Este viernes se cumplen 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Cuatro décadas en las que España ha transitado hacia la democracia, pero en las que no ha superado por completo la herencia del régimen y de la represión que ejerció. Instancias internacionales y asociaciones de familiares de represaliados denuncian que las víctimas no han visto reconocidos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que aún hay miles de víctimas enterradas en fosas comunes, y que normas como la Ley de Amnistía impiden investigar los crímenes de ese periodo.
La única ley aprobada en democracia con el fin expreso de hacer justicia con las víctimas es la Ley de Memoria Histórica (2007), que salió adelante en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP. Un año después comenzó la primera investigación en España sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura, pero lejos de concluir como las familias esperaban, el juez que admitió a trámite las denuncias de 22 asociaciones, Baltasar Garzón, no sólo no pudo seguir adelante con la causa –la Audiencia Nacional decretó que carecía de competencia para investigar los hechos–, sino que acabó sentado en el banquillo de los acusados y tuvo que responder por un presunto delito de prevaricación del que resultó finalmente absuelto en 2012.
Fuera de España, las asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica han buscado justicia en Argentina. En la actualidad, una jueza de Buenos Aires instruye una macrocausa contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La magistrada María Servini de Cubria ha reclamado además la extradición de una serie de cargos del régimen –entre ellos el exministro franquista José Utrera Molina; el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño; y el ex guardia civil Jesús Muñecas, todos acusados de torturas– que España se ha negado a entregar aun a costa de una reprimenda de Naciones Unidas, que recordó al Gobierno que "está obligado" a conceder la extradición mientras no garantice a las víctimas el derecho a la verdad ante instancias españolas.
Con motivo del cuarenta aniversario del fallecimiento del dictador, infoLibre repasa cinco herencias del régimen que no han desaparecido con la llegada de la democracia: la situación de las víctimas y las fosas comunes, el callejero franquista y el Valle de los Caídos, la Ley de Amnistía de 1977, el Concordato con la Iglesia católica y la Fundación Nacional Francisco Franco.
1. Las víctimas de la dictadura
El elemento más visible de la represión de la dictadura son las miles de víctimas cuyos restos aún no han sido recuperados por sus familias y que permanecen enterradas en fosas comunes, muchas de ellas ya localizadas y que no se han exhumado por falta de medios o ausencia de colaboración de instituciones públicas y propietarios privados. En un auto fechado en octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón calculó que, sólo entre el 17 de julio de 1936 y 1951, el régimen ejecutó un "plan de exterminio sistemático" que provocó la desaparición forzosa de al menos 114.266 personas.
Esa cifra, recuerdan organizaciones como Jueces para la Democracia, convierte a España en "el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados". La asociación también reclama "un plan de administración programado, sistemático y financiado públicamente que permita con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista".
La Ley de Memoria Histórica significó, en esta línea, la creación de un mapa de fosas que recoge más de 2.000 localizaciones donde permanecen enterradas víctimas de la dictadura. Además, la norma estableció que el Gobierno debería elaborar un "protocolo" que asegurara "la colaboración institucional y una adecuada intervención en las exhumaciones", así como "convenios de colaboración para subvencionar a las entidades sociales que participen en los trabajos".
Ese protocolo, sin embargo, no satisfizo a las asociaciones de víctimas por completo: la ley señala, por ejemplo, que es "absolutamente necesario" que "familiares directos de las víctimas" u "otros interesados, como puedan ser las asociaciones constituidas en reivindicación de la memoria histórica" hayan solicitado la exhumación de los restos. Esto es, que no es el Estado el que actúa de oficio. En la práctica, denuncian las víctimas, la coordinación de los trabajos ha recaido sobre las asociaciones, que con frecuencia carecen de recursos económicos para acometer las exhumaciones.
Ley derogada de facto
De hecho, la situación de estas entidades ha empeorado sustancialmente en la legislatura que ahora toca a su fin. En 2004 el Gobierno decidió por primera vez destinar fondos a recuperar la memoria de las víctimas. Dos años más tarde, en 2006, llegó la primera partida en los Presupuestos Generales del Estado: dos millones de euros. En ejercicios sucesivos aumentaron las ayudas –3.000.000 de euros en 2007, 4.000.000 de euros anuales en 2008 y 2009, 5.970.280 euros en 2010 y 6.253.800 euros en 2011–, pero todo cambió con la llegada del PP.
