Nueve años y medio han tenido que esperar las víctimas del Metro de Valencia para que el parlamento valenciano confeccione una comisión de investigación con garantías. El 3 de julio de 2006, la unidad 3736 de la línea 1 del metro descarriló a 80 km/h poco antes de la estación de Jesús, dejando un rastro de 43 muertos y 47 heridos. A cinco días de la visita del Papa, el Partido Popular se apresuró a echar tierra sobre la tragedia con unos funerales exprés y con el bloqueo mediático de Canal 9. Y en solo cuatro días, entre el 27 de julio y el 1 de agosto, se celebró una comisión de investigación controlada al milímetro por el PP, que impuso 27 de los 32 comparecientes y vetó numerosas propuestas de la oposición. Mucha documentación llegó mutilada, como el caso de un informe interno de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), de septiembre de 2005, que se tramitó sin los anexos que denunciaban la obsolescencia de máquinas e instalaciones y la falta de seguridad. Y no se remitió un estudio del Ministerio de Fomento que dejaba a la valenciana, entre 2000 y 2002, a la cabeza de las autonomías con mayor índice, un 70%, de siniestralidad ferroviaria: 85 accidentes y una víctima trimestral. También se ocultó que la unidad fatídica ya había sufrido siniestros de gravedad en 1992, 1994 y 2003.
Con todo, la mayoría absoluta del PP impuso la versión de que se trató de “un accidente inevitable”. La misma mayoría que en años posteriores votó 20 veces en contra de la reapertura de la comisión hasta que fue derrotada en las pasadas autonómicas, en mayo, tras la conformación de un Gobierno de izquierdas entre socialistas y Compromís. El primer gesto del Ejecutivo entrante fue pedir perdón a las víctimas y constituir una nueva comisión de investigación que arrancó este viernes con la comparecencia de los portavoces de 2006. Una comisión que se alargará hasta octubre e interrogará a 70 participantes, entre ellos algunos de los rostros que más humillaron a las víctimas.
Francisco Camps. El president que agachaba la cabezapresident
Desde Presidencia partieron las primeras consignas para suavizar el impacto político del accidente. Nada, ni 43 muertos, debían empañar la visita de Benedicto XVI ni tampoco el inicio de un año preelectoral de excelentes y absolutas expectativas. El entonces jefe del Consell, Francisco Camps, impidió cualquier renuncia. Así ocurrió con el consejero de Infraestructuras, el ya fallecido José Ramón García Antón, de quien Camps no aceptó la dimisión. Era la mejor forma de no asumir responsabilidades políticas: colocar una concatenación de escudos humanos en línea ascendente hasta su despacho. Pero no fue el único gesto temeroso del president, ya que, pese a la insistencia de los familiares, jamás accedió a recibirlos. A lo máximo que llegó fue a acudir por sorpresa, en febrero de 2007, a una reunión entre su vicepresidente Víctor Campos y Enric Chulio, entonces portavoz de la asociación de víctimas, quien vivió aquella cita como “una trampa, una tomadura de pelo”. De hecho, Presidencia abusó de la confianza de las familias al emitir un comunicado en el que se hablaba de “buen clima” con los damnificados.
Camps dimitió en julio de 2011 acosado por la Gürtel en la conocida como causa de los trajes. Posteriormente sorteó investigaciones sobre financiación irregular del PP valenciano o fraude electoral. También se libró del caso Nóos, fundación que dejó un agujero de 3,6 millones por la celebración de tres jornadas deportivas en Valencia. Por este hecho acudirá como testigo, pero no como imputado, tal y como solicitó el juez José Castro en sus escritos. Finalmente, Camps acabó imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos en 2015 a causa de las irregularidades detectadas en la celebración de la Fórmula 1, que costó 250 millones a la Generalitat pese a que se publicitó como “coste cero”. Actualmente, Camps se beneficia del estatuto como expresidente y es miembro de Consell Jurídic Consultiu (equivalente al Consejo de Estado) con una retribución de 52.000 euros brutos anuales.
