El Gobierno ultima su intervención en el mercado eléctrico. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prevé llevarla al Consejo de Ministros del próximo martes. En principio, el ok de la Comisión Europea está garantizado, pero las negociaciones siguen, el diablo está cómodo en los detalles y aún falta conocer mucha de la letra pequeña sobre cómo se ejecutará el acuerdo. Dada la inminencia, las grandes eléctricas están inmersas en la que puede ser la última ofensiva contra el tope al gas, elevando la presión, las previsiones apocalípticas e, incluso, los descalificativos contra sus propios clientes.
El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, ha llamado "tontos", en un encuentro en Sagunto (Valencia), a los consumidores que siguen en la tarifa regulada, el conocido como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), dado que esta modalidad recoge las subidas y bajadas del mercado mayorista, en máximos históricos, frente a la presunta estabilidad del mercado libre, donde las comercializadoras tienen manga ancha para ofertar el precio que quieran. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el 60% de los consumidores tiene un contrato bajo el segundo modelo: Galán lo elevó al 80%.
Con estas palabras, Galán desprecia a buena parte de los consumidores de la propia Iberdrola, que está obligada por ley a ofrecer la tarifa regulada ya que es la necesaria para acogerse al bono social y tiene prohibido maniobrar para redirigir a sus clientes al mercado libre. Además, se esconde buena parte de la estrategia política de Iberdrola, y de varias grandes compañías energéticas, contra la hoja de ruta del Gobierno. Desde el comienzo de la crisis de precios, en verano del año pasado, la empresa ha sido una de las más activas asegurando que ni el recorte de los beneficios caídos del cielo ni la intervención en el pool, medidas contra sus intereses, eran realmente útiles: lo que había que hacer es o bien reformar o bien acabar con la modalidad intervenida.
Aseguran fuentes de Iberdrola, y es cierto, que el diseño de la tarifa regulada, único en Europa, traslada directamente lo que ocurre en el mercado mayorista al recibo del 40% de los consumidores. Por lo que para evitar que la crisis afecte a los más vulnerables, hay que cambiar ese diseño, evitando intervenciones que apunten a sus beneficios y generen "inseguridad jurídica", una de las expresiones favoritas de los empresarios energéticos.
Sin embargo, lo que no cuenta Iberdrola es que la realización de subastas minoristas para fijar el precio cada tres o seis meses, como se hace en Italia o en Portugal, aporta estabilidad pero no permite a los consumidores disfrutar instantáneamente de las rebajas cuando el pool cae. De hecho, el tope al gas que prepara Ribera hará descender casi automáticamente el recibo de esta modalidad entre el 30% y el 40%; no lo ha mencionado Galán en su interlocución de este jueves. Tampoco cuenta Iberdrola que sigue abierta la causa penal por la cual la Fiscalía Anticorrupción le acusa de aprovecharse del anterior diseño de la tarifa regulada, más estable, para inflar el precio de la luz.
Galán aseguró este jueves, además, que las tarifas del mercado libre son más baratas porque "se bajaron los impuestos"; también los peajes y las cargas, una rebaja financiada en parte por la extracción de los beneficios caídos del cielo inaugurada en septiembre de 2021 y contra la que Iberdrola cargó y carga por arbitraria. Explicó que los consumidores con esta modalidad "no pagan el precio del pool"; sin embargo, las organizaciones de consumidores alertaron de subidas de hasta del 30% cuando vencían los contratos. No subieron tanto, pero subieron. Las comercializadoras tienen que acudir al mismo pool por las nubes para comprar la electricidad que venden, si no pueden disfrutar de la generación con centrales de la misma empresa; y, además, estos acuerdos se suelen firmar en base a los llamados mercados a futuro, que también han sufrido una escalada considerable.
El Ejecutivo, y así lo aseguró el propio presidente, Pedro Sánchez, estuvo estudiando una reforma de esta tarifa regulada para evitar, en palabras del Gobierno, la "ansiedad" de un debate político sujeto al resultado de la subasta mayorista diaria. Sin embargo, finalmente se decidió a intentar modificar las reglas del mercado, señalando a las causas del problema: un mercado eléctrico que retribuye toda la generación como si funcionara al completo con gas. Está a punto de culminar un giro nunca antes visto en el mercado común europeo, y precisamente el diseño del PVPC le ayudará a que tenga efecto inmediato en el 40% de los consumidores, entre los que se encuentran los beneficiarios del bono social.
El tope al gas no gusta a Iberdrola ni, en general, a las grandes empresas energéticas no solo de España, sino del continente. La eléctrica de Bilbao sigue insistiendo en reformar el PVPC como gran salida a la crisis y como alternativa a la intervención. Y junto a otras grandes compañías, este jueves han mandado una carta a la Comisión Europea pidiendo que detenga la reforma. La firman, concretamente, cinco grandes organizaciones patronales europeas: de las eléctricas (Euroelectric), de la generación solar (SolarPower Europe), de la eólica (Wind Europe), de los traders (EFET) y de las bolsas de energía y operadores de mercado (Europex).