Así, en 2012, las partidas para la recuperación de la Memoria Histórica sufrieron un primer varapalo: se quedaron en apenas 2,5 millones de euros. Desde entonces, en los ejercicios sucesivos, las ayudas se redujeron hasta desaparecer. Rajoy ya había advertido de su posición en una entrevista en 20 Minutos publicada en 2008: “Yo, desde luego, eliminaría todos los artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. No daría ni un solo euro del erario público a esos efectos”, dijo el hoy presidente.
Repreguntado por el derecho de una familia a recuperar "los restos del abuelo que está en una cuneta", Rajoy contestó: "Yo creo que a lo que tienen derecho todos los españoles es a que miremos al futuro y no generemos tensión ni división, como decidimos en el año 1978. (...) Yo creo que en el año 78 dijimos: 'Miremos hacia el futuro'. Hagámoslo". Desde su llegada al Gobierno, las asociaciones denuncian la derogación de facto de la Ley de Memoria Histórica. Afirman que de las más de 2.000 fosas comunes localizadas ni siquiera se han producido exhumaciones en medio millar de ellas.
El PP responde que no entrega fondos a esta causa porque "el 90% de los temas se han solucionado". Y frente a las críticas de la oposición, los conservadores acusan al resto de partidos de querer "prolongar en el tiempo" la reparación de las víctimas "por razones ideológicas", o directamente tildan a quienes piden cumplir la Ley de Memoria Histórica de "cansinos". "¡No den la murga!", espetó al PSOE un senador del PP, José Joaquín Peñarrubia, el pasado octubre. El parlamentario llegó a afirmar que "no hay más fosas por descubrir" salvo "que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales".
2. callejero franquista y Valle de los Caídos
Otro de los vestigios de la dictadura es el gran número de calles y plazas con nombres franquistas que sobreviven en el callejero de las ciudadas españolas, así como la existencia de placas, estatuas o esculturas de exaltación del régimen. En Madrid, la última gran estatua ecuestre de Franco se retiró en marzo de 2005 –en plena noche y no sin cierta polémica antes y después de la operación–, pero son todavía muchas las referencias del callejero que hacen referencia a cargos estrechamente vinculados a la dictadura.
Las asociaciones de víctimas han manejado varios listados de topónimos que, a su juicio, entrarían en el ámbito de lo regulado por la ya citada Ley de Memoria Histórica, que en su artículo 15 insta a las administraciones públicas a retirar "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". Entre los últimos realizados, el estudio del historiador Antonio Ortiz Mateos para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica señaló hasta 150 referencias a eliminar sólo en Madrid.
Los que sí se retirararon tras la aprobación de la ley de 2007 son muchos de los símbolos de la dictadura presentes en edificios de la Administración. Sin embargo, la información disponible sobre este proceso no se actualiza desde abril de 2011. Hasta esa fecha se habían retirado 570 de los 705 símbolos situados en edificios de ministerios y organismos de la Administración General del Estado. Defensa, por ejemplo, cambió la denominación de once bases militares que hasta entonces tenían nombres como "Generalísimo Franco" (hoy "Vallehermoso") o "Carmen Polo" (hoy "Virgen del Carmen").
El Valle de los Caídos
Cuarenta años después de la muerte del dictador tampoco ha desaparecido ni se ha resignificado el Valle de los Caídos. De acuerdo con los datos publicados por el Gobierno en 2011, en dicho monumento de exaltación del régimen yacen los restos de al menos 33.833 personas que, entre 1959 y 1983, fueron trasladadas allí desde fosas y cementerios "de todas las provincias de España salvo Ourense, A Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife". De esos restos, "21.423 son de víctimas identificadas y 12.410 de personas desconocidas", según Patrimonio Nacional.
