Dos cirujanos cardiovasculares acaban de entregar a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que sostienen que, al saltarse las listas de espera y colar a determinados pacientes, el principal hospital de Murcia, el Virgen de la Arrixaca, ya ha provocado 30 muertes de enfermos con patologías cardiacas desde 2014. Dirigida contra seis cargos sanitarios, entre ellos el actual consejero de Salud de la región y su predecesor, la denuncia les señala como responsables de "fallecimientos totalmente evitables”. Prevaricación, homicidio por imprudencia y malversación son los delitos de los que la denuncia encuentra indicios en los hechos que relata.
Los dos facultativos sustentan sus acusaciones en datos de los historiales clínicos que, siempre según la denuncia, demuestran que en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) se programaron "decenas de intervenciones sin tener en cuenta los criterios de prioridad” médica: la denuncia aporta datos de 93 operaciones que se antepusieron a las 30 que no llegaron a efectuarse. Y así, aseguran los dos autores de la denuncia, pacientes incluso con menor gravedad e incluidos más tarde en lista de espera fueron operados de manera preferente. Mientras, otros que finalmente murieron aguardaban que La Arrixaca diera, literalmente en este caso, señales de vida.
En los 30 casos analizados se omite la identidad del paciente pero, con mención expresa al número de su historial clínico, se desgrana la patología y la prioridad asignada a cada paciente -1, 2 o 3- para regular el plazo máximo de dilaciones quirúrgicas aceptables. Se detalla también el tiempo real transcurrido hasta su muerte y las intervenciones que en ese lapso hicieron que otros enfermos sortearan la barrera de la lista de espera. Del contenido de la denuncia se infiere que, de ser ciertos los hechos, lo esencial no radica en que el hospital excediera los plazos formalmente establecidos para una operación -algo que puede ocurrir en todos los sistemas sanitarios públicos- sino que sin razones objetivas diera preferencia a otros pacientes.
La denuncia lanza un aviso al abordar la veracidad de los datos expuesto: que basta con “acudir a los archivos oficiales” para comprobar lo sucedido. Así lo afirma el texto remitido a Anticorrupción la mañana de este martes por carta certificada y por email. Y basta ese paso, argumentan, para comprobar que pacientes a los que se debía haber operado en 30 días desde su incorporación a la lista de espera -los de “prioridad 1”- murieron tras pasar incluso 11 meses sin noticias de La Arrixaca. Mientras, en ese periodo fueron siendo intervenidos otros pacientes de cirugía cardiaca catalogados como de menor riesgo –“prioridad 2” o “prioridad 3”- o que, con gravedad igualable a la del fallecido, llevaban mucho menos aguardando turno para el quirófano.
De los seis cargos contra los que se dirige la denuncia dos poseen carácter estrictamente político: el actual consejero de Salud, Juan José Pedreño, y su antecesor inmediato, Manuel Villegas. Los otros cuatro son el jefe de Servicio Cardiovascular del hospital, S.J.C.; el gerente, A.B.; el exdirector general del Servicio Murciano de Salud (SMS), A.L.; y quien ahora ocupa ese mismo cargo, F.J.P.
Todos ellos, dice la denuncia, participaron o permitieron la práctica de colocar “a pacientes en la lista de espera por delante de pacientes a los que correspondería operarse con antelación y que, finalmente, terminaron tristemente falleciendo en la lista de espera”. Como primeros denunciados aparecen el jefe del servicio de cirugía cardiovascular y el gerente del HUVA. Ambos -se lee en el texto- adoptaron “decisiones erróneas y negligentes con resultado de muerte para multitud de pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas”.
Cabe destacar -destaca la denuncia- que fue el jefe de servicio quien operó a "la mayoría de los pacientes que fueron intervenidos de forma preferente”. Y eso “parece indicar, siquiera con carácter indiciario, la posible existencia de algún motivo espurio que pudiera justificar el injustificable adelanto -cuando menos bajo criterios médicos- de ciertos pacientes en las listas de espera”.
Uno de los dos denunciantes, Víctor Glenn Ray López, continúa prestando servicio en el Arrixaca. El segundo, José María Parra, permaneció 15 años como interino y acabó excluido de la plantilla. En conversación telefónica con infoLibre, el cirujano asegura que ambos fueron objeto de un expediente interno abierto tras haber formulado quejas por acoso laboral en las que aparecía involucrado el jefe de servicio. El asunto del expediente, prosigue el doctor, está ahora en espera de juicio por la vía de lo contencioso tras el recurso interpuesto por los dos cirujanos. En paralelo -agrega el médico-, un juzgado de instrucción mantiene abiertas diligencias por supuesto acoso laboral contra José María Parra.
Sobre los entresijos del expediente interno abierto a Glenn Ray y Parra y sobre las actividades del jefe de servicio de cirugía cardiovascular publicó en mayo de 2019 un extenso artículo trufado de datos y documentos la periodista murciana Rosa Roda. Puedes leerlo pinchando aquí.
