El Parlament de Cataluña aprobó este lunes, con los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP, la resolución que declara el "inicio" del proceso de creación de una república catalana. El texto, que salió adelante por 72 votos a 63 y al que se opusieron Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP, insta además a la Cámara autonómica a desobedecer a las instituciones españolas y, especialmente, a ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional.
El paso es para muchos un salto cualitativo en la espiral independentista, y las reacciones no se hicieron esperar. Apenas media hora después de que la resolución recibiera luz verde definitiva, el presidente Mariano Rajoy anunció que el Gobierno recurrirá la decisión del Parlament ante el Constitucional. Después fue el turno de Pedro Sánchez (PSOE), que afirmó que los socialistas apoyarán esa medida del Ejecutivo y calificó el texto aprobado de "muestra de desprecio a la democracia".
En las últimas semanas Rajoy se ha afanado en dejar muy claro que la resolución no tendrá ningún efecto: el texto, dijo el presidente recientemente, "no surtirá ni uno solo de sus efectos" porque "el Estado –insistió– no va a renunciar al uso de todos sus mecanismos políticos y jurídicos". El Ejecutivo tiene ya diseñado un plan de acción para dejar sin efecto la moción aprobada por Junts pel Sí y la CUP. Y ahora, tras su aprobación, en el Gobierno entienden que ha llegado la hora de poner en marcha todos los mecanismos disponibles para frenar la ruptura con España.
Reforma del Constitucional
La pieza angular en el plan del Gobierno central es la reforma exprés del Tribunal Constitucional promovida por el PP, modificación que entró en vigor definitivamente el pasado 17 de octubre. El plan, ideado por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, se conoció a principios de septiembre, pero en realidad se había fraguado un par de meses atrás. En virtud de la nueva regulación, se abrió la posibilidad de sancionar a quienes incumplan las resoluciones del TC.
Las reformas introducidas a la ley del tribunal de garantías fueron muy criticadas por la oposición parlamentaria, que censuró que se presentaran a menos de un mes de las elecciones autonómicas en Cataluña y en la recta final de la legislatura antes de disolverse Congreso y Senado para la celebración de las generales de diciembre. Sin embargo, los cambios salieron adelante sin contratiempos gracias a la cómoda mayoría absoluta del PP. Miembros de la dirección de los conservadores argumentaron que era necesario tomar la iniciativa para evitar la posibilidad de que Artur Mas se saltara la ley.
Así las cosas, quienes hagan caso omiso de las resoluciones del Constitucional pueden ser objeto de sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros. Además, puede suspenderse de sus funciones a "las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento durante el tiempo preciso para la observancia de los procedimientos del Tribunal". Esta reforma es ahora el elemento central al que el Gobierno fía todo. La reforma, confeccionada ah hoc para frenar el procés soberanista, serviría para frenar la hoja de ruta independentista evitando además la aplicación del artículo 155 de la Constituciòn.
Lo cierto es que Rajoy quiere evitar a toda costa la suspensión de la autonomía catalana: porque sería la primera vez en la que se aplica y porque el proceso para activar ese mecanismo es largo. El Gobierno apostó en primer lugar por la vía de los recursos de los grupos parlamentarios, aunque era consciente de que no serviría de nada. Ciudadanos y el PP solicitaron la suspensión del Pleno de este lunes –el PSC también recurrió la moción, pero no pidió esa medida cautelar–, pero el Constitucional permitió su celebración.
Ahora, y tras esa primera maniobra para ganar tiempo, en el Ejecutivo consideran que es hora de poner en marcha y a pleno rendimiento la maquinaria del Estado para hacer frente a la escalada independentista. Estos son los cinco pasos de la hora de ruta del Gobierno:
1. El trámite del Consejo de Estado
La primera fase del proceso para dejar sin efecto la resolución aprobada este lunes es cumplir con todos los trámites previos a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. Para eso, antes que nada, es necesario que se pronuncie el Consejo de Estado. El órgano consultivo presidido por José Manuel Romay Beccaria –hombre de la máxima confianza de Rajoy– debe emitir su opinión sobre la impugnación de la resolución y estaba ya sobre aviso de que se le pediría pasar a la acción, porque la aprobación de la moción se daba por segura.
Así las cosas, este mismo lunes el Gobierno no ha dejado pasar un segundo: ha presentado ante el Consejo de Estado un escrito en el que solicita a su Comisión Permanente que en el plazo de 24 horas emita el preceptivo informe en torno al recurso de la iniciativa parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP. La solicitud de informe la firmó el lunes por la mañana el presidente Mariano Rajoy. Después, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el subsecretario de Presidencia, Federico de Ramos, la depositaron en la sede del Consejo.
