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Desde 2018, han sido al menos cinco las ocasiones en las que se ha alertado de que el rey emérito habría podido incurrir en delitos fiscales. Más allá de las revelaciones que hizo la empresaria germano-danesa Corinna Larsen al comisario José Manuel Villarejo, las diligencias judiciales en las que derivaron han ido poniendo sobre aviso acerca de la posibilidad de que se pudiera investigar a Juan Carlos I, al menos en lo relativo a si estaba o no al día con Hacienda. El pasado diciembre y este mismo jueves se ha demostrado que no lo estaba, tal y como ha reconocido él mismo al llevar a cabo dos regularizaciones tributarias que suman más de cinco millones de euros en impuestos no pagados.
Todo empezó con el caso Tándem, también llamado caso Villarejo, que se instruye en la Audiencia Nacional. En el verano de 2018, los investigadores desencriptaron unas grabaciones intervenidas al comisario jubilado en las que se escuchaba a éste charlando con Corinna Larsen y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Después se supo que el encuentro se produjo en Londres en el año 2015 y en él la comisionista germano-danesa no escatimaba en detalles: afirmaba que el Juan Carlos I había cobrado comisiones (65 millones de euros) por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas; también acusaba al ex jefe del Estado de haberla utilizado como testaferro y de disponer de cuentas ocultas en bancos suizos a nombre de un primo lejano, Álvaro de Orleans.
La instrucción de esta pieza separada se cerró muy pronto, apenas dos meses después de su apertura. Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción lo justificaron ante la imposibilidad de investigar al rey emérito, ya que se trataba de hechos supuestamente ocurridos antes de su abdicación y no veían que las revelaciones sobre las actividades de Juan Carlos I fueran "susceptibles de investigación en sede penal". Sin embargo, el Ministerio Público continuó indagando en secreto la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas en una información que se complementaba con "otros documentos hallados" durante la instrucción judicial.
"Atención de las autoridades tributarias"
En todo caso, la Fiscalía advirtió entonces sobre las consecuencias fiscales que pudieran derivarse de los hechos investigados. Aquí está la primera de las alertas: "Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias, y en su caso, pudieran derivar en las correspondientes denuncias por delito fiscal". En este sentido, los técnicos del ministerio de Hacienda (Geshta) emitieron un comunicado el pasado 12 de julio en el que manifiestan que las conversaciones que han sido publicadas tienen la entidad suficiente para que la Agencia Tributaria les preste la máxima atención y las verifique”, dice el informe incorporado al sumario. Por tanto, los fiscales y los técnicos de Hacienda ya venían avisando de una posible evasión fiscal.
Comisión rogatoria de Suiza
La segunda de las alertas podía intuirse desde que la Fiscalía suiza abrió una investigación a raíz de las cintas de Villarejo y Corinna Larsen, pero se confirmó cuando el encargado de las diligencias, Yves Bertossa, remitió en verano de 2019 una comisión rogatoria a la Audiencia Nacional en la que explicaba que había imputado a la examante del rey emérito así como al gestor de fondos Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica y solicitaba información útil para sus pesquisas. Tras enumerar los antecedentes y el objeto de su investigación, relataba que de todo lo actuado se desprendía que "Álvaro Jaime de Orleans es el beneficiario de la Fundación Zagatka, con sede en Liechtenstein", desde la que se pagaron viajes y otros gastos a Juan Carlos I y su entonces amante.
En España, la investigación sobre el cobro de supuestas comisiones por la obra del AVE a La Meca siguió con sigilo en la Fiscalía Anticorrupción. Mientras, Juan Carlos de Borbón seguía haciendo vida normal en España, cobrando su asignación de casi 200.000 euros de la Casa Real y participando en actos públicos. No se conocía entonces que en marzo de 2019, unos meses antes de la llegada de la comisión rogatoria de Suiza, Zarzuela supo de la fundación panameña Lucum, de la que tanto el rey emérito como Felipe VI serían beneficiarios, por los abogados de Corinna Larsen. Posteriormente, también de la Fundación Zagatka. El actual monarca se desvinculó de ambas ante notario. Aunque esta noticia no se conoció hasta un año después, ya en plena pandemia de coronavirus, quizá este sea el motivo, unido al avance de las investigaciones en España y Suiza, que desencadenó la decisión de la Casa del Rey en junio de 2019 de apartar al emérito de la vida pública.
El comunicado de Zarzuela
Llegó 2020. La publicación en prensa británica de la vinculación de Felipe VI con las fundaciones llevó a Zarzuela a emitir un comunicado explicativo justo el día en que entró en vigor el estado de alarma por la epidemia de covid-19. Esta sería la tercera alerta, según técnicos de Hacienda consultados por infoLibre. La Casa Real anunciaba que retiraba la asignación anual al monarca abdicado pero también se admitía que Felipe VI conocía desde un año antes los fondos ocultos de su padre en el extranjero y se revelaba la existencia de las fundaciones Lucum y Zagatka.
Traspaso a la Fiscalía del Supremo
La cuarta alerta llegó unos meses después, en junio de 2020: la Fiscalía anunciaba que trasladaba de Anticorrupción al Tribunal Supremo la investigación de las presuntas comisiones del AVE a La Meca al afectar directamente al rey emérito, que está aforado ante este órgano judicial desde su abdicación en junio de 2014. Después llegó el anuncio de una segunda línea investigación sobre fondos no declarados a Hacienda que el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause le habría regalado y de los que Juan Carlos de Borbón y algunos familiares habrían hecho uso, a través de tarjetas de crédito a nombre del coronel Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del monarca abdicado; y unas terceras pesquisas tras una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que detectó movimientos de dinero procedentes de paraísos fiscales.
La anterior regularización
Por la segunda de las investigaciones, el monarca abdicado presentó el pasado mes de diciembre ante la autoridad tributariauna declaración, de la que resultó una deuda por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, tal y como anunció el abogado de Juan Carlos de Borbón. Esta sería, para los técnicos consultados, la quinta de las alertas. La Fiscalía del Supremo informó entonces de que estudiaría la declaración para analizar "su espontaneidad, veracidad y completitud". Investiga, por tanto, si se puede considerar espontánea, ya que el Ministerio Público le notificó un mes antes la existencia de diligencias en su contra –a pesar de que su letrado decía que no había habido requerimientos previos– y el Código Penal sólo considera regularizada la situación tributaria si existe pago previo a la "querella o denuncia" o antes de que la Fiscalía o el juez "realicen actuaciones que le permitan" conocer la iniciación de diligencias.
La nueva regularización, esta vez 4.395.901,96 euros, se corresponde, según el comunicado de su abogado, con "rentas derivadas de gastos por viajes y servicios" a cargo de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans. De lo abonado al fisco, se deduce que lo gastado por el rey emérito en este concepto habría sido algo más de ocho millones de euros. Precisamente, El Confidencial publicó el pasado noviembre que Juan Carlos I utilizó hasta ocho millones de euros de origen opaco para pagar más de una decena de vuelos privados por América del Norte, Caribe y Oriente Medio, de acuerdo con las cuentas de la Fundación Zagatka.
Podemos exige a Hacienda investigar a Juan Carlos I: "No es aceptable su pasividad" ante el nuevo "escándalo" del emérito
Fuentes de la Fiscalía consultadas por infoLibre no han aclarado si el rey emérito había sido informado de alguna diligencia sobre estos gastos y su evasión fiscal porque "las investigaciones siguen su curso" y sobre su contenido no se da ninguna información, aunque remarcan que la regularización es un acto de carácter tributario. Desde la Agencia Tributaria, por su parte, resaltan que su actuación en lo que compete al rey emérito es de auxilio judicial, por lo que la iniciativa de cualquier actuación corresponde al Ministerio Público.
Sin embargo, para la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, la nueva regularización demuestra que la Agencia Tributaria ha actuado durante estos años "arrastrando los pies" por no abrir una investigación fiscal al rey emérito a pesar de todos los indicios con los que contaba. En su opinión, si se tratara de cualquier otro contribuyente, Hacienda le habría abierto una investigación, pero cree que en este caso ha habido "escudos fiscales".
Desde Unidas Podemos, han señalado tanto a la Fiscalía como a la Agencia Tributaria, a las que acusa de "pasividad", lo que está permitiendo, a su juicio, "eludir la justicia" a Juan Carlos de Borbón.
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