Juan Cotino. Un agregado del Opus Dei en casa de las víctimas
Juan Cotino, agregado del Opus Dei y mano derecha de Camps, fue el primer representante del Gobierno que se dejó ver en el tanatorio junto a las víctimas. En los días posteriores, visitó casa por casa ofreciendo su ayuda: un trabajo para el padre que había perdido un hijo, facilidades para estudiar en la Academia de la Policía Nacional (de la que había sido Director General) a algún hijo que había quedado sin padre o mayor diligencia en el cobro de las indemnizaciones. Unos propósitos bajo una sola cláusula: las familias debían renunciar por escrito a acudir a los tribunales. Algunos accedieron. Otros llegaron a echarlo de sus casas y vivieron con temor la insistencia telefónica de sus emisarios en semanas posteriores.
El clímax de la vida política de Cotino fue la visita del Papa, de la cual era su principal organizador. Aquel evento se saldó con 7,4 millones de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) adjudicados a dedo a Teconsa, una empresa pantalla de la Gürtel, para la sonorización de las misas. Un trabajo presupuestado en 3 millones y que dejó otros 3,4 a la trama. Por este hecho, Cotino está imputado por prevaricación, soborno, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Las investigaciones le apuntan como enlace de la red con la administración valenciana.
Serafín Castellano. Músculo del PP para frenar a la oposición
Castellano era el portavoz parlamentario del Partido Popular cuando ocurrió el accidente y actuó como dique de contención frente a las críticas de la izquierda. Bajo su control se celebró la comisión de investigación de julio de 2006, destinada a dar apariencia de debate a la consigna oficial del PP. Casi diez años después, Castellano compareció este viernes para repetir exactamente lo mismo que entonces: “no vetamos a nadie”, “siempre tuvimos buena predisposición”. “Veo que el tiempo no le ha cambiado”, le endilgó la diputada socialista Ana Barceló, quien criticó “su hilaridad y la forma de descafeinar absolutamente todo”. Y Joan Antoni Oltra, portavoz en 2006 de l'Entesa (coalición encabezada por Esquerra Unida), sintetizó el sentimiento de aquellos días: “Todo quedó controlado por el núcleo duro y lo que decía Castellano iba a misa (...) Quisiera pensar que algún diputado del PP estaba a disgusto, pero tengo dudas. Casi todo el mundo colaboró entusiásticamente”.
Durante los siete años que Castellano fue consejero de Gobernación, entre 2007 y 2014, cosió una tupida red clientelar. Es lo que viene a decir la investigación sobre Avialsa, empresa a la que adjudicó, de manera irregular, la extinción de incendios. Castellano fue detenido a finales de mayo y cesado como Delegado del Gobierno. Está imputado por prevaricación, malversación y soborno.
Marisa Gracia. La cocinera de la versión oficial
Desde el despacho de Marisa Gracia, en aquella época gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), se cocinaron las tesis y las voluntades de la versión oficial. Días antes del inicio de la comisión de 2006, trabajadores de la empresa H&M Sanchis aleccionaron a 18 operarios técnicos y cargos con un cuestionario de 66 posibles preguntas seguidas de respuestas con la prohibición de palabras como “tragedia”, “deficiencia” y “baliza”. De hecho, esta última era uno de los argumentos más sólidos de la izquierda. Una baliza de frenado en la curva del accidente, tal y como ya solicitaban desde hacía tiempo los sindicatos, lo hubiera evitado. Un dispositivo que apenas costaba 3.600 euros y de las que se colocaron, días después, cerca de 14 a lo largo de la línea 1 para evitar, según el PP, “la alarma social”. Sea como fuere, la falta de inversiones en FGV era patente, con 23,7 millones del Gobierno central en 2001 que se desviaron a otros asuntos. Los informes internos hablaban de piezas sin recambios, de sistemas de frenado antiguos, de incidencias casi diarias, de vagones desfasados o ventanas “prácticamente cogidas con alfileres”. De hecho, la rotura de los cristales al volcar la unidad fue el desencadenante de la mayoría de las muertes, ya que los pasajeros salieron despedidos al exterior y triturados por el vagón. Además, FGV realizó una pésima custodia de las pruebas: el libro de averías jamás se encontró y la caja negra fue borrada premeditadamente. La unidad estuvo meses accesible a cualquier trabajador y fue convertida en chatarra antes de que nadie la pudiera peritar.