Al igual que ha ocurrido en otros casos, primero desechados y finalmente reabiertos, los dos facultativos que ahora acuden a Anticorrupción ya presentaron en 2019 una denuncia, adelantada en mayo de 2019 por Onda Cero Murcia. Aquella solo se refería a 13 casos de muertes por supuestos retrasos en operaciones sin causa médica justificada: los 13 que habían conocido hasta ese momento.
Pero de los 13 solo cinco aparecían cimentados en datos clínicos. Y además, los denunciantes habían utilizado los cánones de catalogación establecidos por la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular para gestionar las listas de espera. La nomenclatura utilizada giraba en torno al término “Código”, que comenzaba en el 0 -el de mayor gravedad y urgencia- y acababa en el 5. Establecer la equivalencia entre códigos y prioridades resultaba una tarea compleja.
Ahora, la nueva y más extensa denuncia enviada esta vez a Anticorrupción no habla de "códigos": el texto utiliza la terminología aplicada por la sanidad murciana para establecer la gravedad y el tiempo de espera máximo que puede transcurrir hasta la operación. Y esa escala va de la “prioridad 1” -la que exige un mes como tiempo máximo de espera- a la “prioridad 3”, donde la intervención admite una demora mayor que la normativa estatal no especifica.
Fuentes consultadas confirman que la Fiscalía de Murcia archivó la denuncia de 2019. Este periódico no ha logrado verificar si se llegó a investigar lo sucedido con los cinco pacientes de los que la denuncia ofrecía referencias al "código" asignado. Tampoco ha trascendido información sobre si declararon directivos de La Arrixaca.
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Por la mañana, este periódico pidió opinión sobre la presentación de esta denuncia tanto al hospital de La Arrixaca como a la Consejería de Salud de Murcia. Desde el hospital, llegó a media tarde la siguiente respuesta: “El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca no ha tenido conocimiento formal de ninguna notificación del Ministerio Fiscal acerca de la presentación de una querella [en realidad, denuncia] sobre la gestión de la lista de espera del Servicio de Cirugía Cardiovascular. Recordar que en el año 2019, existió una denuncia en el mismo sentido, que tras la preceptiva investigación con aporte de documentación justificativa por parte de este Hospital, terminó archivándose por el Ministerio Fiscal”.
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En una primera versión aparecía la cifra de 32 muertes. Se trataba de un error. La denuncia aporta datos de 30 fallecidos.
Once meses. Trescientos treinta y cinco días. Fue lo que esperó el "paciente 14" de la lista de 32 cuya historia relata la denuncia. Tenía prioridad 1. Es decir, no debería haber transcurrido más de un mes entre el momento en que su nombre se anotó el la lista de espera y aquel en que debería entrar en quirófano para ser intervenido por una muy grave afección coronaria. La espera comenzó el 28 de febrero de 2017. Apenas un mes después, el 2 de abril, ingresó en urgencias “por una descompensación cardiaca”. Murió el 29 de enero de 2018. En esos 335 días -relata la denuncia- el hospital primó las operaciones de cinco pacientes, uno de ellos catalogado como de "prioridad 3". Esa, la 3, es la que define a los enfermos con menor riesgo.
El "paciente 3" esperó algo menos que el 14: siete meses. Doscientos quince días. Padecía estenosis aórtica severa, una enfermedad que afecta a la válvula aórtica y estrecha el paso de la sangre. Su historial, detalla la denuncia, demuestra que se le asignó "prioridad 1". Es decir, la que define a los pacientes más graves, aquellos cuya operación no debería traspasar la frontera de los 30 días de demora. Su inclusión en la lista de espera se produjo el 21 de diciembre de 2015. La denuncia narra qué sucedió a partir de ahí: “Este paciente se tendría que haber operado antes del 21 de Enero del 2016. Se le llama telefónicamente el 4 de Agosto de 2016 (a los 215 días de estancia de espera) para que ingrese para ser intervenido y un familiar comunica que el paciente falleció de una parada cardíaca el 23 de Abril de 2016. Ha estado en lista de espera 223 días cuando no debía pasar de 30 días”. Se le podía -afirman los denunciantes- haber operado en tres fechas: el 2 de febrero, el 11 de marzo y el 7 de abril. El primero de esos tres días, y “sin ningún motivo médico que lo justifique”, el hospital decidió operar a otro paciente que llevaba solo un día en lista de espera. El 11 de marzo, a otro también de prioridad 1 y cuya inclusión en la lista de espera se había producido 16 días antes. Y el 7 de abril, quien adelantó al paciente que un mes más tarde moriría fue un paciente menos grave -prioridad 2- y que llevaba 61 días en la lista de espera. Es decir, le quedaba todavía un mes para cumplir el plazo máximo asignado a los enfermos de prioridad 2.