Ya en 2006, el Consejo de Europa "urgió" al Gobierno español en una de sus recomendaciones a poner en marcha una "exposición permanente" en la basílica del Valle para explicar "cómo fue construido por prisioneros republicanos". Un año después, la Ley de Memoria Histórica estableció que el lugar debería regirse por "las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y los cementerios públicos" y que quedaban prohibidos los "actos de naturaleza política" o "exaltadores de la Guerra Civil, sus protagonistas o el franquismo" en el recinto.
Además, una disposición adicional de la ley obligó a la fundación gestora del Valle a "honrar y rehabilitar la memoria" de los fallecidos entre 1936 y 1939 y de los muertos por la represión política de la dictadura, a "profundizar en los valores constitucionales" y a fomentar la "reconciliación" y la "convivencia". Pero no fue hasta mayo de 2011 cuando, ya en la recta final de su mandato, el Gobierno socialista creó una comisión de expertos que debía elaborar un informe "sobre posibles actuaciones a desarrollar" para dotar a este emplazamiento de un "nuevo significado más inclusivo".
Ese documento se entregó al ministro de la Presidencia el 29 de noviembre de 2011, ya tras las elecciones generales que ganó el PP. El texto [ver en PDF] pidió, entre otras cuestiones, "una resignificación integral" del Valle que sirviera para reconvertirlo en un lugar "para la memoria de las víctimas (...), todas iguales en valor". Los expertos también recomendaron que "los restos del general Francisco Franco sean trasladados al lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar más digno y adecuado" y que los de Primo de Rivera dejaran de ocupar un "lugar preeminente" en la Basílica.
Pero el informe parece haber quedado guardado en un cajón, ya que las actuaciones propuestas no se han desarrollado. Este mismo jueves, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y los abogados Eduardo Ranz y Manuel Ollé presentaron un escrito ante el Registro del Consejo de Ministros en el que reclaman la reconversión del Valle en un centro de memoria de las víctimas, así como la exhumación de los cuerpos del dictador y José Antonio Primo de Rivera. También piden la eliminación de la simbología franquista del Valle y la creación de un lugar de homenaje a las víctimas allí enterradas.
3. La Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía de 1977 es una de las herencias del franquismo más criticada por las instancias internacionales. Este mismo año, en julio, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo público un informe en el que instaba a España a "derogar o enmendar" la citada ley "para que se puedan investigar todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias".
La norma, como cuestiones centrales, establece el perdón para "todos los actos de intencionalidad política tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976" y para "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo de persecución de otros hechos o investigaciones". La ley, según denunció el relator de la ONU Pablo de Greiff, ha sido frecuentemente empleada por el Estado español como se de una "ley de punto final", impidiendo la investigación de los crímenes de la dictadura.
Además de Naciones Unidas, que ha recordado a España en numerosas ocasiones que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no prescriben y que por tanto los actos criminales del franquismo deben ser investigados, otras organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional también se han mostrado críticas con la norma. "Hay actos que en razón de su naturaleza no pueden eximir al estado de su responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar", señaló Amnistía en un informe sobre la situación de las víctimas del franquismo.
Frente a estas acusaciones, el Tribunal Supremo afirmó "la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977" en la sentencia en la que absolvió a Baltasar Garzón del posible delito de prevaricación al iniciar una investigación sobre los crímenes de la dictadura. La ley –señalaron los magistrados– se enmarca en una transición "que se considera modélica" y "en ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores [de la Guerra Civil] para encubrir sus propios crímenes, sino una ley que se promulgó (...) con un evidente sentido de reconciliación".
El Supremo agregó que "la transición fue voluntad del pueblo español" y que "ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso" y su articulación en una ley –en referencia a la Ley de Amnistía–. En esa misma línea, el tribunal calificó de "interpretación errónea de la legalidad" la voluntad de Garzón de "iniciar un proceso penal de investigación" contra los responsables de los hechos ocurridos durante la dictadura", pues "era lógico pensar" que dichos responsables habrían fallecido.
4. El Concordato con la Iglesia católica
Tras el final de la Guerra Civil y el comienzo de la dictadura el régimen de Franco inició una aproximación a la Iglesia católica con el fin de firmar un nuevo acuerdo con la Santa Sede para sustituir al Concordato de 1851, que el Vaticano dio por derogado por las políticas laicas de la Segunda República. Tras duras negociaciones, el texto final se firmó en el Vaticano en 1953. Cuarenta años después ese Concordato no se ha derogado nunca en su totalidad, aunque su contenido se modificó sustancialmente mediante los acuerdos firmados en 1976 y 1979 por el Estado español y la Santa Sede.
El texto suscrito por el dictador afirmaba "la tradición católica de la nación española" e instauraba la religión católica como la "única" del Estado español. Entre otros privilegios, se le reconocía a la Iglesia el "carácter de sociedad perfecta", se le garantizaba "el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción" y también "una adecuada dotación" económica en forma de "asignación anual", tanto a modo de indemnización por las desamortizaciones del pasado como en forma de "contribución a la obra de la Iglesia en favor de la nación".
La Iglesia vio reconocida igualmente la "capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes" por parte de "todas las instituciones y asociaciones religiosas". Esa posibilidad de inscribir bienes por primera vez, que se le concedió por primera vez en la Ley Hipotecaria de 1946, no se eliminó hasta este mismo año 2015, cuando se aprobó la nueva Ley Hipotecaria y del Catastro. Esa misma norma, sin embargo, avaló las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía eclesiástica hasta esa fecha, inscripciones entre las que destaca la de la Mezquita de Córdoba, que la Iglesia se apropió en 2006.
5. La Fundación Nacional Francisco Franco
El último elemento de la herencia de la dictadura en la España actual es la pervivencia de una fundación que lleva el nombre del dictador y dedicada a ensalzar su figura: la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). La organización se constituyó menos de un año después de su muerte, y está legalmente inscrita en el Registro de Fundaciones que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su presidenta es Carmen Franco Polo, hija del mandatario golpista, y en su patronato figuran entre otros el número tres del partido Vox en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid.
La entidad franquista se sitúa al borde de la legalidad por su propia naturaleza. De acuerdo con la Ley de Fundaciones, esta clase de entidades están obligadas a perseguir "fines de interés general", tales como "la promoción de los valores constitucionales" y "la defensa de los principios democráticos". La ley también recoge otros ejemplos, como la defensa "de los derechos humanos" o de "las víctimas del terrorismo", el "fortalecimiento institucional " y "el fomento de la democracia".
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De acuerdo con sus estatutos, desvelados por infoLibre el pasado septiembre, sin embargo, los fines de esta organización son bien distintos. La Fundación Franco admite abiertamente que su existencia persigue la "proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española". "Difundir el conocimiento" sobre la trayectoria de Franco y "exaltar su vida como modelo de virtudes" son otros de los propósitos que la entidad se marca en su texto fundacional.
Para cumplir con sus fines y entre otras actividades, la polémica organización franquista ha convocado una cena para celebrar el aniversario del nacimiento del dictador. Bajo el lema "40 años después Franco vive", la fundación ha llamado a sus fieles a congregarse el 3 de diciembre en hotel Meliá Castilla de Madrid, que ha aceptado acoger este acto en uno de sus salones. Aunque organizaciones de víctimas como la Federación Estatal de Foros por la Memoria han pedido a Meliá que cancele la reserva de la FNFF, el grupo hotelero no ha tomado acciones hasta la fecha.
Partidos de izquierda y asociaciones por la memoria histórica ya reclamaron el pasado septiembre la ilegalización de la Fundación Franco, que recibió más de 140.000 euros de dinero público durante la segunda legislatura de José María Aznar (2000-2003). Antonio Pradas, secretario de Política Federal del PSOE, consideró por ejemplo que la entidad tiene "difícil encaje en el Estado de derecho". Diputados de otros grupos, como la Izquierda Plural, UPyD, Amaiur, ERC, BNG y Geroa Bai también se mostraron contrarios a la existencia de la entidad.
Este viernes se cumplen 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Cuatro décadas en las que España ha transitado hacia la democracia, pero en las que no ha superado por completo la herencia del régimen y de la represión que ejerció. Instancias internacionales y asociaciones de familiares de represaliados denuncian que las víctimas no han visto reconocidos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que aún hay miles de víctimas enterradas en fosas comunes, y que normas como la Ley de Amnistía impiden investigar los crímenes de ese periodo.