Lamentan, en esencia, que van a ganar menos con la fórmula del Gobierno; y su propuesta es no hacer nada más a corto plazo, tomando medidas para proteger a los más vulnerables (ya tomadas), apostando por las renovables para bajar el precio (difícil de aplicar con inmediatez) y dejando intactas las reglas de mercado. Entienden las eléctricas y el sector de las energías limpias en particular que recibir beneficios caídos del cielo, como si tuvieran que quemar gas pero sin quemarlo, es una "señal de inversión" que quedaría "distorsionada" por la intervención. "Los mercados eléctricos europeos han demostrado ser muy eficaces a la hora de garantizar un suministro eléctrico seguro, al tiempo que proporciona incentivos para inversiones limpias (...) y han enviado una poderosa señal para las inversiones en renovables", explican en la misiva.
Los "incentivos" y la "señal" (es decir, el dinero) va a quedarse sobre los 140 euros el MWh, una cifra mucho más asequible para los consumidores finales con respecto a los 200 que marca la subasta estos días, pero mucho más alta que lo registrado durante 2019, 2020 y la mitad de 2021. Ribera considera que el precio no puede ser demasiado bajo como para desincentivar la instalación de nueva generación limpia; pero no demasiado alto como para evitar la electrificación de la economía, desincentivando que los clientes se pasen al coche eléctrico o a la calefacción con bombas de calor, por ejemplo. Serviría menos la eólica y la fotovoltaica porque se seguiría necesitando gas y petróleo.
La tercera pata, por último, de la estrategia de presión contra el Gobierno por su reforma eléctrica negociada con Bruselas es por el coste de este tope al gas. La idea del Ejecutivo es compensar a las centrales de ciclo combinado, que consumen este combustible, para que bajen sus ofertas y, así, aliviar el mercado al completo. Esta subvención sería abonada por las comercializadoras, y por ende por los consumidores, pero se compensaría por el descenso del 40% en el pool.
Sin embargo, una incógnita sigue en el aire: ¿qué pasa con el mercado libre? El PVPC se contagia del precio del mercado mayorista, para bien o para mal; sin embargo, los contratos de la modalidad mayoritaria suelen tener una validez de un año. El Ejecutivo espera que, dado que a las comercializadoras les saldrá más barato comprar a contado en el pool, no tendrán problemas para trasladar la rebaja a los clientes a medio plazo. Sin embargo, los planes de las eléctricas van por otro lado.
El presidente de Iberdrola: "Solo los tontos que siguen con la tarifa regulada del Gobierno pagan más de luz"
La asociación Aelec, que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, ya ha amenazado con subir, de manera unilateral y sin avisar, los contratos de los clientes del mercado libre –el de los listos, siguiendo el esquema de Galán– si se las obliga a ayudar a las centrales de gas. Sería "poco razonable", en opinión de Transición Ecológica. Pero no solo las grandes eléctricas lo argumentan: también las comercializadoras pequeñas e independientes.
Quieren esperar a leer los detalles, pero en un comunicado publicado la semana pasada, alertaban de que "podría suponer la renegociación de algunos precios de clientes en un escenario de enorme incertidumbre dado que se desconoce previamente cuál es la cantidad a abonar". Las comercializadoras también tumbaron una de las reformas que estudió Ribera de la tarifa regulada, y utilizaron un argumento que ahora vuelven a sacar a la palestra: "No se debe dañar la libre competencia, siendo preciso poner especial atención en el potencial impacto que podría tener este mecanismo en la capacidad de competir de los comercializadores independientes frente al PVPC". La opción pública, defienden, no debe ser demasiado barata para mantener el negocio.
El comportamiento del mercado libre, así, es la gran duda de cómo va a trasladarse a la vida real el tope al gas desde los despachos de Transición Ecológica. Y las eléctricas, más allá de declaraciones desafortunadas y cartas de lobbies, saben que siguen teniendo poder en un mercado liberalizado.
El Gobierno ultima su intervención en el mercado eléctrico. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prevé llevarla al Consejo de Ministros del próximo martes. En principio, el ok de la Comisión Europea está garantizado, pero las negociaciones siguen, el diablo está cómodo en los detalles y aún falta conocer mucha de la letra pequeña sobre cómo se ejecutará el acuerdo. Dada la inminencia, las grandes eléctricas están inmersas en la que puede ser la última ofensiva contra el tope al gas, elevando la presión, las previsiones apocalípticas e, incluso, los descalificativos contra sus propios clientes.