Gracia fue obligada a dimitir por el expresident Alberto Fabra en octubre de 2012. Y desde 2013, la Guardia Civil investiga un aumento de su patrimonio asociado a la presunta adjudicación a dedo de 17 millones, a partir de 2007, a la empresa Med Seguridad.
Un documental revive el 'carpetazo' del PP al accidente del metro de Valencia
Pedro García. Amigo de la Gürtel, enemigo de la verdad
El accidente del metro se produjo a las 13.00 horas y en su noticiero de las 14.00 Canal 9 apenas informó sobre este hecho a pesar de que la catástrofe era portada en todas las cadenas estatales. Pero en los despachos de Canal 9 era costumbre no mover pieza hasta recibir órdenes de Presidencia. El director general del ente era Pedro García, aupado a este puesto tras su paso como jefe de prensa de Camps. Aquella tarde, la televisión pública emitió un concurso y dos telenovelas. Mientras, el resto de cadenas realizaban especiales a pie de calle. Solo al día siguiente, con la consigna elaborada, Canal 9 empezó a emitir especiales. La correa de transmisión había quedado perfectamente engrasada con Francisco Camps, Nuria Romeral (secretaria Autonómica de Comunicación), Pedro García y Lluís Motes, jefe de Informativos. Posteriormente, el tema del metro sería tabú en la redacción. Jamás se cubrió ninguna de las concentración que cada 3 de mes organizaban los familiares. Y Beatriz Garrote, la portavoz de la asociación de víctimas, solo fue invitada a Canal 9 por primera y única vez la noche de su cierre.
Pedro García, amigo íntimo de Álvaro Pérez el bigotes (de hecho contaba con un 20% de las acciones de Orange Market, la sucursal de la Gürtel en Valencia) dimitió en agosto de 2009 dejando 900 millones de deuda en RTVV, según la Sindicatura de Cuentas, y tras cobrar una indemnización de 50.000 euros. Además, supuestamente, habría recibido medio millón por los amaños en la sonorización de la visita del Papa, un procedimiento en el que está imputado por soborno, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Nueve años y medio han tenido que esperar las víctimas del Metro de Valencia para que el parlamento valenciano confeccione una comisión de investigación con garantías. El 3 de julio de 2006, la unidad 3736 de la línea 1 del metro descarriló a 80 km/h poco antes de la estación de Jesús, dejando un rastro de 43 muertos y 47 heridos. A cinco días de la visita del Papa, el Partido Popular se apresuró a echar tierra sobre la tragedia con unos funerales exprés y con el bloqueo mediático de Canal 9. Y en solo cuatro días, entre el 27 de julio y el 1 de agosto, se celebró una comisión de investigación controlada al milímetro por el PP, que impuso 27 de los 32 comparecientes y vetó numerosas propuestas de la oposición. Mucha documentación llegó mutilada, como el caso de un informe interno de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), de septiembre de 2005, que se tramitó sin los anexos que denunciaban la obsolescencia de máquinas e instalaciones y la falta de seguridad. Y no se remitió un estudio del Ministerio de Fomento que dejaba a la valenciana, entre 2000 y 2002, a la cabeza de las autonomías con mayor índice, un 70%, de siniestralidad ferroviaria: 85 accidentes y una víctima trimestral. También se ocultó que la unidad fatídica ya había sufrido siniestros de gravedad en 1992, 1994 y 2003.