2. La reunión con el PSOE
Para este martes, el presidente Mariano Rajoy ha citado al líder de la oposición, Pedro Sánchez, en la Moncloa. Será la segunda ocasión en la que se reúnan en menos de dos semanas, después de que el pasado 28 de octubre almorzaran juntos en el marco de la ronda de contactos que Rajoy mantuvo con los líderes de PSOE, Ciudadanos y Podemos. En esa serie de reuniones el número uno del Ejecutivo se comprometió con los líderes de esas tres formaciones a mantenerles al corriente de las novedades y de los pasos que vaya dando.
Ahora Rajoy ha convocado a Sánchez en primer lugar porque es el principal líder de la oposición, y no hay anunciadas reuniones ni con Albert Rivera ni con Pablo Iglesias, aunque no se descartan. Si no hay un nuevo encuentro con cada uno de ellos, los informará puntualmente por otros cauces, por ejemplo, en conversación telefónica. En lo que a Pedro Sánchez respecta, el líder del PSOE ya ha anunciado que apoya el recurso ante el Constitucional anunciado por el Gobierno para obtener la declaración de inconstitucionalidad de la sesolución aprobada por el Parlament.
3. Aprobación del recurso
Con el preceptivo informe del Consejo de Estado ya en su poder, el Consejo de Ministros aprobará el recurso ante el Constitucional en una sesión de carácter extraordinario que tendrá lugar tan pronto como el miércoles. Será una reunión de mero trámite.
4. Suspensión cautelar
Una vez presentado el recurso el Constitucional se reunirá para su admisión a trámite, previsiblemente el jueves. La resolución del Parlament quedará entonces en suspenso de forma automática, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores a lo largo del procés soberanista, por ejemplo, cuando se recurrió desde el Gobierno central el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N. A partir de aquí, se abre un posible escenario de choque de trenes, porque de acuerdo con la resolución aprobada por la Cámara autonómica este lunes, la Cámara autonómica debería hacer caso omiso de esa suspensión cautelar.
En concreto, el texto avalado por Junts pel Sí y la CUP remarca que las acciones del parlamento catalán "no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia desde la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña". Además, hay otro punto de la resolución que insta a los diputados a hacer efectivo el incumplimiento, pues el documento aprobado este lunes "considera pertinente iniciar en el plazo máximo de treinta días la tramitación de las leyes del proceso constituyente, la Seguridad Social y la Hacienda Pública".
5. De la inhabilitación al 155
Rajoy anuncia que recurrirá al TC la decisión del Parlament y Sánchez lo apoya
En plena campaña electoral para las elecciones generales, se deberá gestionar un escenario de máxima tensión. Los dos protagonistas clave serán la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el president autonómico en funciones, Artur Más. Cuando el Constitucional suspenda la resolución, cualquier acción para desarrollar el contenido de la moción recurrida implicaría que se activa la citada reforma del Tribunal Constitucional, que acarrea primero sanciones de 3.000 a 30.000 euros y, en última instancia, la inhabilitación de los incumplidores para "asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal".
El Gobierno preferiría que todo se solucionase con la activación de este mecanismo. No quiere llegar a hacer uso del artículo 155 de la Constitución. El presidente Rajoy no lo rechaza de forma tajante, pero en público y en privado siempre ha dejado claro que no quiere recurrir a él salvo que sea estrictamente imprescindible. Si se llegara a ese extremo, además, la apuesta del Ejecutivo es suspender únicamente las competencias necesarias para cerrar el camino a la creación de la estructuras del Estado catalán. Por ejemplo, cortar las competencias en materia de la Tesorería de la Seguridad Social para impedir la aparición de una Seguridad Social catalana.
Si el Ejecutivo se decidiera finalmente a dar este paso, que fuentes próximas al Gobierno definen como "el último de los escenarios" que se barajan, tendría que presentar al presidente del Senado un escrito en el que constara el alcance de las medidas propuestas y la justificación de que se ha instado al presidente autonómico de turno, en este caso Artur Mas, a que adoptara una serie de medidas que ha incumplido. Después, la Mesa del Senado tendría que trasladar ese escrito a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pedir al presidente autonómico que presente alegaciones, estudiarlas y, finalmente, la Comisión propondría al Pleno de la Cámara alta –en este caso a la Diputación Permanente, porque las Cortes están disueltas– sus argumentos a favor o en contra de la suspensión, que se decidiría por votación de los senadores.
El Parlament de Cataluña aprobó este lunes, con los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP, la resolución que declara el "inicio" del proceso de creación de una república catalana. El texto, que salió adelante por 72 votos a 63 y al que se opusieron Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP, insta además a la Cámara autonómica a desobedecer a las instituciones españolas y, especialmente, a ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional.