Fomentar la inversión de fondos de capital riesgo privados en las empresas a cambio de beneficios fiscales para así aumentar el número de compañías "de alta intensidad innovadora". Esta de una de las propuestas económicas que incluye el segundo documento de propuestas económicas que Ciudadanos presentó este martes en Madrid. La formación de Albert Rivera propone, de esta forma, equiparar los incentivos fiscales de estos fondos con los de las empresas con beneficios que se desgravan en el impuesto de sociedades. Y, además, apuesta por una práctica que podría denominarse casi de ingeniería financiera para favorecer a los inversores finales: que los créditos fiscales (el derecho a deducciones fiscales contra el pago de impuestos futuros) por I+D que las empresas no pueden utilizar por carecer de beneficios pasen a las bases tributarias de los inversores y, por tanto, se los puedan deducir en sus declaraciones de IRPF.
Entre sus propuestas está también poner en marcha fondos similares al actual ICO aunque enfocados a capital inicial, la creación de una red de institutos tecnológicos que asesoren a empresas en temas de I+D –el partido cuantifica su coste en 1.000 millones de euros anuales–, desgravaciones de hasta 300 euros a las familias en su declaración de IRPF en concepto de servicios para dar incentivo a pedir facturas, poder compatibilizar el cobro parcial de la prestación por desempleo con un salario o primar la entrada de inmigrantes que vengan con un contrato de trabajo, tengan un alto nivel educativo o propongan un proyecto empresarial concreto. Pero, ¿de dónde sale el dinero? Ciudadanos fía la financiación de sus propuestas a cortar el grifo de la inversión en el AVE (cuantificada en 3.561 millones de euros para 2015) y al aumento de la recaudación conseguida aumentando el control fiscal.
Una red de investigación
Entre sus medidas estrella está la citada creación de una red de 30 institutos tecnológicos ligados a universidades donde se llevaría a cabo investigación aplicada y que estarían a disposición de las empresas para que –a través de contratos de investigación– les presten asesoramiento en cuestiones relacionadas con la I+D. De esta forma, según Ciudadanos, se acabaría con la escasa capacidad de desarrollo tecnológico de las empresas españolas al tiempo que se pondría fin a la limitada producción de investigación aplicada de la universidad y los centros de investigación existentes. Esta red, a juicio de Ciudadanos, costaría 1.000 millones de euros al año, que se financiarían en un 60% con fondos públicos, un 35% con fondos privados y un 5% con becas internacionales.
Jorge Galindo, investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra, donde trabaja principalmente en el ámbito de la economía política comparada, ve positiva esta propuesta aunque considera que es "cara" y por eso ve "cuestionable" que se pudiera llevar a cabo sólo con el ahorro obtenido acabando con la inversión en alta velocidad. "Estos centros no van a ser autosuficientes y España no tiene presupuestados 1.000 millones de euros en los próximos 50 años para invertir en el AVE. Es una propuesta que me parece bien pero creo que hay que ser más realistas en cómo se va a financiar", señala.
En el mismo capítulo en el que se apuesta por favorecer el crecimiento del sector empresarial, Ciudadanos apuesta por acabar con las regulaciones laborales o fiscales que van aparejadas al tamaño de la empresa como, por ejemplo, la obligación de tener comité de empresa o de auditar cuentas que tienen aquellas compañías que cuentan con más de medio centenar de trabajadores. Y también por acabar con las excepciones medioambientales. Estas medidas irían aparejadas de otras como el establecimiento de incentivos fiscales a las fusiones y ampliaciones de capital de pymes y la creación de una agencia de apoyo a las pymes.
José Fernández-Albertos, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard y experto en relaciones entre política y economía, dice estar muy de acuerdo con el análisis que hace Ciudadanos sobre la penalización que existe actualmente en España respecto a las empresas que crecen y a la excesiva consideración que se tiene con las pymes a pesar de los problemas que generan en términos de exportaciones, incorporación de tecnología, demanda de más y mejor capital humano o formación de trabajadores... Sin embargo considera que Ciudadanos no aborda a fondo la necesidad de reformar el régimen fiscal y de relaciones laborales por el que se rigen las empresas más pequeñas "porque esta concreción significaría que se acabaría con los beneficios de los que hoy gozan las pymes y eso no es electoralmente atractivo".
Autónomos
Para los autónomos, Ciudadanos propone que los que ganen menos del salario mínimo interprofesional mensual –648,60 euros– no tengan que pagar ninguna cuota para darse de alta a la Seguridad Social, sino que tendrán que abonar a Hacienda el 7,2% de las ganancias netas hasta el tope máximo del régimen común. Además, estos trabajadores por cuenta propia no tendrán que liquidar el IVA y declararán los ingresos en el IRPF sólo una vez al año. Para lo que ganen más del salario mínimo, el partido de Rivera apuesta por eliminar la cuota mínima para la Seguridad Social y establecer un porcentaje del que no especifica la cuantía y que aumentaría con la facturación hasta llegar al máximo del régimen general.
Además, propone que las familias puedan desgravarse en su declaración de la renta hasta 300 euros al año por servicios, lo que, según la formación, les incentivaría a pedir las facturas. En cuestiones fiscales, aunque el partido cree que las funciones de inspección se deben reorientar hacia el fraude más cuantioso y menos hacia los pequeños contribuyentes, también apuesta por aumentar las multas por no emitir facturas.
"Atracción selectiva de talento"
Por otro lado, el partido de Rivera propone implantar un programa de inmigración por puntos a modo de "visados exprés" que "facilite y agilice" la llegada a España de personas "con contrato de trabajo, alto nivel educativo o proyecto empresarial concreto". Bajo el pretexto de "favorecer la importación de talento extranjero", el programa presentado señala que dado el "dado el déficit que existe de perfiles críticos que aúnen capacidad técnica con mentalidad emprendedora, la atracción selectiva de talento internacional puede resultar una palanca importante que impulsaría la calidad y cantidad de los proyectos innovadores que se lanzan y desarrollan en España".
Como ejemplo, apuntan a Silicon Valley –uno de los principales centros tecnológicos mundiales situado en California, Estados Unidos– donde, apuntan "su capacidad para atraer talento" ha hecho que el 60% de la población en esta zona no sea estadounidense y que buena parte de los fundadores de estas empresas sean inmigrantes. "España ofrece una serie de características enormemente atractivas para atraer a jóvenes emprendedores de todo el mundo", apunta el programa, que lamenta que "muy pocos emprendedores deciden venir" a España a "establecer sus negocios".
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Con este programa de puntos para inmigrantes –que iría acompañado de un "paquete de recibimiento" con facilidades para la reagrupación familiar– Ciudadanos considera que se mejoraría su "adaptabilidad" y evitaría "los injustos sesgos existentes por razones de país de origen, pero también, en el largo plazo, a financiar nuestros servicios públicos y frenar el envejecimiento de la población".
Galindo cree que esta medida es positiva mientras no vaya acompañada de un cierre de fronteras para el resto de población inmigrante. "España no sólo necesita personas muy cualificadas sino que la inmigración en general es positiva por una cuestión demográfica. La evidencia muestra que la entrada de inmigrantes en un país suele ser buena para la economía y la creación de empresas, aunque tiene que hacerse manteniendo un Estado del bienestar fuerte", sentencia.
Fomentar la inversión de fondos de capital riesgo privados en las empresas a cambio de beneficios fiscales para así aumentar el número de compañías "de alta intensidad innovadora". Esta de una de las propuestas económicas que incluye el segundo documento de propuestas económicas que Ciudadanos presentó este martes en Madrid. La formación de Albert Rivera propone, de esta forma, equiparar los incentivos fiscales de estos fondos con los de las empresas con beneficios que se desgravan en el impuesto de sociedades. Y, además, apuesta por una práctica que podría denominarse casi de ingeniería financiera para favorecer a los inversores finales: que los créditos fiscales (el derecho a deducciones fiscales contra el pago de impuestos futuros) por I+D que las empresas no pueden utilizar por carecer de beneficios pasen a las bases tributarias de los inversores y, por tanto, se los puedan deducir en sus declaraciones de IRPF.