaba 38 etarras más que Etxerat (481 frente a 443), mientras que a finales de 2015 la discrepancia era sólo de 15 (326 frente a 311).
Alejamiento de presos
La dispersión –el internamiento en cárceles alejadas del País Vasco– es uno de los principales puntos de debate alrededor de los reclusos de la banda terrorista. El colectivo de presos (EPKK), las asociaciones de familiares y la red ciudadana Sare llevan años exigiendo un acercamiento. Este es también uno de los objetivos que tiene entre manos el Ejecutivo vasco. Según desveló el pasado mes de marzo el diario El Correo, el Gobierno de Íñigo Urkullu ya ha hecho llegar al central, que es el que tiene la competencia sobre política penitenciaria, un plan que contempla un alejamiento máximo del País Vasco de 250 kilómetros.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza, al menos en público, cualquier cambio en esta línea. Ni siquiera a pesar del apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, justo el mismo día que se conocía el plan enviado por los nacionalistas a Moncloa, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, insistió en que "si algún preso quiere utilizar la vía Nanclares, sigue abierta". Iniciada durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero,la denominada vía Nanclares permite obtener beneficios penitenciarios a todos aquellos presos que se desvinculen públicamente de la banda terrorista, pidan perdón a las víctimas y colaboren con la Justicia.
Presos de ETA en España (mayo de 2017).
Según los datos de Etxerat, en mayo de este año sólo siete presos de ETA estaban a menos de 250 kilómetros del País Vasco –2 en El Dueso (Cantabria), 2 en Burgos, 1 en Logroño y 2 en Zaballa y Basauri (Euskadi)–. El resto, hasta completar los 258 reclusos, se distribuían a lo largo de toda la geografía española: 52 permanecían encerrados en cárceles a entre 1.000 y 1.100 kilómetros de distancia (Cádiz, Almería y Huelva); 38 a entre 800 y 1.000 km (Córdoba, Sevilla y Murcia); 77 a entre 600 y 800 km (Alicante, Cáceres o Badajoz, entre otras); 63 a entre 400 y 600 km (Madrid, Valencia o Castellón, entre otras); y 21 a entre 250 y 400 km (Zaragoza, León, Palencia, Valladolid o Soria).
El pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional rechazó por ocho votos a tres el recurso presentado por un preso que reclamaba el acercamiento. "La situación de abandono unilateral de sus actividades por parte de la organización ETA desde hace ya algunos años también debe servir de elemento para hacer la debida ponderación en este tipo de decisiones", afirmaron entonces los magistrados discrepantes –Antonio Xiol, Adela Asúa y Fernando Valdés–, que calificaron de "desproporcionado e innecesario" el perjuicio familiar al preso porque las razones para denegar el acercamiento a la localidad donde reside su familia "no han versado ni sobre razones de organización penitenciaria", "ni sobre razones de tratamiento", "ni, explícitamente, sobre razones regimentales".
Inaxio Oiarzabal, portavoz de Sare, pide, en conversación telefónica con infoLibre, que se ponga fin al "alejamiento que sufren" y que hace que las penas las estén pagando "presos y familiares", recordando a renglón seguido la situación de "esos niños que están alejados de sus padres". Carmen Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), asevera que "la distancia de los etarras está en sus propias manos". "Solo tienen que rechazar la violencia. Pero no quieren, se sienten orgullosos", sostiene la hermana de Gregorio Ordóñez –concejal del PP asesinado por ETA–, que asegura que no van a consentir "que sin ese mínimo se acerque a ningún etarra a cárceles vascas".
Enfermos terminales
El pasado sábado miles de personas se manifestaron en Vitoria, convocados por Sare, para reclamar la excarcelación de los presos con enfermedades graves. Esta es otra de sus demandas. "La ley establece el derecho al tratamiento digno y a la sanidad. Por ello, pedimos la salida de aquellos presos con enfermedades terminales y degenerativas, que son incompatibles con la vida en la cárcel", señala a este diario Oiarzabal. El portavoz de Sare asegura que actualmente hay encarcelados "13 gravemente enfermos con nombres y apellidos". Aunque, añade, manejan otro listado que incrementa esta cifra hasta los 23.
El Ministerio del Interior, sin embargo, lo niega. A comienzos de mayo, el titular de la cartera, Juan Ignacio Zoido, respondió a la moción de la diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, asegurando en el Congreso que "no hay ningún preso etarra enfermo cuya gravedad recomiende la salida de prisión" y afirmando que el Gobierno central "no hará transacciones ni concesiones con aquellos que tanto daño han hecho". Algo que repitió una semana después en el Senado en respuesta a una pregunta de Podemos: "No hay ninguno en grave riesgo de perder la vida en la cárcel".
Ordóñez también es clara en este sentido. La presidenta de Covite recuerda que la legislación establece la posible excarcelación "cuando un preso está enfermo grave, terminal". "¿Cuántos etarras han muerto en prisión por enfermedades terminales? ¿Cuántos no etarras se habrán muerto por esto en la cárcel? Llaman enfermo grave a uno con una hernia en el estómago", se queja en conversación con este periódico. "Anda que no hemos asistido a excarcelaciones de etarras por enfermedad grave y encima tomándonos el pelo", continúa. Y recuerda el caso de Josu Uribetxeberria Bolinaga –condenado por el asesinato de 2 guardias civiles y el secuestro de Ortega Lara–, que salió de prisión en agosto de 2012 y murió en enero de 2015.
El Gobierno no acercará “de ninguna manera” los presos de ETA al País Vasco
Disminuyen los presos
Un mes después del acto de entrega del arsenal, Oiarzabal cree que "es el momento de dar pasos hacia la resolución". Con el paso de los años, el número de miembros de la banda terrorista encarcelados es cada vez más reducido. El colectivo de presos, además, se encuentra "en pleno debate". Una discusión sobre la apertura a que los reclusos de ETA decidan individualmente si acogerse a la legalidad penitenciaria para obtener beneficios carcelarios, que "parece que podría finalizar en verano". "Estamos en un momento clave", sentencia.
Ordoñez, preguntada por la salida de presos en los últimos años, afirma que "si han cumplido las penas" ella no se mete: "Pasa el tiempo y van cumpliendo las condenas". Pero afea el cambio de criterio a la hora de notificar a los familiares de las víctimas las salidas. "Antes se nos notificaba cuando salían los asesinos de nuestros familiares, y más cuando en el País Vasco y Navarra son recibidos a bombo y platillo y con todos los honores. Ahora, si la víctima no hace una comparecencia en la sección donde se dicta la sentencia y pide ser notificada con las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencia por los asesinos de tu familia, no te notifican", critica. "Otro atropello más", lamenta.
Un mes después del acto de entrega de su arsenal a las autoridades francesas protagonizado por ETA a través de mediadores, el tema de los presos de la organización terrorista sigue más vivo que nunca. Tanto en la calle como en las instituciones. El pasado jueves el Pleno del Congreso de los Diputados tumbó, con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos, una moción de EH Bildu –que contó con el respaldo de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís– en la que se pedía al Gobierno la flexibilización de la política penitenciaria y la excarcelación de todos aquellos presos de ETA con enfermedades graves. Una exigencia que a comienzos de mayo también sacó a la calle a miles de personas en Vitoria.